LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), como parte del examen de la cuenta pública 2009, fiscalizó algunas de las actividades del sector científico y tecnológico. A este respecto, dio a conocer cinco dictámenes: tres de ellos fueron negativos, otro fue emitido con “salvedad” y solamente uno fue clasificado como “limpio”. En conjunto reflejan, con su matiz administrativo, el desempeño del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La ASF es un órgano técnico de los diputados, aunque tiene autonomía técnica y de gestión. El objetivo principal de la Auditoria es fiscalizar la utilización de los recursos públicos por parte del gobierno federal, pero también de los mismos legisladores, del poder judicial y de cualquier entidad o particular que ejerza recursos públicos.

Básicamente, el análisis que realiza la ASF se concentra en constatar el cumplimiento o no de los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, así como el desempeño de las entidades encargadas de llevarlas a efecto y, muy especialmente, el manejo de los recursos públicos.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, como se denomina su reporte, debe ser entregado, por normatividad, a más tardar el 20 de febrero de cada ejercicio. Sin embargo, por la complejidad de la fiscalización, la programación de las auditorias sobre gastos ya efectuados y el volumen de datos, los informes generalmente aparecen con cierto retraso. El informe que se presentó la semana pasada se refiere a la cuenta pública del 2009.

La información reportada es relevante, se trata del primer ejercicio que realiza plenamente el actual auditor, Juan Manuel Portal, pues apenas asumió el cargo hace poco más de un año. Más importante, incluyó el sector científico y tecnológico y, por primera vez, la información se presenta de forma individualizada, por sector y programa auditado, lo que facilita su consulta.

En lo que se refiere a los dictámenes negativos del sector, el más extenso y detallado es el que se refiere al Sistema Nacional de Investigadores (SIN). La ASF sostiene que en 2009 el Conacyt no cumplió con los objetivos básicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los factores que destaca la ASF es que las reglas de operación del SNI en el 2009, incluyen elementos adicionales a los establecidos en su decreto de creación y a su reglamento, pero que tales reglas no especifican su operacionalización y por tanto los indicadores para valorar el cumplimiento de sus fines. Tal vez se trata de un argumento burocrático, pero finalmente expresa las variaciones e inconsistencias de planeación del programa.

En lo que corresponde a la eficiencia del programa, destaca que del total de investigadores de nuevo ingreso entre 1984 y 2008, solamente el 16.9 por ciento (2 mil 631) siguieron una trayectoria esperada de ascenso y consolidación. Por tanto, dice la ASF, de cada 6 investigadores vigentes en el 2009, solamente uno ascendió por las categorías y niveles del SNI. Esto es, el programa no ha contribuido mayormente a la consolidación de investigadores. Un rasgo que se ha reiterado en diferentes análisis.

Sobre la eficacia, entre otros aspectos, el examen determinó que la productividad de los investigadores se concentró en un 99.1 por ciento en la publicación de artículos, libros y capítulos de libros, y el 0.9 por ciento restante en patentes. O bien, que la mayoría de los investigadores se concentran en entidades federativas con los índices más bajos de pobreza. Ambos casos nada sorprendentes, dado el origen del SNI, la estructura de incentivos y el desigual desarrollo en el país.

Otro dictamen negativo fue sobre la operación del programa "Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas". En este caso, se refiere a recursos por 130 millones de pesos del Fondo Institucional (Foins) que permanecieron sin utilizarse, al igual que montos transferidos al año siguiente, así como una ausencia de metas de cumplimiento de los programas auditados.

El tercer dictamen negativo concierne a la operación del Programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. También se trata de apoyos financieros por alrededor del 35 por ciento del total del programa que no se comprometieron en proyectos de investigación. O bien, montos que se retiraron sin justificación o apoyos para investigaciones que ya contaban con soporte de otros fondos de Conacyt.

