FINANCIAMIENTO: LA DENUNCIA DEL FORO

Al parecer, una vez ocupada la primera posición de la agenda por la eventual nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, en segundo lugar aparecen los recursos financieros. Y todo parece indicar que el terreno de disputa estará localizado en las normas y su aplicación.

La semana anterior, la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico informó a través de desplegado público en diferentes medios, lo que desde hace algún tiempo se había previsto como una opción: inconformarse por la vía legal respecto al financiamiento que reciben las actividades científicas y tecnológicas.

El Foro informa que presentó una denuncia administrativa “ante la Secretaría de la Función Pública, contra quien resulte responsable, por el incumplimiento de la asignación del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

La principal finalidad del Foro, creado en 1999 y reformado en el 2002,  es servir como un órgano de consulta en materia de ciencia y tecnología, tanto para el ejecutivo federal como para las principales instancias de toma de decisión del sector. Pero la ley también le reserva funciones para promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo. Por la misma razón, ha servido para canalizar demandas y posiciones sobre diferentes iniciativas, como ahora para el financiamiento.

La composición del Foro es relativamente plural. Según lo establece la ley, su mesa directiva se debe integrar por 20 miembros: tres representantes de investigadores de igual número de áreas de conocimiento y otros 17 provenientes de diferentes organizaciones. Tales como las academias Mexicana de Ciencias, Ingeniería, Medicina; de instituciones como la UNAM, el IPN, el Cinvestav, los Centros Públicos de Investigación; y de asociaciones como Anuies, Canacintra, Coparmex o el Consejo Nacional Agropecuario. Por cierto, ninguna de estas cuatro últimas asociaciones firmaron el desplegado de denuncia.

Llama la atención que la inconformidad del Foro sobre los recursos fuera canalizada a una instancia como la Secretaría de la Función Pública. Esta última, creada en la administración de Vicente Fox, reemplazó a la entonces denominada Secretaría de la Contraloría, y se encarga esencialmente de fiscalizar a los funcionarios públicos federales, lo mismo que realizar auditorias sobre el gasto de recursos federales, entre otras funciones.

La denuncia interpuesta seguramente tendrá una respuesta, pero es de llamar la atención porque no se trata de cómo un funcionario distribuye los recursos una vez asignados, sino del volumen total que se destina al sector y en tal caso los principales responsables son los diputados, pues son ellos quienes diseñan y aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Más aún, los legisladores son quienes reformaron la ley. Primero, en el 2002 el artículo 25 de la ley general de educación, para establecer que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese total destinar el 1 por ciento para ciencia y tecnología. Luego en el 2004, con el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, para ponerlo en correspondencia con la legislación educativa e indicar que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país.

Sin embargo, como lo hemos hecho notar en múltiples ocasiones, la legislación educativa se refiere a gasto público, mientras que la normativa científica señala gasto nacional (público y privado) y establece la salvedad de que el gobierno federal y estatal concurrirán al financiamiento, pero “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Es decir, si no hay recursos financieros, imposible cumplir lo que dice la ley.

Quizás, como lo había propuesto Diego Valadés en enero de este año, en el encuentro promovido por la Academia Mexicana de Ciencias, y como lo reiteró en estas mismas páginas la semana pasada (Campus Milenio No. 462), se necesita una reforma constitucional para hacer valer el nivel de financiamiento previsto en las leyes secundarias.

El jurista sugiere añadir un párrafo al artículo 25 constitucional, en el que se establezca la prioridad de la investigación y el desarrollo técnico, lo mismo que su apoyo y financiamiento directo.

En fin, probablemente movilizar el tema de los recursos financieros en la agenda no resultará tan sencillo, pero parece indispensable si se crea la nueva secretaría.

(Publicado en Campus Milenio No. 463. Mayo 24, 2012)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿UNA POLÍTICA CON NUEVAS REGLAS DE JUEGO?

Tal parece que el inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído, por fin, cierta preocupación por la conducción del sistema científico y tecnológico en México. Los argumentos y las posiciones de una buena parte de los actores relevantes del sector coinciden en que se debe elevar el rango del sector y crearse una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es un principio, pero faltan definiciones y la expresión que podrían seguir actores y organismos hasta ahora existentes.

Lo hemos reiterado en varias ocasiones en este mismo espacio: la idea de una nueva secretaría poco a poco fue generando un efecto de consenso y ya encabeza la agenda de discusión para un eventual programa del sector. Seguramente, sea cual sea el resultado de las elecciones federales de julio próximo, será imposible soslayar el tema; por el contrario, será un asunto prioritario.

