Becas: improvisación inexplicada

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1003. Junio 29, 2023)

 

Al cuarto para las doce, literalmente, estudiantes de posgrado del área económico administrativa se enteraron que no tendrían beca del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La inconformidad de los jóvenes rápidamente se diseminó en esa caja de resonancia nacional en la que se han convertido las redes sociales y con la misma rapidez desapareció.

 

Todo parece indicar que las autoridades del sector dieron marcha atrás a la medida. Lo sorprendente es que no hubo ningún comunicado oficial, ni siquiera un comentario en las cuentas personales y oficiales del organismo en redes sociales, tan proclives a reflejar las acciones de gobierno. Nada. Como si nada hubiera ocurrido.

 

O sea que, por lo menos en esta ocasión, sí habrá becas para todos los estudiantes de posgrado. Una buena noticia para ellos, para el sistema científico y tecnológico y para la sociedad toda. Pero si es una rectificación tácita, no se conservará de forma definitiva y, desde luego, nada seguro habrá para la próxima convocatoria.

 

El acontecimiento es ilustrativo del momento actual de la política, porque lo que parece no se nombra o se le llama de otra forma. Total, si las decisiones que vemos en acto y en la vida de las fuerzas políticas se asemeja a un juego de espejos rotos, lo de menos es que no haya ninguna explicación de por qué una u otra decisión sobre las becas de los jóvenes. Lo importante es que estarán sosegados y la República se anticipa, por fuera de las normas, a dirimir quién debe encabezar el próximo periodo.

 

Sin embargo, lo ocurrido con las becas es todavía más representativo de las acciones en el terreno científico y tecnológico. En primer lugar, muestra la improvisación que recorre a esta y a muchas otras iniciativas en el sector, porque, por ejemplo, sustituyó el anterior Padrón Nacional de Posgrados de Calidad con un denominado Sistema Nacional de Posgrados que no tenía ni tiene criterios de integración ni de funcionamiento.

 

El nuevo sistema, salvo por el régimen de sostenimiento, no hace una diferenciación de los programas de posgrado ni exhibe cuáles deben ser apoyados con becas. Tal vez después incorpore algunos indicadores o parámetros, pero, en este momento, no es ningún respaldo para discriminar tipos de programas.

 

A pesar de que la normatividad de las becas indica un orden de prelación para el otorgamiento de los apoyos, no hay un mecanismo que indique cómo y por qué establecer o seguir ese orden. Si no hay ninguna razón que justifique la decisión, no es de extrañar el reclamo de los jóvenes y menos si la directora del Conahcyt había dicho con anterioridad que no habría ningún estudiante de posgrado sin beca para sus estudios.

 

En segundo lugar, lo que pasó con las becas también expresa la fragilidad e incertidumbre que acompaña a casi todas las iniciativas en el sector. Algunos estudiantes de posgrado del área económico administrativa recibieron un correo electrónico oficial con la notificación de que su programa no se encontraba “dentro de las disciplinas de atención prioritaria nacional”, “por lo que se niega la asignación de la beca” (20.06.2023). Precisamente cuando están por iniciar los cursos.

 

No se sabe con certeza cuántos jóvenes serían afectados --en redes sociales y algunas notas periodísticas hablaron de alrededor de tres centenares--, pero con independencia del volumen, es desesperanzador enterarse que no habrá un apoyo con el que se contaba y resulta peor si la noticia llega justo en el límite.

 

En esta ocasión, cinco días después de la negativa inicial, aunque no lo dijo la autoridad sectorial, la Universidad Autónoma Metropolitana le hizo saber a casi medio centenar de estudiantes que el Conahcyt sí otorgaría beca “en todas las áreas y programas de la UAM reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados” (25.06.2023).

 

Una buena rectificación. El problema es que se repite una y otra vez el mismo patrón de inestabilidad y desequilibrio: se ha hecho patente en la gestión de recursos financieros para proyectos de investigación, en la modificación y convenios del programa Cátedras Conacyt, en la reciente convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores e incluso en la aplicación de toda la normatividad, por ejemplificar algunos casos.

