jueves, 28 de junio de 2012

DF: LA AGENDA PENDIENTE


El actual proceso electoral ha sido dominado por las escaramuzas de lo que dicen o hacen los candidatos a la Presidencia de la República. Pero los números de las elecciones locales y las agendas no son irrelevantes. Todavía menos si se trata del Distrito Federal (DF) y los puntos que se han comprometido en el terreno de la ciencia y la tecnología.

Los comicios federales a realizarse este 1 de julio, incluyen la elección de presidente, 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y 128 senadores. A la par, otras siete entidades elegirán gobernador (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Tabasco; el DF jefatura de Gobierno), en 15 entidades se votará por poco más de medio millar de diputados locales y casi un millar de ayuntamientos. Un cambio importante en casi la mitad del total de los estados.

Al inicio de las campañas electorales parecía que la contienda federal arrastraría en el mismo sentido las preferencias políticas en la Ciudad de México, pero el curso de las acciones y las encuestas poco a poco mostraron que se trataba de procesos diferentes y relativamente independientes. El DF renovará su jefatura de gobierno, 66 asambleístas y sus 16 delegaciones políticas.

A diferencia de lo que ocurre a nivel federal, los números de las últimas encuestas locales advierten una creciente y clara diferencia a favor de Miguel Ángel Mancera, el candidato del PRD, PT y MC. Si las encuestas reflejan lo que serán los resultados finales, vale la pena considerar con mayor detenimiento las propuestas en materia de ciencia y tecnología de quien se perfila con mayor ventaja.

Las preocupaciones de los habitantes de la Ciudad de México se concentran en asuntos como el transporte, la seguridad pública, el agua, la vivienda, los índices de contaminación, el desarrollo urbano, la recolección de basura y otros problemas propios de una gran ciudad.

El tema de la ciencia y la tecnología no figura particularmente como un asunto priritario para la metrópoli. De hecho, en la plataforma electoral del PRD-DF registrada en abril de este año, en el apartado de “una ciudad productiva y solidaria” apenas se menciona la propuesta de favorecer la artículación con los centros de investigación y las insituciones de educación superior. O bien, en el rubro de “una ciudad con igualdad y equidad para todas y todos” se dedica un inciso a tecnología para mencionar cuatro propuestas.

Por ejemplo, se propone que: el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF realice funciones prioritarias de tranasferencia de tecnología; el incremento de banda ancha; el desarrollo de patentes y tecnología desde el gobierno y la iniciativa privada; o el ofrecimiento de servicios de internet universal y gratuito.

En la plataforma nada se dijo de otras iniciativas o de nuevas estructuras administrativas para la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en mayo pasado, al día siguiente del primer debate presidencial, el candidato Mancera se comprometió a “elevar de rango el Instituto de Ciencia y Tecnología para dar paso a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Distrito Federal”. Una idea que a nivel de candidatos presidenciales había comenzado a discutirse.

La semana anterior, en reunión con académicos de diferentes instituciones, el candidato Mancera volvió a reiterar su compromiso de crear la nueva secretaría –sin incluir a educación-- y añadió que impulsará el modelo de la triple hélice de la innovación. Este último es un modelo de los años noventa propuesto por Leydesdorff y Etzkowitz que plantea el impulso a la innovación a través de la interacción entre universidades, empresas y gobierno; una metáfora de tres hélices que potencian la innovación.

El modelo es, en realidad, una versión modificada del famoso triángulo IGE del argentino Jorge Alberto Sábato. En los años setenta, Sábato planteó que su triángulo era un modelo muy primario: un vértice correspondía a la Infraestructura científico-técnica; otro al Gobierno; el tercero a la Estructura productiva; y flechas reversibles unían los diferentes vértices. A pesar de lo elemental, decía Sábato, permitía analizar y entender la realidad de los subsectores. Lo sorprendente es que, como en la propuesta de Mancera, la triple hélice se sobrepuso al triángulo.

A nivel federal la idea de crear una nueva secretaría es controvertida, pero en el DF parece que será un hecho, no incluye a educación superior y ya tiene un modelo a seguir. Veremos algunas de las implicaciones la semana próxima, una vez transcurridas las elecciones.