Sin embargo, las posiciones unánimes sobre la conveniencia de una nueva secretaría podrían comenzar a mostrar las primeras fisuras al momento de definir los detalles relativamente finos de la propuesta. De hecho, en los pronunciamientos a favor se puede advertir que algunos incluyen  a la educación superior, otros la omiten y unos más guardan un prudente silencio. En consecuencia, tampoco es claro si podría estar más cerca de la Secretaría de Educación, de Economía o en qué proporción se dividiría su tendencia. No es un asunto menor. Las manifestaciones también son ambiguas sobre si Conacyt debiera preservarse, desaparecer o si la secretaría de ciencia y tecnología se edificaría sobre esa estructura.

A la propuesta, como se podrá notar, todavía le faltan precisiones. Pero quizás también le falta advertir algunas de las implicaciones en el relativamente pequeño y complejo entramado institucional del sistema científico y tecnológico. Desde fines de los años noventa, las reformas a la ley del sector crearon un conjunto de organismos para facilitar la conducción o gobernanza administrativa y política del sistema. El asunto es si la creación de una nueva secretaría redefinirá la relación con el conjunto de estructuras ya existentes, incluyendo las entidades federativas, y cuáles de ellas permanecerán o desaparecerán en definitiva.

Uno de los problemas inveterados del sistema científico y tecnológico ha sido el de la planeación y coordinación. Una responsabilidad otorgada a Conacyt desde su creación en 1970, pero que carecía de instrumentos para hacerla efectiva. De hecho, la primera norma, titulada “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” de 1985, se propone con la idea de facilitar la coordinación entre las dependencias del sector público que realizaban tareas de investigación y desarrollo, y entre éstas y los sectores privado, social y educativo.

La entonces ley para coordinar, planteó la creación de una Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, integrada por 14 personas: once subsecretarios, el director de Conacyt y los titulares de la UNAM e IPN. Una comisión que intentó reunir a funcionarios de alto nivel y ser propositiva para definir los aspectos centrales de la política científica y tecnológica. Desafortunadamente, como ocurre en el presente, la comisión careció de efectos prácticos y se perdió en el laberinto de las buenas intenciones.

La idea de estrechar relaciones con actores centrales del sistema y/o tomadores de decisión ha sido persistente a lo largo del tiempo. Tómese como otro ejemplo la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCCP) en 1989, de gloria efímera, al inicio del periodo de Carlos Salinas de Gortari, buscando una instancia de asesoramiento en la materia, pero sobre todo a la caza de legitimidad e interlocución con científicos.

Tal vez la intención se acercar las definiciones de la política científica y tecnológica a personas clave y a la comunidad científica, se aprecia con mayor claridad en las reformas a la ley del sector de 1999 y 2002. En el primer caso, introdujo un cambio fundamental en las reglas del campo de la ciencia y la tecnología, como la instauración de los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación y la participación de agentes y sectores en el diseño de la política. En este último caso previó la creación del entonces denominado Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, un órgano de consulta del poder ejecutivo.

La reforma del 2002 una vez más buscó la coordinación intersectorial para las actividades científicas y tecnológicas, acercarse a los tomadores de decisión y otorgarle mayores capacidades a Conacyt. Efectivamente, en esa ley quedó estipulada la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector (ramo 38), los rasgos de una política de Estado, un ajuste al Foro Permanente –el cual pasó a llamarse Foro Consultivo-- y la creación del Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

En lo que se refiere a la Conferencia, se trata de un órgano de coordinación del Conacyt con las entidades federativas, para promover la descentralización de las actividades. Desafortunadamente su funcionamiento fue irregular entre el 2002 y 2007. Apenas en el 2008 emitió sus bases de funcionamiento y sus logros han sido poco visibles.

El Consejo General, máximo órgano de la política científica y tecnológica, estaba considerado que fuera presidido por el ejecutivo federal, nueve secretarios de Estado, el coordinador del Foro y cuatro investigadores. Tampoco ha tenido un funcionamiento eficaz, contadas veces se ha reunido desde su creación en el 2002. En la actual administración solamente ha sesionado una vez y solamente porque debía aprobar el programa sectorial.

Un comité más se estableció en el 2009, con la reforma correspondiente, es el Comité Intersectorial para la Innovación, presidido por la Secretaría de Economía y el Conacyt en la segunda posición. Un organismo para fomentar la innovación en le sistema y como asesor del Consejo Geenral.

El asunto es que la conducción del sistema científico y tecnológico ha mostrado un doble movimiento. Por un lado, en sentido vertical, a la búsqueda de aproximarse a la cúspide, con los tomadores de decisión para asegurarse la provisión de recursos y de que las iniciativas se lleven a cabo. Por otro, en sentido horizontal, intentando establecer un vínculo y coordinación con estructuras administrativas afines y una interlocución con representantes de actores clave, como la comunidad científica y tecnológica, a través de la Conferencia y el Foro.