En lo que corresponde al dictamen con salvedad, se refiere al cumplimiento normativo sobre el fondo sectorial de investigación para la educación. Esto es, está dentro de la norma pero no completamente, las excepciones son una inconsistencia en su saldo real, y cierta falta de transparencia en el proceso de evaluación, dado que “19 proyectos, por 29,737.5 miles de pesos, fueron revisados por 105 evaluadores de los cuales 48 pertenecen a la institución que propuso los proyectos”.

El único programa que recibió un dictamen “limpio”, fue el de los recursos destinados a compensar el impacto del IETU sobre la aplicación de los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico.

Uno de cinco. Sí, como la gestión de Conacyt.

(Publicado en Campus Milenio. No. 404. Febrero 24, 2011)

NAYARIT Y LA DESCENTRALIZACIÓN

A propósito de la ceremonia del “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Edición Bicentenario”, en Tepic, Nayarit, entregado a investigadores del estado el pasado 10 de febrero, el gobernador de la entidad destacó algunos de sus logros en el sector. Sin embargo, aunque se han registrado avances, al igual que en la mayoría de entidades, los resultados van a la zaga de la proyección y anuncios que se realizan.

Nayarit, lo hemos dicho en este mismo espacio (Campus Milenio No. 369), no es una entidad con los mejores indicadores de actividades científicas y tecnológicas. Por el contrario, en lo que se refiere a formación de recursos humanos, es una de las tres entidades de la República que solamente tiene una insitución de educación superior con programa de doctorado, aunque suman más de una veintena las instituciones de este nivel; en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad únicamente tiene registrados tres programas y al parecer sumó una más en el último año. Una veintena de becas para estudios de posgrado también es ilustrativa del volumen de formación; solamente supera a Campeche y Quintana Roo.

La entidad también carece de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en tres áreas de conocimiento: fisíco-matemáticas, en ingenierías y en humanidades y ciencias de la conducta. De hecho, al menos en el 2009 (la última cifra oficial disponible), con sus entonces 17 investigadores en el SNI, ocupaba el último lugar a nivel nacional; Guerrero, la entidad que le seguía, duplicaba el número de investigadores. Aunque, al parecer, actualmente Nayarit ya tiene alrededor de medio centenar de investigadores.

En buena medida por el tamaño de sus indicadores tampoco era una sorpresa que ocupara los últimos lugares en productividad científica. Nayarit, junto con Guerrero, con menos de 90 artículos en un quinquenio, fueron las entidades con la menor aportación de artículos científicos en el país.

En estos términos, las iniciativas para fomentar las actividades científicas y tecnológicas en Nayarit, resultaban importantes y necesarias. En noviembre del 2001, con la promulgación de la ley correspondiente, se dieron los primeros pasos. Después vino la instalación de su Consejo Estatal de Ciencia y la Tecnología y apenas hace cinco años, su primer programa sectorial.

El programa estatal de ciencia y tecnología 2005-2011 se planteó líneas de acción básicas. Por ejemplo, “aumentar al 1 por ciento del PIB, por lo menos, el Gasto Estatal en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE)” (p. 33). O bien, “impulsar la creación y fortalecimiento de posgrados locales a fin de lograr su incorporación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad” (p. 34).

También se planteó cinco proyectos estratégicos, como la edificación de un centro de investigación y tecnología en alimentos, un centro interactivo de ciencia y tecnología, un sistema de información sectorial o un centro de innovación y desarrollo tecnológico en turismo para la salud.

Quizás en el desdoblamiento de las intenciones a las acciones, el proyecto de centro interactivo mudó a la idea de un Museo de Ciencias e Innovación, lo mismo que la edificación de centros de investigación a la de una “sociedad del conocimiento”. Al menos, el impulso a estas dos iniciativas que no estaban consideradas como tales en el programa sectorial, han captado la energía y los recursos financieros de la entidad en el último trienio.

