Posible reforma a la Ley. ¿Compras Públicas Innovadoras?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 711. Junio 29, 2017. Pág. 5)

Es posible que la iniciativa no sea aprobada en esta legislatura, su efecto en las cuentas finales de esta administración tampoco sería mayormente notable y quizás su puesta en marcha se demore más de lo previsto. Sin embargo, cuando sea el caso, tal vez su impacto será decisivo en el gasto nacional en actividades científicas y desarrollo tecnológico.

La propuesta es del senador priista Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia y tecnología del Senado. El proyecto es modificar algunos artículos de la “ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público” para regular las compras públicas, orientarlas e incentivar la innovación desde el lado de la demanda.

La iniciativa del senador Martínez, mencionando un estudio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dice que diferentes países de la OCDE, para estimular la innovación, utilizan las contrataciones públicas, la regulación, las iniciativas dirigidas por el mercado y las políticas de consumo, entre otras. El mismo Foro cita la propuesta del legislador en su boletín (No. 313. 20.06.2017).

En general, como ocurre en diferentes países, se asume que las compras públicas, principalmente si son de cierta naturaleza y de un volumen importante, tendrán un efecto en la inversión científica y fomentarán la innovación. La Comisión Europea define las Compras Públicas Innovadoras (CPI o Public Procurement of Innovative solutions, PPI), como aquellas que ocurren cuando el sector público utiliza su poder de compra para actuar como primer contratante (early adopter) de soluciones innovadoras que todavía no están disponibles a gran escala sobre bases comerciales (ec.europa.eu).

Además, dice la misma Comisión, las CPI pueden ser complementarias a la compra precomercial, puesto que permite un despliegue a gran escala de soluciones que se desarrollaron en escala reducida en una compra precomercial previa. Por tanto, es también una aproximación a la contratación pública de servicios de investigación y desarrollo experimental.

La propuesta de decreto del senador Martínez plantea que las dependencias y entidades del sector público en México debieran contar con una adecuada “planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas y en especial de aquellas que representan una innovación o que cuentan con avances tecnológicos que representen una eficiente, eficaz, transparente y económica forma de ejercer el gasto público” (Gaceta LXIII/2SPR-15/72240. 21.06.2017).

En particular, el proyecto implica modificar los artículos 20, 22 y 41 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la primera fracción del artículo 20 propone identificar las necesidades a satisfacer a través de bienes y servicios con avances tecnológicos e innovadores, así como destinar “al menos diez por ciento del total de recursos a erogar durante el ejercicio fiscal”.

Los recursos, dice la iniciativa, los determinaría “el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, considerando también las propuestas que le haga llegar cualquier persona física o moral”. Además, en el artículo 22, primera fracción, establece que tales comités verificarán que, anualmente, el programa incorpore las contrataciones innovadoras, en el porcentaje que corresponda.

Finalmente, conforme las modificaciones al artículo 41, se precisan las contrataciones, arrendamientos o servicios que no estarán sujetos a licitación pública, como en el caso de que sean innovadores, cuando cuenten con avances tecnológicos incorporados, o bien, cuando el comité correspondiente determine que se requieren realizar pruebas o pasar a la contratación directamente, si no son necesarias las pruebas.

En realidad las Compras Públicas Innovadoras no serían estrictamente una novedad. Desde fines del 2014, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha expresado su intención de probarlas como proyecto piloto. Primero lo hizo en el sector energético, con la CFE y Pemex. Aunque, si lo hizo, no se saben cuáles fueron los resultados.

Más recientemente, en abril de este año, la propia Secretaría de Economía, junto con la  Profeco y la Semarnat, anunciaron que lanzarían el mismo proyeto piloto a nivel nacional. El propósito, dijeron en ese momento, era conocer las necesidades de compra pública y “alinear a los jugadores más importantes del Gobierno de la República en el contexto de innovación” (Comunicado SE. 058 / 2017).

En fin, si se modifica la ley, lo cual seguramente no sería en esta legislatura, la novedad estará en el porcentaje de recursos financieros que serían canalizados por este mecanismo, el papel de los comités de adquisiciones y, al final, su probable efecto en el gasto científico y tecnológico.

No obstante, nada indica que la reforma del senador Martínez se convierta en un hecho en el corto plazo y menos que se aplique como está previsto. De regulaciones está empedrado el camino de nuestras instituciones... y no funcionan.

Claro, después de casi una década de haberle añadido la palabra “innovacion” a la ley sectorial, sería una de las acciones más visibles del Comité Intersectorial de Innovación. Eso sí.

Inmigrantes en EE. UU. El DACA se queda… en suspenso

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 710. Junio 22, 2017. pág. 5)

Los comunicados oficiales de la administración Trump son el tipo de noticias que pueden ir de malas a peores. Lo mismo para precisar políticas migratorias, negociaciones comerciales, posiciones diplomáticas o la revocación de programas. Quizás, por la misma razón, cuando no anuncian lo peor, ya se toman como una buena noticia.

