La hora de la puesta en marcha: educación y ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

 El diseño, las negociaciones, los acuerdos y las decisiones parecen ser lo propio de esta administración. Nada mal, sobre todo si en el periodo anterior lo usual eran las rutas divergentes entre poderes, la incapacidad de gobierno o los frágiles intercambios.

No obstante, tampoco es suficiente un buen diagnóstico, ni centralizar y tensar los hilos de la política para llegar a acuerdos, sea con argumentos o instrumentos disuasivos (como las controversias constitucionales). Los primeros indicadores en materia económica están a la vista.

Si no se atienden las formas y mecanismos de la puesta en marcha, la imagen de magros resultados, cuando no contraproducentes, se repetirá en los diversos campos de actuación gubernamental, incluyendo el terreno educativo y por supuesto el de la ciencia y la tecnología.

Transcurrido más de un año de ejercicio, con los acuerdos del Pacto por México traducidos en un Plan Nacional de Desarrollo, con lineamientos para casi todo el conjunto de programas y con la serie de reformas aprobadas por el Congreso, llegó el momento de abandonar el artículado de la norma y pisar el terreno de los hechos.

Las principales iniciativas para el sector educativo, realmente dirigidas a modificar su núcleo, apenas iniciaron o están por ponerse en marcha. No solamente es la confianza sobre los números del censo escolar para establecer un eventual sistema de gestión, la reducción sustancial del rezago educativo o la puesta en acto de la selección de profesores a través de mecanismos de evaluación, lo cual sin duda ha requerido y demandará un esfuerzo importante.

Faltan los resultados de esa consulta nacional que está en curso desde el pasado mes de febrero y que, se supone, culminará, nada menos, en la revisión del modelo educativo en su conjunto, lo que incluye a la educación básica, media superior y normal. Según se anticipó en la convocatoria correspondiente, la consulta finalizará con tres foros nacionales a realizarse en la primera quincena del mes próximo y habrá conclusiones de los foros para cada nivel.

En última instancia, los cambios en la norma, el establecimiento de un sistema de gestión, los mecanismos de evaluación o los procesos de consulta, son medios e instrumentos para alcanzar un sistema de calidad y un mejor aprendizaje de los alumnos. Si no es el caso, carecen de relevancia.

Una situación relativamente similar se aprecia en la ciencia y la tecnología. En lo que toca a los recursos financieros que determina la ley, lo del uno por ciento respecto al PIB, ha quedado especificado en los documentos normativos que no se trata del gasto en ciencia y tecnología en general, sino del indicador de gasto en investigación y desarrollo experimental.

El incremento en el presupuesto comenzó el año pasado y continuó en el actual. Sin embargo, por una parte, falta ver si se sostiene el incremento en el periodo y en qué proporción; por otra, cuáles son los rubros a los que se canalizará el aumento y qué resultados se esperan.

La importancia de los recursos es clara: es la palanca de medidas que están en ciernes. Por ejemplo, las Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores, un programa de espacios laborales dirigido a doctores recién egresados. El programa está en curso y todavía no se conocen los resultados de la primera convocatoria, tampoco la recepción institucional que ha tenido y menos si se ampliará su volumen, se conservará o qué ocurrirá.

Otro programa de alta expectativa que también depende de los recursos es el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). Una iniciativa en conjunto con el gobierno estadounidense que busca incrementar la movilidad estudiantil y los procesos de formación de jóvenes entre ambos países: 100 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos y 50 mil de Estados Unidos en México para el 2018.

El mes anterior señalamos que las cifras no se están moviendo muy rápido para hacer factible la meta de movilidad estudiantil (Campus No. 555), aunque los funcionarios de ambos países siguen dialogando.

 Por último, está la entrada en vigor de las modificaciones normativas para regular e impulsar el acceso abierto a la información científica y académica. El acceso abierto es de suma importancia y el manejo del Repositorio Nacional estará bajo la responsabilidad de Conacyt. La norma ya está, ahora solo falta ponerla en operación.

Todavía es poco tiempo para pedir resultados, pero viene la etapa más complicada y las exigencias irán en aumento.