En la reciente entrega de los premios, el director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, presente en la ceremonia, destacó que: “en los años previos se han invertido 15 millones de pesos en este aspecto (sociedad del conocimiento); en la etapa más reciente, la inversión será de 604 millones de pesos; es un incremento de 3 mil 876 por ciento, y no hay nadie en el país que tenga estos números”.

Además, según el mismo reporte de Conacyt, en la ciudad del conocimiento, a la construcción del museo y los dos centros de investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit, se sumaran subsedes de tres centros de investigación (CIAD, CIBNOR y CICESE).

A su vez, el gobernador de Nayarit, Ney González, afirmó que: “La gran mayoría de la gente de Nayarit tardará en darse cuenta de lo que es la Ciudad del Conocimiento; mi verdadero orgullo es la Ciudad del Conocimiento. En 20 años posiblemente habrá alguien que cambie la historia de este planeta para bien, quizá antes o después, esa es mi apuesta, apostarle a algo que los nayaritas queremos y podemos, poner nuestra huella en la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

Efectivamente, hasta ahora solamente son proyectos en marcha (la construcción del museo inició en mayo del año pasado y los centros de investigación solamente son un anuncio), ni siquiera se mencionaron en el informe de gobierno de diciembre pasado. También es el último año de ejercicio estatal. Sí, los indicadores han cambiado, pero muy lenta y gradualmente; habrá que ver si cambian las tendencias.

(Publicado en Campus Milenio No. 403. Febrero 17, 2011)

LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y LAS NORMAS

Quizás, estimado lector, recordará que el pasado mes de diciembre, en este espacio, le comentaba que fueron modificados los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología (Campus Milenio No. 397). Así es. Los diputados reformaron la ley para establecer que el programa sectorial deberá incluir, explícitamente, una proyección a 25 años del área. Es la idea de poner en práctica las políticas de largo plazo. Finalmente, el decreto de ley apareció publicado este 28 de enero en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa de reforma era relativamente sencilla, solamente incluía tres modificaciones básicas. Una, precisar que será facultad del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico establecer las políticas nacionales en el programa sectorial, así como aprobarlo y actualizarlo (artículo 6 de la ley de ciencia y tecnología). Vale la pena recordar que el Consejo General es el máximo órgano de política y coordinación, encabezado por el presidente de la República y secretarios de Estado, entre otros integrantes.

La segunda modificación, añadirle un párrafo a las características definitorias que deberá presentar el programa sectorial: “El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El Programa será actualizado cada tres años” (artículo 20).

Por último, la tercera modificación, estableció que entre los contenidos que deberá incluir el programa sectorial están: “Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones” (fracción III Bis artículo 21).

En conjunto, las tres modificaciones, como también ya lo habíamos hecho notar, buscan elevar a rango de ley la idea de políticas de largo plazo para la actividad científica y tecnológica. Una práctica que comenzó a ponerse en operación al inicio de la década pasada, específicamente en el programa sectorial de la administración de Vicente Fox.

El caso es que la más reciente modificación a la normatividad científica y tecnológica era una iniciativa relativamente sencilla, en la que no parecía haber mayor desacuerdo. De hecho, en la sesión de la cámara de diputados en la que se aprobó, en diciembre pasado, no hubo oradores a favor ni en contra, simplemente se presentó el dictamen, 302 diputados votaron a favor y quedó aprobada (02/12/2010).

Sin embargo, a pesar de que se trataba de una reforma sencilla, el recorrido completo del trabajo legislativo llevó prácticamente dos años. Desde que fue presentada en febrero del 2009 en el Senado, como cámara de origen, hasta que fue aprobada en diciembre pasado.

En esta ocasión, la publicación del decreto fue relativamente rápida, casi un par de meses, aunque, en realidad, la rapidez o demora son responsabilidad del ejecutivo federal, no de los diputados. La importancia del decreto es que indica la entrada en vigor del ordenamiento legal, así que mientras no se publique una reforma será como si no existiera.