Por ejemplo, el pasado 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el memorando en el que anuncia la revocación del programa Acción Diferida para los Padres de Americanos (DAPA, por sus siglas en inglés),  y aclara que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “seguirá vigente” (https://www.dhs.gov).

En los medios que recuperaron la noticia, el énfasis que prevaleció fue la permanencia del programa DACA, muchos ni siquiera mencionaron el DAPA. Ciertamente, conservar el primero fue una buena noticia, un respiro, momentáneo, para los cientos de miles de jóvenes que están inscritos en el programa y vivían en la zozobra de una deportación masiva.

El DACA es el programa que puso en marcha la administración de Obama en junio de 2012, dirigido a aquellos niños y jóvenes que habían llegado sin documentos a los EE. UU., los llamados dreamers, para protegerlos temporalmente de una deportación. Inscribirse en el programa les permitía obtener un permiso de empleo, un número de seguro social y tramitar una licencia de conducir. La renovación de estatus es cada dos años.

Desde luego, para solicitar su registro en el DACA, los dreamers debían cubrir ciertos requisitos: haber ingresado a territorio estadounidense antes de cumplir 16 años; una edad mínima de 15 años y máxima de 31 años al 15 de junio de 2012; no haber sido declarado culpable por un delito grave, un delito menor significativo o tres delitos menores; y contar con un diploma de bachillerato (high school), equivalente o estar estudiando. Y sí, muchos de los jóvenes inscritos ya contaban con estudios universitarios y de posgrado.

A su vez, el DAPA, planteó un proceso similar, una especie de extensión del programa DACA, porque se dirigía a los padres. Anunciado también por la administración Obama en noviembre de 2014, tenía como destinatarios a las personas indocumentadas, pero que eran padres de ciudadanos estadounidenses o de un residente permanente legal. Podían inscribirse aquellos que, además, habían residido continuamente en los Estados Unidos desde enero de 2010.

Sin embargo, lo cierto es que el DAPA nunca se puso en operación, porque un juez federal de Texas bloqueó la orden ejecutiva de Obama, luego de que 26 estados establecieron una demanda, comandados por Texas, al argumentar que el expresidente se estaba extralimitando en su autoridad para proteger a inmigrantes ilegales. El caso se llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos y quedó con una votación dividida en partes iguales (4-4) por lo que el bloqueo y litigio permaneció hasta ahora (The New Yor Times. 16.06.2016).

Hoy, con el memorándum firmado por Kelly, la administración Trump resuelve en definitiva. Ahí se asienta que el programa nunca ha estado en efecto, existen nuevas prioridades en materia de inmigración y después de consultar con el abogado general, el programa DAPA queda rescindido. Una orden ejecutiva lo diseñó y otra orden da marcha atrás.

En México, luego de que se diera a conocer el memorando estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo público su beneplácito por la permanencia del programa DACA (SEP. Comunicado No. 240). Nada dijo sobre el DAPA. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió apenas hace unos meses, la SRE dio cifras precisas del volumen de dreamers.

Por ejemplo, anotó que, a marzo de 2017, 787 mil 580 jóvenes habían sido beneficarios del DACA y de ese total 618 mil 342 (78 por ciento) son mexicanos. Sí, es el grupo más favorecido por el programa y también el que estaba (¿o está?) en un mayor peligro de deportación. Ni la SRE ni la SEP han publicado los datos por nivel de escolaridad de estos jóvenes, pero por los requisitos de solicitud al programa, los testimonios de varios de ellos y la protección que les han ofrecido algunas universidades estadounidenses, en su mayoría son jóvenes talentosos que concluyeron su bachillerato, cursan la licenciatura o el posgrado.

Definitivamente, es mejor para los dreamers saber que, por ahora, el programa en el que están inscritos sigue vigente. Sin embargo, por un lado, seguramente, las medidas de deportación se endurecerán para la población que no está en el programa. Por otro lado, con la velidosa administración Trump, nada es seguro ni permanente.

En la década anterior, el flujo global de migrantes con alta escolaridad creció 130 por ciento y el de menor escolaridad solamente 40 por ciento. Salieron, cada vez más, de un mayor número de países y se concentraron en unos cuantos, principalmente en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia (Sari Pekkala Kerr et al. “Global Talent Flows”. 2016). Seguramente, las mediciones posteriores reflejarán el impacto de las medidas que actualmente están en marcha, como picos o tendencias sostenidas. Ya lo veremos.

