Benditas redes sociales: ¿Otra misión para Conacyt?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 885. Enero 28, 2021. Pág. 4) 

¿Se ha planteado o se podría plantear una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, digo, en un proceso, por supuesto, de una convocatoria clara ya sea por Conacyt, por Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para poder ir teniendo alternativas?

 

La pregunta anterior, en esos términos, le fue formulada a López Obrador en su conferencia de prensa del pasado 13 de enero, a propósito del rechazo público que expresó sobre la  “censura” a las cuentas de las redes sociales del expresidente Trump en el caótico final de su mandato.

 

Y la misma persona que hizo la pregunta anticipaba la posible solución, al finalizar su intervención añadió: “Me parece que esta pudiera ser también [una alternativa] y no dejarlo todo a las grandes empresas, porque si nos censuran a través de eso prácticamente nos censuran a todos, presidente”.

 

El presidente lo miró y respondió pausadamente que su gobierno no dejará de reflexionar y analizar todo lo relacionado con las redes sociales. Y más directamente afirmó: “Por eso, sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, Comunicaciones, se busquen opciones, alternativas”.

 

A la semana siguiente, el tema siguió resonando. En la conferencia del pasado 20 de enero, López Obrador articulaba una respuesta sobre el espionaje ocurrido en gobiernos anteriores, hizo un alto y dijo: “Aquí quiero aprovechar: el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN”.

 

El mismo presidente pidió que se proyectara en pantalla la información pública que aparece en Internet sobre Hugo Rodríguez Nicolat, director de Twitter México. El ejecutivo federal leyó parte del contenido y precisó: “Porque me encontré eso y como mi pecho no es bodega… Sin embargo, sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”.

 

Al día siguiente, la cuenta oficial de Twitter México, replicó que: “Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

 

El ruido en la red del pájaro azul siguió porque también hubo quejas sobre una inexplicable cancelación de tres cuentas de Twitter de simpatizantes de López Obrador. En fin, el tema pasó a segundo plano porque apareció el inesperado contagio de Covid-19 del presidente, la cuestionada estrategia de vacunación y la llamada con Vladimir Putin para acordar la llegada de la vacuna rusa.

 

Sin embargo, la polémica con las redes sociales no está zanjada. Por el contrario, con el próximo arranque de las campañas electorales la disputa pública será más ríspida, así que vale la pena tener presente los posibles cursos de acción.

 

Una primer aspecto es si el gobierno federal propondrá la creación de una red social como sustitución a las grandes plataformas de redes en el mercado que ahora existen (fb, tw, ig, ms, por ejemplo). O bien, como un canal de información propio y alternativo a esas mismas plataformas. Si es esto último, no parecería tener mayor problema, algunos países tienen aplicaciones de redes sociales para propósitos muy variados (turismo, información, administración, etcétera). En el caso de México sería como las conferencias de prensa diarias del presidente, frente a las noticieros matutinos.

 

Una acción muy distinta es si se trata de sustituir a las grandes redes sociales y ahí no parece haber mucho futuro. Hay varios países que lo han intentado, el caso exitoso y emblemático es China con una plataforma que controla el acceso a Internet y tiene aplicaciones alternativas para todas las redes sociales conocidas en occidente. Otros países han abandonado sus intenciones a los pocos meses de iniciar y solamente han limitado el acceso a Internet.

 

Otra línea más es si deben regularse o no las grandes redes sociales. ¿Cómo se haría? Tal vez esto sería lo más relevante, es una discusión internacionalmente compartida y es muy espinosa. Lo ocurrido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio alentado por Trump a través de Twitter y episodios similares en otras naciones, pero de naturaleza política opuesta, muestran lo complicado que puede ser.

 

Finalmente, y no menos importante, está el problema de qué instancia gubernamental comandaría los esfuerzos para elaborar un verdadero diagnóstico y proponer alternativas. Por supuesto, podría ser el Conacyt. Sin embargo, su actuación en la fabricación de los ventiladores mecánicos, lo mismo que en el modelo matemático de pronósticos de presión hospitalaria o la búsqueda de alternativas al uso del glifosato, no han sido de lo más afortunado.

