¿CENSO, LABORATORIO O SISTEMA?

La semana anterior comentamos que la reforma educativa en curso, en su fase de implementación, debiera atender por principio de cuentas lo elemental que indica la fracción primera de su artículo quinto transitorio: la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE). Una base técnica que permitiría tomar mejores decisiones.

Actualmente, como componente principal del SIGE está la realización de un censo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero vale la pena considerar si es el paso correcto. Ciertamente, los datos desagregados sobre profesores y alumnos son relativamente insuficientes y controvertidos; necesitamos tener precisión elemental sobre su volumen y trayectoria. Sin embargo, un costoso recuento cada tanto, puede no ser la mejor opcion si lo que se quiere es tener información de acceso abierto, actualizada y continua sobre la operación del sistema educativo.

Según refiere el artículo transitorio, el censo de escuelas, maestros y alumnos tendría como propósito principal que la autoridad educativa tuviera todos los datos necesarios para la operación del sistema en una sola plataforma. Es decir, un sistema en buena medida pensado y reservado solamente al mando educativo.

Al parecer la realización del censo ya está definida: se llevará a efecto entre septiembre y noviembre de este año. SEP e INEGI han informado que quedó establecido el Comité Nacional de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Comunicado 058. 17/04/13). Debe notarse que, a diferencia de la redacción del decreto de reforma, ahora se precisa que el censo es para educación básica y especial, con lo cual se acota su universo.

Además, el comunicado también advierte que se integrarán o ya se integraron Comités Estatales, estos últimos para facilitar el ingreso del INEGI a los planteles escolares en las entidades federativas. Igualmente, ya se prevé la metodología de los cuestionarios y la forma en que se podría “recopilar información actualizada y completa de forma regular y periódica de los niveles prescolar, primaria y secundaria”, para la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa.

La periodicidad de un censo depende de las finalidades que se persigan. No obstante, parece más complicado realizar un recuento cada tanto por una entidad como el INEGI, en lugar de un registro como el que ya estaba en marcha y cuya responsabilidad correspondía a la propia SEP (se trata del RENAME, al cual nos referimos la semana pasada). ¿No valdría la pena aprovechar la experiencia?

La información sobre el sistema educativo es de interés nacional, no sólo ni exclusivamente de la autoridad educativa. De hecho, el mismo INEGI, en una tendencia acorde a las mejores prácticas, recientemente inauguró lo que denominó Laboratorio de Análisis de Datos, un espacio de acceso y servicio a usuarios especializados, en el que ofrecerá información con mayor nivel de desagregación para una mejor valoración de la política pública y de la investigación académica (Boletín 154/13). El registro o censo educativo también podría y debiera ser un Laboratorio.

Actualmente, la tecnología disponible ofrece diferentes opciones y herramientas para registrar, automatizar y acumular información. Obviamente, se requiere un diseño conceptual, pero el sector educativo bien podría utilizar los dispositivos tecnológicos. Por cierto, el INEGI, en la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del 2008, perdió la palabra “Informática” de su denominación oficial, aunque sigue conservando las mismas siglas.

La experiencia internacional también es ilustrativa. Desde el 2002, UNESCO auspicia el diseño de un Sistema de Información para la Gestión Educativa (EMIS, por sus siglas en inglés), el cual registra, acumula y procesa información relevante para la gestión, evaluación y formulación de políticas educativas.

Incluso, la versión más reciente del sistema informático de UNESCO, lanzada en este mismo mes y denominada OpenEMIS, ya es de fuente abierta y no tiene ninguna condición o restricción para utilizarse por cualquier país. Un sistema, precisamente, para recabar grandes volúmenes de información sobre alumnos, maestros, infraestructura, financiamiento, etcétera. Además, según el organismo internacional, el sistema puede funcionar con una computadora con o sin conexión a Internet. ¿Nos esperamos a septiembre?