Fortalezas y debilidades. La posición del gobierno francés y sus capacidades científicas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 709. Junio 15, 2017. Pág. 5)

Es comprensible el compromiso del gobierno francés con el Acuerdo de París sobre cambio climático: fue el país anfitrión de la cumbre en la que se aprobó en el 2015. Claro, también está la relevancia del acuerdo como plan universal para la reducción de los gases de efecto invernadero, la esperada mitigación del calentamiento global y la perspectiva de que entre en vigor en el 2020.

Quizás por la misma razón, cuando Donald Trump anunció el retiro de EE. UU del acuerdo, el pasado primero de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, a las pocas horas, fue uno de los primeros líderes en dirigir un mensaje público reprobando la decisión: “Considero que está cometiendo un error para los intereses de su país y de su pueblo y un error para el futuro de nuestro planeta. Acabo de hablar con el Presidente Trump y tuve la oportunidad de hacérselo saber”.

Lo notable es que, como ya lo hicimos notar en la entrega de la semana anterior, Macron también dijo que el Acuerdo no se renegociaría. Todavía más, se dirigió a los científicos, ingenieros, investigadores y empresarios estadounidenses que estuvieran decepcionados con la decision y los invitó a trabajar: “Encontrarán en Francia una segunda patria. Les hago un llamamiento: vengan a trabajar aquí, con nosotros, a trabajar sobre soluciones concretas para el clima. Esta noche, los Estados Unidos le han dado la espalda al mundo. Pero Francia no dará la espalda a los estadounidenses”.

La invitación entró en el terreno mediático, a la caza de un liderazgo global, en el ajuste de la geopolítica provocado por el declinante papel estadounidense, debido a las posiciones sumamente polémicas y las controvertidas decisiones de Donald Trump. Sin embargo, el asunto es en qué medida quedará minada la fuerza de atracción que ejerce EE. UU y si, en dado caso, efectivamente se reflejara en un cambio en las instituciones y en los flujos de personal altamente calificado.

Después de todo, es indiscutible la capacidad científica y tecnológica de los Estados Unidos (Science, Technology and Industry Scoreboard, 2015). En la década pasada, 22 de las 30 universidades con mayor impacto estaban localizadas en su territorio. También encabeza la lista de los países con las publicaciones de mayor impacto relativo en todas las disciplinas y, junto con el Reino Unido, Alemania y China, concentran entre el 50 y el 70% de esas publicaciones. Más de la mitad de las empresas con mayor actividad en investigación y desarrollo experimental están localizadas en Estados Unidos y Japón. Y sí, es el país clave en las redes científicas, en la atracción de estudiantes y en el origen y destino de la mayor parte de científicos.

Francia comienza un nuevo periodo. Todavía no se sabe exactamente qué planes pondrá en marcha la actual administración, pero su joven presidente ha levantado altas expectativas. En buena medida por la composición de su gabinete, en el que resalta la paridad de género y la pluralidad política. También porque los ministerios relacionados con la educación y la actividad científica estarán ocupados por personas reconocidas en sus respectivos campos.

Por ejemplo, en el nuevo ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, designó a Nicolás Hulot, un popular y reconocido activista y defensor del medio ambiente que no había participado en el gobierno. Tal vez esa sea otra razón que explique las posiciones e invitación de Macron.

El ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación lo ocupará Frèdérique Vidal, anterior presidenta de la Universidad de Niza Sophia (2012-2017), especializada en bioquímica y genética molecular. Y en el ministerio de Solidaridad y Salud estará Agnès Buzyn, otra investigadora en hematología y quien ha desempeñado otros cargos de alto nivel en la política científica francesa.

No obstante, no es suficiente el perfil de una nueva administración para modificar rápidamente un sistema científico y tecnológico; tampoco para atraer de forma inmediata el flujo de recursos humanos. Sí, puede ayudar, pero se necesitan instrumentos y una estructura de incentivos, porque ni el desarrollo científico ni las instituciones se pueden improvisar.

El sistema de investigación francés tiene sus fortalezas y sus insoslayables retos (RIO Country Report 2016: France). Por ejemplo, el nivel de financiamiento de la investigación científica y desarrollo experimental, como proporción del PIB, es de 2.24 por ciento. Una proporción arriba de la media de la Unión Europea y del Reino Unido, pero abajo de la que destina Estados Unidos, Alemania o Japón.

Francia solamente tiene unas cuantas industrias de alta tecnología, como la aeronáutica o la aeroespacial, aunque también es reconocida su industria cosmética, de lujo y agroalimentaria. El reporte dice que ese país, en la última década, ha impulsado un número importante de reformas para mejorar su investigación, pero a nivel nacional sigue siendo promedio, tanto en calidad como en cantidad.

En fin, hace falta mayor detalle. Sin embargo, es posible que a  nivel regional, los cambios en los polos de atracción y el flujo de personas esté en marcha, aunque sean procesos sumamente lentos y graduales.