Por ejemplo, la adición del artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología en el 2004 demoró casi medio año para que se publicara. Esta reforma fue la que mandató destinar uno por ciento respecto al PIB para el sector. Lo notable del caso es que el anuncio de su entrada en vigor tampoco asegura nada, porque el decreto del 2004 apareció en el Diario Oficial y de todas formas ni antes ni ahora se ha cumplido.

Entonces, si las reformas que no ameritan mayor debate ni desencuentros entre las fracciones parlamentarias tienen un dilatado proceso legislativo para su aprobación y luego, una vez entradas en vigor, nada asegura que se cumplan, todo resulta más bien frustrante y poco promisorio.

Ni hablar de las grandes reformas, del interés de los legisladores por el desarrollo del país o de su capacidad de anticipación. Seguramente, existen legisladores responsables, eficientes y preocupados por desempeñar bien su trabajo, pero la imagen del conjunto es francamente deplorable. Desde hace años, en el Congreso se busca instaurar medidas internas para controlar lo elemental de su actividad: su asistencia, su permanencia en la sesión y la emisión de su voto. Pero no, ni siquiera eso. No se diga documentarse, debatir, subir a tribuna y cumplir satisfactoriamente con sus responsabilidades.

Es la misma historia cada fin de periodo o de legislatura: inasistencias injustificadas, dispendio de recursos financieros, rezago de dictámenes, acumulación de iniciativas, o informes fallidos, episodios pendencieros. Y también el cuento de inicio de periodo: reuniones en lugares paradisíacos para formular una improbable agenda legislativa, impulso a las mejores iniciativas, acuerdos por “el México que queremos”, etcétera. Ajá. Lo grave es que los encargados de elaborar la norma son los primeros en quebrantarla.

No es gratuito que, año tras año, los diputados y los partidos políticos ocupen el lugar más bajo en lo que a confianza de los ciudadanos se refiere. Un merecido e inmejorable lugar.

(Publicado en Campus Milenio No. 402. Febrero 10, 2011)

El CCC, LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL PREMIO MÉXICO

El mes anterior fue entregado el Premio México de Ciencia y Tecnología en su edición 2009 y 2010. El dato relevante es que, por primera vez, el premio se otorgó en el área de las ciencias sociales y le correspondió al reconocido sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos.

El premio entregado por el gobierno mexicano es una de las pocas actividades visibles que todavía realiza el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCC). El Consejo, integrado por todos aquellos que han recibido el premio nacional de ciencias y artes y que desean formar parte del organismo, fue creado como línea de contacto directo entre científicos y ejecutivo federal al final de los años ochenta por decreto presidencial.

Sin embargo, únicamente entre 1989 y 1994, en el primer periodo de funcionamiento del organismo, cuando el exrector de la UNAM Guillermo Soberón Acevedo fue su coordinador, el organismo pareció cumplir su cometido. Después, la actuación del CCC ha sido más bien discreta, con muy contadas reuniones con el ejecutivo federal y escasas propuestas.

En la reforma a la normatividad científica de 1999, la entonces ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica, en la que se propuso la creación del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, también se indicó que el CCC formaría parte de ese espacio, junto con otras tres o cuatro organizaciones.

No obstante, en la reforma del 2002, el foro cambió de nombre y desde entonces se le llamó Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una modificación que parecía implicar la supresión del CCC. De hecho, en artículo transitorio de esa ley se especificó que: “los recursos asignados al Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de su Junta Directiva, se reasignarán al Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en este Decreto” (artículo cuarto).

Pero no, el CCC perdió en el camino la extensión que lo vinculaba orgánicamente con la Presidencia de la República, la cual formaba parte de su nombre oficial, pero siguió en funcionamiento, aunque ya sin la aureola del contacto presidencial. Todavía el año pasado Jorge Flores fue designado como coordinador del CCC para el periodo 2010-2013.

El caso es que una de las pocas iniciativas que formuló el CCC en 1990 fue la instauración del Premio México de Ciencia y Tecnología; un galardón que continua hasta el presente.

