Cátedras. ¿Pocos recursos y asignaciones sesgadas?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 929. Diciembre 16, 2021)

 

Lo que ocurre con el programa Cátedras Conacyt –ahora denominado Investigadoras e investigadores por México— permite entender el creciente malestar en el sector científico y tecnológico e ilustra el peculiar estilo de conducirlo.

 

El programa, como se sabe, fue diseñado por la administración anterior como opción laboral ante la creciente demanda de jóvenes doctores que no encontraban ni encuentran fácil acomodo en el mercado de trabajo. Básicamente, propuso la instauración de cátedras conforme temas y proyectos de investigación de las instituciones; los solicitantes se inscribían en la convocatoria correspondiente y si resultaban seleccionados eran comisionados a una universidad o centro de investigación.

 

Conacyt funge como patrón y el lugar donde se desempeñan es la institución de adscripción. Los contratos son por diez años, pero pueden ser prorrogables tantas veces como sea necesario, aunque la idea era que las instituciones abrieran plazas y los jóvenes concursaran por las mismas. Muy pocas se abrieron.

 

El problema recurrente son los recursos financieros. El programa arrancó en 2014 con la aceptación de poco más de medio millar de doctores y se suponía que anualmente aceptaría un número relativamente similar. No obstante, en 2015 la cifra se redujo a la mitad y en los años siguientes la cantidad de aceptados fue parecida, hacia el 2018 los catedráticos sumaban poco más de 1,500. El presupuesto fue el obstáculo para su expansión.

 

Al inicio del actual periodo gubernamental, en febrero del 2019, seguramente usted lo recuerda, vino un primer desencuentro con los jóvenes del programa. Otra vez, en el centro del problema estaba el asunto de los recursos financieros. En aquella ocasión, la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se encontró con un programa insostenible porque había alrededor de 1,500 catedráticos “colgados” de la nómina de Conacyt y eso tenía que cambiar sí o sí.

 

Las apreciaciones sobre el desempeño de los catedráticos encendió los focos de alarma. Obviamente los jóvenes no permanecieron impasibles y rápidamente montaron una campaña para difundir la normatividad que amparaba su trabajo y, sobre todo, para divulgar sus logros. Apareció el germen de su organización. La directora del Conacyt tuvo que rectificar y decir que, en realidad, intentaría ofrecer verdaderas alternativas laborales.

 

No obstante, ninguna alternativa se formuló; tampoco hubo convocatoria del programa en 2019 ni en 2020. Los catedráticos, por su parte, se organizaron en un sindicato (Siintracátedras) y buscaron la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Precisamente, cuando estaban en el proceso de negociación y como también ha ocurrido con otros programas u organizaciones en el sector, la autoridad modificó los lineamientos y nombre del programa. Un patrón que se ha repetido en otros casos.

 

En general, el programa conservó el principio de funcionamiento y evaluación laboral, pero endureció algunos requisitos y condiciones (por ejemplo, el cambio y permanencia en el SNI). Nuevamente vinieron las protestas y las aclaraciones, las cosas se tranquilizaron cuando la autoridad dijo que las nuevas normas no serían retroactivas.

 

En fin, todavía no hay una resolución definitiva sobre el CCT, pero la Junta de Conciliación y Arbitraje consideró que no procede el derecho de huelga ni la firma de un CCT. El caso es que en ese contexto, el Conacyt emitió la nueva convocatoria del programa, ahora con nombre nuevo.

 

La variación principal del actual programa, como ya lo puntualizamos en estas mismas páginas (Campus No. 919), es una nueva modalidad de institución receptora. Ahora los jóvenes doctores, además de instituciones de educación superior, también pueden optar por dos o tres dependencias gubernamentales como entidades de adscripción.

 

Los resultados de la nueva convocatoria se publicaron en el mes de noviembre y otros más la semana pasada. Lo inquietante no solamente es el escaso número de jóvenes seleccionados, en ambas fechas suman 81(mitad para instituciones académicas y mitad para la administración pública), más grave es que, se especula en redes sociales, se adjudicaron 12 plazas a seis grupos de investigación (@ObreroFuturista 2021, 13 de diciembre). O sea, pocas oportunidades laborales y encima sesgadas.

 

En resumen, después de una incertidumbre de dos años, seguimos con el mismo programa pero más recortado, con criterios más endurecidos y sin resolver la precariedad laboral de los jóvenes. Claro, aparte, estuvo la amenaza de suprimir el programa, el cambio de reglas a la mitad de las negociaciones con el sindicato y la negativa firmar un CCT. Una secuencia de hechos que no podía generar más que desconcierto y malestar. ¿Había necesidad? No.

 

Además, el caso muestra la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia social de los programas gubernamentales, sobre todo para desmentir o confirmar si la distribución de plazas favorecen o no a determinados grupos de investigación. Muy importante.

 

Pie de página: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que citarán a comparecer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para buscar solución al conflicto del CIDE.  El respaldo hacia el Centro sigue en aumento.

CIDE: cadena de errores

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 928. Diciembre 9, 2021. Pág. 4)

 

Las dificultades en el sector científico y tecnológico comenzaron desde el periodo de transición; una escaramuza propia de un cambio en la administración pública parecía en ese entonces. Pero, total, pasada la transición o cuando más la curva de aprendizaje del primer año, cabía suponer, pasaría el vértigo del asiento en primera fila y por fin se cumplirían las expectativas de mejora en el sector.

 

Sin embargo, transcurridos los primeros tres años de gobierno, por el contrario, todo ha sido para peor y hoy incluye un conflicto estudiantil con epicentro en el CIDE. Los errores se han eslabonado uno tras otro, cada vez más graves y de mayor alcance. Hoy, los estudiantes del Centro tienen tomadas las instalaciones desde el 29 de noviembre, la mayor parte de la comunidad cideíta está involucrada e incluso las manifestaciones de respaldo de otras instituciones se han multiplicado.

 

Al inicio, el 19 de noviembre para ser exactos, unas pocas decenas de jóvenes llegaron a las puertas del Conacyt para que les recibieran un pliego petitorio, fueron subestimados e ignorados. La actuación de la autoridad muestra que mucha comprensión de cómo conducir el sector no existe, o bien, lo que hay es una franca insensibilidad que busca imponerse a toda costa. Mal por el lado que sea.

 

Los antecedentes del actual problema en el CIDE, como suele ocurrir, tienen raíces que llegan hasta su fundación y trayectoria misma; los conflictos relativamente recientes los hemos comentado en este Acelerador de Partículas en distintas oportunidades. Pero, ahora, habría que mirar qué ha hecho la autoridad para llegar al punto en el que está.

 

Las demandas iniciales de los estudiantes incluían: la convocatoria a un consejo extraordinario para la lectura de su pliego petitorio; el esclarecimiento de las acciones efectuadas por el entonces director interino; y la “destitución inmediata del dr. José Antonio Romero Tellaeche” como director interino y su remoción como candidato aspirante.