 

Pie de página: Ya viene el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y no, no avanzó por ningún lado la consulta de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Joe Biden, fe pública en la ciencia y foro bilateral

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 884. 21.01.2021--)

 

Joe Biden ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos y las relaciones con México, después del inescrutable recorrido que tuvieron en el mandato de Donald Trump, ingresarán en una nueva fase. El contexto y los recientes desencuentros en materia de seguridad y energía entre ambos países presagian que el entendimiento no será nada terso. ¿Las cosas serán distintas en el terreno de la educación superior y en la ciencia y la tecnología? Tal vez sí y podría ser para bien.

 

El presidente Joe Biden tiene una larga carrera política, una trayectoria de 50 años que comenzó como consejero de condado, un par de años después arribó a un escaño en el Congreso --en su momento uno de los senadores más jóvenes--, reelecto en el Senado estadounidense en media docena de ocasiones, posición que ocupó hasta antes de pasar a la vicepresidencia en el periodo de Barack Obama. O sea que es un político profesional, altamente experimentado y conoce el ejercicio de la administración pública.

 

La diferencia con la improvisada y caótica incursión en la política del empresario Trump es más que evidente. ¿Eso sería suficiente para señalar que las cosas con él serán distintas en los sectores académico y científico? Sí, aunque no permite advertir cómo y en qué sentido lo sería.

 

El compromiso del presidente demócrata de presentar inmediatamente una iniciativa de ley en materia migratoria y las filtraciones sobre las características que tendría, anticipan que la reforma será “amplia y radical”. O sea, incluye opciones para la ciudadanización de inmigrantes sin documentos --lo cual beneficiaría directamente a los “Dreamers” del programa DACA--, cambio en el estatus de refugio y una política más flexible en la admisión de sus fronteras. Así que el cambio también será benéfico para la internacionalización de la educación.

 

Los intercambios académicos entre naciones y el tema de la internacionalización quedaron en pausa, cuando no en franco retroceso, en la administración trumpista. La rudeza en el otorgamiento de visas para personal calificado y los obstáculos migratorios desalentaron a muchos de los mejores cuadros calificados que querían visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos. Eso seguramente se modificará en este periodo.

 

Otro elemento es el cambio en las instancias administrativas de las políticas científicas estadounidenses. Biden elevó la Oficina de Ciencia y Tecnología a rango del gabinete. Esto es: “el puesto de asesor de ciencia al nivel del gabinete, algo que sucede por primera vez en la Casa Blanca” (Los Angeles Times. 18.01.2021). Porque, en marcado contraste con la administración previa que alentó el fanatismo y subestimó las verdades científicas, el demócrata anunció que pondrá por delante la actividad científica para “reforzar la fe pública en la ciencia”.

 

Al frente de la Oficina nombró a Eric Lander, un científico reconocido en el campo de la genómica, líder del Proyecto Genoma Humano, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y también fue asesor de ciencia y tecnología del presidente Barack Obama.

 

La carta que dirigió Joe Biden a Lander es elocuente de lo que espera de él (is.gd/VqEHGi). En el primer párrafo evoca la solicitud que le hizo Roosevelt en 1944 al científico Vannevar Bush para impulsar el desarrollo nacional a través de la ciencia y la tecnología. Bush, el célebre ingeniero y científico que comandó el Proyecto Manhattan, precursor de la informática y de la Red e igualmente director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, dio respuesta a través del influyente informe “Science The Endless Frontier” que luego daría paso a la creación de la National Science Foundation.

 

Ahora Biden le solicita a Lander un hacer un esfuerzo similar y le pide recomendaciones para cinco grandes desafíos: los aprendizajes de la pandemia para atender las necesidades de salud pública; qué se podría hacer para abordar el cambio climático sin limitar el desarrollo; cómo liderar las tecnologías e industrias del futuro; cómo beneficiar a todos con los avances científicos y tecnológicos; y cómo garantizar la preservación de la ciencia y la tecnología a largo plazo en los Estados Unidos y su condición de polo de atracción. Las respuestas tendrán mayor importancia para los estadounidenses pero sus repercusiones podrían ser para todo el mundo.