La razón de crear el premio, se dijo en su momento, era reconocer la labor científica y tecnológica de los investigadores en activo, provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, así como de estrechar la relación entre esas comunidades con las de México. Aunque, en las bases del premio, desde el comienzo, explícitamente se excluye la participación investigadores mexicanos.

En todos los años anteriores se han reconocido a diferentes científicos y tecnólogos de Iberoamérica y del Caribe, pero siempre provenientes de las ciencias naturales, exactas o del aplicado, no de las ciencias sociales. Incluso, a pesar de que la convocatoria incluye esa área de conocimiento.

La entrega de la distinción correspondiente al 2010 fue para el científico social Boaventura de Souza Santos. Un merecido reconocimiento. El presidente Felipe Calderón, en la entrega del premio, después de confundir el apellido de la directora del IPN, Yoloxochitl Bustamante (mencionó Gálvez), destacó la labor de Conacyt y los méritos de los premiados –el ganador de la edición 2009 era el científico español Miguel Ángel alario y Franco--.

El presidente de la República en referencia a Boaventura de Souza dijo que era un científico no solamente teórico, sino práctico, reconocido “por sus grandes aportaciones en el campo de la economía, del derecho, de la sociología y la epistemología. Su destacada trayectoria académica está marcada por su defensa de la idea de que los movimientos sociales y cívicos fuertes son esenciales para el control democrático de la sociedad y el establecimiento de formas de democracia participativa”.

Efectivamente, Boaventura de Souza ha tenido una participación destacada en los encuentros del Foro Social Mundial y en la elaboración de una obra colectiva sobre emancipación social. De hecho, también tiene un libro sobre la emancipación en la universidad (La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad), en donde argumenta a favor del cambio en la universidad.

En la entrega del premio, el discurso del científico portugués enfatizó que: Lo más importante para mí es que se haya reconocido la importancia y la validez epistemológica de este vasto campo del saber. Particularmente importante en un contexto donde tantos cambios están convulsionando los saberes, las prácticas sociales, las instituciones, los derechos humanos, los regímenes democráticos…. Es también significativo que, dado el pluralismo interno de las ciencias en general, haya sido premiado el tipo de ciencia social crítica que busco realizar desde hace cuarenta años. Una ciencia social objetiva pero no neutra, una ciencia social comprometida con las luchas de los oprimidos y discriminados, con el fortalecimiento de la democracia de alta intensidad. Un merecido reconocimiento, sin duda.

(Publicado en CampusMilenio No. 401. Febrero 3, 2011)

CyT: LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

Las expectativas eran múltiples y muy variadas en los diferentes ámbitos de la vida pública en la transición del siglo. La fecha emblemática de cambio de milenio y de centuria había llegado y parecía anunciar solamente aspectos positivos. Es suficiente recordar que las situaciones de crisis, económica o fiscal, que acompañaba cada cambio de administración gubernamental, no se hizo presente en el año 2000. Además, por primera vez, después de más de siete décadas de partido único en el gobierno federal, en ese mismo año se dio la alternancia.

El entonces ejecutivo federal, Vicente Fox, contribuyó a elevar todavía más las expectativas de la población. La palabra cambio fue su principal oferta y su principal planteamiento discursivo. Desde su promesa de arreglar en cinco minutos el conflicto armado del sureste mexicano hasta la idea de canalizar los recursos de excedentes petroleros a la educación o de poner a todo el país en red con el proyecto e-México. El campo de la ciencia y la tecnología tampoco fue la excepción y quedó registrado el plan de asignarle la importancia que merecían para que contribuyeran al desarrollo del país y de establecer políticas claras para su fortalecimiento.

Sin embargo, recientemente dejamos atrás la primera década de este siglo y los resultados han sido decepcionantes; las expectativas estuvieron muy lejos de cumplirse. Por el contrario, la administración 2000-2006 concluyó en medio de escándalos mediáticos, enfrentada con el Congreso y con más pendientes que promesas cumplidas. La gestión que le siguió elaboró planes más modestos, pero sus logros hasta ahora también han sido escasos; colocó como primer punto de su agenda el tema de la seguridad pública y poca atención han merecido otros sectores, incluyendo el científico y tecnológico.