 

El 29 de noviembre era la fecha límite para el nombramiento del nuevo director y también el plazo que los estudiantes dieron para obtener una respuesta. En caso contrario, anotaron en su pliego petitorio, tomarían las instalaciones como última medida y añadirían dos exigencias más: el compromiso de las autoridades de no tomar represalias de ninguna índole y el respeto a “la toma de instalaciones física y virtual sin excepción hasta la resolución”.

 

La dirección del Conacyt siguió adelante con su procedimiento y, a pesar de la petición estudiantil, las irregularidades normativas y la oposición que había generado, designó a Romero Tellaeche como titular. Quizás el cálculo era que los estudiantes eran unos cuantos y no llevarían a efecto sus medidas. No se necesitaba mucha sagacidad para suponer que existía una alta probabilidad de que el conflicto podía escalar.

 

Todavía el 2 de diciembre, ya con las instalaciones tomadas, los estudiantes llamaron a un diálogo a la directora de Conacyt, un “dialogo abierto, respetuoso y horizontal” con la comunidad cideíta. Otra vez el silencio fue la respuesta. Al día siguiente, tal vez reconsiderando sus omisiones, pero de forma intempestiva e inexplicable se presentó en las instalaciones Romero Tellaeche, el director designado. El motivo, dijo, era entregar un listado completo con el nombre de las personas que pertenecen al Centro para resguardar su integridad. Todavía más incomprensible.

 

Por supuesto, la visita de Romero lo único que logró fue exacerbar los ánimos, generar simpatías y añadir razones a la toma de las instalaciones, porque los estudiantes le propusieron que si recibían la carta entonces él debía firmar un compromiso de no represalias. Los jóvenes comenzaron a leer el pliego petitorio en voz alta y el director se marchó entre gritos y consignas. Tarde y mal.

 

Finalmente, vino la marcha del pasado fin de semana, los manifestantes ya no fueron decenas, el cálculo es que los asistentes sumaron alrededor de dos mil personas. Además, los llamados a atender el problema van en aumento y también las expresiones de apoyo a la comunidad del CIDE. ¿Otra vez la autoridad hará como que no pasa nada y volteará para otro lado? Esperemos que no.

 

La gestión propiamente administrativa, a estas alturas, todavía no concluye con el aprendizaje de las rutinas institucionales, la aplicación de procedimientos y normas; acumula graves rezagos, fallas en el sistema y múltiples pendientes. La operación política del sistema tampoco es mejor, ahí está el saldo de la judicialización de los conflictos administrativos, asignaciones cuestionadas, acusaciones sin prueba y un sentido agravio a las comunidades.

 

Pie de página: Las convocatorias del Conacyt, tanto las de ciencia básica como las de formación en especialidad médica, cada vez con mayores restricciones. Plazos cortos para aplicar (alrededor de diez días). La beca de formación es solamente para Cuba y el apoyo para proyectos de investigación, respecto de convocatorias anteriores, tiene montos menores (750 mil pesos por proyecto y con duración de nueve meses).

Tres años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 926 Noviembre 18, 2021)

 

El recuento de lo realizado en materia científica y tecnológica no ha sido ni es parte de la narrativa de logros en los resonantes informes de gobierno. Sí, ahí están las repetidas menciones sobre la entrega de becas y... nada más. Pero ni eso se sostiene. El panorama en el sector muestra que, en realidad, hoy tenemos menos de lo que habíamos alcanzado y problemas donde no los había.

 

Al cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera; además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado”.

 

El mensaje de AMLO, en este año, en su reciente 3er informe de gobierno, a la mitad de su gobierno, volvió a repetir: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero...”.

 

Sin embargo, ni para la educación superior ni para ciencia y tecnología tenemos más recursos financieros. A pesar de que el presidente, antes de comenzar su periodo de gobierno, se comprometió a incrementar los recursos a las instituciones de educación superior o que, en el peor de los casos, conservarían su nivel porque nunca tendrían un presupuesto por abajo de la inflación, lo cierto es que ha incumplido su promesa.

 

La reforma del artículo 3º de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no hay recursos para garantizarlas. El gasto federal por alumno en educación superior sigue cayendo: hace una década era de poco más de 70 mil pesos, actualmente es de alrededor de 50 mil pesos.

 

El panorama no es mejor en el sector de ciencia y tecnología, el ramo 38 el que ejerce centralmente el Conacyt disminuyó sistemáticamente en los tres años anteriores y apenas parece repuntar. En 2018, en términos nominales, tenía 32 mil millones de pesos, este año alcanzó 30 mil millones y para el año 2022 se tienen previsto 34 mil millones de pesos. Obviamente si se considera el efecto de la inflación no hay tal aumento.

 

Las cifras con las becas de posgrado tampoco están para festejar. Hoy, ni forzando los datos, tenemos un mayor volumen. Los datos más recientes muestran que en 2018 el Conacyt administraba 55 mil 962 becas para estudios de posgrado (52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero). Para 2021 administra 54 mil 227 (51 mil 706 nacionales y 2 mil 521 para el extranjero). No solamente se otorgan menos becas, también debemos considerar que cada año aumenta el número de jóvenes que buscan cursar un posgrado.

 

Ni hablar de los aplazamientos en las convocatorias de becas regionales o para el extranjero. O bien, de los retrasos en la entrega de los apoyos para becas de movilidad, para los becarios de fondos especiales o para algunos de los grupos vulnerables que se han inconformado públicamente al respecto.

 

Solamente los miembros del Sistema Nacional de Investigadores aumentaron: se añadieron 6 mil 500 investigadores más, respecto de los que había en 2018. Una tendencia que es similar a la observada en la última década. Sin embargo, como ha sido público, los cambios en el reglamento de ese sistema, la integración de sus comisiones dictaminadoras y la ambivalencia con los investigadores de instituciones particulares, han sido lo sobresaliente.

 

A la fecha, aunque normativamente debió ser publicado en enero del año 2020, tampoco existe el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe regir las acciones en el sector. Una situación similar ha ocurrido con la Ley General del sector, la cual debió promulgarse hace casi un año y pues todavía no hay nada.

 

Los estragos que causó y sigue causando la desaparición de fideicomisos públicos en el sector han sido inocultables. La gestión en Centros Públicos de investigación se ha visto trastocada y los proyectos de investigación que dependían de fondos mixtos, sectoriales e institucionales simplemente quedaron en el aire. Las ministraciones se suspendieron sin mayor miramiento ni consideración.

 

En estas circunstancias no son de extrañar los problemas en el sector ni los desencuentros entre autoridades, académicos, estudiantes y científicos en los pasados tres años. La reactivación de sindicatos en los Centros Públicos de Investigación, la formación de nuevas organizaciones gremiales (como Siintracateras), la intervención de la Fiscalía General de la República, los amparos, los pleitos en los tribunales o el movimiento estudiantil en el CIDE, forman un inventario de problemas donde no los había. ¿Continuará lo mismo en la siguiente mitad? Todo parece indicar que sí.

