¿NUEVA LEY Y/O SECRETARÍA DE CTI EN EL DF?

La relativa facilidad que se preveía para crear una secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el DF, podría no ser tan sencilla ni tan rápida.  El tema tiene sus implicaciones técnicas y financieras.

El actual gobierno federal abandonó la idea de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología –incluyera o no a la educación superior. Al menos, como lo dijimos aquí hace dos semanas, no la consideró en su reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y seguramente no presentará otra reforma a la misma ley en el plazo corto.

De hecho, más que crear nuevas secretarías, la propuesta de reforma administrativa del actual ejecutivo federal va más bien en el sentido de suprimir estructuras, centralizar y concentrar funciones.

En estas páginas sostuvimos que había una especie de paralelismo en los gobiernos federal y del DF, respecto a la iniciativa de crear una nueva estructura para la ciencia y tecnología. Aunque, en realidad, la situación local funcionó más bien como un acicate a la reticente actitud del gobierno federal en esta materia.

La disposición del hoy jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, al expresar como compromiso de campaña, el 7 de mayo de este año, la creación de una secretaría de ciencia, tecnología e innovación, ofrecía la posibilidad de que sus promesas se podrían convertir en hechos. Una vez ganadas las elecciones y asumido el puesto, la certeza fue mayor.

Los mismos diputados locales del partido en el gobierno, con mayoría en la Asamblea, como también lo señalamos en estas páginas, el pasado mes de octubre se aprestaron a formular un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF (LOAPDF) para dar lugar a la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Una iniciativa que, según el proyecto de reforma, solamente modificaba la LOAPDF e inicialmente se preveía que la nueva Secretaría no consumiría recursos adicionales a los destinados al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF). Sólo faltaba que transcurrieran los 30 días que prevé el reglamento para el dictamen en comisiones, la aprobación en el pleno y listo.

Sin embargo, en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 27 de noviembre, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edgar Borja Rangel, solicitó una prórroga para el dictamen y, a la vez, junto con el diputado Federico Döring, ambos del Partido Acción Nacional, presentaron otra iniciativa de nueva secretaría.

La propuesta de Borja y Döring también es una reforma a la LOAPDF, pero fundamentalmente se trata del proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología del DF. Una iniciativa de mayor alcance y de mayor complejidad.

En la parte de justificación, dicen los diputados panistas, el ICyTDF tiene insuficientes alcances interinstitucionales y hacia el exterior. Mientras que una Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual absorbería al Instituto, “coadyuvaría directamente a establecer los mecanismos y canales necesarios para incrementar el desarrollo económico de nuestra Ciudad” (Gaceta Parlamentaria No. 025: 60).

La propuesta de ley sectorial para el DF, tanto por la definición de actividades, órganos y funciones, como por su estructura y capitulados, es relativamente similar a la norma federal. Obviamente, con las debidas referencias a lo local.  

Lo interesante es que, en tales circunstancias, también reproduce las funciones, formas de conducción del sistema y esquema de financiamiento que anota la ley federal. Por ejemplo, en el capítulo I del proyecto de ley, propone un Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico del Distrito Federal, presidido por el jefe de gobierno, cinco secretarios y siete consejeros designados por el mismo ejecutivo local. Las funciones, operación y atribuciones son más o menos equivalentes a las del Consejo de nivel federal.

Más relevante es que en el capítulo VII del citado proyecto, el referente al presupuesto, se anota que “El monto que se asignará a la Secretaría dentro del Presupuesto de Egresos para su respectivo ejercicio fiscal, deberá ser equivalente al 1 por ciento del presupuesto total del Distrito Federal” (Artículo 41). Lo cual significaría más que duplicar el actual presupuesto del ICyTDF.

Faltan los dictámenes y el debate en el pleno, pero como se puede anticipar, a pesar de la composición de la Asamblea, el dilema de optar por una ley sectorial o una estructura no se resolverá tan fácilmente.