No hemos aprovechado la ventana de oportunidad que se abrió en esta primera década y, al menos en el terreno de la actividad científica y tecnológica, tendriamos que preguntarnos cuánto tiempo más podremos prescindir de este componente. El diagnóstico se ha reiterado en innumerables ocasiones, pero como veremos en el siguiente balance general, tal parece que no ha sido razón suficiente.


Los planes
El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 (PND), a diferencia de planes previos, consideró la inclusión de indicadores y metas sectoriales precisas. Además, trazó un escenario a 25 años y otro para el periodo del sexenio. En el documento se reconocía que las transiciones no habían comenzado ni concluirían en el sexenio que recién comenzaba, pero lo más importante es que anunciaba que la educación sería “el eje fundamental y deberá ser la prioridad central del gobierno de la República”. Por el contrario, el tema de la ciencia y la tecnología no figuró, salvo como una estrategia más para crear condiciones para un desarrollo sustentable, en el área de Crecimiento con Calidad.

Sin embargo, el documento más importante para las políticas del sector es el programa sectorial: el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt 2001-2006). El diagnóstico del programa no contenía elementos novedosos respecto de los que ya se habían identificado y conocido en administraciones anteriores. No obstante, las puntualizaciones y énfasis sí resultaron diferentes. Por ejemplo, reconoció que el sistema científico y tecnológico era un agregado de instituciones pero que no operaba como sistema, por tanto que carecían de relaciones institucionales entre sí y de una adecuada coordinación en el plano presupuestal y programático. Por tanto, planteaba la necesidad de modificar la normatividad para propiciar el desarrollo tecnológico y otorgarle mayores capacidades a Conacyt. Puntualizó el bajo nivel de competitividad de las empresas mexicanas y el escaso número de solicitudes de patentes, y peor, su declinación en los años noventas. Esto es, el diagnóstico reiteraba los problemas ya conocidos de insuficiencia, tamaño y concentración de recursos humanos y desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, pero agregó las dificultades de desarrollo tecnológico y la necesidad de modificaciones normativas para solucionarlos.

El Pecyt planteó tres grandes objetivos estratégicos: contar con una política de Estado en ciencia y tecnología; incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; elevar el nivel de competitividad y la innovación de las empresas. Lo más notable es que, como se había prevsito en el PND, el programa planteó metas e indicadores precisos. Por ejemplo, incrementar el presupuesto nacional para ciencia y tecnología a 1.5 por ciento del PIB en el 2006 o pasar de 23 por ciento a 40 por ciento de inversión privada en investigación y desarrollo experimental (IDE) en el 2006. O bien, pasar de una estimación de 5 mil personas que se desempeñaban en IDE en el 2001 a 32 mil para el 2006 y, además, que más del 80 por ciento de ese personal contara con estudios de posgrado.

La mayoría de indicadores que se propuso el Pecyt implicaba duplicar, triplicar o inclusive quintuplicar las cifras que se tenían en el año 2000. Además de que se planteó triplicar la inversión nacional en ciencia y tecnología (pasar de 0.60 a 1.5 del PIB), también se proponía incrementar de 8 mil a 25 mil el número de miembros del SNI o de 5 mil a 32 mil el número de tecnólogos en el sector productivo. No obstante, en el mismo programa se estableció que para alcanzar tales metas eran necesarias tres condiciones: una inversión nacional en investigación y desarrollo experimental (IDE) del 1 por ciento del PIB en el 2006; una participación del sector privado en IDE de 40 por ciento; y en el ámbito macroeconómico un crecimiento anual promedio real de 5% del PIB. Y no, ni unos ni otros se cumplieron.