 

Pie de página: La directora del Conacyt anunció que a partir del año próximo se cancelarán las colegiaturas y cuotas que pagan los estudiantes de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). Nada mal para atemperar el conflicto con el movimiento estudiantil. El problema es que no aumentarán los recursos de los CPI que compense lo que dejarán de percibir, así que el presupuesto por alumno seguirá cayendo y ya sabemos el deterioro que producirá.

CIDE: punto de quiebre

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 926. Noviembre 25, 2021, pág. 4) 

 

Todavía no conluye el plazo para la designación de titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), vence el próximo 29 de noviembre, pero se especula que Juan Antonio Romero Tellaeche, director interino y aspirante a quedarse como definitivo, ya tiene la aprobación del Grupo de Auscultación Externa y solamente aguarda su ratificación.

 

Usualmente un cambio de titular en una institución de educación superior es un paso rutinario en la vida académica. Sin embargo, hoy el nombramiento en el CIDE está fuera de los muros institucionales y puede ser el punto de quiebre en la gestión de todo el sector de ciencia y tecnología.

 

Poco se puede añadir a la crónica de hechos y disputas que han protagonizado Enrique Cabrero y María Elena Álvarez Buylla, titulares del Conacyt en la pasada y en la actual administración, respectivamente. En estas mismas páginas ha quedado registro de los desencuentros desde la transición de gobierno en 2018 y siguen hasta hoy. Nada menos, Cabrero, también exdirector del CIDE, esta misma semana compareció ante la Fiscalía General de la República para conocer las imputaciones en su contra.

 

También poco cabe especular sobre la renuncia del anterior director del CIDE, Sergio López Ayllón, en agosto pasado; le restaban dos años para concluir su periodo cuando dedició separarse del cargo. Nada hay que agregar a los conocidos errores de José Antonio Romero Tellaeche, en poco más de dos meses. Los medios han reseñado de sobra la tensa relación con los estudiantes, los malos e injustificados modos de destitución de Alejandro Madrazo, director de la Sede Región Centro del CIDE, lo mismo que de Catherine Andrews, hasta hace poco secretaria académica del Centro.

 

Lo que ocurre entre el CIDE y autoridades del Conacyt repite un patrón que recientemente hemos presenciado en instituciones, programas y agrupaciones: comienza con descalificaciones o acusaciones graves, prolongadas en el tiempo y sin evidencia de respaldo; sigue una etapa de inestabilidad e incertidumbre; y concluye con cambio de reglas y fuertes restricciones presupuestales.

 

Las cosas pintaban mal para el CIDE y para todos los Centros Públicos de Investigación (CPI) desde mayo del 2019, cuando el gobierno federal emitió su memorándum de austeridad. El privilegio y el dispendio fueron componentes de la narrativa.

 

A pesar de que los CPI no son, en sentido estricto, una dependencia de la administración pública, también les aplicaron la norma que limitó gastos de operación y recortó su presupuesto para el año 2020, en el rubro de viáticos y pasajes aéreos (nacionales y al extranjero), así como en congresos, estudios e investigaciones. La pandemia evitó la salidas para todos, pero a los CPI les redujo el gasto.

 

Posteriormente, en el año 2020, vino la extinción de los fideicomisos, uno de los instrumentos financieros que más importancia tenían para el sector y especialmente para la operación de los CPI. Otra vez, primero, aparecieron las acusaciones de corrupción, opacidad y malversación de fondos como justificación.

 

Lo notable es que después de múltipes reuniones y sesiones de parlamento abierto, secretarios de Estado y legisladores quedaron convencidos de que, al menos, debían conservar los fideicomisos de los CPI y otros dos o tres que resultaban indispensables para el funcionamiento del sector.

 

Luego resultó que siempre no, el presidente López Obrador recriminó públicamente a los legisladores, ellos rápidamente se desconvencieron y de un plumazo desaparecieron todos los fideicomisos de ciencia y tecnología. Aunque siguen los de Salud, Pemex, Sedena y la Fiscalía General de la República, entre otros. Nuevamente, el sector se quedó sin recursos y con reglas de juego diferentes.

 

Algo parecido ocurrio con otras iniciativas: la transferencia directa de recursos públicos a las empresas; el funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el reglamento del SNI y la participación de miembros de instituciones de educación superior privadas; o el Programa Cátedras Conacyt (ahora investigadoras e investigadores por México). Elminación, limitación de recursos o reglas distintas

 

El cambio de normas no tendría nada de raro en un nuevo periodo, casi todas las administraciones buscan la trascendencia y diferenciarse de las anteriores. El mayor problema es que ahora los cambios se sostienen en una narrativa que no ofrece evidencia y, peor, en ausencia de un marco normativo  (la ley general del sector tiene un año de retraso y el programa especial es la hora que no se publica).

 

No obstante, a diferencia de los conflictos anteriores, ahora hay un pliego de exigencias de estudiantes del CIDE a las autoridades del Conacyt y del Centro, cuyo emplazamiento es para este 29 de noviembre. Y sí, tal vez podría ser un punto de quiebre en el recurrente patrón de la actual administración del sector.

 

Pie de página: Ya están los resultados del programa “Investigadoras e investigadores por México” (antes Cátedras Conacyt), lo malo es que solamente salieron 39 plazas (10 para instituciones de educación y 29 para la administración pública). Lo grave es que hay dudas sobre los resultados y el mecanismo de asignación.

El “plan es que no hay plan”

 (Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 925. Noviembre 18, 2021)

 

Una auténtica novedad: sí habrá Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en el actual periodo de gobierno. El pasado nueve de noviembre apareció un proyecto de decreto en el portal electrónico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y es el paso previo para su existencia oficial. Aunque, si fuera el caso, solamente será para la segunda mitad del sexenio.

 

Según la Ley de Planeación, todas las entidades de la Administración Pública Federal deben elaborar sus respectivos programas con las acciones de gobierno que se pondrán en marcha en el periodo. De hecho, esos documentos son la base para informar anualmente al Congreso sobre avances y pendientes de la administración. Pero, previamente, debe conducirlos un Plan Nacional de Desarrollo (PND)

 

Los plazos también están anotados en la misma norma: el PND debe ser enviado al Congreso para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a la toma de posesión del presidente (artículo 21). El Plan lo elabora el ejecutivo federal, pero participa la Secretaría de Hacienda porque debe calcular ingresos y gastos para la ejecución del Plan y programas.

 

Una vez recibido el Plan, el Congreso tiene dos meses para aprobarlo y si no se pronuncia, se da por aprobado. Después, dentro de los siguientes 20 días debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El Plan es legalmente existente. O sea, aproximadamente en el mes de mayo del año siguiente al inicio del periodo de gobierno.

 

Sin embargo, esos plazos se cumplirán a partir del año 2024, porque la reforma a la Ley de Planeación de 2018 estableció, en artículo transitorio, que el gobierno cuyo mandato comenzaba en el 2018, tenía hasta el último día hábil de abril del año siguiente para remitir su proyecto de plan a los diputados, así que el resto de plazos se recorrieron.