 

Lo perturbador es que, aparte de la fragilidad e improvisación de las decisiones, parece que no ameritan ninguna explicación ni justificar nada.

 

Pie de página: En una conferencia de prensa de AMLO de la semana pasada, le preguntan: “Señor presidente, fíjese que se viene un problema para la SEP en el tema de que se cambió una ley en el 2021, la autorización para RVOES, que es la autorización para nuevos planes de estudio para todas las escuelas. Son más de cuatro mil 500 escuelas que se les viene este problema, porque por ley la SEP tenía que resolverles en 90 días hábiles; se tardó dos años en resolver esas autorizaciones. Y lo grave es que cuando dan la autorización lo dan con fecha actual.”. El presidente responde: “Sí, pero no, no creo que se afecte, o sea, buscamos la forma” (22.06.2023).

“Daño a la dignidad y la integridad” en el CIDE

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 2002. Junio 22, 2023, pág. 4)

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) cumplirá medio siglo el año próximo, llegará con menor presupuesto, disputas sobre el rumbo que debe seguir y, según las últimas disposiciones normativas, tal vez ni voz tendrá su comunidad.

 

A pesar de que el Cide no es el Centro Público de Investigación (CPI) de mayor antigüedad, su fortaleza parecía innegable. Por cierto, en ese sistema, la institución de mayor antigüedad es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) que fue fundado en 1971 y en el área de las ciencias sociales es el ahora Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antroplogía que, con otro nombre, fue instaurado en 1973.

 

Sin embargo, el CIDE sí era una de las instituciones emblemáticas de los CPI, un referente académico y contaba con amplio reconocimiento al interior y al exterior de México. La historia del Centro, los indicadores que exhibía y los testimonios de su comunidad eran su carta de presentación. Pero la imagen pública con la que llegará a su aniversario de 50 años ya es y será muy otra. Las cosas le pintaron mal desde el inicio del actual sexenio y después se pusieron peor.

 

Al inicio fue el factor de los recursos financieros. Una de las pinzas fue la Ley de Austeridad Republicana de Estado y el posterior memorandum del 3 de mayo del 2019 del presidente López Obrador. Las medidas que se pusieron en marcha recortaron el presupuesto de toda la administración pública, incluidos los CPI como entidades paraestatales, principalmente en el rubro de gastos de operación, el congelamiento de plazas y la restricción de servicios, entre otros aspectos.

 

La otra pinza fue la eliminación de los fideicomisos púbicos que limitó la operación de los CPI. El sector de ciencia y tecnología tenía el mayor volumen de estos instrumentos financieros --aunque ni de lejos la cantidad mayoritaria de recursos— y una buena parte correspondía a los CPI, el CIDE entre ellos. A la fecha, sigue pendiente la entrega de un informe sobre los fideicomisos.

 

Ni siquiera se sabe con exactitud el monto de recursos que estaban en esos instrumentos, las operaciones que siguen vigentes y mucho menos se han precisado los malos manejos que había ni qué corrupción se encontró. Sin embargo, dejó en vilo la operación de los CPI y de múltiples proyectos de investigación en marcha.

 

El CIDE, además, en agosto de 2021 enfrentó la renuncia de su entonces director, Sergio López Ayllón, cuando todavía le quedaban dos años de responsabilidad. El polémico doctor José Antonio Romero Tellaeche lo sustituyó como director interino hasta el final de noviembre de ese mismo año. Luego vino la huelga de estudiantes que se mantuvo hasta enero del año 2022.

 

Un breve interinato de Romero Tellaeche fue suficiente para mostrar la falta de entendimiento con los estudiantes y el personal académico. Luego, en un quiebre normativo que permanece en reserva, fue ratificado como director definitivo. Desde entonces los desencuentros han sido reiterados, sea por despidos injustificados, retricciones administrativas, el cambio de contenidos académicos, las acusaciones de plagio, la huída de su personal y, más recientemente, por la no renovación del convenio para prolongar las posiciones laborales del ex programa Cátedras Conacyt. Justo, cuando las Cátedras estaban próximas a cumplir 10 años.