 

Por último, vale la pena recordar que en septiembre de 2013, al comienzo del segundo periodo de Obama y el inicio de la presidencia de Peña Nieto, el entonces vicepresidente Biden visitó México para la realización del “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (FOBESII). Una iniciativa trunca para materializar la idea de incrementar la formación de jóvenes latinoamericanos en los Estados Unidos y de multiplicar por un factor de ocho a los becarios mexicanos en el país vecino del norte, entre otras propuestas. Hoy en la presidencia será más fácil concluir esa tarea.

 

La agenda de discusión y la cooperación entre México y Estados Unidos tiene temas espinosos a la cabeza, como la migración, los asuntos fronterizos, los tratados en seguridad, energía, las normas del T-Mec y muchos otros, antes que los académicos y científicos. No obstante, estos últimos podrían ser más susceptibles de resolverse de forma favorable para ambas naciones.

 

Pie de página: El presidente López Obrador encomendó al Conacyt, junto con otras dependencias gubernamentales, una tercera misión: buscar alternativas a las redes sociales conocidas para que no haya censura. Ya veremos en qué termina .

Conacyt: ¿nada para celebrar?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 883. Enero 14, 2021. Pág. 4)

 

Difícil, muy difícil saber cuáles fueron las razones, pero lo cierto es que el reciente aniversario del Conacyt pasó de largo para la actual administración. Los primeros 50 años del organismo no merecieron una conmemoración, ni siquiera un balance nacional de los avances científicos y tecnológicos que ha propiciado o lo que falta por hacer. Nada.

 

Precisamente ahora cuando la ciencia, después de ser acosada por la proliferación de hechos alternativos y noticias falsas, retornó, a escala mundial, como la tabla de salvación ante la pandemia. ¿El 2020 podría ser calificado como el año de la ciencia? Sí, definitivamente. Aquí no aplica.

 

En México, tal vez por el recelo con el pasado y porque se piensa que la historia comienza a partir de hoy, el tiempo no da para distraerse en celebraciones menores. O quizás debido a que el aniversario cayó precisamente en este fin de año atípico, cuando sigue la amenaza de un virus altamente contagioso, la responsabilidad pública está concentrada en atender la contingencia y no puede eludir su grave responsabilidad. O bien, en definitiva, no hay nada qué presumir ni celebrar. En todo caso, mal por el lado que se le vea.

 

El Conacyt no es una institución irrelevante. Es el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México, responsable de comandar las actividades en la materia y se le pueden atribuir tanto logros como deficiencias.

 

Por ejemplo, a pesar de los altibajos en el programa de becas, los errores en sus bases de datos o las fluctuaciones del respaldo financiero, es una iniciativa que ha sostenido consistentemente a lo largo del tiempo la formación de maestros y doctores en este país. El papel que ha desempeñado en la acumulación de recursos humanos de alto nivel en México, y en otras naciones de la región, ha sido fundamental e invaluable.  

 

También la instauración del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1984, aunque tiene una escasa movilidad entre sus niveles de reconocimiento, son inocultables los sesgos de sus evaluaciones e impide la posibilidad de un salario académico decoroso para todos, ha sido un programa clave para apoyar la actividad de investigación en la geografía nacional y la integración de circuitos y grupos de investigación altamente competitivos.

 

Otro tanto se puede decir de las acciones que ha puesto en marcha Conacyt para descentralizar, regional e institucionalmente, las actividades científicas y tecnológicas. Desde sus primeros años se propuso apoyar los esfuerzos de las entidades federativas y respaldar la creación de instituciones científicas. La cantidad de centros de investigación que hoy existen en el país, los equipos de trabajo y las tareas que realizan, no tiene punto de comparación con lo que había hace medio siglo.

