Ciencia y Tecnología: ¿celebración de realizaciones y pendientes?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 974. Noviembre 24, 2022. Pág. 9)

 

Campus celebra un aniversario más y coincide con el final de los primeros dos tercios de la presente administración. A pesar de que todavía falta el tramo final, las mismas autoridades han hecho notar que lo realizado hasta ahora ya constituye una transformación y logros sin precedente. Vale la pena destacar un par de iniciativas sobresalientes en el sector de ciencia y tecnología y también algunos pendientes.

 

La transformación, lo ha reiterado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, casi desde que tomó posesión del cargo en diciembre del 2018, fue detener las transferencias millonarias hacia empresas privadas. Según su apreciación, esas transferencias, muchas de ellas directas y para transnacionales, impedían el desarrollo científico y tecnológico. Lo predominante en administraciones anteriores, ha dicho, era una ciencia neoliberal y una tendencia favorecedora a la privatización de los posgrados. Ahora ya no.

 

¿Por qué no? Uno de los cambios, lo repite una y otra vez la titular del Conacyt, fue la eliminación de los 91 fideicomisos que operaban en el sector, unos desde el periodo del expresidente Vicente Fox y los más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, en el sector estaba la mayor cantidad de esos instrumentos, aunque ni de lejos concentraban el volumen más grande de recursos.

 

El monto recuperado de los fideicomisos, dijo Álvarez Buylla en una reciente conferencia de prensa con el presidente, fue de más de 14 mil millones de pesos y añadió que también se encontró con una gran cantidad convenios insolventes que sumaban más siete mil millones de pesos. “Y en total, entonces, el retorno a la Tesofe fue de casi 22 mil millones de pesos” (versión estenográfica 09.08.2022). Así que ahora, completó la titular, hay mayor ahorro, eficiencia y resultados de innovación. 

 

La extinción de los fideicomisos, sin embargo, no fue una decisión del sector, fue una política el gobierno federal que eliminó esos instrumentos de toda la administración pública, excepto algunos para Salud, Energía y la Secretaría de la Defensa. Aunque a la fecha no se ha presentado el informe público que mostraría la corrupción y el manejo opaco de los fideicomisos, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que esa información estaría a los tres meses, o sea, en enero del año 2021. Ni entonces ni ahora.

 

En cambio, la eliminación de los fideicomisos provocó dificultades y parálisis en el sector, especialmente en los Centros Públicos de Investigación, porque la administración y operación de esas instituciones, y de múltiples proyectos en marcha, dependían de esos instrumentos. 

 

El ahorro de recursos ha sido notorio, los lineamientos de austeridad se aplicaron sí o sí a las instituciones y también está el registro del presupuesto anual para el sector. En términos nominales, apenas este año y el próximo, el Conacyt recibió una cantidad superior a la asignada al inicio del periodo: en 2018 recibió poco más de 27 mil millones de pesos y este año tuvo 29.5 mil millones de pesos y para el próximo tendrá 31.6 mil millones de pesos. Un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos que, como se podrá entender, no compensa la inflación acumulada.

 

Sobre la privatización del posgrado. Álvarez Buylla ha dicho que al inicio del actual periodo encontraron que 64 por ciento de la matrícula de posgrado estaba privatizada y 36 por ciento no. O sea, la mayoría de alumnos de ese nivel estaban inscritos en instituciones particulares. ¿Qué hizo el Conacyt? Eliminó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un programa que otorgaba becas solamente a los alumnos matriculados en instituciones pertenecientes a ese padrón, fueran públicas o privadas.

 

¿Cómo estaban los números del PNPC? De los más de 11 mil programas de posgrado a nivel nacional, poco más del 20 por ciento pertenecían a ese padrón y, de este último porcentaje, el 75 por ciento estaban orientados a la investigación y el 90 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que entregará las becas de posgrado directamente y, según sus cálculos, habrá para todos los alumnos matriculados en instituciones públicas. 

 

No obstante, las cifras del 4to informe de este gobierno, de septiembre de este año, muestran que al inicio del sexenio se entregaban 52 mil 649 becas de posgrado nacionales y la estimación para este año es de 49 mil 406. O sea, casi tres mil becas menos. Las becas de posgrado al extranjero, para el mismo periodo, pasaron de 3 mil 313 a 1 mil 650 (pág. 638). Estas últimas se redujeron a la mitad. 

 

Tal vez al cierre del año las cifras de becas mejoren, pero tampoco serán sobresalientes. El único programa que se ha expandido a tasas crecientes es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN): en el 2018 tenía 28 mil 633 integrantes y la estimación para este año es de 36 mil 624. Es decir, se han agregado casi ocho mil nuevos miembros en los últimos cuatro años; casi dos mil por año. 

 

Un crecimiento importante del SNI pero no todo es miel sobre hojuelas. Como también se sabe, la presión financiera ha sido mucha, así que cambió su reglamento para retrasar el ascenso en el programa de los jóvenes investigadores y concentrarse en IES públicas. Ahora, en la convocatoria más reciente, está por resolverse si todos los que recibieron el nombramiento de investigador, también recibirán el incentivo económico correspondiente.

 

En fin, en este panorama, quedan al menos tres pendientes insoslayables. Uno de los más sobresalientes es la expedición de la ley general para el sector que debió hacerse desde diciembre del 2020. No menos importante es una asignación presupuestal creciente, los recursos han sumamente limitados y ahora estamos más lejos de cumplir con un piso básico de 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología (pasamos del 0.45 al 0.33). Y, finalmente, la descentralización de la actividad, porque al eliminarse los fondos mixtos y la operación de la instancia de encuentro entre el Conacyt y las autoridades de las entidades federativas, el fomento del sector en los estados ya no se ve como un objetivo. 