(Publicado en Campus Milenio No. 561. Mayo 29, 2014, p.4)

¿El SNI en la agenda?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Después de tres décadas de funcionamiento y un primer congreso: ¿cuáles son los planes para el Sistema Nacional de Investigadores? Aparte de fortalecerlo y expandirlo un poco más, ninguno. Al menos, formalmente, no está a la vista un cambio profundo del programa, aunque modificaciones sistemáticas y relevantes se han registrado.

 El próximo mes de julio se cumplirán 30 años de que se estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El 27 de julio de 1984 se publicó el acuerdo de creación, era el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado y la etapa sumamente crítica de la década perdida de los años ochenta.

 La instauración del SNI, como un programa especial que permitiera a las plantas académicas atemperar los efectos de la debacle económica de esos años, retenerlos en el país y, en lo posible, impulsar su trabajo.

 Sin embargo, lo que en ese entonces parecía un programa de emergencia, transitorio, se ha quedado instalado como uno de los principales instrumentos para distribuir recursos complementarios al salario base de los académicos. Una forma de diferenciar el trabajo académico y de asignar prestigios. Lo provisional, como suele ocurrir con frecuencia, se volvió permanente.

A lo largo de estos años el SNI ha crecido, pero no como cabría suponer; conserva la proporción de sus niveles y tal parece que está lejos su punto de inflexión. Inició con 1 mil 396 investigadores y la estimación para el año pasado era de 19 mil 747 investigadores.

 En sus tres décadas, una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 11 por ciento; incluida su caída del inicio de los años noventa y la aceleración de la última década. Un ritmo de crecimiento y un volumen global relativamente modestos, particularmente si consideramos el tamaño total de la planta académica y las tasas de egreso del doctorado de la última década.

 A pesar del crecimiento, es notable la conservación de sus niveles; son prácticamente las mismas proporciones antes y ahora. En 1984: 15 por ciento candidatos a investigador; 57 por ciento los investigadores nivel uno; 19 por ciento los nivel dos; y 9 por ciento los nivel tres. En el 2012: 19, 54, 18 y 9 por ciento, respectivamente.

 Tal vez la estrechez en los dos extremos del SNI, los candidatos a investigador y en los de mayor nivel, expresa precisamente la necesidad de modificar el Sistema. Mayores y mejores oportunidades para el ingreso y ascenso para los jóvenes. Lo mismo que condiciones justas y decorosas para el retiro de los investigadores nivel 3. 

 Por otra parte, en este mes se cumplieron cuatro años del I Congreso de Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), realizado precisamente para celebrar los 25 años del programa, pero sobre todo para valorar su funcionamiento y sus efectos, lo mismo que para recoger las eventuales propuestas de cambio.

 Los organizadores del congreso habían dicho que tras las discusiones registradas en el foro y el análisis de los documentos, vendría una sistematización de los debates y una renovación a fondo del SNI. Pero no, pasaron los años y nada; no se dieron a conocer los resultados y menos los proyectos de transformación.

 Tampoco se sabe si esta administración considera un cambio importante, básicamente porque no se ha publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, aunque ya tendría que conocerse desde el último día del pasado mes de abril. Lo único que se conoce es el programa institucional de Conacyt para el período.

 Una de las estrategias del programa se refiere, precisamente, a fortalecer el SNI. Principalmente a través de un incremento de casi 7 puntos porcentuales de investigadores vigentes en el SNI, respecto de la población con estudios de doctorado ocupada en ciencia y tecnología (pasar de 38.5 a 45 por ciento en el periodo).

 El Acuerdo de creación del SNI ha permanecido incólume con su principio de evaluación del rendimiento individual y complemento del salario, pero sus reglamentos y normas de operación han registrado múltiples cambios: ampliación y pago total a investigadores de instituciones particulares; modificación de sus comisiones; procedimientos y periodos de evaluación para los investigadores de mayor edad; inclusión de órganos de revisión, etcétera.

 Tal vez, después de 30 años, ya es tiempo de que el SNI figure como punto principal en la agenda de discusión. Si los cambios siguen ingresando por las rendijas de la normatividad, escaparán por la puerta principal.