(Publicado en Campus Milenio No. 490. Diciembre 6, 2012 p. 9)

TUIT PRESIDENCIAL: NUEVA COORDINACIÓN DE CyT

El sector científico y tecnológico no tiene el sentido de urgencia que caracteriza al campo educativo en este inicio de gobierno. Tampoco se advierte el activismo de otras esferas. Incluso la reciente iniciativa del ejecutivo federal de crear una nueva coordinación para el área, escrita a través de su cuenta de tuiter personal, tiene cierta virtualidad que bien a bien no se sabe si terminará por convertirse en realidad.

La propuesta de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología o de educación superior, ciencia y tecnología, lo hemos reiterado en diversas oportunidades en este espacio, no era una idea que compartiera ni convenciera al entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto (EPN). Lo expresó claramente en su encuentro con rectores en Anuies en mayo de este año.

Posteriormente, una vez obtenido el triunfo en las elecciones y durante el periodo de transición, la negativa de EPN ya no fue rotunda. Parecía haber sido persuadido de que no era una mala opción crear una nueva estructura para la ciencia y la tecnología. Pero no fue el caso.

En los días previos a la toma de posesión, cuando envió al Congreso, a través de su partido, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, era la ocasión para proponer la nueva estructura del sector. Sin embargo, tenía otras finalidades y la nueva secretaría no figuró.

Después, en el primer día del actual periodo gubernamental, en el mensaje a la nación del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto (EPN), mencionó los ejes de lo que será su gobierno y lo que llamó decisiones presidenciales. Sin embargo, no apareció el tema de la actividad científica y el desarrollo tecnológico.

Lo sobresaliente fue que en el denominado “Pacto por México” el tema sí ocupó un lugar. En el documento, firmado por el ejecutivo federal y los representantes de las tres principales fuerzas políticas, al igual que ocurrió con casi todos los temas de interés público, quedó incorporado el compromiso de promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como parte de los “acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, se planteó que se sentarían las bases para convertir a México en una “economía del conocimiento” y se anotaron tres grandes objetivos: inversión del 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología; establecer prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología; e incrementar el número de investigadores, centros de investigación y patentes.

Además, se comprometieron en cada caso. Por ejemplo, en materia de inversión, se destaca que se alcanzará de manera gradual la inversión prevista en la ley y el incremento iniciará en el presupuesto 2013 (compromiso 46). Las prioridades estructurarán un programa de largo plazo en todo el país (compromiso 47). Y de forma más bien ambigua e imprecisa se dice que se incrementarán los investigadores, centros y patentes (compromiso 48).

Hasta ahí, parecía confirmarse, nuevamente, que se continuaría con la tendencia inercial de apoyos para el sector y que no habría la estructura administrativa como se había supuesto. Incluso los cambios de SEP en una de sus subsecretarías --el cual se resolverá con una modificación de reglamento interno--, corroboró la negativa a cambios mayores.

No obstante, durante la primera gira del ejecutivo federal a Nuevo León, el pasado 6 de diciembre, para la inauguración de centros de investigación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), anunció el Proyecto de Monterrey VI para garantizar abasta de agua a esa zona metropolitana y el de la línea 3 del metro.

Lo notable es que ese mismo día, en su cuenta personal de tuiter (@EPN) escribió: “También inauguré centros de investigación y anuncié la creación de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia”. ¿O sea, un organismo similar al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia que creó el expresidente Salinas de Gortari? Esperemos que no.

Más sorprendente es que en la versión estenográfica del largo discurso que pronunció EPN en Nuevo León, no hay ninguna referencia a tal anunció o mención alguna a tal posibilidad. La instrucción tampoco fue recogida por las dependencias gubernamentales. Pero de que apareció, apareció en tuiter.

En breve sabremos si forma parte del plan para el sector o no, de ser el caso las características precisas y también cómo se distribuirán los recursos, cuyo incremento no es del volumen que parece.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Diciembre 13, p. 6)

¿CONTINUIDAD O FIN DE UN CICLO?

Esta semana concluye la administración de Felipe Calderón Hinojosa y, para efectos prácticos, con ella la docena de años que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Nada menos: lo que llevamos del  siglo XXI.