¿La investigación científica gravitará en la órbita de la Unión Europea?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 708. Junio 8, 2017. Pág. 5)

El ofrecimiento de una patria francesa para investigadores estadounidenses, aquellos que estuvieran en desacuerdo con las posiciones políticas y las inusitadas decisiones de Donald Trump, no fue solamente una oferta de campaña de Emmanuel Macron. El ahora presidente francés redobla la invitación.

Tal vez usted leyó aquí, el mes pasado, ese mensaje que dirigió el entonces candidato Macron a la comunidad de investigadores de Estados Unidos en feberero de este año. Por esa razón, dijimos que podríamos estar ante el inicio de un ajuste importante en los polos de atracción de personas con altos niveles de calificación (Campus Milenio No. 704).

En aquel momento, aunque ya se preveía lo que podría ocurrir, Trump todavía no tomaba una decisión sobre la ratificación o retiro estadounidense del Acuerdo de París sobre cambio climático. De hecho, la reunión del G7 (los siete países que representan las economías más sólidas del mundo y a las cuales pertenece Estados Unidos) en Italia, al final del mes pasado, incrementó la presión para que EE. UU permanciera en el Acuerdo. No lo lograron; ni en materia ambiental ni de comercio ni de nada. La canciller alemana Angela Merkel se refirió a la negociación como “difícil e insatisfactoria” (El País 28.05.2017).

La decisión sobre la permanencia estadounidense en el Acuerdo de París siguió en la ambigüedad en los días posteriores al encuentro eruopeo. Lo que más llamó la atención fue la ausencia de un grupo de alto nivel, técnicamente especializado en materia ambiental, en el círculo de asesores más cercano a Trump para tomar la decisión. Así que todo parecía indicar que el mandatario lo haría conforme el criterio político de sus consejeros y el imprevisible ánimo con el que se despertara. Y así fue.

En el primer día de este mes anunció: “Para cumplir mi deber solemne de proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París, pero comenzará negociaciones para el reingreso ya sea de ese acuerdo o una transacción nueva en términos que sean justos para Estados Unidos” (New York Times 01.06.2017).

Una muy mala noticia, sea cual sea el lado que se le vea. No solamente porque Estados Unidos ocupa el segundo lugar como país responsable de la emisión de gases de efecto invernadero –en la primera posición está China--, porque son cada vez más obvias y rotundas las consecuencias del cambio climático y el calentamiento en todo el planeta o porque casi todos los países del mundo han suscrito el Acuerdo de París.

También lo es porque Trump ignoró completamente la evidencia científica para tomar la decisión y el principal reclamo de la comunidad de investigadores: “defender el papel de la ciencia en la política pública y en la sociedad”. Esa fue la principal bandera de las más de 600 marchas por la ciencia que se realizaron en diferentes partes del mundo el pasado 22 de abril, significativamente el día de la Tierra y cuyo epicentro fue Washington, D.C.

Añadamos que los mismos corporativos estadounidenses (Exxon, Facebook, Chevron, Google, Kellogs’s, entre muchos otros), estuvieron en desacuerdo con el retiro del Acuerdo de París y han manifestado que continuarán su respaldo a las acciones para mitigar el cambio climático. Es más, ni siquiera los contribuyentes de Pittsburgh están de acuerdo con la decisión. El alcalde de esa ciudad, esa que supuestamente se beneficiaría con la decisión de Trump, dijo que fue una decisión “imprudente e inaceptable” (Milenio Diario 02.06.2017).

Al conocer la decision de Trump, los mandatarios de Alemania, Francia e Italia declararon conjuntamente su convencimiento “de que el Acuerdo no puede ser renegociado”, en referencia a la idea de abrir nuevamente las negociaciones. China dijo que continuaría con sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. La ONU calificó de “decepcionante” la salida de Estados Unidos.

En resumen, una muy mala decisión para todos, pero tal vez lo será principalmente para Estados Unidos. Esa nación que era un polo de atracción para los jóvenes talentos, el de las prestigiadas universidades en las que todo mundo quería un lugar, el de los fenomenales descubrimientos, los increíbles laboratorios y las grandes compañías tecnológicas, se convertirá en lo opuesto. Los efectos serán irreversibles, aunque se llevará su tiempo.

Tal vez el presidente Macron lo ve con claridad y el mismo día que Trump anunció la salida del Acuerdo, reiteró en video la invitación de meses atrás: “A todos los científicos, ingenieros, emprendedores, ciudadanos responsables que están decepcionados por la decisión de los EE. UU: vengan con nosotros a trabajar juntos en soluciones concretas para nuestro clima y nuestro ambiente” (@EmmanuelMacron).

Quizás el polo de atracción podria comenzar a desplazarse, lenta e inexorablemente. No solamente es Francia. Y a todo esto ¿cómo está y funciona el sistema científico y tecnológico francés? Ahí iremos la próxima semana.