(Publicado en Campus Milenio No. 507. Abril, 25, 2013, p. 9)

EL QUINTO TRANSITORIO Y LO BÁSICO

La actual reforma educativa ya está en papel. Si al comienzo parecía que cambiar la norma  constitucional implicaría el mayor y más dilatado esfuerzo, ahora parece que fue lo más sencillo. Un primer paso sin seguridad de lo que vendrá ahora. Convendría reparar en la base sobre la que se puede edificar.

El compromiso por una reforma educativa pasó sin mayores contratiempos en menos de 100 días. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero. Sin embargo, como hoy constatamos, un asunto es el cambio de ley y otra su puesta en marcha. La armonía del discurso frente a la áspera realidad; el momento crítico que puede llevar al naufragio o al éxito de la iniciativa. Una implementación que puede ser de cambios profundos, insignificantes o básicos.

Obviamente, los cambios mayores han concentrado la atención de buena parte de analistas, detractores y apologistas de la reforma. Uno de ellos ha sido el de la evaluación de profesores y sobre todo su implicación para su permanencia. O bien, las condiciones de operación del Servicio Profesional Docente, el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación o la autonomía del Instituto Nacional para la Evalaución de la Educación (INEE).

No obstante, otros cambios menores, secundarios, contenidos en los artículos transitorios, los cuales precisan o determinan condiciones de la reforma han sido subestimados, aunque pueden resultar relevantes para su inhibición o impacto. Los transitorios, como su nombre lo indica, son ordenamientos contingentes, temporales, auxiliares, para regular o indicar la aplicación de la norma principal. Pero no hay duda de que tienen una importancia crucial. Es suficiente recordar que gracias al candado del cuarto transitorio de la Ley General de Educación de 1993, a la fecha no se han descentralizado los servicios educativos en el Distrito Federal.

En el caso de la actual reforma, el segundo, tercero y cuarto transitorios especifican formas y plazos para la operación del INEE. Precisamente, el mecanismo que hoy comparten gobierno federal y Senadores para la designación de la primera Junta de Gobierno del organismo evaluador, así como el plazo de seis meses que tienen los legisladores para expedir las leyes secundarias. Una precisión de temporalidad y formas.

El quinto transitorio, sin embargo, destaca condiciones elementales que permitirían el cumplimiento de las modificaciones a los artículos 3º y 73 constitucionales, el objeto de la reforma. Por ejemplo, la primera fracción destaca la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, consistente, por principio de cuentas, en la realización de un “censo de escuelas, maestros y alumnos”. Una tarea encomendada al INEGI y que parecería insignificante.

La idea de registros educativos básicos no es nueva, aunque no por ello ha dejado de ser neesaria. Desde el 2010, en la administración anterior, se propuso crear un gran sistema de información, oportuna y confiable, con el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME). Una plataforma tecnológica que presumiblemente contaría con un gigantesco banco de datos.

De hecho, en agosto del año pasado, mediante acuerdo presidencial, se determinó que el RENAME sería información de interés nacional, es decir, generada de forma periódica, con una metodología científica y necesaria para conocer la realidad del país. Por tanto, se plasmó en el acuerdo, la información derivada de ese sistema sería oficial, de uso obligatorio para todos los órdenes de gobierno y estaría a cargo de SEP (DOF. 08/08/2012).

Sin embargo, parece que ni el Registro ni el censo marchan. Es un cambio elemental que establece un umbral que hoy simplemente no tenemos, una línea base consistente y confiable de la cual partir para valorar y decidir sobre los grandes cambios que se proponen para el terreno educativo.

La segunda fracción del quinto transitorio establece otro asunto elemental: la evaluación de maestros tiene como “primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional” y el sistema educativo les otorgará los “apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarollar sus fortalezas y superar sus debilidades”.

Es incierta la amplitud y profundidad que podría tener la reforma en curso, pero lo que sí se podría es asegurar la puesta en marcha de sus condiciones o componentes más elementales.

(Publicado en Campus Milenio No. 506. Abril 18, 2013: p. 9)

¿Y EL CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS?