 

El decreto de creación del organismo es del 29 de diciembre de 1970, en ese entonces quedó sectorizado a la SEP, era el periodo de Luis Echeverría Álvarez, los años posteriores a los trágicos acontecimientos del movimiento estudiantil de aquella época. También ahí arrancaban los grandes planes y las perspectivas de un mejor desarrollo nacional basado en la ciencia y la tecnología.

 

Desde entonces, el Conacyt asumió la función de asesoría del ejecutivo federal en la materia, lo mismo que ser un órgano de consulta obligado para las diferentes dependencias gubernamentales. Funciones que a la fecha persisten, junto con otra veintena más de tareas que se han añadido conforme su normatividad se ha modificado.

 

A lo largo del tiempo, el organismo fue fortaleciendo su autonomía y sus capacidades. Después de depender de SEP, estuvo sectorizado a otra secretaría --ahora ya inexistente--, luego regresó a SEP, consiguió su autonomía técnica, posteriormente se hizo de un renglón de gasto propio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (el ramo 38), ya no dependió administrativamente de ninguna secretaría, planteó la conveniencia de contar con un Programa Especial (en lugar de uno sectorial) y múltiples instancias para respaldar y tomar decisiones.

 

El organismo no es el único responsable del estado que guarda el sistema científico y tecnológico, también está el Congreso, los diferentes órdenes de gobierno, las asociaciones académicas y científicas, becarios, investigadores, profesores, entre otros. Sin embargo, sí lo es de las políticas públicas en la materia, por ese motivo el aniversario debió aprovecharse para un corte de caja.

 

No obstante, salvo un pequeño aviso de celebración en la página web del Conacyt y media docena de tuits en la cuenta institucional, el aniversario pasó de noche. Ningún comunicado oficial. Si usted no tiene Twitter ni se enteró.

 

Hoy, sin un Programa Especial, con un presupuesto menguante y con una ley en ciernes que debió estar aprobada el mes pasado, pero cuyo proyecto ni siquiera se ha presentado oficialmente al Congreso, mucho menos discutido de forma colectiva, parece que hay poco que celebrar.

 

Pie de página: La Red Procienciamx ha fijado su posición sobre el anteproyecto de nueva ley general para el sector e indica una decena de puntos polémicos. No pueden ser soslayados.

Ciencia y Tecnología. Fallas de origen en el 2020

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 881. 24.12.2020--)

 

El 2020 quedará marcado como el año de la pandemia en todo el mundo. En México, a punto de concluir el año, aunque a la Covid-19 todavía no se le ve el fin, quedarán para el registro tres graves deficiencias en el terreno de la política científica y tecnológica. Fallas que acaso muestran que no todo se puede atribuir a la alteración que causó el coronavirus.

 

Una de ellas, lo hemos dicho una y otra vez, es la inexistencia del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2020 – 2024 (Peciti). No es un programa cualquiera, es el documento norte que conduce a todo el sector, porque ahí deben estar los grandes objetivos para el periodo de gestión, las propuestas estratégicas de cada administración y, más importante, las acciones a poner marcha para alcanzar sí o sí metas autoimpuestas. Legalmente no existe.

 

Aunque, podría aventurarse, para qué elaborar un programa si la contingencia sanitaria necesariamente cambia cualquier plan o programa. No es el caso. El Peciti debió estar publicado en enero de este año, cuando todavía no teníamos noticia del coronavirus, ni siquiera imaginábamos lo que vendría después, así que ni cómo trasladarle la responsabilidad a la pandemia.

 

¿Entonces por qué no hay Peciti? La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, ha dicho que el programa fue aprobado por los órganos de gobierno del propio Conacyt, la misma titular del organismo realizó presentaciones con legisladores y organizaciones de su supuesto contenido, pero nunca fue presentado ningún documento y menos publicado. Inexplicable.

 

Transparencia dice que el Peciti está en la Secretaría de Hacienda, así que ni siquiera está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la instancia previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El programa no solamente es el documento rector de la política científica y tecnológica, también es el instrumento para distribuir los recursos entre Conacyt (ramo 38) y todas las secretarías que también realizan actividades en el sector. Un año después no existe.

