EL PROYECTO DE SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA… EN CHILE

En las dos semanas anteriores, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado chileno se reunió con diferentes representantes de la comunidad académica de ese país. Uno de sus acuerdos ha sido solicitar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

Al igual que en el caso de México, la idea no es reciente y proviene principalmente de organizaciones académicas. La propuesta de crear una nueva institucionalidad para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en Chile tiene antecedentes en el año 2000, cuando la Academia Chilena de Ciencias (ACC) en uno de sus estudios (Ciencia, Tecnología e Innovación Programas y Políticas en Chile) ya consideraba inoperante la institucionalidad del sector y proponía su renovación para diseñar estrategias y políticas nacionales para conducir su sistema.

A mediados de la década pasada, en otro estudio (“Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena-2005”) y particularmente por la creación de un proyecto de ley que creaba un fondo competitivo (Fondo de Innovación), para el cual no le solicitaron parecer a la ACC, manifestó su inconformidad y preocupación porque en su opinión era el principio para crear políticas de largo plazo. La organización de académicos fijó su posición al destacar que la ciencia no se agotaba en la innovación y planteó que “la institucionalidad debe también hacerse cargo del indispensable desarrollo de la ciencia básica y de la formación de investigadores en las universidades e institutos de investigación (p. 413).

Una de las recomendaciones del documento de la ACC del 2005 fue la modernización de las instituciones o mecanismos del Estado de apoyo a la investigación. Aunque, en realidad, no planteó la creación de un nuevo Ministerio para el sector. Básicamente proponía que la renovación de la institucionalidad debía cumplir con asesorar al Presidente de la República y a los poderes del Estado en materia de ciencia y tecnología, así como asegurar la representatividad de los actores, la cual también era deseable “para un Consejo de CONICYT, que debiera ser restituido para el gobierno de esa institución” (p.415).

Las siglas CONICYT se refieren a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del gobierno chileno, un organismo equivalente al CONACYT de México y casi fundado al mismo tiempo. La Comisión fue creada al final de los años sesenta, como organismo asesor en la materia del Presidente y dependiente del Ministerio de Educación –Conacyt se creó en diciembre de 1970 e inicialmente estuvo sectorizado a la ya desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, después a la de Educación y ahora, aunque tiene un ramo de gasto propio, conserva sus mayores vínculos con el sector educativo.

Los antecedentes de la ACC sobre la necesidad de una nueva institucionalidad fueron la base para la actual propuesta de crear un nuevo Ministerio. De hecho, en la reunión del pasado 16 de abril, la que sostuvieron los representantes de la Academia con la comisión de Senadores, presentaron casi los mismos argumentos que en su documento del 2005, sólo que en esta ocasión expresaron claramente la idea de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

En la declaración pública de la ACC sobre su propuesta (se puede consultar en la página electrónica del Senado chileno) señalan, casi como en el caso de México, que la institucionalidad del sector es “extremadamente frágil, dispersa y en gran medida está obsoleta”. Tal situación, argumentan, han impedido el diseño de políticas nacionales y la existencia de una verdadera política de Estado en el sector, como la que han logrado otros países.

En la perspectiva de la organización académica, una política de Estado solamente se podrá lograr si se crea la figura de Ministro para ciencia y tecnología, como el que existe para Cultura, Educación, Medio Ambiente y otros sectores.

El Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, respalda la idea de los académicos y acordaron hacer llegar la solicitud al presidente de Chile. Tal vez la propuesta ha sido animada por la creación el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social y la actual coyuntura en la que está por aprobarse un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. El nuevo Ministerio no es un hecho y seguramente no lo será en el corto plazo.


(Publicado en Campus Milenio. No. 459. Abril 26, 2012)

¿NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA?

Hasta ahora, en el tiempo de las peticiones y las campañas electorales, la propuesta con mayores pronunciamientos es la de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Una iniciativa que todavía permanece en el terreno de las especulaciones, aunque le sobran partidarios y le faltan definiciones. No está claro si podría incluir a la educación superior. Tampoco si reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y menos si tenderá sus vínculos administrativos con el sector educativo o el económico.