En diciembre pasado, una vez aclarado que no se crearía una secretaría del ramo, comentamos la intención del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) de crear una estructura administrativa, dependiente de su oficina, para los asuntos científicos y tecnológicos (Campus Milenio No. 491).

El anunció quedó expresado el 6 de diciembre en un tuit, en la cuenta personal de EPN, pero no hubo mayores especificaciones. De hecho, ocupó menos de los 140 caracteres permitidos en un tuit y no recibió menciones posteriores. No obstante, se sabía que la nueva estructura estaría a cargo del científico Francisco Bolivar Zapata, en su momento encargado del equipo de transición.

Ahora, cuatro meses después, el gobierno federal publica el reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, en donde se establece la organización y funciones de sus diferentes unidades (Diario Oficial de la Federación 02/04/2013: 2-8). Una de ellas es la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es decir, a nivel presidencial queda establecida una instancia que influirá en la decisiones de la política sectorial que encabeza el Conacyt . El asunto por resover es el tipo de relación que sostendrá con este último y, más todavía, si complementa, sustituye o ignora al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCCP).

El reciente reglamento especifica que la Oficina de la Presidencia de la República tendrá cinco unidades de apoyo: Jefatura de la Oficina de la Presidencia; Secretaría Particular del Presidente; Coordinación de Asesores del Presidente; Coordinación de Comunicación Social; y Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

A su vez, la primera unidad, la Jefatura de la Oficina, contará con siete subunidades, como la secretaría técnica del gabinete y seis coordinaciones. Una de ellas será la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Jefatura está encabezada por Aurelio Nuño Mayer. ¿Lo recuerda? Fue el responsable del área educativa en el equipo de la transición.

Según el reglamento, la decena de funciones que se le reservan a la nueva Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, más que las de coordinar, dirigir o diseñar, son las de coadyuvar, participar  o apoyar, especialmente al Conacyt.

Por ejemplo, una de ellas es coadyuvar en la elaboración de diagnósticos del sector o en el ejercicio de funciones de las instancias competentes en la materia. O bien, apoyar Conacyt en las modificaciones al marco normativo o en los análisis globales, lo mismo que propiciar vinculación del ejecutivo federal con “instancias públicas y privadas de desarrollo tecnológico, cietífico y de innovación”.

Además, las funciones de la Coordinación serán realizadas en conjunto con Conacyt o en respuesta al jefe de la Oficina de la Presidencia, pero no en relación directa con  el ejecutivo federal. Esto es, es una instancia de consulta y asesoria, no formal y jerarquicamente colocada por encima de Conacyt.

Lo sorprendente es que desde 1989 ya existe una instancia con cacracterísticas similares: el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Un órgano creado casi al iniciar la administración de Carlos Salinas de Gortari, precisamente como “unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal” (Diario Oficial de la Federación 24/01/1989: 2).

El CCCP está integrado por quienes han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes  y aceptan participar. El fundador y primer coordinador general fue Guillermo Soberón Acevedo; ocupó el cargo durante todo el sexenio de Salinas de Gortari, de 1989 a 1994, dado que los periodos son de tres años y tienen opción de reelegirse una vez.

Los integrantes del CCCP y de su coordinador general son honoríficos, no reciben remuneración, pero cuentan con una secretaría ejecutiva que designa el propio ejecutivo federal y es el mecanismo a través del cual se canalizan los recursos y apoyos al Consejo para su funcionamiento.

La mayor visibilidad e interlocución del CCCP con el ejecutivo federal fue en el sexenio de Salinas de Gortari, las administraciones posteriores más bien lo han ignorado o en contadas ocasiones realmente lo han consultado.

Ahora, la nueva Coordinación se superpone en el sistema científico y tecnológico con funciones más bien genéricas y limitadas. Parece animarla el mismo prncipio que creó al CCCP, pero no lo sustituye. No, no se ve por dónde comenzará el nuevo diseño institucional que se vaticina.