Actualmente, con la propuesta de crear una nueva secretaria, el sistema podría dar un paso más en dirección ascendente vertical, puesto que tendría mayor peso político, un mejor estatus en la administración pública y quizás mayores recursos financieros. En estos términos, su búsqueda por ampliar sus capacidades de coordinación y regulación estaría satisfecha.

No obstante, los escollos que habría de salvar no son menores. En primer lugar, librar el debate de si incluirá o no a la educación superior. Luego, como la titularidad de una secretaría despierta mayores apetitos, la disputa política de los actores clave también será más intensa por ocupar esa posición. En tercer lugar, la innegable tendencia de las estructuras administrativas a hincharse y burocratizarse. Y, por último, establecer nuevas bases de relación horizontal con organismos como el Foro y la Conferencia. Pues sí, parece que las reglas del juego tendrán que ser otras.


(Publicado en Campus Milenio No. 462. Mayo 17, 2012)

EL DEBATE: NUEVA SECRETARÍA Y FINANCIAMIENTO

La conductora del debate entre candidatos presidenciales pregunta sonriente, dirigiéndose a Gabriel Quadri: ¿Qué características tendría su política de ciencia y tecnología?

La pregunta es directa, conocida de antemano, aunque formulada al azar. Quadri responde con la convicción y el compromiso de una promesa que nunca será realidad. Habilitado como candidato del Partido Nueva Alianza al cuarto para las doce, una vez que se truncó la coalición con el PRI, sin posibilidad alguna de disputar la presidencia, autodefinido como ciudadano pero representando a un impresentable partido político que trata de arañar el mínimo de votación para alcanzar el registro y unas curules para los familiares de la dirigencia del partido,

Quadri, sin titubeos, dice que México está en condiciones muy lamentables en materia de ciencia y tecnología. No le falta razón, pero sí precisión a sus datos. Afirmó que en el país se forman aproximadamente 2 mil doctores al año y que, en comparación, en Brasil son dos o tres veces más en relación a su población.

En realidad, según los datos oficiales más recientes, en México egresaron 4 mil 99 doctores en el año 2009. Incluso, si en vez de egresados solamente se consideran a los graduados del nivel, la cifra es de 2 mil 724 doctores para el mismo año. Las cantidades, como se podrá advertir, son superiores a las que dijo el candidato del Panal.

A su vez, el número de graduados de doctorado en México es menor que Brasil, pero la diferencia es mayor a la que dijo Quadri. En el 2009 los graduados de ese nivel en Brasil sumaron 11 mil 368. Esto es, en términos comparativos, no son 2 o 3, son 4 veces más que los nacionales.

Todavía menos comprensibles fueron los datos del candidato de Nueva Alianza acerca de que, en comparación con el año 2000, cuando ingresaban 185 doctores al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente la cifra se había reducido drásticamente. ¿Cuál es su base de cálculo? Nuevos ingresos no cuadra; la tasa de rechazo tampoco.

También muy efectista, aunque difícil de calcular y entender fue su afirmación de que solamente uno de cada diez mil jóvenes llega al doctorado. Sin duda la matrícula nacional de doctorado es baja (poco más de 23 mil estudiantes), sobre todo si la comparamos con el total de la matrícula en educación superior (2.6 millones) o con el total de jóvenes entre los 25 y los 29 años (8.8 millones) o entre los 25 y 34 años (poco más de 17 millones). ¿Cuál flujo seguir para afirmar que uno de cada diez mil jóvenes llega al doctorado?

La propuesta de Quadri, frente a su diagnóstico impreciso fue “la creación de una Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología”. Una idea que, como lo anotamos aquí en su momento, fue expresada y respaldada desde el final del mes de marzo por los tres pricipales candidatos presidenciales en el encuentro con la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). El ciudadano de Nueva Alianza, en ese entonces, recien estaba pisando la arena politica; hoy se suma al consenso previo.

En su turno de respuesta a la misma pregunta. Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI-Verde Ecologista, diagnosticaba que México no ha entendido a tiempo que se debe invertir en el sector. En consecuencia anunció que su política sería “incrementar al menos tres veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología”. Es decir, si fuera el caso, significaría que el gasto federal pasaría de 52 mil millones de pesos a cerca de 156 mil millones de pesos. O bien, de 0.38 a alrededor del 1.14 PIB.

