Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No.
706. Mayo 25, 2017. Pág. 5)
La idea, en diciembre de 2013,
antes de que la actual administración presentara su Programa especial de
ciencia, tecnología e innovación (Peciti) para el periodo y como parte de lo
que ya se planteaba como una profunda reorganización de Conacyt, era que se generaría
una especie de “red activa entre sus Centros Públicos de Investigación para diferentes
propósitos”.
Después, en abril de 2014, cuando se publicó
el postergado Peciti, quedó plasmada como una de sus acciones que se promoverían “clusters” y “consorcios
público-privados” para desarrollar proyectos a nivel sectorial y regional. Pero
no, eso no fue lo que exactamente se hizo, aunque se impulsó la creación de
laboratorios nacionales y parecía que se ampliaría de forma sostenida la
infraestructura de instituciones.
Ahora, Conacyt anuncia que reorganizará los
Centros Públicos de Investigación (CPI) a través de consorcios. Y pues sí, al
cuarto para las doce, cuando el tiempo de los propósitos ya no tiene lugar y el
combustible de la administración está casi agotado, es posible que el horizonte
para los consorcios también sea limitado.
Los CPI son esas 27 instituciones que se
dedican a la enseñanza –principalmente de posgrado— y a la investigación. Los
establecimientos se distribuyen casi en partes proporcionales en tres áreas de
conocimiento: ciencias sociales y humanidades; naturales y exactas; y
desarrollo tecnológico.
En conjunto, sus indicadores representan una
base importante del sistema científico y tecnológico en México. Generalmente,
aparecen en la segunda posición en número de artículos científicos, miembros
del SNI, programas de posgrado, proyectos de investigación, etcétera. Por
ejemplo, la institución que tiene el mayor número de miembros del SNI es la
UNAM, con poco más de 4 mil; luego están los CPI, con alrededor de 2 mil
integrantes.
Los CPI son entidades paraestatales que se
integraron hace 25 años y ostentan diferentes figuras jurídicas. El conjunto
está sectorizado a Conacyt y antes lo
estuvo en la SEP. A pesar de que siempre
se le ha referido como sistema, en realidad por sus normas y presupuesto, es
una denominación meramente administrativa.
Sin embargo, el ajuste normativo a los CPI ha
sido notorio desde finales de los años noventa. En la reforma a la ley de
ciencia y tecnología de 1999 fue cuando se plantearon los convenios de
desempeño para estos centros –luego se denominarían Convenios de Administración
por Resultados--, así como la regulación de los recursos autogenerados.
Después, en la segunda reforma importante de
la misma ley, en los tiempos de Vicente Fox, quedaron sectorizados a Conacyt.
En el 2009 se produjo otro cambio importante para los CPI y para las IES en
general, ahora la reforma facultaba a estas instituciones para crear “Unidades
de vinculación y transferencia de conocimiento”.
En esta administración, en abril de 2015, se
modificó la “Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos”, con lo que se permite que servidores de los CPI, de las IES o de la
administración pública, realicen actividades de vinculación como colaboradores
o beneficiarios en actividades con fines de lucro.
Ahora, en el marco de la reunión de órganos
de gobierno del Conacyt, el pasado 17 de mayo, los directivos también firmaron
el convenio de creación de nueve consorcios de los CPI que será, dijeron, una
nueva forma de trabajo, en la que se integrarán y fortalecerán los 27 centros.
Al mismo tiempo, anunciaron que los CPI se agruparan en cinco coordinaciones a
cargo de Conacyt. Una de ellas, por ejemplo la de política pública y desarrollo
regional, coordinará al Colef, Cide, Geo y Ciesas.
Los
consorcios son una novedad relativa en el campo de la ciencia y la tecnología y
especialmente en la región de América Latina, aunque en otros ámbitos, como el empresarial
e incluso en el de la bibliotecología, ya tienen su historia. Si prescindimos
del tema del financiamiento público, un consorcio es, básicamente, un acuerdo
de cooperación entre firmas u organizaciones para desarrollar proyectos
conjuntos que le darán un valor agregado a los procesos y productos, así como
mejores rendimientos a los participantes.
Los
nombres de los nueve consorcios que integrarán a los 27 centros públicos se
refieren a distintas especialidades. Por ejemplo, está el “automotriz” que
agrupa a 12 CPI y estará ubicado en Aguascalientes. Otro, el de “estudios
metropolitanos”, aglutina a seis centros y se localizará en Querétaro. Lo
sorprendente es que hay centros que participan en más de dos consorcios (p.e.
Ciateq) y otros que no están en ninguno (p.e. Ciesas). Lo examinaremos
posteriormente.
En fin, viendo en perspectiva las modificaciones
normativas, los CPI han sido, ellos mismos, auténticos laboratorios de las
iniciativas sectoriales del gobierno federal. El asunto es si los consorcios
permanecerán o serán la novedad de un final anunciado.
