viernes, 31 de marzo de 2017

Modelo Educativo: las explicaciones que faltan

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 699. Marzo 30, 2017. Pág.  5)

No, desde luego no es necesario dar respuesta puntual a los 80 mil registros o los casi 300 mil comentarios que se expresaron en los foros de consulta del año pasado sobre el Nuevo Modelo Educativo 2016. No obstante, sí hace falta una explicación pública sobre aquellas propuestas, recurrentes, que se formularon y no fueron incluidas.

En la cultura política de México no está arraigada la participación social en la vida pública y en la toma de decisiones. Las razones son muy variadas, pero en ese conjunto ha sido sobresaliente la captura de los espacios de discusión o simular que sí se toma en cuenta la opinión de los gobernados, estos últimos lo saben y han ejercido con abundancia el recurso de la indiferencia.

El campo de la educación no ha sido un ejemplo de prácticas democráticas y participativas, a pesar de su alta especialización y la concentración de inteligencia. Ahí tenemos el caso de los Consejos de Participación Social, tienen más de dos décadas tratándose de poner en marcha y todavía no son una realidad.

Entonces, instaurar un mecanismo para considerar la opinión de diversos sectores, como los foros de consulta de 2014 y 2016 sobre el modelo educativo, es un tema a analizar y tan relevante como lo es propio modelo que se propone. Aunque tampoco cabria sobreestimarlo.

Si la cultura de participación social en temas relevantes de interés público es prácticamente inexistente, también son escasos los dispositivos para recolectar las opiniones y procesar las posibles propuestas. La experiencia nacional se limita a sondeos de opinión y a la realización de los foros de consulta popular sexenales.

El sistema de planeación Democrática, previsto en la Constitución y en la ley de planeación, establece la consulta popular como mecanismo para el diseño de los planes. Sin embargo, desde el comienzo de los años ochenta, fecha en la que puso en marcha, la consulta solamente es para cumplir con la norma y para otorgar ese aire de legitimidad que requieren las decisiones. En realidad, nadie sabe qué propone quién, ni cómo o por qué se llega a tales o cuales resultados.

Los foros de consulta sobre el modelo educativo del año pasado ensayaron un camino diferente. Tres meses después de finalizados los foros, el CIDE, a través de su Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, presentó un informe con los principales resultados de la consulta. En el mismo documento se aclaró que “no involucraron la generación de valoraciones propias sobre el nuevo planteamiento propuesto, sino únicamente ordenar y sistematizar las opiniones de los diversos participantes en el proceso de consulta” (p. 16).

También precisaron que el análisis y sistematización de la información se realizó con el software Atlas.ti. Un programa informático útil y relativamente conocido por quienes optan por el análisis cualitativo de los datos. El asunto aquí, y conviene reconocerlo, es que explicar cómo se analizaron los datos y presentar públicamente los resultados constituye un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, dado que los resultados de los foros de consulta son públicos y están sistematizados (un documento de casi 300 páginas), la autoridad educativa no solamente está obligada a informar qué de esos resultados incorporó, también debiera explicar porqué omitió otros tantos.

En los documentos sobre el modelo educativo del pasado 13 de marzo, la autoridad nos muestra que recuperó diferentes de sugerencias de los foros de consulta. Por ejemplo, nos dice que se incorporaron las propuestas para una mejor relación horizontal entre los aprendizajes esperados entre cada nivel educativo, también hizo caso de aquellas opiniones que demandaban una mejor gradualidad entre los niveles educativos. O bien, asumió el reconocimiento de la educación en lenguas indígenas o que debía presentar las principales innovaciones del modelo educativo, entre otras sugerencias.

No obstante, también hace falta que explique qué opiniones y propuestas no consideró pertinentes, por los menos las más importantes y reiteradas que aparecen como resultados agregados de la consulta. Tomemos por caso lo concerniente a la educación inicial.

El informe de la consulta destaca: Si bien se registra una opinión favorable en relación al perfil de egreso, un comentario recurrente en la consulta es la solicitud de incluir la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica. Al respecto, los participantes refieren la gran relevancia de promover, desde la edad temprana, el desarrollo de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de las niñas y los niños a fin de contribuir al logro de aprendizajes fundamentales en años posteriores. Para aquellos ciudadanos y actores que expresaron su opinión sobre este tema durante la consulta pública, resulta desconcertante que una etapa del desarrollo tan relevante, y que la evidencia científica disponible indica resulta clave, no sea considerada adecuadamente en la propuesta (p. 37).