 

Seguramente usted recuerda, por ahí de mayo o junio del 2019, las tribulaciones de los diputados para decidir qué debían hacer. Tenían en sus manos dos versiones de PND: una elaborada por el presidente López Obrador y otra preparada por Carlos Urzúa, entonces titular de la Secretaría de Hacienda.

 

Al final, la decisión no tuvo ninguna complicación y, sin más, los diputados aprobaron la versión del PND de López Obrador. Sí, es la que aparece publicada en el DOF del 12 de julio del 2019. Sin embargo, tres días antes de esa publicación, el Secretario de Hacienda renunció al cargo e hizo públicos los motivos de su renuncia. ¿Los tiene presente? Fue una dura crítica al gobierno federal. Por ejemplo, dijo que se habían “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. También señaló que la política económica no se estaba conduciendo con base en evidencia y calificó como inaceptable la imposición de funcionarios que desconocían el funcionamiento de la Hacienda Pública.

 

Incluso Urzúa hizo público lo ocurrido con el PND. Por ejemplo, claramente dijo que no se podía “escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo” y que él le comentó al presidente que su documento “no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro” (El Universal 29.07.2019). No era un plan, pero fue el plan que aprobaron los diputados.

 

¿Qué tiene que ver esto con los programas sectoriales y el Peciti? En primer lugar, se supone que El PND es la base para elaborar lineamientos, estrategias y acciones de los programas de gobierno de todas las dependencias, porque desdoblan los grandes objetivos nacionales planteados en aquel y se calculan los recursos financieros.    

 

El Peciti, lo hemos repetido una y otra vez, es especial porque se refiere a “prioridades del desarrollo integral del país” y porque incluye actividades relacionadas con dos o más dependencias. Conacyt es la cabeza del sector, pero debe coordinar y encauzar las actividades científicas y tecnológicas que realizan otras dependencias gubernamentales. El presupuesto federal se distribuye siguiendo esa misma estructura.

 

En segundo lugar, la mayor dificultad con el PND actual es que, como lo había anticipado, Carlos Urzúa, no tiene una estructura de plan, con objetivos generales y específicos, mucho menos indicadores o previsión de recursos. Por ejemplo, para el sector de ciencia y tecnología lo único anotado es un párrafo de tres líneas para decir que promoverá las actividades, apoyará con becas y estímulos y el Conacyt coordinará un Plan Nacional para la innovación (pág. 18). Eso es todo.

 

Otro aspecto es que el PND, por ley, debe indicar qué programas sectoriales, nacionales especiales, regionales e institucionales deben elaborar las dependencias gubernamentales. En general, suman casi medio centenar, pero en el plan actual, con excepción de nueve programas prioritarios que anunció el presidente López Obrador desde el comienzo de su gestión, no hay más.

 

Seguramente todas las dependencias gubernamentales han enfrentado múltiples complicaciones y un reto mayúsculo para decidir qué acciones pueden poner en marcha y con qué recursos financieros contarán. No lo saben. Tal vez ahí está la explicación de la inexistencia o el retraso en los programas sectoriales y especiales. Veremos qué dice el Peciti.

 

Pues sí, “el plan es que no hay plan”, como dijo, ante la inexorable catástrofe, uno de los personajes de la película coreana Parásitos.

 

Pie de página: Poco a poco se van conociendo más detalles de las denuncias en contra de los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt.// Felicitaciones: Julia Tagüeña recibió el premio “The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021” (Premio a la Comprensión Pública y la Popularización de la Ciencia 2021) otorgado por la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés).

Fideicomisos: corte y nuevas reglas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 924. Noviembre 11, 2021, pág. 4) 

 

El sindicato del personal académico del CIDE (Sipacide) hace pública su protesta por incumplimientos a su Contrato Colectivo de Trabajo. Y son problemas que derivan de la eliminación de los fideicomisos. Las consecuencias de la extinción de estos instrumentos financieros en el ámbito académico y científico son y serán una fuente de conflicto, larga y permanente, en algunas instituciones.

 

Si estuviera claramente documentada la corrupción, la opacidad o el uso discrecional de esos fondos, sería más sencillo aceptar que su desaparición es lo mejor que pudo ocurrir. Tampoco habría mayores dificultades si hubiera otro mecanismo financiero u otras estrategias que garantizarán la continuidad de las actividades. No es el caso o por lo menos no son del dominio público.

 

En cambio, cada vez se acumula un mayor número de expresiones de inconformidad asociadas a la desaparición de los fideicomisos. No es para menos, simplemente porque en muchos de los casos fue equivalente a un corte abrupto de recursos y no había forma de saber cuándo o cómo se resolverían las cosas.

 

Así ocurrió con los becarios del fondo Sener-Conacyt en el Reino Unido que se quedaron sin saber bien a bien si podrían concluir o no sus estudios, lo mismo pasó con la operación en distintos grados de algunos Centros Públicos de Investigación y con la continuidad de las ministraciones en curso de proyectos de investigación. Sobre estos últimos se trataba de los proyectos que dependían de los llamados fondos sectoriales, mixtos e institucionales.

 

El sector científico y tecnológico operaba el mayor número de fideicomisos públicos de todas las dependencias gubernamentales: alrededor de un tercio del total. No obstante, la cantidad de recursos financieros que involucraban no era tan significativa: alrededor de 3 por ciento del total. O sea, muchos fideicomisos para operar en el sector, pero un volumen de recursos relativamente pequeño.

 

¿De qué volumen estamos hablando? Los cálculos son relativamente similares e indican que los recursos implicados en los fideicomisos eliminados en el sector es de alrededor de 21 mil millones de pesos. Tómese como referencia que este año el Conacyt, el organismo cabeza de sector, recibió 26 mil 600 millones de pesos y para el año próximo se tiene previsto autorizarle 29 mil 600 millones de pesos.

 

La comparación de cifras nos puede dar una idea de la importancia que tenían los recursos de los fideicomisos en la operación de las instituciones académicas y actividades científicas y tecnológicas. Seguramente, por la misma razón, poco antes del decreto de extinción, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, según lo reveló el propio presidente López Obrador, le había solicitado que por lo menos le permitiera conservar un fideicomiso para que ahí pudiera concentrar y distribuir los recursos (Versión estenográfica. 06.04.2020). No fue el caso; todos los fideicomisos desaparecieron en el sector.

 

Sin embargo, no todos los fideicomisos públicos se integraban únicamente con aportaciones del gobierno federal. De hecho, los fondos mixtos eran recursos de los gobiernos estatales –y algunos municipales— y el gobierno federal. Otros incluían recursos provenientes del extranjero.