 

Una segunda falla es la norma del sector. La reforma del artículo 3º constitucional de mayo de 2019 estableció en artículo transitorio que debía emitirse una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en diciembre de este año. El problema es que, a punto de vencer el plazo, no hay ley y tampoco un proyecto registrado.

 

Aquí mismo, hace algunas semanas, dijimos que tal vez lo mejor sería aplazar la aprobación de la nueva ley, en lugar de improvisar o imponer una norma insatisfactoria. Lo raro es que, justo el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la directora del Conacyt anunció un anteproyecto de ley aprobado por el Consejo General.

 

No obstante, como si nada hubiera ocurrido, porque oficialmente no se presentó ningún documento y mucho menos se ingresó proyecto alguno en el Congreso. Tampoco estuvo a disposición pública ni se habilitó ningún sitio electrónico de consulta. Lo más sorprendente es que circula ampliamente un anteproyecto de ley sin firma pero con logotipos oficiales, el cual presuntamente fue elaborado por Conacyt. El organismo no ha dicho ese documento es mío.

 

Lo único cierto es que, oficialmente, no hay un anteproyecto de ley y la falla más grave es el incumplimiento con lo indicado en la Constitución. No será la primera vez, pero es perturbador que no fue suficiente un año y medio para cumplir la encomienda y tal parece que las omisiones legales se están volviendo costumbre. Y pues no, la pandemia tampoco tuvo qué ver.

 

Por el contrario, la pandemia sí tuvo intervención en la tercera falla. ¿Recuerdan el compromiso de Conacyt sobre los ventiladores y la cúspide de la pandemia?  El 24 de abril, la directora de Conacyt en la conferencia de prensa sobre el informe diario del coronavirus dijo: “El reto concreto que nos planteó el presidente de la República es lograr tener al menos la producción de 700 equipos de ventiladores mecánicos para el 15 de mayo”. Era la fecha prevista de los picos epidémicos y por ese entonces no imaginábamos que llegaríamos a los números que tenemos hoy.

 

Una vez transcurrido el plazo, nuevamente en conferencia de prensa, Hugo López Gattel, el subsecretario de salud, reconocía que no se contaban con los ventiladores y tampoco sabía cuando estarían listos. Y puntualizó: “la necesidad aguda que estos ventiladores iban a cubrir quedó cubierta antes por la adquisición de otros varios ventiladores que hemos estado anunciando y que se han comprado no solamente en China” (17.05.2020).

 

Los primeros ventiladores estuvieron listos dos meses después de lo previsto. Actualmente no hay información disponible sobre su número y distribución en hospitales, pero ya estamos ahora sí ante una emergencia sanitaria de proporciones mayúsculas, así que el tema retornará a la opinión pública y las fallas serán inocultables.

 

En última instancia, el mayor problema con las distintas fallas no es el incumplimiento o los retrasos, lo lamentable es la evidente desorientación entre el punto de partida y el de llegada, la revelación de improvisaciones para planear y obtener resultados. Claro, si no existen coordenadas para conducir el sistema científico y tecnológico, las fallas serán lo recurrente. ¿El año próximo será distinto? No, desafortunadamente.

 

Pie de página: Ya, que se acabe el 2020.

Instrucción presidencial sobre el glifosato

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 880. Diciembre 17, 2020. Pág. 4)

 

Víctor Toledo renunció al gabinete de López Obrador en agosto pasado y Alfonso Romo se fue al comienzo de este mes. Ambos fueron protagonistas de la disputa por el uso o prohibición del glifosato. Su salida de la administración no está asociada, en sentido estricto, a sus posiciones sobre el agroquímico, pero sí refleja los desencuentros entre las dependencias gubernamentales y, sobre todo, la importancia de fundar técnicamente las decisiones.