Tampoco lo fue en la propuesta más reciente. En este tema, como en otros no considerados, la autoridad educativa debe argumentar por qué los omitió o los juzga irrelevantes.

jueves, 23 de marzo de 2017

Becas de ciencia y tecnología: ¿La gota que derrama el vaso?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
(Publicado en Campus Milenio No. 698. Marzo 23, 2017)
¿La demora en responder, la ausencia de argumentos o los errores en las decisiones de Conacyt son deliberados? Podría ser o no. Lo cierto es que el organismo rector de la política científica y tecnológica parece empeñado en atizar rebeliones en el sector y levantarse de espaldas a la solicitud de explicaciones. El tema de las becas es el caso más reciente. 
Todo comenzó con el ajuste para determinar el monto de las becas para estudios de posgrado nacionales. La modificación, como debió ocurrir con el conjunto de normas que estaban fijadas al salario mínimo, obedeció al decreto de reforma constitucional de enero de 2016 que mandató la desindexación del salario mínimo de todas aquellas regulaciones que lo tenían como base de cálculo.


El cambio en el primer párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional, claramente indicó que “el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza” (DOF. 27.01.2016: 3). Uno de los primeros pasos, necesario e importante, para establecer una política de mejora del salario sin alterar múltiples leyes que estaban vinculadas.


En lugar de unidades de salario mínimo, el Inegi calculará el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) “que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”. Es decir, en adelante será la UMA la unidad de referencia en el cuerpo de leyes, no el salario mínimo. 

En estas mismas páginas, a propósito del nuevo reglamento del SNI del pasado mes de enero, comentamos la modificación constitucional y sus implicaciones para determinar los montos actuales de incentivo para los investigadores (Campus Milenio No. 691). Por cierto, en ese momento, por alguna razón que hasta ahora se desconoce, en ese nuevo reglamento no se tomó como referencia la UMA. Posteriormente, Conacyt informó que para el segundo trimestre de este año se actualizaría conforme la UMA. Quién sabe por qué lo primero y también lo segundo. 

En fin, regresando al asunto de los becarios y la UMA como unidad de referencia, al entrar en vigor en enero de este año, los estudiantes beneficiarios hicieron sus cuentas y determinaron que con la nueva base de cálculo, a la larga, recibirían un monto menor y comenzaron a inconformarse. Desde luego, las autoridades de Conacyt, no se ocuparon de informar la nueva disposición, tampoco de la importancia que tiene la UMA para mejorar el salario mínimo ni de precisar cómo era el cálculo de los nuevos montos de beca —ahora dicen que lo hicieron con los coordinadores de los programas de posgrado—, hasta que fueron creciendo las protestas de los estudiantes. 

Las autoridades del sector, al error en la comunicación sobre la entrada en vigor de la UMA como unidad de referencia, sumaron otro error más: el plazo de emisión de la convocatoria  de becas nacionales y la anticipación de sus términos. Esto es, algunos programas de instituciones de educación superior, pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), realizaron su proceso de selección en el último trimestre del año pasado y comenzaron sus cursos en este año, cuando todavía no salía la convocatoria de becas Conacyt.

La sorpresa, para múltiples programas, y el caso de la UAM es ilustrativo, es que el mes pasado, cuando se emitió la convocatoria, ahí se anotaba que la asignación de becas sería “con base al número de becas otorgadas en periodos pasados” y conforme la disponibilidad presupuestal. 

El problema es que varios programas, respecto de periodos anteriores, aceptaron un número mayor de estudiantes y, conforme a las nuevas disposiciones, ahora es posible que una buena parte de jóvenes no cuenten con becas de apoyo. Las autoridades de la UAM-Iztapalapa, en carta pública, han dicho que “la decisión tomada afecta gravemente el desarrollo del posgrado en el conjunto de universidades” (17.03.2017).

En estricto sentido, las autoridades de Conacyt tienen razón cuando señalan que prometieron no recortar el número de becas: el volumen se mantiene, aunque no crece. El problema es que una de las bases de funcionamiento de los programas pertenecientes al PNPC era que, en principio, todos sus estudiantes podían contar con becas de apoyo y el número sería creciente. Ese era uno de los principales incentivos de pertenencia al Padrón, tanto para las instituciones como para los jóvenes aspirantes. Y muchos de estos últimos hacen planes en función de tales incentivos. 