 

Por último, la semana pasada, el Órgano Interno de Control (OIC, organismo dependiente de la Secretaría de la Función Pública), difundió un oficio para notificar a la comunidad cideíta que, conforme al Código de Ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben abstenerse de “difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este Centro de Investigación”.

 

Lo irónico del caso es que las mismas normas que apelan a la ética y el respeto resultaron inoperantes para resolver el tema del plagio académico el año pasado al interior del Centro. En fin, la comunicación del OIC traspasó los muros institucionales y ha causado gran inquietud, tanto que la propia Secretaría de la Función Pública tuvo que emitir un comunicado para indicar, crípticamente, que no buscan “restringir la la libertad de expresión” sino garantizar ese derecho y respetar todos los derechos humanos (Tarjetainformativa 002/2023). Sí, así como se lee.

 

Desde los años setenta, el economista Albert O. Hirschman planteó tres posibilidades de consumidores y ciudadanos ante dificultades experimentadas con la organizaciones: salida, voz y lealtad. Las opciones se estrechan y el corte de los 50 años del CIDE nos mostrará cuáles prevalecieron.

 

Pie de página: La Universidad Autónoma de Querétaro invitó a su comunidad a adherirse a la demanda de amparo en contra de la nueva ley general de ciencia. //  La directora del Conahcyt sigue su tour de presentación de la nueva ley, otra vez en la UNAM, ahora en la Facultad de Química.// La polémica sobre el maíz transgénico crecerá en las semanas siguientes; el presidente López Obrador ha dicho que habrá una investigación a ese respecto. Pendientes.

El nuevo SNI y sus instancias de decisión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1001. Junio 15, 2023)

 

Al momento de escribir este texto, al inicio de esta semana, todavía no estaba claro si se conservaría o no la fecha de cierre de convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para este viernes 16 de junio. Algunos aspirantes, en redes sociales, solicitaban una prórroga de plazo por la inestabilidad y las fallas de la nueva plataforma informática del programa.

 

Las dificultades técnicas de la plataforma rizoma, el medio para ingresar al SNI, “soberana y disruptiva” la llamaron las autoridades, no han cesado desde el momento mismo de su liberación. Sin embargo, ese no es el principal problema, cabría suponer que en algún punto los obstáculos prácticos serán resueltos y la plataforma funcionará conforme lo previsto. Lo relevante es qué resultados mostrará el programa a partir de este año.

 

El SNI ha experimentado cambios casi desde su instauración hace casi cuatro décadas, pero todos ellos conservaron el objetivo del programa y los principios de funcionamiento. Ahora, sin embargo, su propósito es otro y otras las reglas de juego que enmarcan la operación del programa. En los últimos cuatro años, el reglamento del programa ha sido modificado en media docena de ocasiones. La última vez fue en agosto del año pasado y es el reglamento vigente.

 

Tal vez en breve habrá un ajuste más en el reglamento para armonizarlo con lo que ahora establece la nueva ley general de ciencia. Por ejemplo, el reglamento dice que el máximo órgano de decisión del SNI es el Consejo General, presidido por la persona titular del Conacyt, cinco funcionarios de alto nivel del mismo organismo, tres representantes del SNI, dos de SEP y una de ANUIES.

 

No obstante, la ley general de ciencia vigente, dado que también incluye la personalidad jurídica del ahora Conahcyt, establece a una Junta de Gobierno como máxima instancia de decisión de todo el sector; no menciona ningún Consejo General, excepto para los Centros Públicos de Investigación. El centro de las decisiones, entre ellas las que corresponden al SNI, ya no será principalmente interno, corresponderá a la Junta de Gobierno. Esa que se instaló el pasado 7 de junio (Comunicado No. 394)

 

Lo hemos dicho en este mismo Acelerador de Partículas: El mayor cambio en el SNI en este periodo ha sido espoleado por la limitación de los recursos financieros. Desde su fundación el programa se expandió paulatina e inexorablemente, algunos años más y otros menos, pero siempre en ascenso. Además, y fue el problema más incontenible en los últimos años, los beneficiarios alcanzaban, cada vez con mayor rapidez, los niveles más altos del programa. Así que la demanda de un presupuesto creciente ha sido todavía más veloz y esa presión se extendió a la participación relativa en los recursos del Conacyt.