(Publicado en Campus Milenio No. 560. Mayo 22, 2014, p.4)

Una campaña para abatir el rezago educativo

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Las iniciativas que se pondrán en marcha para disminuir el rezago educativo ya forman parte del inventario de compromisos de este gobierno. Nada menos: propone reducir a casi la mitad el número de personas que no saben leer ni escribir y cinco por ciento el de las personas que no han concluido su educación primaria o secundaria.

Las metas que se habían anunciado hace un mes con las autoridades educativas estatales, con cierta generalidad e imprecisiones, ahora están explícitamente formuladas en el programa institucional “Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018”, publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Los programas institucionales, como al que ahora nos referimos, están previstos en la normatividad administrativa y constituyen la carta de navegación de las entidades para alcanzar sus objetivos. Aunque lo común ha sido su naufragio en la ambigüedad del lenguaje.

Sin embargo, a partir de los años 2000, la planeación y la elaboración de documentos programáticos han incorporado, correctamente, indicadores que permiten valorar su cumplimiento o no. La administración de Vicente Fox los incluyó, por primera vez, en los programas sectoriales y esta administración, también por primera vez, los incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por cierto, en el PND 2013-2018, en materia educativa, uno de los dos indicadores seleccionados fue la prueba Enlace. La posterior controversia sobre Enlace parece que culminó en su abandono. Por lo menos los puntajes de la prueba Enlace no fueron recuperados en el programa sectorial, aunque no se ha hecho, como debiera, la rectificación al PND.

El diagnóstico del actual Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo recupera los conocidos datos de INEGI. Por ejemplo, señala que en México existen 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir, de las cuales poco más de un millón tienen limitantes físicas o mentales y otras 400 mil rebasan los 80 años de edad. Por tanto, dice el programa, “la población objeto del programa son 3.8 millones de personas entre los 15 y los 79 años”.

A su vez, de los 3.8 millones identificados como población objetivo, casi tres millones tienen entre 30 y 69 años; la porción restante se divide casi en partes iguales entre 15-29 años y entre 70-79 años. Es decir, la mayor proporción de personas que no saben leer y escribir tiene entre 30 y 69 años.

Del total de la población objetivo, el programa estima alfabetizar en el periodo de esta administración a 2.2 millones personas; pasar de un índice de analfabetismo de 6.9 a 3.4 por ciento. Es decir, poco más de la mitad de la población objetivo, pero menos de la mitad de la población analfabeta total.

La reducción que se propone es muy relevante. Tómese en cuenta que en los últimos 25 años, en números absolutos, el número de personas analfabetas apenas disminuyó en 1.3 millones. Esto es, en1990 el número de personas analfabetas sumaba 6.1 millones y la última cifra disponible indica que son 4.8 millones (aunque en términos relativos disminuyó a poco menos de la mitad, pasó 12.4 a 6.4 por ciento de la población mayor de 15 años).

Quizás por el volumen de las cifras, el director del INEA, Alfredo Llorente Martínez, señaló que la campaña de alfabetización que se pondrá en marcha, “es un esfuerzo sin paralelo en la historia reciente del país”, dado que en sexenios anteriores la cifra de alfabetizados ha sido, en promedio, de 110 mil por año (Comunicado No. 115)

Lo sorprendente es que el programa institucional, salvo la mención de que reducirá en 5 puntos porcentuales al rezago educativo, no establece metas específicas en lo que concierne al número de personas que deberán concluir su educación primaria y/o secundaria. Aunque el director del INEA ha señalado que serán alrededor de 5 millones de personas

En fin, como lo hemos dicho, si verdaderamente logramos reducir la actual cifra de 32 millones de personas en situación de rezago educativo, sean siete u ocho millones menos, avanzaremos de forma significativa. El rezago es uno de los rasgos más visibles de la desigualdad y la injusticia social en México; una piedra atada al desarrollo nacional. Así que debemos preocuparnos y ocuparnos por abatirlo a la brevedad.

Posdata: Señores diputados ¿cómo van los trabajos, después de un año de instalada, de la Comisión de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad?