(Publicado en Campus Milenio No. 468. Junio 28, 2012)

martes, 26 de junio de 2012

ESPAÑA: MENOR PRESUPUESTO, MENOS ESTRUCTURA Y POCOS JÓVENES


“Para fortalecer el sistema de investigación en nuestro país debemos adelgazarlo, pero es importante recortarlo en cantidad no en calidad. Este proceso será complejo e impopular: después de todo, a nadie le gustan los recortes o ajustes. Bajo los cambios que menciono aquí, sólo a aquellos científicos que puedan demostrar que avanzan en las fronteras de nuestro conocimiento se les asignarán recursos”.

El párrafo anterior es de Carmen Vela, secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación del gobierno español. La posición de la funcionaria fue publicada recientemente en la prestigiosa revista Nature (No. 486. Junio 7, 2012) y ha provocado diversas reacciones en su país.

En términos formales todavía no existe un plan en materia de ciencia y tecnología del actual gobierno español, apenas en octubre del año pasado el consejo de ministros acordó prorrogar la vigencia del anterior plan nacional (2008-2011). Sin embargo, la administración ya ha tomado decisiones importantes sobre la estructura y orientación del sector.

Al comienzo de la gestión de Rajoy, mediante decreto, el ministerio de ciencia e innovación desapareció. En su lugar, se creó la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, una instancia de menor rango adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Este último es la cabeza del sector y es el encargado de poner en marcha las reformas para la mejora de la competitividad (Boletín Oficial del Estado No. 307. 22/12/2011).

Después, el desalentador panorama de la economía española provocaron grandes ajustes y la investigación y el desarrollo experimental no escaparon a los recortes. La secretaria Carmen Vela, en marzo del 2012, anticipaba recortes en algunos programas, particularmente en algunos proyectos y en las subvenciones a Organismos Públicos de Investigación (El País 10/03/2012)

Al conocerse el presupuesto para este año de la Secretaría de Investigación, un monto inferior en 26 por ciento respecto del año previo, se confirmó que el sistema científico y tecnológico tendría que arreglárselas con menos recursos. También ya parece difícil crear la Agencia Estatal de Investigación que se había previsto en la ley para este año y cuya función sería impulsar y financiar la investigación.

La secretaria Carmen Vela, al explicar el recorte presupuestal en abril del 2011, informó que la reducción afectaría principalmente el capítulo de créditos y algunos Organismos Públicos de Investigación --principalmente al Instituto de Astrofísica de Canarias (30 por ciento menos)--, pero que se sostendrían las becas para la formación de recursos humanos.

Sin embargo, al parecer ya tampoco se podrán sostener los programas de formación. La reciente posición del gobierno, anunciada en la revista Nature, indica que se modificará el número de investigadores, dado que el sistema de investigación y desarrollo español “no es lo suficientemente grande como para que se justifique pagar a tantos investigadores como los que actualmente existen”. 

Además, en la misma publicación, la secretaria Carmen Vela también anunció que se reducirá el número de becas Ramón y Cajal para jóvenes investigadores (de 250 a 175). Lo mismo que el programa de becas posdoctorales Juan de la Cierva o el Torres Quevedo para investigación industrial, los cuales sumarán en total entre 700 u 800 (en el 2011 sumaron 960).

Obviamente la noticia no ha sido recibida con beneplácito por la comunidad científica española. Por el contrario, existe preocupación por el futuro de su sistema y por las opciones para los científicos jóvenes. De hecho, una agrupación de estos últimos, la Federación de Jóvenes Investigadores, publicó una carta abierta dirigida a la funcionaria Vela en la que expresan su desacuerdo con la visión gubernamental.

Por ejemplo, los jóvenes le argumentan a la secretaria que desde el 2009 se ha reducido paulatina y constantemente el presupuesto para el sector. Más aún, sobre su posición de adelgazar el volumen de investigadores, le señalan que: “Sobre la afirmación de que considera usted que sobran investigadores en España, nos gustaría pensar que ha habido un error o una mala interpretación de sus palabras” y comparativamente le recuerdan los números de España frente a países de la Unión Europea (precarios.org/article267).