 

La primera opción para contener la presión sobre los recursos financieros fue suspender el apoyo a investigadores del sector privado y limitarse al sector público, pero la medida no pareció suficiente porque, en realidad, el volumen de particulares en el SNI era reducido, alrededor de un siete por ciento del total.

 

Luego vino la modificación de los periodos para escalar de un nivel del SNI al siguiente. Ahora le tomará alrededor de 24 años a un candidato a investigador llegar al peldaño más alto del sistema; después, la iniciativa de hacer efectivo un orden prelación para otorgar los incentivos. No fueron las únicas modificaciones, como también lo hemos comentado en este espacio, pero sí las más relevantes para disminuir la presión sobre el financiamiento.

 

El reglamento vigente operó desde la convocatoria del año pasado, cuando el orden prelación parecía inminente y al final no fue aplicado. Sin embargo, este año sí será el punto de referencia para valorar las consecuencias de los cambios en el SNI. Por una parte, porque la convocatoria anterior fue el primer ensayo, ahora quizás habrá una mayor dureza y apego a las medidas del reglamento; las tendencias en las estadísticas del programa comenzarán a dibujarse.

 

Por otra parte, vale la pena recordar que la ley general de ciencia no está firme, su legalidad se dirimirá en la Suprema Corte de Justicia y tomará su tiempo. Otro tanto ocurre con los amparos promovidos de forma individual por algunos miembros de la comunidad científica. O sea, la norma está en suspenso, aunque su aplicación no se ha detenido.

 

El asunto es que, como ya lo anotamos, ahora una Junta de Gobierno es el máximo órgano de decisión del Conahcyt y de todo el sector. La Junta es presidida por la directora del Conahcyt, participan 13 secretarios de Estado, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ocho representantes de los sectores social y privado. Ese será el centro de las decisiones, incluyendo lo concerniente al SNI.

 

Los testimonios y los números pronto nos mostrarán qué y cómo cambió el SNI.

 

Pie de página: Para el registro: La directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, en medio de especulaciones y varios desencuentros, estuvo el lunes de esta semana en el Instituto de Astronomía de la UNAM.

La ley general de ciencia, con clavos y alfileres

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1000. Junio 8, 2023, pág. 4)

 

Si hay un nuevo marco normativo y ahí dice que los nombres son otros, resulta razonable actuar en consecuencia y operar con las denominaciones que correspondan. El problema es cuando ese marco es cuestionado e inestable. A pesar de que ya está en vigor, legisladores y ciudadanos están por impugnar su validez y legalidad.

 

La modificación de los nombres no es nada irrelevante y es tan sencillo de entender como cuando a uno el cambian el nombre o se refieren a algo o alguien de forma equivocada. En el actual periodo de gobierno se han instaurado nuevas formas de referencia y construido una narrativa. Ahí está la reiterada “4T” o la palabra “bienestar” utilizadas machaconamente por los funcionarios públicos en sus discursos y en toda acción realizada.

 

Algunos ciudadanos están convencidos de la exactitud de esas palabras, otros no ocultan la ironía de los términos y tal vez a los más les tiene sin cuidado. El paso del tiempo mostrará si la narrativa se sostiene y si se corresponde o no con los hechos. No será la primera vez que un gobierno quiere ser identificado por sus acciones, como en los años ochenta aquel que quería la renovación moral, el de los noventa con su modernización, solidaridad y su liberalismo social, el de los 2000 con el cambio inexorable o el anterior que quería mover a México. Al final, solo quedó el eco de las palabras.

 

Ahora, en el sector, antes de que el nuevo marco normativo fuera aprobado, la autoridad ya se refería al organismo rector de la política científica como el Conacyt de la 4T, también cambió el nombre de algunos programas, como el de las Cátedras Conacyt o el Padrón Nacional de Posgrados o más recientemente el SNI.

 

Al día siguiente de publicada la nueva ley general de ciencia, comenzó el cambio de nombre del organismo rector de la política científica en sus cuentas de redes sociales, luego en el dominio asignado en internet y más recientemente en el arco de la puerta principal de su edificio de Insurgentes sur. Ahora luce su nueva denominación: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; logotipo y siglas incluidas (Conahcyt).