(Publicado en Campus Milenio No. 559. Mayo 15, 2014, p.4)

Otra vez incumplimiento gubernamental: PECITI 2014-2018

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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En el periodo anterior, la gestión se demoró más de medio año en publicar su correspondiente Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). La actual administración debió publicar su Programa la semana pasada; no lo hizo, a pesar de lo que dice la norma.

El incumplimiento seguramente será subsanado en el transcurso de algunas semanas o meses más. Sin embargo, ilustra claramente lo que parece ser la regla y no la excepción de la vida pública en el país: las normas van por un lado y los comportamientos y los hechos por otro.

En nuestro frágil marco institucional abundan los ejemplos. Desde las grandes porciones de territorio y población sustraídos al Estado de derecho, el incumplimiento reiterado de preceptos establecidos en la Constitución, hasta las frecuentes y variadas transgresiones del ciudadano en la vida cotidiana.

Sin embargo, cuando se trata de instituciones fundamentales para la sociedad, como lo es el gobierno federal, el incumplimiento de las normas adquiere mayor visibilidad y también es mayor su capacidad de influencia en el entorno, por lo que no son irrelevantes sus omisiones al respecto.

Los cambios a la ley de ciencia y tecnología del 2002, como lo hemos dicho una y otra vez en este espacio, le confirieron al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), la máxima capacidad como órgano de política y coordinación del sector, pero una muy escasa funcionalidad.

El Consejo, cómo órgano cúspide del sistema de ciencia y tecnología, se diseñó siguiendo la idea de que las cosas solamente funcionan conforme más cerca estén de los tomadores de decisión de más alto rango.

Por supuesto, en el esquema centralista y altamente jerárquico, el Consejo tenía que ser presidido por el ejecutivo federal e integrar a secretarios de Estado –los nueve que tienen mayor relación con la ciencia y la tecnología—, diez representantes de diversas instituciones y sectores, además del director de Conacyt. Esto es, una veintena de altas autoridades.

La primera y principal función del Consejo es “Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional” (artículo 6).

A su vez, como segunda función, debe “Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Es decir, el Consejo es el órgano facultado para autorizarlo o no; mientras no lo haga simplemente no hay tal programa, como sucedió en la administración anterior y como hoy ocurre.

El problema, y esto es casi desde que entró en vigor la ley de ciencia y tecnología en el 2002, es que muy pocas veces se reúne el pleno del Consejo. A pesar de que la misma ley establece que debe sesionar por lo menos dos veces al año de forma ordinaria, pocas, muy pocas veces se ha reunido desde que se instaló. En los casi 14 años de existencia no suman más de tres o cuatro ocasiones.

Los problemas de agenda del Presidente de la República, así como las múltiples y variadas actividades de los secretarios de Estado han dificultado la convergencia, funcionamiento y efectividad del Consejo. Entonces, parece que resultó contraproducente la idea y el diseño del órgano.

El Peciti, como programa especial, lo es porque se refiere a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o “a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector” (artículo 26 de la ley de planeación).

En los lineamientos del PND quedaron establecidos nueve programas especiales:  Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Cambio Climático; Cultura y Arte; Cultura Física y Deporte; Ciencia, Tecnología e Innovación; de los Pueblos Indígenas; Migración; Producción y Consumo Sustentable; y para Democratizar la Productividad. También se fijó su publicación, a más tardar, para el último día del pasado mes de abril.

Pero no, de los nueve programas especiales considerados, solamente el Peciti no se publicó, ni en tiempo ni en forma. Todavía en julio del año pasado, en la reunión de la junta de gobierno de Conacyt, se especulaba que el Programa podría estar listo antes de la fecha límite.

Quizás como una forma de compensar la ausencia del Peciti, Conacyt publicó su Programa Institucional 2014 – 2018. Se parecen, pero no son lo mismo. Tal vez llegó la hora de valorar la conveniencia de preservar al CGICDTI tal y como está.

(Publicado en Campus Milenio No. 558. Mayo 8, 2014, p.4)

La regulación de la política: tecnologías y espacios para la participación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana y en la esfera pública ha sido vertiginoso en la última década. En México, entre el 2005 y el 2012, el PIB de telecomunicaciones creció cuatro veces más que el PIB total.