Si ahora resulta que son otros los términos de las becas, es un cambio de señal importante que debió comunicarse con anticipación a los destinatarios. Pero no, otra vez, solamente una ausencia de explicaciones de la autoridad del sector; una sucesión de hechos consumados que buscan salida, tarde y mal.

jueves, 16 de marzo de 2017

Investigación científica y desarrollo experimental: El cambio en el gasto

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 697. Marzo 16, 2017. Pág. 5) 


La cifra oficial más reciente sobre el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) dice que, para el 2016, alcanzaba una proporción de 0.54 por ciento como porcentaje del PIB. Es el número que apareció en septiembre del año pasado en el anexo estadístico del más reciente Informe de gobierno. Es una cantidad estimada cuyo volumen también se repite para el 2014 y el 2015.

Sin embargo, en nota a pie de página, en el mismo anexo estadístico dice: “Los datos de 2007 a 2013 difieren de los publicados en el Tercer Informe de Gobierno, debido a que se calcularon considerando la reclasificación de acuerdo a la nueva versión 2015 del Manual Frascati de la OCDE, que especifica que se debe contabilizar como IDE el trabajo realizado por estudiantes de doctorado y maestría. A partir de 2014 datos estimados que consideran las recomendaciones de dicho Manual” (Pág. 239)

Y sí, efectivamente, si uno compara los datos del GIDE en los dos Informes de Gobierno más recientes, los números no coinciden. Aunque, en todo caso, la modificación no se produce a partir del 2014, el año previo a la reclasificación del Manual Frascati, la diferencia se va más atrás, a partir del 2007 que fue cuando se revisaron las Cuentas Nacionales. Así que las cifras sobre el GIDE y la participación relativa de los sectores público y privado se ha deslizado varias centésimas en la última década.

¿Y esto qué tiene de relevante o por qué nos debería importar la cifra del GIDE y sus variaciones? En primer lugar, estimado lector, seguramente usted lo tiene presente, se trata de uno de los principales indicadores que la actual administración se planteó como objetivo y meta sectorial: contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el uno por ciento del PIB para el 2018.

Así es, se trata del compromiso que hizo el actual gobierno desde los tiempos de campaña y que después se fue ajustando en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial. De hecho, al comienzo se asumió que el incremento sería por cuenta del sector público y especialmente del gobierno federal, luego se fue precisando y al final quedó que sería una contribución tanto del sector público como del sector privado (gasto nacional).

En segundo lugar, y tal vez más importante, el GIDE es el volumen de recursos financieros aplicados a la generación de nuevo conocimiento. Esto supone que mientras mayor sea el volumen de recursos dirigido a este rubro, el desarrollo económico y tecnológico será más intenso, por lo tanto habrá más inversión, se crearán más empleos de mejor nivel y habrá un mayor bienestar social. Si uno ve en perspectiva el desarrollo de diferentes naciones las cosas no son tan sencillas, pero, por ahora, solamente pongamos el acento en los eventuales beneficios de este tipo de gasto.

En tercer lugar, el GIDE es el indicador internacional que permite establecer comparaciones certeras sobre el volumen de recursos que cada nación destina a ese rubro. El Manual Frascati, desde mediados de los años sesenta, ha sido el documento técnico de referencia, aceptado por diferentes organismos, como la OCDE, UNESCO y la Unión Europea, para establecer estándares de recolección y publicación de los datos estadísticos de la IDE, en el que se incluyen los recursos financieros y humanos.

Según el Manual Frascati (2015), la IDE “comprende el trabajo creativo y sistemático efectuado para incrementar el volumen de conocimientos, incluyendo el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones (pág. 44). Además debe satisfacer cinco criterios: novedosa, creativa, incierta, sistemática, transferible y/o reproducible.

La definición de la IDE ha sido consistente y relativamente permanente en las diferentes revisiones del Manual Frascati. No es fortuito, se le considera como la parte medular de las actividades científicas y tecnológicas. Las otras dos actividades complementarias son: i) la enseñanza y la formación científica y técnica, y ii) los servicios científicos y tecnológicos.

En los últimos 50 años, el Manual ha sido reformulado en cinco ocasiones, la más reciente es la sexta y es donde se sugiere incluir en el GIDE la inversión en la formación, la cual estaba anteriormente excluida en el cálculo. Nacionalmente, la reclasificación, como ya lo indicamos, se operó en el Informe de gobierno del año pasado.

Sin embargo, desde el 2014 ya se había aplicado la reclasificación en el “Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación” de ese año. Este último, para efectos prácticos, es la publicación de Conacyt con la información oficial más completa y desagregada del sector. El problema es su actualización, el más reciente corresponde a 2014 y sí, lo que quiere decir es que en materia de GIDE, al menos durante 2015, unas eran las cifras del Informe de gobierno y otras las del sector.