Las dificultades que cruza España han sido evidentes, pero para el ámbito de la ciencia y la tecnología resulta inquietante la forma en que intenta resolverlas.

(Publicado en Campus Milenio. No. 467. Junio 21, 2012: 6)

jueves, 14 de junio de 2012

EL POSGRADO Y LA NUEVA SECRETARÍA


A lo largo de la actual campaña electoral, como lo hemos reiterado aquí mismo, ha cobrado fuerza la idea de crear una nueva Secretaría para el sector. Múltiples y muy variados actores se han pronunciado a favor; otros han mostrado sus reservas. Recientemente se sumó otra organización más: el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo). Tal parece que la presión de los diferentes grupos interesados seguirá en aumento, aunque todavía no sea una realidad la nueva estructura.

Incluso, las intenciones anunciadas sobre la propuesta podrían no llegar a materializarse. Recordemos que al menos uno de los candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto, el representante del PRI-Verde, ya manifestó su negativa a la sugerencia, según lo anotamos aquí la semana pasada (Campus Milenio No. 465).

Sin embargo, los destinatarios de la iniciativa han comenzado a realizar cálculos y a perfilar sus posiciones. Uno de los elementos que gravitará en la decisión de crear o no una nueva Secretaría es, precisamente, las implicaciones de un rediseño de los sectores educativo y científico y tecnológico. La tarea no solamente incluye recursos públicos, también están involucrados equipos técnicos, espacios de control y ciertas prioridades en materia de iniciativas.

Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene bajo su conducción las tres subsecretarías de los correspondientes niveles (básica, media superior y superior), la Oficialía Mayor, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, una treintena de instancias administrativas (direcciones generales y coordinaciones) y una decena de órganos desconcentrados. En conjunto forman uno de los cuerpos burocráticos más extensos de la administración pública.

La propuesta inicial planteaba crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, reunir en una misma estructura administrativa a Conacyt --el órgano rector de la política científica y tecnológica— y a la subsecretaría de educación superior. Pero no todos los actores comparten la misma opinión. Algunos piensan que la nueva estructura solamente debiera considerar el sector científico y tecnológico y no distraerse con otros.

Los partidarios de que se incluya a la educación superior en la nueva estructura han argumentado que se trata de un vínculo natural y los efectos positivos serían innegables. La Anuies, por ejemplo, ha presentado media docena de razones para tal inclusión, como la de  establecer bases para “una nueva gobernabilidad y gobernanza” de ambos campos o la posibilidad de una especialización administrativa y presupuestaria de la educación superior entre otros argumentos.

La educación superior es un subsistema relativamente complejo y heterogéneo; compuesto por diferentes sectores y múltiples funciones. Es suficiente recordar que cuando se creó la subsecretaría de educación media superior, no fue ninguna tarea sencilla reorganizar la adscripción del subsistema tecnológico al interior del mismo sector educativo. Entonces, ¿una nueva Secretaría absorbería todas las funciones del nivel o sería selectiva?

El posgrado, conceptual y organizativamente, sería el nivel que estaría más cercano a la investigación científica. De hecho, es el área en la que han trabajado de forma conjunta Conacyt y SEP. El extendido programa de becas de Conacyt, el establecimiento de criterios para la formación de padrones de posgrado y los incentivos para la reorientación de la matrícula lo muestran. Aunque, en un eventual contexto de rediseño institucional, los criterios podrían cambiar.

El Comepo ha decidido tomar previsiones y en una comunicación pública dirigida a los candidatos presidenciales ha señalado que la posible nueva Secretaría “debe operar bajo mecanismos que permitan dar continuidad y fortalecimiento a programas actualmente bajo responsabilidad del Conacyt” (Reforma 11/06/2012: 6).

Los programas a los que se refiere el organismo son: el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; el programa de becas nacionales y para el extranjero; el Sistema Nacional de Invesitgadores; los fondos para repatriación, estancias y retención de investigadores; el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica; los programas de estímulos a la innovación; y los fondos mixtos y sectoriales.

Como se puede apreciar, una posible fusión de las áreas educativa y científica no será fácil; podría resolver unos problemas, pero también provocar otros.