El dato inequívoco es que la conducción del sector científico y tecnológico requiere de un nuevo arreglo institucional. Uno en el cual se deben repensar los acuerdos y lineamientos que han conducido la actividad, así como la orientación y mecanismos de financiamiento.

La preocupación por las formas y mecanismos de regulación de la actividad científica y tecnológica ha sido una constante relativa y uno de los principales dilemas de la política del sector. El principal razonamiento que ha estado a la base de los cambios en las últimas dos décadas es que Conacyt, el órgano rector de las políticas, no ha contando con los instrumentos para regular el sistema ni tampoco ha gozado de las capacidades que le permitan decidir sobre la orientación del mismo.

En buena medida, las limitaciones padecidas por Conacyt se atribuyen a la dispersión de la actividad científica y tecnológica en múltiples secretarías e instituciones, las cuales han escapado al control del organismo. Otro tanto se refiere a las dificultades para articular un verdadero sistema y coordinar la actividad en las entidades federativas.

Los intentos por mejorar la situación del organismo encargado de la política científica y tecnológica han llevado a sectorizarlo a una u otra secretaría y a múltiples modificaciones de la normatividad correspondiente. Los cambios más significativos fueron las reformas a la ley de 1999 y 2002, las cuales le otorgaron un mayor control sobre los recursos financieros y la creación de algunas instancias altamente ineficientes.

Una de las novedades fue la instauración de los llamados fondos competitivos a partir del 2002, mixtos y sectoriales, con los cuales Conacyt pudo orientar las líneas y temas de investigación conforme la demanda. Igualmente, canalizó una porción cada vez más creciente de recursos por este medio.

El otro aspecto fue la creación de un ramo de gasto propio para la ciencia y la tecnología (ramo 38). A pesar de que estaba previsto en la ley desde el 2002, apenas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2003 se incluyó un artículo transitorio que especificó que se haría efectivo en el presupuesto del año siguiente. A partir de entonces Conacyt, ya con ramo propio, quedó desectorizado de SEP. La autonomía relativa de Conacyt le permitió un control de los recursos financieros y una mayor fiscalización de los mismos.

No obstante, la separación resultó contraproducente, porque desde ese año, sistemáticamente, en comparación con lo que recibía previamente, el proyecto de presupuesto que remite el ejecutivo federal al Congreso contiene menores recursos para el rubro. Aunque los diputados se han encargado de incrementar las cifras propuestas gubernamentales.

Aquí mismo nos hemos referido a la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, una instancia de alto nivel encabezada por el presidente de la República y secretarios de Estado, responsable de la política sectorial,   pero que desde su instalación en el 2002 ha sesionado en contadas ocasiones y ha sido más bien sumamente ineficiente.

Entonces, a pesar de que los cambios efectuados han permitido a Conacyt controlar directamente la palanca del financiamiento e instaurar diversos órganos de contacto entre la administración y los destinatarios de las iniciativas, tal parece que no han sido suficientes para impulsar y orientar el sistema.

¿Una nueva estructura administrativa con rango de secretaría de Estado será capaz de sobreponerse a las adversidades y desempeñar un mejor papel para consolidar el sistema científico y tecnológico? Probablemente no. Sobre todo porque no solamente se trata de crear una nueva estructura, lo más importante es definir un arreglo institucional que incluya a los diferentes actores del campo y establecer acuerdos sobre el rumbo que deberá seguir el sistema y su financiamiento.


(Publicado en Campus Milenio No. 458. Abril 19, 2012)

¿CÓMO Y QUIÉN INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS?

Las propuestas de los candidatos presidenciales no terminan de aparecer en el debate público, al menos no las que corresponden a educación y a ciencia y tecnología. En cambio, se han pronunciado fuerte y reiteradamente las formuladas por otros sectores. Es posible que se comience a esbozar un escenario diferente de disputa y triunfo electoral.