En fin, lo cierto es que la meta de inversión no se cumplirá, pero tal parece que unas centésimas de proporción del PIB o la precisión de los números no parece tener relevancia. Todavía faltan los resultados de la más reciente encuesta para calcular la inversión privada en el sector (ESIDET) para completar la tendencia del GIDE, de lo cual nos ocuparemos en próxima entrega.

viernes, 10 de marzo de 2017

Recursos para ciencia y tecnología. Las organizaciones autorizadas para recibir donativos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 696. Marzo 9, 2016. pág. 5)

Es una cifra abultada y algo sorprendente. Suman casi 200 organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) que establecen como su objeto principal la realización de investigación científica o tecnológica.

El dato tiene relevancia por varias razones. Por un lado, sigue siendo relativamente complicado establecer con cierta precisión qué instituciones y organizaciones realizan actividades de investigación, bajo qué condiciones la realizan, cuáles son sus resultados y qué volumen de recursos financieros utilizan. Así que un listado de organizaciones que declarativamente afirman cumplir con tales fines puede resultar útil.

Por otro lado, en este país parecía que la mayor parte de investigación solamente tenía lugar en las instituciones estrictamente académicas, unos cuantos laboratorios y pocos, muy pocos, centros en la industria. Pero viendo los nombres y las cifras de empresas autorizadas, tal parece que existen cientos de organizaciones civiles que realizan actividades de investigación científica o tecnológica. ¿Será?

Una tercera razón, y tal vez la más importante, es el asunto de los recursos financieros que se dedican a la actividad científica y tecnológica. Más allá del gasto federal en el sector, cuyos montos aparecen especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, también ha resultado difícil establecer con certidumbre el volumen exacto y los rubros de inversión.

Entonces, un listado de organizaciones autorizadas para recibir donativos puede complementar perfectamente la información sobre el nivel de inversión en las actividades científicas y tecnológicas. Todavía más si se establece el volumen de recursos que reciben y el destino de esos montos.

El ISR, como se sabe, es un impuesto directo que se aplica a los ingresos y bienes adquiridos (diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas) de todas las personas físicas y morales, pero están exentas las herencias y las donaciones. Si una organización es autorizada para recibir donaciones deducibles, el donatario otorgante ya no ingresa ese impuesto a la Hacienda.

¿Qué condiciones debe reunir una organización para que pueda ser autorizada? La principal es que al momento de constituirse como organización civil, su objeto social, su actividad preponderante, la que está indicada en sus estatutos, debe ser alguna de las que están previstas para recibir donativos. La norma prevé al menos una docena: asistenciales; educativas; culturales; de investigación científica y tecnológica; ecológicas; de preservación de especies en peligro de extinción; becantes, de escuela-empresa, entre otras.

En el caso de organizaciones que declaran como su objeto social la actividad de investigación científica o tecnológica, la norma también prevé que deben ser organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) del Conacyt.

Desde el comienzo de los años 2000 y hasta ahora, el Reniecyt es la principal base de datos de instituciones, centros, organizaciones, personas y empresas, públicas y particulares, que realizan actividades científicas y tecnológicas en México (pasó de 251 instituciones y empresas en 2001 a más de 8 mil en 2015). Desde luego, estar en el Registro es un prerrequisito para recibir el beneficio, pero no lo garantiza. De hecho, la obtención de la deducibilidad es un proceso sumamente dilatado que a menudo abandonan los solicitantes.

El listado de organizaciones civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica autorizados para recibir donativos deducibles del ISR suman 182 (“Anexo 14 de la Resolución de Miscelánea Fiscal 2017”. DOF 09.01.2017). Están algunas de las principales academias, como la Mexicana de Ciencias o la de Historia, igual que los centros de Estudios Educativos, Estudios Espinoza Iglesias, o los institutos de Innovación en Ciencias y Artes o el de Estudios y Divulgación sobre Migración. También aparecen organizaciones como Mexicanos Primero, Mexicanos vs Corrupción e Impunidad o México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

Algunas de las instituciones y organizaciones también están autorizadas para recibir donativos del extranjero, la mayoría de las mencionadas en el párrafo precedente y otras. En total, suman más de medio centenar e incluye organizaciones como los centros de Análisis de Datos o el de Análisis y Medición del Bienestar Social. O bien, el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada o el Colegio Mexiquense.