(Publicado en Campus Milenio No. 466. Junio 14, 2012)

ANUIES: LA ANTICIPACION DE COMPROMISOS Y LAS PROPUESTAS


El encuentro que sostuvieron los candidatos presidenciales con la Anuies el pasado mes de mayo es un foro que perfila las iniciativas para la educación superior. Al menos así ha ocurrido en ocasiones anteriores y el actual proceso electoral no es la excepción.

La posibilidad de anticipar las medidas para la educación superior no solamente proviene de los actores que acuden al encuentro en el contexto de las campañas electorales, sino también de un trabajo previo para detallar y aproximar propuestas.

En efecto, las capacidades de lo actores es indiscutible: de un lado, la principal agrupación de titulares de instituciones de educación superior con capacidad técnica para diseñar propuestas y llevarlas a la agenda pública, y del otro a quienes contienden por el máximo cargo de gobierno y son receptivos a las solicitudes de los grupos de electores.

Las propuestas de Anuies con mayor influencia, tanto por el interés, amplitud o profundidad para modificar el sistema de educación superior, son las que reciben mayor atención. Por ejemplo, en el caso actual, la principal propuesta se refiere a la creación de un fondo de financiamiento plurianual para el nivel superior, lo cual, sostiene la Asociación, permitiría alcanzar la meta de cobertura (60 por ciento).

La posibilidad de una mayor inversión para la educación superior y específicamente la creación de un fondo plurianual, prácticamente recibió el respaldo de todos los candidatos. Entonces, la iniciativa seguramente será parte de la agenda sectorial en la próxima administración.

En materia de financiamiento no es suficiente el respaldo del gobierno federal, el principal decisor en este terreno son los diputados. Así que habrá que esperar a ver como se integra el próximo Congreso y la composición de las fracciones. La labor de convencimiento y la resolución de las dificultades técnicas y políticas para la asignación presupuestal seguramente no se materializarán de forma inmediata. Si fuera el caso, se llevará por lo menos un par de años.

Otra de las propuestas relevantes de Anuies es la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  En este caso, a diferencia del tema del financiamiento plurianual, el apoyo de los candidatos no es unánime. El candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, no solamente concuerda con su creación, también ya tiene el nombre de quien sería su titular en caso de ganar las elecciones. La candidata del PAN, Josefina Vásquez Mota, también respalda la iniciativa.

Sin embargo, el candidato del PRI-Verde, Enrique Peña Nieto, no es de la misma opinión. De hecho, desde que la Adiat hizo el mismo ejercicio el pasado 23 de marzo, al presentar a los tres candidatos la llamada “Declaración de  Monterrey”, la cual incluye la propuesta de creación de la secretaría, Peña Nieto solamente expresó una felicitación, pero no suscribió el documento.

En el reciente encuentro con Anuies, el candidato del PRI expresamente señaló su negativa, dijo que le han propuesto la creación de diferentes secretarías (de la mujer, de la juventud y de los discapacitados), pero que él piensa que “lo más importante en este momento es lograr el nivel de inversión” y no crear una secretaría que consumiría esos recursos. Entonces, al menos si Peña resultara electo, la nueva secretaría no se perfilaría como un hecho.

Una medida más se refiere a la educación tecnológica y la propuesta de Anuies es “analizar y promover la figura jurídica de órgano público desconcentrado, como el diseño institucional más adecuado para que los institutos tecnológicos y centros especializados federales dispongan de los recursos y las facultades de sus ór­ganos de gobierno que les permitan un funcionamiento eficaz y con transparen­cia” (p. 38).

En este último caso, a pregunta explícita de variados directores de instituciones tecnológicas sobre la propuesta, los candidatos optaron por destacar la importancia de este sector y en cierta medida por impulsar la figura jurídica solicitada. Pero también por analizar con más detalle y rigor la conveniencia de una medida de tal naturaleza. Los tres principales candidatos a la Presidencia se pronunciaron por trabajar en conjunto con representantes del subsistema tecnológico, así que no es una medida inminente.

Las propuestas de Anuies plasmadas en su documento son múltiples, pero como se puede advertir tienen distinta relevancia y avanzan con distintos grados de certeza.