Los magros resultados
En lo que concierne al gasto federal en ciencia y tecnología en el periodo, pasó de 23 mil millones de pesos en el año 2000 a 47 mil millones de pesos que se estimaron para el año 2010. No obstante, en términos reales (descontando el efecto de la inflación), el gasto federal respecto al PIB, el porcentaje pasó de 0.42 a 0.41 por ciento en el 2008. Esto es, una una disminución de una centésima. Además, como en 2009 cambió el año base de cálculo, la estimación para el año 2010 es un porcentaje de 0.38 por ciento del PIB.

Obviamente, no se cumplieron las metas que se habían previsto en el programa sectorial de inicio de la década. Salvo en lo que se refiere a la participación relativa del sector privado en la inversión en IDE, cuyo monto se quintuplicó, el resto de indicadores se han quedado prácticamente a la mitad de lo que se proponía alcanzar.

Los estímulos fiscales han sido el principal instrumento para alentar la inversión de las empresas del sector productivo. La administración 2000-2006 cambió las reglas de operación para el otorgamiento del incentivo fiscal y creó un comité interinstitucional para la aplicación del incentivo. Esto es, amplió a 30 por ciento el beneficio fiscal (crédito fiscal) para las empresas y se facilitaron los trámites de participación. Además, el monto pasó de 500 millones de pesos en el año 2001 a 3 mil millones de pesos en el 2006. Sin embargo, el mayor problema fue que las empresas beneficiadas eran transnacionales o grandes empresas. No variaron las empresas beneficaidas y el programa se suprimió en la siguiente administración.

Otro mecanismo de distribución de recursos fue la instauración de los fondos competitivos. De hecho, este tipo de fondos estaban previstos desde la normatividad de 1999, pero se pusieron en marcha en el 2001 y tuvieron un ajuste en el 2002 con la promulgación de la entonces nueva ley de ciencia y tecnología. el número de convenios y recursos para estos fondos ha ido en aumento. Los sectoriales, pasaron de media docena de secretarías a más de una veintena de dependencias gubernamentales en la actualidad y cuadruplicó el monto de recursos financieros (pasaron 300 millones de pesos en el 2002 a un mil120 millones de pesos en el 2010). El mismo caso ocurrió con los fondos mixtos, los cuales ahora cubren todas las entidades federativas, aunque el monto de recursos se ha mantenido en alrededor de lso 300 millones de pesos. Una cifra modesta.

La constitución de los fondos competitivos es relativamente reciente pero, como se había previsto en la normatividad, representa un cambio relevante en Conacyt: de una operación por programas, centrada en la oferta, a otra centrada en la demanda. Tal vez este es no de los resultados más relevantes de la década y una de las modificaciones más importantes en la operación del sistema científico y tecnológico.

Otro elemento que también vale la pena resaltar es la reforma a la ley del sector. Desde el comienzo de la década el gobierno federal insistió en reformar la ley para impulsar lo que llamó la “construcción de una política de Estado en ciencia y tecnología. Aunque el cambio normativo de mayor envergadura había tenido lugar con la reforma de 1999, el ajuste del 2002 también fue relevante. En general, la entonces nueva ley planteó los atributos de lo que sería una política de Estado en la materia, otorgó mayores capacidades de coordinación y autonomía a Conacyt, ajustó los fondos competitivos, reorganizó varias instancias de decisión y propuso la creación de un ramo de gasto en el presupuesto de egresos de la federación, entre otros aspectos.

El ramo 38 para ciencia y tecnología comenzó a operar en el ejercicio fiscal del 2004, con lo cual Conacyt, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, se desectorizó de la SEP. Sin embargo, lo paradójico es que una vez lograda su autonomía, el proyecto de presupuesto que envia el ejecutivo federal al Congreso, incluye una menor cantidad de recursos para ciencia y tecnología, comparada con la que obtenía previamente, aunque los diputados se han encargado sistemáticamente de incrementar la cifra, aunque en algunos años con pequeños montos.