 

Las dificultades entre integrantes del gabinete se preveían desde el comienzo de la actual administración, como aquí mismo lo hicimos notar (Campus No. 759). Unos funcionarios eran férreos detractores de los transgénicos –el glifosato es ampliamente utilizado en la agricultura y en las semillas genéticamente modificadas-- y otros sus partidarios declarados.

 

El presidente López Obrador encabeza a los primeros y el rechazo a las semillas transgénicas fue parte de sus compromisos que anunció desde el primer día de su mandato (compromiso número 74). La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla secundaba la misma posición, lo mismo que Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, primera titular de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y más abiertamente Víctor Toledo, el segundo titular de la misma secretaría.

 

Por el contrario, nada menos, Alfonso Romo, el que fue Jefe de Oficina de la Presidencia, no solamente era o es un simpatizante de los transgénicos, también tiene interés empresarial en el mejoramiento genético de las semillas. Una simpatía por la biotecnología que también comparte Víctor Villalobos, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

 

En agosto de este año, tras un periodo de aparente coexistencia pacífica sobre el tema en el gabinete, el entonces titular de la Semarnat exigió a través de Twitter una disculpa pública a su homólogo de la Sader porque, sin tomarle parecer, había ingresado un anteproyecto de decreto presidencial para la regulación del glifosato y no prohibía el maíz transgénico. El anteproyecto, dijo Toledo, era contrario a las instrucciones del presidente.

 

El tuit con la solicitud de disculpa fue retirado de la red y lo mismo ocurrió con el anteproyecto de decreto que estaba en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Sin embargo, el conflicto sobre el glifosato exhibió públicamente las diferencias en el gabinete. El propio López Obrador, después de la renuncia de Toledo, tomó la decisión de no emitir el decreto y ofreció una alternativa al problema.

 

López Obrador anunció: “No, no se va a publicar, no se va a publicar, porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en el gobierno, en actividades del gobierno, y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo que, como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para que se pueda desechar por completo ese agroquímico, se está limitando -eso fue lo que acordamos- el volumen de importación” (Versión estenográfica 19.11.2020).

 

Y, efectivamente, desde el pasado 9 de diciembre, el portal de la Conamer ya tiene un nuevo decreto para regular el uso del glifosato que esencialmente precisa lo que dijo López Obrador. Por ejemplo, el periodo de sustitución total del herbicida se prolongará hasta el 31 de enero del 2024. Es decir, casi un año antes de que concluya funciones esta administración.

 

También prohíbe la utilización del glifosato en el marco de las acciones y programas de gobierno, al mismo tiempo que instruye a la Sader, Semarnat y Conacyt a buscar alternativas de otros agroquímicos. Además, el organismo científico será el encargado de emitir “recomendaciones anuales para las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación”.

 

La salida al diferendo no está mal, pero no es suficiente. Una prohibición tajante del herbicida, y de aplicación inmediata, hubiera traído graves daños a la agricultura, la industria alimentaria y repercusiones negativas en múltiples ámbitos. En cambio, postergar la decisión para buscar un agroquímico sustituto debe ofrecer argumentos públicos razonables y técnicamente fundados.

 

Los asuntos controvertidos, como los transgénicos o el uso de ciertos agroquímicos, sobre los que existen evidencias positivas y negativas, no pueden decidirse por anticipado o de forma unipersonal o improvisada. Estos temas demandan máxima publicidad, argumentos convincentes y basados en el conocimiento.

 

En fin, el decreto presidencial está en la fase de recibir comentarios en el portal de la Conamer y todavía no está vigente. Lo notable es que todas las opiniones que ahí ha recibido son favorables a la utilización del glifosato. ¿La autoridad las ignorará? Seguramente, pero no debiera.

 

Pie de página: Incomprensible. Un mes después de anunciar que no se renovarían los convenios que amparaban a los miembros del SNI de las instituciones particulares, ahora un críptico comunicado de la autoridad dice que mejor sí continuarán con un “carácter novedoso”. // Concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y quedó incumplido el artículo sexto transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional. No hay Ley General de Educación Superior y tampoco Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.