Es probable que en la próxima administración no haya un cambio de políticas hacia el terreno de la ciencia y la tecnología. No lo hubo en la alternancia anterior, tampoco cuando inició este sexenio y tal vez no lo habrá ahora que retorna el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal.

Hoy, en el ámbito nacional las expectativas y el clima político y social son muy diferentes a lo que ocurría al iniciar el año 2000. Quizás por el cambio de centuria, las transiciones demográfica y política que en ese entonces estaban en marcha o porque el futuro se anunciaba prometedor, en los albores de este siglo se depositaron las más variadas expectativas.

Las actividades científicas y tecnológicas no fueron la excepción. Un ambicioso programa sectorial que propuso la administración de Vicente Fox contribuyeron a ampliar las expectativas. En el diagnóstico recuperó los problemas ya conocidos de insuficiencia, tamaño y concentración de recursos humanos y actividades científicas y tecnológicas, pero que agregó la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico, ampliar la participación del sector privado y modificar el marco normativo.

En consecuencia, el programa sectorial propuso duplicar, triplicar e inclusive quintuplicar algunos de los indicadores entre el 2000 y el 2006. Por ejemplo, pasar de una inversión nacional en ciencia y tecnología de 0.60 por ciento respecto al PIB a otra de 1.5 por ciento; incrementar los miembros del SNI de 8 mil a 25 mil; pasar de 60 a 12 mil 500 las nuevas plazas para investigadores o de 12 mil 600 a 32 mil los becarios de Conacyt.

Los resultados en el 2006 son de sobra conocidos: los indicadores quedaron prácticamente a la mitad o menos de lo que se habia previsto. El entonces titular de Conacyt terminó enfrentado con parte de la comunidad científica y no concluyó su periodo. La meta que sí se cumplió fue la modificación normativa, pero preveía disposiciones que ya estaba presentes en la ley de 1999, como la orientación a la demanda. La alternancia no significó un cambio relevante a la política sectorial.

La administración de Felipe Calderón Hinojosa en su Plan Nacional de Desarrollo incluyó al sector en una página y reiteró el conocido diagnóstico de: necesidad de establecer políticas de Estado, articular el sistema, incrementar el financiamiento, fortalecer la infraestructura y descentralizar las actividades.

El programa sectorial, después de meses de demora en publicarse porque el Consejo General, presidido por el ejecutivo federal, no se reunía para aprobarlo, planteó una decena de metas. Por ejemplo, mejorar el índice de competividad (pasar de la posición 58 a la 30 en el Foro económico Mundial), incrementar el número de patentes de 576 a 796; o bien, incrementar el número de miembros del SNI de 12 mil a 19 mil 850, o el de doctores de 2 mil 112 a 3 mil 618. Nada nuevo.

Sin embargo, una vez más, los indicadores quedaron distantes de los propósitos anunciados. Además, Conacyt, prácticamente desde que comenzó el periodo 2006-2012, estuvo en un permanente ajuste y reajuste de los funcionarios que ocuparon las direcciones adjuntas. Incluso, igual que en la administración previa, aunque por otros motivos, el titular del Conacyt cambió en marzo del año pasado. Lo relevante es que la orientación del sistema tampoco se modificó en esta administración.

Actualmente, en el ámbito nacional y en todas las áreas, la situación es un tanto diferente a la que había al inicio de la década anterior. Los indicadores macro pueden ser estables e incluso promisorios, pero existe gran preocupación por la seguridad pública, el empleo y el entorno internacional. Las relaciones están crispadas entre algunos segmentos de la sociedad, así como entre éstas, el gobierno y algunas de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Sí, las preocupaciones están en otra parte, no en el terreno de la ciencia y la tecnología. Lo comentamos aquí la semana pasada, en la reciente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública no figuró la idea de crear una nueva secretaría para el sector. ¿Y el equipo de transición? Públicamente solamente se nombró responsable. Hasta ahí, nada más. Sí, parece que no habrá un nuevo ciclo de políticas, será más de lo mismo.