 

Sin embargo, el nuevo marco normativo del sector no solamente incluye cambios nominales, también prevé nuevas instancias, estructuras y formas de regulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que el asunto ya no parece tan sencillo y tampoco se pueden soslayar las consecuencias en una eventual impugnación de su legalidad.

 

Por ejemplo, en la nueva ley general está prevista la instauración de una Junta de Gobierno como máxima autoridad de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología --no solamente del Conahcyt— y como tal tiene casi una veintena de atribuciones, entre ellas la de regular el SNI, la integración del Sistema Nacional de Posgrados, normar el programa de becas y decidir qué temas son respaldados y quiénes pueden recibir becas nacionales o al extranjero.

 

A la Junta también le corresponde la distribución del presupuesto anual del Conahcyt, los criterios de racionalización del gasto administrativo, la aprobación de las políticas y el programa sectorial y reconocer o desincorporar a los Centros Públicos de Investigación, entre otras responsabilidades.

 

La nueva Junta de Gobierno ya debe estar instalada, porque la directora del Conahcyt, Elena Álvarez Buylla dijo que este miércoles 7 de junio les presentaría los nuevos reglamentos que “los teníamos ya muy trabajados, porque no es que ahora estemos iniciando la transformación del Consejo” (La Jornada 05.06.2023).

 

Así que el órgano establecerá ordenamientos secundarios y cursos de acción con efectos diferidos para todo el sistema. Sin embargo, desde el mes pasado, organizaciones como Ciencia Plural MX, Uniendo Caminos México y otras agrupaciones científicas han interpuesto amparos en contra del decreto de la nueva ley general de ciencia. De hecho, al final de la semana pasada informaron que ya se había admitido un primer amparo en Ensenada, Baja California.

 

A su vez, legisladores de oposición informaron que el pasado 2 de junio presentaron las primeras acciones de inconstitucionalidad, las cuales incluyen a seis de las 19 reformas aprobadas el mes pasado y este 7 de junio presentarían otro bloque en el que se incluye la  ley general de ciencia (El Universal 02.06.2023). El grupo plural de cuatro senadores notificó en su cuenta oficial de Twitter que también se sumaría a la misma acción.

 

En fin, como se podrá advertir, la nueva ley exhibe una fragilidad legal que podría equipararse a estar sostenida con alfileres y, al mismo tiempo, fija atribuciones que serán difíciles de revertir.

 

¿Qué prevalecerá al final? El conflicto se dirimirá en la Suprema Corte de Justicia y por los elementos de prueba que se han mostrado es probable que la nueva ley sea invalidada. Sin embargo, eso tal vez solo retrasará la vigencia de la nueva ley porque el proceso en algún punto se repondrá y los números ahí están.

 

Pie de página: Estamos de manteles largos: Campus llega hoy a sus primeros mil números ininterrumpidos y vamos por más.

Rizoma: ¿una red social científica?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 999. Junio 1, 2023)

 

La presentación pública de cuatro días antes decía que la nueva plataforma informática del Conahcyt sería liberada el día 30 de mayo. Pero no, para variar, no estuvo disponible ese día, en su lugar estaba el famoso código 404, el cual indica que el sitio web no está en el servidor o hay problemas con la dirección electrónica. Un mal comienzo.

 

En realidad, la nueva herramienta es parte de la infraestructura elemental de servicio, algo rutinario que no debería tener mayor trascendencia. Sin embargo, no es cualquier cosa, es básica para la gestión de todo el sistema y la experiencia con los trámites cotidianos marcan la diferencia entre el reconocimiento a la eficiencia administrativa o la evidente incompetencia.

 

Las plataformas informáticas se han vuelto el primer filtro de contacto, y con frecuencia el único, entre usuarios y servicios. Una especie de ventanilla por la que pasa cualquier diligencia que se intente realizar. La tecnología de las plataformas ha mejorado, pero con frecuencia su sustitución ha sido una experiencia poco edificante, cuando no una franca decepción, sea por el tipo de software utilizado o por su diseño conceptual.