En fin, el listado de organizaciones está, lo que todavía no sabemos es de qué volumen de recursos financieros estamos hablando.

Posdata: a) Y sí, la actual ley del ISR incluye el capítulo IX: “del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología”.
b) Está más que claro: para cambiar o nombrar nuevo titular en el SNI no hace falta ninguna norma o reglamento; tampoco para modificar el reglamento mismo.

Fondos para CyT: un contrapeso a la discrecionalidad acumulada

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 694. Febrero 23, 2017. pág. 5)

“En términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), responsable de las operaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Este es parte de uno de los cinco dictámenes del reciente informe emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre programas del organismo rector de las políticas científicas.

El documento general del informe permanece en reserva hasta que es entregado a la Cámara de Diputados (máximo el 20 de febrero de cada año), cuando eso ocurre ya es del dominio público y se puede consultar. El informe contiene los resultados de las auditorias a las políticas y programas gubernamentales, también acerca del desempeño de las entidades sujetas a fiscalización, así como lo concerniente al manejo del ingreso y gasto público.

Aunque la ASF toma muestras de cada sector, el universo que incluye el informe de resultados de la cuenta pública es relativamente voluminoso (para la cuenta pública 2015 suman más de 1,600 auditorias). De hecho, todos los entes que ejercen recursos públicos federales son auditables, sean particulares o constitucionalmente autónomos (como algunas universidades) o perteneciente a alguno de los tres poderes de la Unión o nivel de gobierno (municipal, estatal o federal).

Las auditorias constituyen uno de los pocos instrumentos de contrapeso a las decisiones y desempeño discrecional del poder público. A pesar de que se ciñen a un marco normativo sumamente rígido y las valoraciones, algunas veces, siguen una lógica administrativa incomprensible, sus resultados son de los escasos indicadores que tiene la ciudadanía para calificar las actividades gubernamentales.

En el caso del Conacyt, el informe más reciente de la ASF, auditó cinco diferentes programas: 1) El Fordecyt; 2) El de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; 3) Apoyos para el fortalecimiento en materia de infraestructura científica y tecnológica; 4) Auditoria de TIC; y 5) Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas.

De acuerdo el informe de la ASF, el primer programa, el Fordecyt, como se indicó al inicio de este texto, tiene diferentes faltas: en los recursos acumulados al final del 2015, se incluyen 810 millones de pesos “de cuyo importe sólo se otorgaron 203 millones 205 mil pesos para proyectos de investigación (25.1 por ciento), por lo que el Fordecyt no cumplió con la gestión financiera de la administración y operación del Fondo Institucional para el Desarrollo, Científico, Tecnológico y de Innovación, con lo que incumplió el objetivo para el que fue creado” (p. 790).

En consecuencia, la ASF recomienda a la Cámara de Diputados que “verifique la disponibilidad y excedentes” del Fordecyt, puesto que al 31 de diciembre de 2015, contaba con recursos acumulados por casi dos mil millones de pesos, incluyendo lo que no se distribuyó de los 810 millones de pesos.

Los datos de la auditoria revelan un subejercicio y ponen en cuestión el supuesto incremento reportado por el gobierno federal en su 3er Informe de gobierno: “En los primeros tres años de la actual administración, el gobierno de la República incrementó de manera sostenida la inversión en CTI en los estados y regiones del país a través del Fordecyt. En 2015 canalizó recursos presupuestarios por 810 millones de pesos, 30.6 por ciento más en términos reales que en 2014” (p. 333). ¡Sí, la cantidad fue superior, pero no fue distribuida! Grave.

Otro caso, el segundo programa, el de Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas y tecnológicas, en el que se revisaron los subsidios otorgados por Conacyt  para atender demandas. La opinión de la ASF es que el organismo puso en marcha el programa con deficiencias en su diseño, puesto que no definió con precisión a su población objetivo; y desconoció el efecto de los apoyos otorgados mediante el programa en el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas”.

La misma ASF recomienda que Conacyt disponga de mecanismos para cuantificar el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las dependencias y entidades de la administración pública federal. AFP. Sin embargo, el mismo gobierno federal reportó que había promovido un desarrollo integral.

En fin, según el artículo 32 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, la que rige la actuación de la ASF, las entidades fiscalizadas, tienen 30 días hábiles, a partir de que reciben las observaciones y recomendaciones, para presentar la información y consideración que estimen pertinentes.

Algunas fallas encuentran su explicación en la intrincada dinámica administrativa, pero otras son de una negligencia francamente inadmisible. ¿De cuáles estamos hablando? Pronto lo sabremos.