(Publicado en Campus Milenio, No. 488. Noviembre 29, 2012)

AGENCIA DE INNOVACIÓN

Hoy es claro que no habrá nueva secretaría de ciencia y tecnología, ni tampoco de educación superior, ciencia y tecnología. Por lo menos no en el corto plazo. En su lugar, tal vez, tome impulso la idea de una agencia nacional de innovación.

En las iniciativas de reforma que presentó el presidente electo, Enrique Peña Nieto, el pasado 14 de noviembre, no estuvieron consideradas la educación ni la ciencia. Las propuestas tienen otros propósitos. Una primera reforma tiene al senado como cámara de origen y se refiere a la creación de una  Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional por la Ética Pública.

Se supone que la nueva comisión tendrá como principal objetivo el combate a las faltas administrativas y las conductas de corrupción en el ámbito gubernamental en sus diferentes niveles. A su vez, el Consejo Nacional por la Ética Pública estaría integrado por representantes de todos los niveles de gobierno, de las principales instituciones políticas y algunos sectores de la sociedad. Esta iniciativa supone la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública.

La segunda iniciativa tiene a la cámara de diputados como cámara de origen y es la que se refiere a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Básicamente propone concentrar en la Secretaría de Gobernación las actividades de seguridad interior, así como la conducción de las políticas en materia de seguridad interior y el mando sobre la policía federal y auxiliar. La misma secretaría también estará encargada de llevar a cabo las relaciones con los otros poderes y los actores políticos.

También propone que la Secretaría de Desarrollo Social se concentre en combatir la pobreza y la desigualdad en la niñez, la juventud y las mujeres, por lo que incorporará actividades que actualmente están bajo la responsabilidad de otros organismos. Igualmente sugiere la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual asume las funciones de la actual Secretaría de la Reforma Agraria.

En fin, como puede advertirse, las dos principales iniciativas de reforma del presidente electo, consideran elementos relevantes de la organización de la administración pública y seguramente tendrán un procesamiento relativamente expedito en el Congreso. Pero ninguna se refiere a las actividades científicas y tecnológicas o a la educación.

En el periodo de campaña el presidente electo había manifestado su rechazo a la propuesta de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología. Después de celebradas la elecciones, Enrique Peña Nieto reconsideró su posición inicial. Todavía el pasado 27 de septiembre, cuando recibió el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” y nombró un responsable del equipo de transición para el sector de ciencia y tecnología, comentó que analizaría la posibilidad.

Y no, parece que no le convenció, al titular o a todo el equipo gobernante, la idea de una nueva estructura administrativa para el sector científico y educativo. ¿Esto quiere decir que se canceló la propuesta? No, pero difícilmente podría adoptarse en el periodo de la siguiente administración.

La experiencia con la reciente iniciativa de reforma laboral y por la composición de las fracciones parlamentarias, particularmente en la cámara de diputados, hacen difícil pensar en una modificación a la iniciativa de ley en el Congreso. Lo más probable es que se apruebe tal y como se presentó.

Tampoco parece probable que una vez presentado este paquete de reformas, se presenten otros proyectos de ley para reformar la administración pública en el corto plazo. Al menos no los habrá de esa misma magnitud y no en esta legislatura.

Entonces ¿permanecerá sin cambios el sector científico y tecnológico? Seguramente sí habrá modificaciones pero acotadas y dirigidas. Es suficiente recordar que el todavía presidente electo, sigue reiterando como parte de sus compromisos nacionales y especialmente el que se refiere al tema de “Más educación y de calidad para todos”, el compromiso número 9: “Apoyar la creación de una fundación para la innovación, ciencia y tecnología, con la participación de la iniciativa privada”.

Un compromiso que coincide con otra posibilidad que le plantearon en el documento Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación. En esta última la propuesta quedó como la creación de una Agenda Nacional de Innovación. Un tema que seguramente definirá la orientación del sector en esta administración y al que volveremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 487. Noviembre 22, 2012)