 

El caso de la protesta sindical del CIDE por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo es un ejemplo (04.11.2021). El manifiesto público del Sipacide incluye tres puntos. Uno de ellos se refiere a la remoción de Alejandro Madrazo, como titular del CIDE Región Centro, lo cual constituyó, en opinión del sindicato, una falta a una de las cláusulas de su CCT. Las otros dos puntos tienen que ver con la extinción de los fideicomisos. Por un lado, dice el sindicato, existe un retraso en el pago de estímulos a la publicación y desempeño docente que debió hacerse al final del mes pasado. Por otro lado, hace notar el retraso en el pago por “el trabajo realizado para proyectos con financiamiento externo”. Y sobre este último indica que el retraso es de un año.

 

El organismo sindical aclara que los retrasos e incumplimiento es consecuencia de la eliminación del fideicomiso del CIDE. Debido a que “la gran mayoría de recursos que había en ese fideicomiso eran propios o de terceros”, o sea, no eran del Estado mexicano, por lo cual fueron reintegrados al propio departamento de tesorería del CIDE. Sin embargo, precisa el Sipacide, el Centro “no puede ejercer esos recursos propios porque las nuevas reglas de operación están detenidas en Conacyt y falta la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

 

En fin, aunque el caso parece una minucia burocrática que pudiera autorizarse pronto, lo relevante para el sector es si retornará o no el mismo volumen de recursos que había en los fideicomisos. Otro asunto, igual o más importante, es qué mecanismo o nuevas reglas de juego sustituirán a los fondos competitivos. Lo veremos.

 

Pie de página: Sorpresa: a punto de rebasar la primera mitad del periodo de gobierno parece que siempre sí habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2024. Bueno, por lo menos este 9 de noviembre apareció un anteproyecto de decreto en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Atentos.

Promesas gubernamentales: financiamiento y fideicomisos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 923. Noviembre 4, 2021, pág. 6)

 

La agenda en el terreno científico y tecnológico tiene varios pendientes para la segunda mitad del actual periodo de gobierno. Todos son importantes, pero uno de los ineludibles en el corto y mediano plazo es el tema del dinero. A la fecha sigue sin aclararse la acusación de corrupción sobre los desaparecidos fideicomisos públicos del sector y son más las interrogantes que las respuestas sobre el destino y retorno de esos recursos.

 

El asunto tiene mayor relevancia por otras dos razones. En primer lugar, el presidente de la República, López Obrador, hace poco más de un año anunció que le había ordenado al entonces consejero jurídico que se hicieran las auditorias correspondientes y, frente a evidencias de corrupción en los fideicomisos extinguidos, habría denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Y prometió: “Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso” (21.10.2020).

 

La misma directora del Conacyt, participante en aquel anuncio del presidente López Obrador, mencionó casos de desvío de recursos y expresó: “tenemos ya un análisis bastante completo, lo iremos detallando y se irá haciendo del conocimiento público, como nos ha indicado el señor presidente”. Pues no, pasaron tres meses, un año completo y nada; seguimos sin conocer ningún informe ni análisis.

 

En segundo lugar, el ejecutivo federal también ha incumplido durante la primera mitad de su gobierno, uno de los compromisos que hizo antes de iniciar su periodo de gestión. ¿Usted lo recuerda? Fue el 22 de agosto de 2018, en el periodo de transición, en el Palacio de Minería, cuando la miel caía en las hojuelas y los desencuentros de hoy estaban lejos de aparecer en el horizonte.  

 

El presidente, en aquel largo foro, les dijo a miembros de la comunidad académica y científica ahí reunida que su “planteamiento muy concreto” era procurar un aumento presupuestal en términos reales pero, en el peor de los casos, nunca habría “un presupuesto por abajo de la inflación”. Tampoco fue el caso durante los tres años anteriores. ¿Las cosas serán diferentes en los tres años restantes? Tal vez, pero es difícil anticiparlo.

 

¿Alza atípica?

Lo único cierto es que la propuesta de gasto de la actual administración para el año próximo, por primera vez  en el periodo, considera un incremento relativamente significativo para ciencia y tecnología. Si los diputados no disponen otra cosa, en términos nominales, el total de gasto pasaría de 84 mil 517 millones de pesos que recibió en este año a 93 mil 544 millones de pesos para el año 2022. De esta última cifra, Conacyt recibiría 29 mil 600 millones, o sea, casi tres mil millones de pesos más de los que ahora tiene.

 

Un incremento notable, pero más importante será constatar si se trata de un alza atípica o es el inicio de una tendencia sostenida o ascendente para los años restantes. No podemos soslayar que si se confirman los números para el año próximo, de todas formas no alcanzan a resarcir el rezago acumulado y tampoco supera el aumento que experimentó el sector, en términos reales, entre 2011 y 2013.

 

La otra punta de la madeja son las aclaraciones y destino de los fideicomisos. Al parecer solamente desaparecieron para algunas actividades, entre otras las de ciencia y tecnología, pero siguen funcionando para otros ramos administrativos y entidades. Según la organización Fundar, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, se incluyen 30 mil 555 millones de pesos para fideicomisos de ocho ramos, como Salud, Pemex, Fiscalía General de la República, Turismo, entre otros (Fundar).

 

Si se aprueba el PEF como está, el Insabi recibiría el año próximo poco más de 17 mil millones de pesos de los recursos a fideicomisos (más de la mitad del total) y, según la organización Fundar, serían para atención a salud y medicamentos gratuitos. Pemex recibiría un mil millones de pesos para producción de energéticos y mantenimiento de instalaciones; la Fiscalía 750 millones de pesos para fortalecer la investigación de delitos.

 

La pregunta es por qué persisten los fideicomisos en unos ramos y en otros no. Por ejemplo, el mismo PPEF, todavía en el año 2020, consideró un mil 220 millones de pesos de fideicomisos para el Conacyt, pero a partir de este año ya no fueron incluidos. Los principales argumentos del gobierno federal para eliminar todos los fideicomisos era que no rendían cuentas, tenían un manejo discrecional de los recursos y eran una fuente de corrupción. Entonces ¿los argumentos solamente aplican para unos casos? ¿Qué criterios se utilizan o cómo se define a quiénes sí y a quiénes no?

 

El dictamen de la ASF

Por otra parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ese órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos públicos, al final del mes pasado entregó su informe preliminar e incluye dictámenes sobre el Conacyt que muestran las dificultades que ha tenido el organismo con la concentración de recursos derivados de los fideicomisos hacia la Tesorería de la Federación, el manejo de fondos y la continuidad de proyectos.

 

Por ejemplo, se indica que: el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) comprometió recursos después del plazo que había establecido el decreto de extinción del 6 de noviembre de 2020. O bien, “autorizó el pago anticipado de la segunda y tercera etapas de 13 proyectos por 129 millones 604 mil de pesos, así como la ministración de la totalidad de los recursos aprobados para otro proyecto, en una sola exhibición en un caso, por 3 millones 177 mil pesos, sin sustentar los argumentos que justificaran su decisión” (pág. 80).