(Publicado en Campus Milenio No. 465. Junio 7, 2012)

viernes, 1 de junio de 2012

¿UNA CONFERENCIA DESCENTRALIZADORA?


Uno de los ajustes más importantes a la normatividad científica y tecnológica, después del realizado a fines de los años noventa, fue el de 2002. El ejecutivo federal y los legisladores propusieron y crearon diferentes instancias para impulsar el desarrollo del sistema. Una de ellas fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, con la cual se buscaría promover la descentralización de la actividad. Hoy, transcurrida una década exacta, los avances en este terreno comienzan a trazarse y no precisamente por la intervención de esa instancia.

La reforma a la ley de ciencia y tecnología del 2002 incluyó, explícitamente, la idea de una política de Estado y también dotó a Conacyt de mayores instrumentos para conducir la política del sistema: la instauración de un ramo de gasto específico en el presupuesto (el ramo 38); el manejo de los fondos competitivos; los mecanismos de aplicación de los incentivos fiscales y la creación de diferentes estructuras organizativas, entre otros aspectos.

El capítulo V de la entonces nueva ley, especificó la integración y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, la creación de la Conferencia y el funcionamiento de los convenios con las entidades federativas para la constitución de los fondos mixtos para fomentar la investigación.

La Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –la reforma del 2009 le agregó el término innovación— se creó como un órgano permanente de coordinación institucional entre Conacyt y las entidades federativas con competencia en la materia que aceptaran la invitación a formar parte de tal instancia (artículo 31). Por la misma razón se integra por el director de Conacyt y los titulares de todos los consejos estatales.

De acuerdo con la ley, la Conferencia tiene entre sus funciones la posibilidad de opinar sobre las políticas de apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, participar en la elaboración del programa sectorial, celebrar acuerdos de coordinación y proponer modificaciones al marco legal.

Según la misma ley, la Conferencia debiera sesionar por lo menos dos veces al año. Sin embargo, desde el principio su funcionamiento ha sido relativamente accidentado. El 19 de noviembre quedó instalada y con unas bases de funcionamiento provisionales celebró cuatro o cinco reuniones entre el 2003 y 2006 con unos cuantos representantes de entidades federativas. Quizá el periodo más notable fue a partir del 2004, cuando se estableció una comisión de ciencia y tecnología al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), lo cual despertó cierto interés en los ejecutivos estatales y quedó un vínculo entre ambas instancias. Esto es: una Conferencia al interior de una Conferencia

Todavía al inicio de la actual administración, las sesiones de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se realizaban en el marco de la Conago. En el 2007, por ejemplo, cuando estaba por elaborarse el programa sectorial, sesionó ya con más de tres cuartas partes de representantes de los estados y se puso en marcha la propuesta de crear nuevas bases de funcionamiento de la instancia.

La participación de los representantes de las entidades federativas fueron en aumento y  apenas en el 2009 la Conferencia sesionó con los titulares de todos los consejos estatales, aunque el vínculo con la Conago fue perdiendo vigor y esta última también perdió presencia pública en los años más recientes.

Antes de la instauración de la Conferencia existían 23 consejos estatales de ciencia y tecnología. Es decir, a partir de la reforma del 2002 se crearon nueve consejos más (Yucatán, Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Tlaxcala, DF, Sonora y Oaxaca) para completar el conjunto y con sus respectivas leyes.

Seguramente el lento avance de la Conferencia está asociado a la paulatina integración de los representantes de las entidades. Aunque los consejos estatales solamente son el primer paso, a ello habría que sumarle el funcionamiento efectivo de los sistemas de ciencia y tecnología de las entidades y sus respectivos programas para orientar las actividades.

Entonces, quizás no es de extrañar que una buena parte de la estrategia descentralizadora se ha depositado en un instrumento con mayor capacidad de directiva: la instauración de los fondos mixtos en todas las entidades. Esa es otra historia.

Posdata. Este mayo se cumplieron dos años del primer Congreso del SNI y las resultados siguen ausentes.

(Publicado en Campus Milenio. No. 464 Mayo 31, 2012)