 

¿Las cosas serán distintas ahora? El comienzo no fue lo que se anunció y por ahora solamente está la promesa de que se trata de un cambio sin precedentes. Sin embargo, como sabemos, muchos anuncios e intenciones naufragan en la tempestuosa realidad o, al final, los resultados nada tienen que ver con lo prometido. Y de esto también tenemos evidencia en el actual periodo de gobierno.

 

El Conahcyt ha dicho que Rizoma “es una plataforma novedosa, disruptiva y segura, inspirada en las estructuras vegetales de interconectividad horizontal” (Comunicado No. 389/2023). Tal vez el nombre quiere aludir, más que a ciertas estructuras vegetales, al concepto de rizoma de Deleuze y Guattari quienes lo utizan para destacar que los vínculos entre elementos no siguen un sistema centrado o jerárquico. ¿Disruptiva y segura? Hasta que no muestre lo uno y lo otro, no se puede anticipar.

 

La plataforma informática, dice el Conahcyt, fue desarrollada por el propio organismo en colaboración con varios Centros Públicos de Investigación (CPI) y aclara que fue un encargo del presidente López Obrador desde el 2018, para fortalecer la soberanía tecnológica y evitar el pago de licencias.

 

El comunicado no identifica qué CPI participaron en el desarrollo de la plataforma, pero es cierto que existe tanto el personal como la capacidad institucional para diseñar y operar este tipo de herramientas. Y sí, el desarrollo tecnológico de las plataformas informáticas ha tenido un fuerte impulso, tanto por la experiencia de hacerle frente a la pandemia como por las innovaciones en todo el mundo para el manejo de grandes volúmenes de información, como la analítica avanzada de datos o la automatización robótica de procesos.

 

Lo que no parece creíble es que el entonces Conacyt tuviera el encargo de crear la plataforma desde el 2018. No solamente porque la responsabilidad fue a partir del último mes de ese año, también porque los desencuentros y los temas públicos de los meses siguientes fueron muy otros.

 

Lo que sí trascendió fue el episodio de censura en las “benditas redes sociales” y la idea de crear una alternativa. ¿Usted lo recuerda? Fue en enero del año 2021, cuando el presidente López Obrador se pronunció en contra de la censura a las cuentas de redes sociales del expresidente Donald Trump, justo cuando estaba por conluir el mandato del estadounidense.

 

En ese contexto, en una conferencia de prensa, le plantearon a López Obrador si podría ser el caso de que México diseñara y tuviera su propia plataforma de red social. Y sí, el presidente dijo que sería un tema a analizar, porque no estaba descartado que el entoncs Conacyt buscara y creara una alternativa. No hubo mayor formalidad ni precisión, pero ahí quedó anunciada la encomienda.

 

Rizoma puede o no derivarse de aquella solicitud, pero la directora del Consejo Nacional, Elena Álvarez Buylla, cuando presentó la plataforma dijo que progresivamente será una “red social científica” e “incluirá otros aplicativos como videoteca, atlas científico y foros de discusión, que se irán presentando de manera mensual durante el segundo semestre de 2023”.

 

Por lo pronto, aparte del incumplimiento en la liberación de la página, lo que tenemos son anuncios e intenciones, la autoridad dice que ya migró la desproporcionada cantidad de 720 mil registros de Currícula Vitae Único (CVU) al perfil único Rizoma y esa será la vía para el ingreso o renovación de la convocatoria de este año del Sistema Nacional de Investigadores.

 

La primera prueba de Rizoma será la gestión de la convocatoria del SNI, no son los 36 mil miembros actuales, pero serán alrededor de la mitad de esa cifra, entre los que solicitan ingreso por primera vez y los que son de renovación. Pronto sabremos cuáles serán los resultados.

 

Pie de página: Esta semana vence el plazo para una posible demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas, entre ellas la ley general de ciencia. // El sindicato del exprograma Cátedras Conacyt informó que concluyó el convenio del CIDE con el Conahcyt sobre ese programa y los jóvenes investigadores han quedado en la incertidumbre. Por cierto, el año próximo se cumplirá la priemra década de ese programa. Pendientes.