En el año 2000 las suscripciones a banda ancha alcanzaban el 0.1 por ciento de la población nacional; la densidad de la telefonía móvil el 14 por ciento; y el número de usuarios de Internet se calculaba en 5 millones de personas. Las estimaciones para el 2013, sitúan los mismos indicadores en: 24.3 por ciento; 89 por ciento; y 51 millones personas, respectivamente. Aunque persiste su distribución conforme nivel de ingreso y es amplia la brecha digital. 

  

Tal vez porque las TIC nos han tomado por sorpresa relativa, pero también con mucha esperanza, hemos depositado grandes expectativas acerca de sus posibilidades, seguramente porque intuimos su capacidad y la inmediatez de sus efectos. Sin embargo, parece que no logramos advertir las dimensiones que podrían alcanzar y menos el tema de su regulación.

A pesar de que en el mundo contemporáneo se han producido las más variadas reflexiones sobre las sociedades de la información y el conocimiento, persiste el debate sobre su regulación, derrotero y utilidad que podrían tener.

Quizás la polémica sigue porque los usos de las TIC se modifican a la par de su expansión y la aparición de nuevos dispositivos. Compite el lado útil, eficiente, didáctico, divertido e imprescindible de Internet y de las redes sociales, con su lado imprevisto, irreverente, perturbador y agitado que no admite una sobrerregulación. Salvador Medina, en estas mismas páginas y en múltiples ocasiones, nos ha alertado al respecto.

Reparamos en Internet, las redes sociales o los dispositivos informáticos, cuando no tenemos acceso a ellos o sus efectos son inocultables. La cara más inquietante ha sido cuando se les atribuye un papel decisivo en la articulación de movimientos políticos a gran escala: la exhibición viral de un funcionario público que culmina con su destitución, las elecciones, los desocupados, la interpelación pública que se convierte en consenso en las redes sociales y otros tantas expresiones.

Sin embargo, a la par de los grandes efectos, las TIC poco a poco se han instaurado como un mecanismo más de interacción o participación política. Las votaciones electrónicas para elegir representantes, como aquí mismo lo hemos comentado, son lo más evidente, pero no es lo único.

Por la parte gubernamental, la integración del Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente a partir de la administración de Ernesto Zedillo en 1995, así como los respectivos programas sectoriales, han recurrido creciente y ampliamente a las páginas web y el correo electrónico, como una forma de recuperar la opinión ciudadana. Por cierto, no ha sido el mismo caso con los programas especiales (como el PECITI).

Los funcionarios también han realizado otro tipo de consulta sobre algún tema de interés público. Por ejemplo, el actual titular de la SEP, indicó que consultó vía correo electrónico a centenares de investigadores educativos, los cuales enlistaron a 10 mil candidatos a integrar la junta de gobierno del INEE, de ahí surgieron las cinco ternas y finalmente los 5 miembros que eligió el Senado.

Un mecanismo más ha sido el sostenimiento de portales de información, transmisión en tiempo real y cuentas en redes sociales (hoy prácticamente todos los funcionarios públicos tienen cuenta en Tuiter) en los que informan o responden a reiteradas interpelaciones públicas.

Por la parte no gubernamental, organizaciones civiles utilizan con resultados desiguales los mismos mecanismos y formas de participación. En el ámbito educativo, tanto como en el científico y tecnológico, se advierten crecientes intentos de influir en la formación de la agenda pública y en el establecimiento de prioridades.

No es irrelevante la regulación de Internet, de sus contenidos y de los proveedores, porque están en juego los derechos y responsabilidades de unos y otros, como lo mostró recientemente la discusión del proyecto de ley de telecomunicaciones en México y como desde hace algunos años se discute en el mundo.

Quizás, como resolvió el Senado brasileño la semana pasada sobre su Marco Civil de Internet, ante todo se debe garantizar la neutralidad, la privacidad y la libertad de expresión de la red. Seguramente en el corto plazo será una de las principales tecnologías y foros de participación.

(Publicado en Campus Milenio No. 557. Abril 30, 2014, p.4)