(Publicado en Campus Milenio No. 505. Abril 11, 2013. p. 9)

LOS NOMBRAMIENTOS DEL CONACYT

La estructura directiva de Conacyt mostró una relativa inestabilidad prácticamente todo el periodo de la administración anterior. Inició un director general y al cuarto para las doce concluyó otro; casi el conjunto de direcciones adjuntas estuvieron en un permanente ajuste de cambio de titulares. Una dinámica que podría reflejar subestimación por las responsabilidades rutinarias, una fuerza centrífuga en las posiciones o tal vez la ausencia de una carta de navegación.

A partir de enero de este año, en la primera posición, fue designado Enrique Cabrero Mendoza como titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. El pasado primero de abril, formalmente, tres meses después de la designación de aquel, está lista la segunda línea de mando del organismo: las direcciones adjuntas. De hecho, algunas direcciones ya estaban en operación meses atrás, pero ninguna había sido ratificada por la junta de gobierno.

Es muy pronto para anticipar definiciones de un horizonte para el sector. Todavía no aparece el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo y menos el programa sectorial. Sin embargo, a juzgar por lo indicado en el discurso de toma de posesión del actual director, ya está identificado cuál es el principal problema y la solución para mejorar sustancialmente los indicadores de desarrollo científico y tecnológico y dar el “gran salto que otros países sí han logrado dar” en esta materia.

El problema, según Cabrero Mendoza, no solamente es de un mayor nivel de inversión. No, principalmente se tata de un marco normativo y de una política pública clara y eficaz. Esto es, un asunto de diseño institucional que genere la estructura de incentivos adecuada. Es un planteamiento, como ya lo hemos mencionado en este espacio, en correspondencia con lo que el propio Cabrero, Diego Valadés y López-Ayllón sostuvieron hace un sexenio (“El diseño insitucional de la política de ciencia y tecnología en México”. UNAM-CIDE), cuando parecía abrirse con relativa fuerza la idea de convertir a Conacyt en una secretaría de Estado.

Entonces, las dificultades de Conacyt y las fallas en la conducción de la política sectorial no se debe a las personas, si no a la insuficiencia de normas que regulen y orienten la gestión. Tal parece que los avances de la última década en el sistema científico y tecnológico, como  una nueva y reformada legislación, la creación de órganos de participación y dirección, la desectorización o el control centralizado de los recursos financieros con la instauración de un ramo de gasto propio (el ramo 38), no han resuelto el problema principal.

Si a lo anterior le añadimos una insuficiente estructura organizativa y administrativa de Conacyt, al igual que cierta inestabilidad y desaliento de los responsables de las diferentes posiciones en la estructura de mando, se puede ubicar uno de los puntos de debilidad del organismo rector.

Ahora, Conacyt ya cuenta con nuevos titulares de media docena de direcciones adjuntas clave. Uno de ellos es Elías Micha Zaga quien quedó en Desarrollo Regional, ya estaba en funciones desde febrero pasado, pero apenas fue ratificado por la junta de gobierno del organismo. El ahora directivo se desempeñó anteriormente como titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, precisamente en el periodo que Enrique Peña Nieto gobernó el Estado de México y que se suma a los funcionarios federales provenientes de esa entidad.

En la dirección adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, una estructura dedicada al fomento, aplicación y explotación del conocimiento, fue designado Luis Gabriel Torreblanca Rivera. Este último ocupó la titularidad del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC). Otro director más, tanto de centros públicos como de casi todas las direcciones adjuntas del mismo Conacyt, Inocencio Higuera Ciapara, ahora estará en la dirección Centros de Investigación, la cual se encarga de coordinar a los 27 centros públicos de investigación, una posición que ya ocupó en el pasado.

La dirección de Desarrollo Científico la ocupará Julia Tagüeña Parga. Esta dirección es una de las posiciones más relevantes para promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y también una de las más disputadas entre la comunidad científica.

En fin, los nombramientos son muy variados y un reflejo de las presiones del propio diseño institucional, el asunto es si mostrarán el punto de debilidad del organismo o serán el acicate para establecer nuevas reglas de juego.

(Publicado en Campus Milenio. No. 504.  Abril 4, 2013. p. 9)