Un nuevo ajuste a la norma en el 2004 estableció como mandato otorgar por lo menos el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) como gasto nacional cada año para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. La reforma propuso adicionar un artículo (9Bis) a la LCyT para establecer que: El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

Además, en artículo transitorio indicó que el incremento sería gradual y la meta se cumpliría en el 2006. La modificación está en consonancia con lo que estipula el artículo 25 de la ley general de educación, respecto a un monto de gasto especifico para educación y otro para ciencia y tecnología, pero difieren en que la legislación educativa señala que es gasto público, mientras que la científica claramente indica que el gasto será nacional (públcio y privado).

En lo que se refiere a la descentralizacion de las actividades científicas y tecnológicas, problema que se había reiterado en los diagnósticos, hubo avances relativos. Aunque la reforma del 2002 había previsto la creación de Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT), como instancia permanente de coordinación entre CONACyT y los gobiernos de las entidades federativas, en realidad no funcionó en la administración 2000-2006, apenas en la actual gestión se volvió a reactivar, pero todavía no muestra sus resultados. Es el mismo caso de los consejos estatales de ciencia y tecnología, prácticamente toda la década pasada se ocupó en completar que todas las entidades federativas contaran con su respectivo consejo y promulgaran la normatividad correspondiente.

Actualmente, en comparacion con lo que ocurría hace una década, es menor la concentración de actividades científicas y tecnológicas en el Distrito Federal y algunas de las ciudades de mayor tamaño. Sin embargo, la mayor cantidad de recursos humanos y oportunidades educativas y laborales se localiza en unas cuantas entidades e instituciones. Por ejemplo, el DF concentra la cantidad más importante de programas de posgrado reconocidos, por tanto también reúne alrededor del 40 por ciento de las becas nacionales y el 35 por ciento de becas al extranjero, lo mismo que el mayor número de investigadores nacionales.

Si bien el número de investigadores nacionales pasó de 7 mil 466 a 16 mil 600 a lo largo de la década, la cantidad está alejada de los 25 mil que se habían previsto en el programa sectorial de inicio de la década. Ni se diga sobre los recursos financieros, cuya proporción respecto al PIB es de una tercera parte de lo que dice la ley y prácticamente sin modificación en términos reales.

El porvenir
En el recuento histórico, más allá de la última década, se repiten una y otra vez la pérdida de oportunidades. Cuando parece que nos encaminamos a la senda del crecimiento y del impulso sostenido, vuelve otra vez el quiebre de exectativas sea por contingencias externas o por decisiones y acontecimientos internos.

El horizonte de crecimiento que parecía asomarse al inicio de la década anterior, se trocó en desilusión al final de la administración de Vicente Fox. El crecimiento económico promedio apenas alcanzó un 2.3 por ciento, la tasa de desempleo abierto se incrmentó más de un punto porcentual. Ni hablar de los niveles de inversión. La actual administración, propuso impulsar la competitividad y el empleo, pero tampoco ha logrado anvances. Por el contrario, el desempleo avanzó dos puntos porcentuales más y, como nación, perdimos ocho puntos en el índice de competitividad global en el periodo. La mejora tampoco llegó en los puntajes de las pruebas PISA para los jóvenes de 15 años, cuya aplicación siguió a lo largo de la década, y los últimos resultados no difieren de forma sustancial de los años previos.

Tal vez, se dira, que las crisis periodicas han impedido sostener iniciativas de largo aliento o que las prioridades nacionales se han localizado en otra parte, pero lo cierto es que frente al entorno global, hemos perdido viabilidad. Por lo pronto, ya se nos pasó la primera década de este siglo y poco hicimos como nación para lograr un crecimiento sostenido e incluyente, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más dejaremos pasar? Todo parece indicar la proyección de escenarios ha sido inútil. Ojalá que no ocurra lo mismo en esta década que está por comenzar.

(Publicado en CampusMilenio No. 400. Enero 27, 2011)