La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, propuso un programa de becas de detección de talentos temprano. También sugirió de manera ambigüa que uniría en una sola institución a todas las instancias de educación superior y a todos los centros de investigación. Seguramente intentaba remitirse a la propuesta de creación de una nueva secretaría, pero evitó reiterar lo que había dicho Quadri. Además, también dijo que duplicaría el presupuesto para el sector y propciaría una mejor asociación público-privado.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Progresista, no ofreció una respuesta específica. Denunció malos manejos del dinero público y solamente indicó que debería administrarse con honradez y distribuirse con justicia.

Es el primer encuentro de candidatos, la agenda ya la encabeza la creación de una nueva secretaría y parece que el segundo será el financiamiento.

Posdata: ¿Cundirá la propuesta de nueva secretaría en las entidades? En el DF ya está agendada.


(Publicado en Campus Milenio No. 461. Mayo 10, 2012)

LA AMC Y LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) tiene un nuevo consejo directivo para el periodo 2012-2014. Es la organización de científicos más numerosa y más relevante a nivel nacional, seguramente desempeñará un papel activo en la próxima definición de las iniciativas para el sector. Pero no es la única agrupación en la arena.

La AMC ya cumplió más de medio siglo de existencia (fue fundada en 1959 con el nombre de Academia de la Investigación Científica) y durante casi cuarenta años solamente agrupó a los científicos de las ciencias naturales y exactas. En 1996 cambió a su denominación actual y también amplió el ingreso a científicos de las humanidades y las ciencias sociales. No obstante, representantes de estas últimas especialidades rara vez han presidido la agrupación.

Actualmente, la organización cuenta con más de 2 mil científicos, pertenecientes a once secciones de especialidad: agrociencias; astronomía; biología; física; geociencias; ciencias sociales; humanidades; ingeniería; matemáticas; medicina; y química.

El artículo sexto de los estatutos de la Academia indica que el ingreso de los miembros regulares debe ser a propuesta de uno de los miembros de la propia agrupación e idealmente el proponente debe contar con la misma especialidad del que aspira a ingresar. Es decir, la ruta de acceso es regulada por área de conocimiento y por quienes ya forman parte de la asociación.

La máxima autoridad de la AMC es la asamblea general, pero el comité directivo, como su nombre lo indica, se encarga de dirigir, administrar y ejecutar las decisiones (Título segundo de los estatutos). El comité está compuesto por el presidente, vicepresidente, dos secretarios y un tesorero.

Los integrantes del comité duran en el cargo dos años y, según la normatividad,

el vicepresidente de un periodo ocupará el cargo de presidente al siguiente bienio. Esto es, en los estatutos se marca una incorporación paulatina y cierta continuidad de quien ocupará la titularidad de la organización.

El nuevo comité, el que se presentó en la asamblea del pasado viernes 27 de abril y que estará en funciones hasta el 2014, está compuesto por José Franco López como presidente (vicepresidente en el periodo anterior); Blanca Jiménez Cisneros como vicepresidenta (especialista en el tema del agua e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM); Alejandra Bravo de la Parra como tesorera; y Roberto Leyva Ramos como secretario.

Sin duda tiene relevancia la personalidad de quien preside el comité directivo: es la representación y la voz pública de la AMC. En las dos décadas anteriores y particularmente en la última, los desencuentros entre las autoridades del sector y la Academia han sido notables, sobre todo frente a la designación de los titulares del Conacyt, la distribución de los incentivos fiscales para empresas y por el financiamiento para la ciencia básica.

El papel de la Academia fue decisivo para la creación del Sistema Nacional de Investigadores a mediados de los años ochenta y también para su continuidad en todos estos años. Además, durante casi toda su existencia ha sido uno de los interlocutores privilegiados en la integración de los programas sectoriales y en las reformas a la ley.

No obstante, desde el final de los años noventa, con los cambios normativos, otras instancias de contacto entre autoridades federales y comunidad científica se han hecho presentes y también han mostrado capacidad de propuesta. Tal es el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como instancia de expresión de la comunidad científica y órgano de consulta, o la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología que reúne y coordina a las autoridades de Conacyt y los respectivos consejos estatales.

Otras agrupaciones, no previstas en la ley, también han mostrado una activa presencia. Una de las más sobresalientes ha sido la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). De hecho, como lo comentamos aquí hace un mes, esta organización logró que los actuales candidatos presidenciales, respaldaran la idea de crear una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Otra es la Red Nacional de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

Probablemente la comunidad científica no sea muy numerosa, pero las formas de representación y las organizaciones del sector han crecido notablemente y han tornado más compleja la regulación del sistema.

(Publicado en Campus Milenio. No. 460. Mayo 3, 2012)