 

La ASF también dictamina que el Conacyt, en lo referente a la extinción de los fondos mixtos (esos fondos que se integraban con aportaciones del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales) ha cumplido al respecto, pero también señala que no proporcionó los estados financieros de los fondos del estado de México, ni de los municipios de Puebla y de La Paz, Baja California Sur.

 

Algo similar también dictaminó para el caso de los fondos sectoriales, indicando que el organismo ha cumplido con la extinción en términos generales, pero de un total de 76 millones de pesos pendientes de ministrar (en cifras redondas), no acreditó la documentación del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS) que justificara recibir 68 millones y tampoco una determinación del comité técnico del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social para recibir poco más de siete millones de pesos.

 

En fin, la ASF todavía deberá entregar un informe general para el próximo mes de febrero, sin embargo, está claro que la eliminación de los fideicomisos trastocó el funcionamiento del sector, la operación de algunos Centros Públicos de Investigación y la continuidad de diferentes proyectos de investigación. El problema es que a la fecha no existe un informe que muestre porqué la extinción fue la mejor medida y menos porqué no ocurre lo mismo en otros sectores.

 

Si el presidente destacó la opacidad en el manejo de los fideicomisos como argumento principal para eliminarlos, también cabría resaltar que el proceso mismo de su extinción está muy lejos de ser transparente y todavía menos porque el PEF sigue haciendo excepciones. La segunda mitad del actual periodo de gobierno no solamente puede ser la ocasión para mostrar y explicar toda la información al respecto, el ejecutivo federal también puede cumplir sus promesas.

¿Universidades para el malestar?

 Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 922. 21.10.2021)

 

Las referencias del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas no son casuales, tal vez porque, como él mismo lo ha repetido una y otra vez, su “pecho no es bodega” y siempre, o casi siempre, dice lo que piensa. La mención que hizo de la UNAM tampoco fue azarosa porque la reiteró en tres ocasiones consecutivas en la última semana. ¿Entonces?

 

Después de casi tres años de conferencias del ejecutivo federal, ya está claro que ese ejercicio cotidiano de comunicación es, sobre todo, un megáfono nacional para exponer su visión de las cosas, para fijar la agenda política y orientar el debate público.

 

¿Qué dijo el presidente de la República sobre la Universidad Nacional? Los medios han reproducido de forma abundante todo lo dicho. Sin embargo, vale la pena anotarlo con exactitud. El jueves 20 le preguntó Víctor Buendía si “por la política neoliberal el país quedó rezagado en conectividad de Internet” y aludió a la oportunidad que tendrá el presidente en el año 2023 de retirar o no la concesión de Telmex al empresario Carlos Slim.  

 

La respuesta fue larga, aunque López Obrador desde el comienzo dijo que, llegado el momento de renovar o no la concesión, hará lo más conveniente para al país. Puntualizó que había sido una iniciativa de Salinas de Gortari, en cuyo periodo neoliberal todo fue privatizado, la excepción fue un “banquito” (Bansefi), mismo que se convertirá en los bancos del bienestar. A propósito de la creación de esos bancos, destacó lo difícil que ha sido que todas las personas, incluyendo miembros de su gabinete, acepten los cambios.

 

Reiteró lo dilatado que es cambiar la mentalidad y contar con servidores públicos que piensen en el interés general y ahí añadió “Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones, en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”.

 

O sea, el presidente no puede avanzar más porque no tiene respaldo, ni de la UNAM, porque ésta se volvió defensora del neoliberalismo. Las apreciaciones del presidente sobre la Universidad fueron amplia y contundentemente rechazadas el mismo día. Imposible sostener una generalización de esa magnitud o aceptar el pensamiento único en la institución.

 

Al día siguiente, haciéndole notar las reacciones que había desatado el día previo, los reporteros volvieron a la carga con el presidente. Entonces dobló la escala y dijo: “No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas”. Además, agregó otro calificativo: “Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”. Aunque también matizó: “no todos los maestros afortunadamente están así”. Pero punzó: los economistas no defendieron un modelo alternativo al neoliberal y la Universidad no estuvo a la altura de las circunstancias.

 

Finalmente, en la conferencia de este lunes 25, sin pregunta de por medio, cuando el presidente reiteraba que no habrá cambios ni negociaciones con los partidos para la aprobación del presupuesto para el año próximo, soltó: “Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testereé, les dije que se había derechizado la UNAM”. Aseguró que estaba convencido de eso y agregó: “se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”.

 

En resumidas cuentas, el ejecutivo federal piensa que la Universidad y todas las universidades fueron sometidas por el neoliberalismo y no están respaldando los cambios que él propone. No, ni una ni otras. La historia y las dimensiones de la UNAM muestran que no es y no puede ser una entidad de expresiones y posiciones únicas; coexisten muchas UNAM, lo propio es la crítica y las voces son múltiples y muy diversas.

 

Todavía menos puede ser el caso de pensamiento único en el heterogéneo conjunto de universidades del sistema. ¿El presidente no tiene apoyo de las instituciones universitarias? Sin ir más lejos sería suficiente con mirar la composición de su gabinete o de los legisladores del partido gobernante.

 

Un tema distinto es la búsqueda gubernamental de posiciones unánimes en el complejo sistema de universidades a favor de uno u otro proyecto político. Los episodios en la historia de la autonomía universitaria muestran que ese tampoco es el camino para la libertad de las ideas y ni siquiera es lo deseable.

 

Otro asunto diferente es el ingreso de esquemas y mecanismos neoliberales en los marcos normativos de las universidades. Un aspecto de interés que sí vale la pena discutir y resolver, de relevancia para las viejas y nuevas instituciones. En las primeras hay un malestar latente y mucho que cambiar; en las segundas, los profesores y alumnos de las Universidades para el Bienestar están lejos de expresar un bienestar con las instalaciones, la oferta educativa y la precariedad e inestabilidad de los contratos laborales.

 

No se requieren universidades para provocar malestar o bienestar, solamente instituciones plenas, libres, críticas y socialmente responsables.

 

Pie de página: Javier López Casarín, del Verde Ecologista, presidirá la comisión de ciencia de los diputados. Atentos.

Peciti: diplomacia clandestina

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 921. 21.10.2021)

 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) 2021-2024 sí existe. A pesar de que sabemos que no hay ningún ejemplar públicamente disponible y tampoco está impreso en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como normativamente debiera ser, resulta que el programa fue presentado la semana pasada, al menos parcialmente, en un acto diplomático.

 

Un hilo de tuits nocturnos desde la cuenta personal de la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 13 de octubre, dio cuenta de su participación en la inauguración  del “Simposio sobre Diplomacia Científica, México-Alemania”. Ahí mencionó a las instituciones organizadoras, sus titulares y diplomáticos presentes, entre ellos al embajador de Alemania en México.

 

También añadió lo que fue parte de su intervención en el acto y uno de los tuis de la titular del Conacyt específicamente anotaba: “Con la llegada de la 4T, el Conacyt emprendió un proceso de cambio estructural para recuperar la rectoría del Estado en el sector de las HCTI y reorientar las políticas públicas hacia el entendimiento y la búsqueda de soluciones a los principales retos que enfrentamos”.