La ausencia de ideas por parte de los candidatos, probablemente, se debe a que las campañas están en su fase inicial. Pero también podría ser que el desencanto llegó muy pronto a los eventuales electores, a la falta de credibilidad de los políticos o acaso a los insufribles spots que rápidamente han saturado a las audiencias. Las propuestas específicas de los contendientes de las elecciones federales de julio próximo no han ingresado claramente en la arena pública; tampoco parece generar mucho interés su exploración.

En los electores solamente han quedado referencias vagas sobre la ampliación de oportunidades educativas para niños y jóvenes, la búsqueda de  un México más educado y productivo, alcanzar lo que dice la ley en apoyo financiero a la educación y a la ciencia y la tecnología. Pero todavía no ha sido pronunciada ninguna propuesta que haya generado polémica o grandes expectativas en los electores. O bien, llanamente ha sido ignorada por los supuestos destinatarios.

La contribución de los equipos de campaña no ha sido menor. En su mayor parte han procurado (unos más que otros) cuidar los escenarios ante los que se presentan los candidatos. Unos ambientes de invernadero que evitan en lo posible la confrontación, que tienen cronometrado el tiempo de exposición y las propuestas que se pueden pronunciar. Las lecciones de los tropiezos –propios y ajenos; recientes y viejos--, ha cerrado más el círculo interno y avispado.

Desde luego, por ley, las fuerzas políticas y coaliciones tienen registrado ante el IFE su correspondiente plataforma electoral y programa de gobierno (Artículo 27 del COFIPE). En esos documentos aparecen claramente anotadas sus propuestas y los candidatos están obligados a sostenerlas y difundirlas a lo largo de la campaña.

Sin embargo, hasta ahora, lo que dicen las plataformas electorales no han ocupado centralmente el espacio de los medios ni el debate público. Más bien han sido otros los actores que han colocado sus temas en la agenda de discusión y que al parecer ocuparán un lugar importante cuando se definan las elecciones federales.

Por ejemplo, la proyección del documental DePanzazo si bien dejó instaurada la idea de que el sistema educativo funciona pésimamente, lo que permanece y sobre lo que ha insistido el grupo que respalda el documental, es que se debe dar paso a la evaluación universal de los profesores –entre otros tipos de evaluación-- y de que los resultados se deben hacer públicos. La propuesta ya ha obligado a tomar posición a la autoridades educativas, a especialistas y algunos de los candidatos.

Otro caso es la reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior, sancionada por la actual legislatura, la cual deberá lograrse plenamente para el ciclo escolar 2021-2022 y que aparece como punta de lanza para implementar los presupuestos plurianuales. Una propuesta que también podría formar parte de un eventual programa de gobierno.

También está la serie de preguntas, sobre 14 temas, que formularon mediante desplegado público diferentes personas de la vida pública, con las cuales buscan definiciones puntuales de los actuales aspirantes a la presidencia. El asunto es decisivo porque la autoridad electoral tomará las preguntas para un primer debate. Por cierto, en la serie de temas aparece educación, pero lamentablemente también a los preguntones se les olvidó la ciencia y la tecnología.

Igualmente está la posición expresada por ANUIES sobre los plazos y requerimientos financieros para ampliar la cobertura a 50 por ciento del grupo en edad de cursar estudios superiores. Una idea que inevitablemente estará en discusión en cualquier programa de gobierno. Lo mismo que, como lo señalamos aquí hace un par de semanas, el relativo consenso que se ha generado sobe la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología propuesto por múltiples actores.

Entonces, es posible que en los meses próximos aparezca otras voces fuertes y que también sea mayor el retraimiento de los candidatos y sus equipos de campaña. En tal escenario faltaría resolver cómo se podrían integrar las propuestas.


(Publicado en Campus Milenio. No. 457. Abril 12, 2012)