 

Lo relevante es que el tuit anterior estaba acompañado de una imagen que seguramente fue parte de la exposición de la directora y era una lámina que tenía como título “Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024” y abajo un diagrama con un flujo circular de seis tópicos: problemas prioritarios; alta calidad en formación científica; soberanía científica, independencia tecnológica; innovación abierta; derecho a la ciencia; y agenda de Estado. Al centro del diagrama, tres recuadros: bienestar social; cuidado ambiental; y pertinencia biocultural.

 

La imagen también incluía dos pequeños recuadros, a la izquierda y a la derecha, con flechas apuntando hacia el centro del diagrama, en los que estaba anotado: atención estratégica a temas prioritarios y articulación virtuosa de los sectores SNCTI. Tal vez la descripción no refleje lo que mostraba la lámina (la imagen se puede ver aquí: t.ly/2Zwz), pero posiblemente era la versión sintética (¿o muy conceptual?) del Peciti.

 

¿Tiene importancia el asunto? Quizás la supuesta inexistencia del programa era una anomalía de poca importancia en la farragosa tarea de planeación que, si al caso, solamente exhibía un desdén por las reglas administrativas. Después de todo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no fue ni de lejos un plan, pero el Congreso no se dio por enterado, la administración pública siguió inmutable, distribuyó el presupuesto federal, puso en marcha lo que consideró conveniente e informa lo que le parece relevante. La tarea de gobierno no se detiene en minucias.

 

Lo raro es que el Peciti siguió los pasos que supuestamente culminarían con su publicación: en su momento la directora informó que se llevó la consulta para su integración, reiteró una y otra vez los propósitos, mostró a los diputados las fases que se habían cubierto e, incluso, dijo que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico –sí, el máximo órgano presidido por el ejecutivo federal— lo aprobó en su sesión del 21 de diciembre de 2019. ¿Entonces?

 

El programa debió ser publicado en enero de 2020 en el DOF. Sin embargo, ni entonces ni ahora está disponible. Por eso resulta sorprendente su mención en un acto diplomático. No es la primera vez que aparece en un acto oficial, ha sido expuesto en los principales órganos del sector, en las conferencias de prensa del ejecutivo federal y también en comparecencias ante legisladores.

 

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones: el Peciti es el documento rector de las políticas en la materia, es especial porque se supone que en el periodo establece prioridades en la tarea de gobernar y porque conjunta los esfuerzos de ciencia y tecnología no solamente de Conacyt, sino de las distintas entidades de la administración que realizan actividades en el mismo sentido. Por eso no se llama programa sectorial.

 

Además, los programas sectoriales y especiales incluyen parámetros que permiten valorar cada año qué tanto se cumplen o no los propósitos de cada área. Ahora, en el caso de las actividades científicas y tecnológicas, si usted consulta los anexos estadísticos del informe de gobierno del periodo lo que encontrará son los objetivos y metas del Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt. No, nada sobre un programa especial.

 

Normativamente, como se podrá concluir, el Peciti es un documento inexistente. Sin embargo, tal parece que extraoficialmente sí opera y conduce los lineamientos y acciones del organismo cabeza de sector. O sea, estamos ante una especie de dirección paralela de las políticas públicas en el periodo; un programa clandestino de estrategias. Y pues sí, eso explicaría parcialmente tantos sobresaltos en el sector.

 

Pie de página: México sigue jalando reflectores en medios internacionales, por los peores motivos. Ahora Nature, una de las revistas más prestigiadas, presenta testimonios y hace un resumen de las desproporcionadas acusaciones del fiscal Gertz Manero en contra de los 31 exfuncionarios y científicos. Aquí puede consultar el artículo: t.ly/Y8uH

Un descifrable código de conducta

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Suplemento Campus No. 920. Octubre 14, 2021, pág. 4)

           

Las aclaraciones del Conacyt son largas y detalladas. Un comunicado oficial de cuatro páginas para precisar que su “Código de Conducta” no es lo que parece y tampoco será lo que ahí anticipa (11.10.2021. 253/2021). Notable.

 

El mencionado código está en la página electrónica del organismo y ahí seguiría, sin mayor atención pública, entre la docena de normas relacionadas con el comportamiento ético (t.ly/XDGR). No obstante, los investigadores de las Cátedras Conacyt fueron los primeros que hicieron notar sus implicaciones, porque a ellos se dirigía.

 

Un párrafo final del documento apunta con toda precisión que es obligación de toda persona que integra “el servicio público del Conacyt suscribir el Código de Conducta a través de una Carta de compromiso, con el propósito de hacer constar que lo conocen y lo comprenden” (pág. 16).

 

¿Y qué dice el código?  La parte polémica está en el apartado “V” y especialmente en el inciso “k”, referente a las conductas y la identidad del organismo. Por ejemplo, sin lugar a equívocos, ahí anota: “Abstente de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”. Sí, así dice. Definitivamente una orden de censura.

 

También prescribe que no se puede publicar o difundir información a nombre o en representación del Conacyt sin la debida autorización del área de comunicación social. O bien, les precisa prudencia al “emitir opiniones en tus redes sociales y procura preservar la integridad de la imagen institucional”.

 

La norma debe ser observada por todo el personal y menciona con carácter enunciativo, “más no limitativo”, a los trabajadores del organismo, los trabajadores de empresas que le brindan servicio y a las grupos de evaluación de proyectos. Además, en caso de incumplimiento, si el Comité de Ética estima que existe responsabilidad administrativa, lo haría del conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC).

 

Los OIC son esas instancias administrativas que vigilan el funcionamiento de las entidades y aplican las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos. Imponen sanciones en caso de faltas administrativas que se consideran no graves, pero también tienen competencia para presentar las denuncias correspondientes.

 

En fin, había razones para alarmarse con un Código de Conducta con tales características; las inconformidades fueron en ascenso y provinieron de múltiples fuentes. De hecho, voces excepcionales no daban por cierto lo que se mencionaba sobre la norma, hasta que circuló ampliamente el documento original. Y sí, públicamente nadie salió a la defensa.

 

Seguramente, por la misma razón, el Conacyt difundió su propia posición. ¿Qué aclaró en su comunicado? No mucho. Básicamente señaló como falsas cuatro afirmaciones que se han hecho sobre el Código de Conducta. Sostiene que el código no es nuevo, su divulgación no fue motivada por las manifestaciones públicas del personal de las Cátedras, no aplica para becarios e investigadores que reciben apoyo de Conacyt y de ninguna manera limita la libertad de expresión.

 

El timing, sin embargo, no parece formar parte de las virtudes de las autoridades del Conacyt. Porque, precisamente, cuando Conacyt solicitó la firma del código al personal del anteriormente denominado programa Cátedras, coincidió con la manifestación que hicieron por la negativa de las autoridades laborales a reconocerles su derecho a la huelga y a negociar un contrato colectivo de trabajo. Después, por los litigios que sostienen los sindicalistas, explícitamente les restringió su posibilidad de participar como representantes en la Comisión Consultiva del programa.

 

Todavía peor, también coincidió con las acusaciones de delincuencia organizada y órdenes de aprehensión para los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt que tuvo una alta exposición mediática. Además, en medio, también ocurrió el injustificado despido de Alejandro Madrazo, como director de la Sede Región Centro del CIDE, uno de los centros públicos de investigación más reconocido y altamente competente. El motivo de su salida, según explicó el propio Madrazo y no fue desmentido, se debió al mensaje público de respaldo a los jóvenes de las Cátedras Conacyt.

 

Sin embargo, independientemente de las casualidades o causalidades de los hechos, lo cierto es que el código dice lo que aparece con todas sus letras y ahí establece las restricciones indicadas, tanto como que su observación y aplicación no “se limitará” a las personas que enuncia, así que nada impide que su aplicación se extienda.

 

El comunicado oficial no está por encima de una norma aprobada y, es más, no señala como falsa la aplicación para los catedráticos. Un personal que jurídicamente son reconocidos como “investigadoras e investigadores por México”.

 

Uno de los problemas más reiterados en el periodo ha sido la modificación y aplicación arbitraria de las normas. Entonces, no es tan difícil descifrar el código. Sí, hay razones para preocuparse.

 

 

Pie de página: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sustituir la jurisprudencia P./J.1/96, esa que establece el régimen laboral de los organismos descentralizados (apartado A o apartado B del 123 constitucional), como los Centros Públicos de Investigación. No tiene efectos retroactivos, queda pendiente de publicación la sentencia, pero será determinante para los nuevos organismos.

Investigadores a la... administración pública

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 919. 07.10.2021)

 

Las implicaciones de lo que ocurre con las Cátedras Conacyt no solamente tiene relevancia para el personal que pertenece a ese programa, también es un espejo para mirar la vulnerabilidad y las dificultades de nuevas formas de ingreso en el casi clausurado mercado académico.

 

Al final del mes pasado concluyó un episodio más de las negociaciones entre el personal de las Cátedras y el gobierno federal. Por lo pronto, la Junta de Conciliación y Arbitraje archivó el expediente, juzgó improcedente una huelga del sindicato y la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), porque Conacyt ya cuenta con unas Condiciones Generales de Trabajo y regula sus relaciones laborales a través del apartado B del artículo 123 constitucional.

 

El asunto todavía no concluye de forma definitiva. El personal del programa sigue a la búsqueda de condiciones laborales dignas y ha puesto en marcha la campaña #CienciaBajoProtesta. Legalmente tampoco está finiquitado, habrá que esperar la resolución definitiva, aunque no se ve probable la firma de un CCT. Por cierto, el programa ahora se denomina: “Investigadoras e investigadores por México del Conacyt”.

 

El propio Conacyt, en respuesta a las condiciones que había demandado el sindicato y en comunicado público sobre el fallo laboral, informó que “como organismo público descentralizado, no está facultado para concertar el pago de prestaciones dentro de una contratación colectiva” (29.09.2021).

 

A su vez, el sindicato lamentó la decisión de las autoridades laborales, porque la reforma laboral de la actual administración ha promovido mayores garantías de libertad sindical y defensa de los derechos laborales, también tiene el discurso de una “transformación revolucionaria de la sociedad a través del Estado”. No obstante, apunta sindicato, le niega condiciones laborales mínimas al personal de ciencia (Comunicado No. 13.  30.09.2021).

 

El programa de las Cátedras no inició en este periodo, fue una iniciativa impulsada en la administración anterior. La idea era que Conacyt ofreciera una alternativa laboral a los jóvenes posgraduados, pero como patrón transitorio, porque se preveía que los jóvenes de las Cátedras concursaran por una plaza en las instituciones donde estaban comisionados. Sin embargo, no se abrieron plazas y tal parece que no sucederá.

 

Ahora, las Cátedras, o su nueva denominación de programa, se extenderá más allá de los sistemas de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, llegará hasta la Administración Pública Federal (APF). A pesar de las reticencias y el rechazo inicial de continuar con el mismo esquema, el Conacyt ya emitió una nueva convocatoria, cosa que no había sucedido en el lapso que lleva esta gestión. Así que seguramente crecerá más allá de los 1,237 integrantes que tiene actualmente y la expectativa es que lo haga anualmente.

 

La novedad de la reciente convocatoria es que plantea dos modalidades de ingreso. La primera es la ya conocida de comisionar a los jóvenes seleccionados a una universidad o un Centro Público de Investigación. La segunda, una variación importante que apenas entrará en operación, los jóvenes serán comisionados a una entidad o dependencia gubernamental.

 

O sea, lo nuevo es que, explícitamente, convoca a hacer carrera de investigación en la administración pública. Sin embargo, habrá que tomar la ampliación con reserva. En primer lugar porque las demandas de investigación específicas están limitadas a las temáticas de la docena de Proyectos Nacionales Estratégicos (Pronaces) y salud es una de las más sobresalientes.

 

En segundo lugar, habría que moderar la expectativa sobre la expansión e impacto en la administración pública. En el último anexo de la convocatoria vienen las entidades de la administración que pueden fungir como entidades receptoras, apenas suman una decena y seis de ellas son áreas temáticas del propio Conacyt (Conacyt-energía, innovación, riegos, etcétera, ¿una especie híbrida de fondos sectoriales?). El resto son dos dependencias de la UNAM (aunque la institución no es entidad de la APF), la Cofepris y los laboratorios Birmex. Básicamente tres dependencias gubernamentales.

 

En tercer lugar, el Conacyt no ha dicho el volumen de comisionados que seleccionará en una y otra modalidad, pero lo más probable es que será un número muy limitado (no más de 200 o 300 en el mejor de los casos). Así que frente a una burocracia de más 3 millones, no pintan mucho. Y, finalmente, lo más importante, no se ve nada sencillo cómo será la carrera de investigación en la administración pública.

 

No es mala idea que jóvenes altamente competentes se desempeñen en dependencias gubernamentales y colaboren en la solución de problemas nacionales. Al contrario, es lo deseable. Lo que no está nada bien es que, como personal de confianza, seguirán con un horizonte de trabajo limitado y sujeto al vaivén burocrático. Unas condiciones y derechos laborales nada semejantes a los académicos de otras instituciones. Sí, las nuevas modalidades de ingreso a la carrera académica son desalentadoras y muy vulnerables.

 

Pie de página:  Y hablando de vulnerabilidad, despiden al doctor Alejandro Madrazo como director de la Sede Región Centro del CIDE por un mensaje público de respaldo a los jóvenes de las Cátedras Conacyt. Increíble. // ¿Qué resolverá la Junta de Honor del mismo SNI sobre el caso del fiscal Gertz Manero y la denuncia de plagio académico? Atentos.