 

Pie de página: ¡Larga vida a Campus!

Reasignaciones de bienestar en el presupuesto 2023

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 973. Octubre 20, 2022)

 

La tarde del pasado 8 de noviembre, la diputada Saraí Núñez Cerón, secretaria de la sesión, informaba: “Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y 0 abstenciones” (versión estenográfica). La propuesta del Prespuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF) estaba aprobada en lo general.

 

Sin embargo, en lo particular, con alredor de dos mil reservas por exponerse, quedaban largas horas y días para desahogarlas. Al final, con excepción de cuatro reservas, todas fueron desechadas. El viernes 11, el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva, concluía la sesión indicando sobre el PEF: “Aprobado por 270 votos lo reservado, en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del año 2023. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”. Listo.

 

El volumen total de recursos del PEF suma 8.29 billones de pesos, la misma cantidad que había propuesto el gobierno federal en septiembre pasado, pero con algunas reasignaciones presupuestales importantes que fueron aprobadas. El caso más ilustrativo es el ramo de los autónomos, al que le fueron recortados poco más de 6 mil millones de pesos. En este ramo están el poder legislativo, el judicial y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inai, la Fiscalia General de la República y el Instituto Nacional Electoral (Ine).

 

La reducción más significativa fue para el Ine con poco más de 4 mil millones de pesos (de 24, 696 millones de pesos pasó a 20 mil 221 millones de pesos). Aunque también al Consejo de la Judicatura Federal le restaron una cantidad significativa: 1,286 millones de pesos. Esta última reducción fue una de las cuatro reservas que prosperaron, de las más de 2 mil que se expusieron; el argumento fue que la disminución al Consejo sería para la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

 

A su vez, la cantidad restada al ramo de las entidades autónomas, fue reasignado al ramo administrativo, donde están las secretarías de Estado y otras entidades federales. Pero, en realidad, fue para la Secretaría del Bienestar, los diputados le incrementaron 6 mil 340 millones de pesos: pasó de 408 mil 290 millones de pesos a 414 mil 632 millones de pesos.

 

Otra reserva, también aprobada en la sesión final, fue sobre el procedimiento para el ejercicio del gasto en el programa la “Escuela es Nuestra”. La presentó la diputada Tania Cruz Santos del Partido Morena y planteó que los recursos para ese programa eran de más de 13 mil millones de pesos, lo cual constituía un incremento de 84.5 por ciento, respecto del año anterior.

 

El problema, dijo Cruz Santos, era que se habían sumado, en las reglas de operación del programa, distintos tipos de recursos: para mejora de infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida que pertenecía al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pero no estaban definidos los montos de recursos para cada componente. Propuso que se añadiera un transitorio para que se definieran las asignaciones para cada componente. La reserva fue aprobada.

 

En resumidas cuentas, con las salvedades anotadas, la propuesta de PEF que conocimos al inicio del pasado mes de septiembre, fue lo que se aprobó la semanana pasada. O sea, fueron los mismos 8.29 billones de prespuesto total y tampoco varió la cantidad para educación ni para ciencia y tecnología, será porque no forman parte del “bienestar”.

 

Seguramente usted recordará que para el caso de ciencia y tecnología se proponía para el año 2023 un monto total de 108 mil millones de pesos, la misma cantidad fue aprobada por los diputados. Tómese en cuenta que el monto incluye a todo el sector: el presupuesto en la materia de todas las secretarias de Estado y el que ejerce directamente el Conacyt. El monto representa, en términos nominales, 15 mil millones de pesos más de lo asignado en este año.

 

El incremento principal, sin embargo, no es para el Conacyt. El orgnismo pasará de 30 a 32 mil millones de pesos, similar al incremento que tendrá Salud. El aumento más significativo, respecto de lo que recibió este año, será para la Secretaría de Energía que tendrá un incremento de 7 mil millones de pesos. O bien, los 3 mil millones más que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

En fin, a pesar de que el incremento para Conacyt de 7 por ciento ni siquiera compensará el efecto de la inflación, por lo menos su presupuesto no tendrá un crecimiento negativo como ocurrió en los primeros tres años del actual periodo. De cualquier forma, siguen pendiente la operación de programas emblemáticos del Conacyt.

 

Los resultados de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores ya están publicados, pero no se ha informado si todos los que recibieron un nombramiento de investigador también alcanzarán o no el incentivo correspondiente. Algo similar ocurre con las becas de posgrado para el extranjero, después de un incomprensible retraso en la convocatoria, también fueron anunciados los resultados, pero falta precisar el volumen general y las asignaciones. Los dos programas representan alrededor de dos tercios del prespuesto que ejerce centralmente el Conacyt. Esperemos la información oficial.

 

Pie de página. A propósito del PEF 2023, relevante la expresión pública de la Asociación Nacionald e Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre “el deterioro sistemático del presupuesto destinado a la educación superior”. El problema es que apareció cuando el presupuesto ya estaba aprobado, aunque una mayor anticipación quizás tampoco habría tenido efecto.

Conacyt: retorno de comités para una contraloría social

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 972. Noviembre 10,  2022. Pág. 4)

 

El gobierno actual ha dejado en claro que no le gustan y no quiere a los órganos intermedios, esos que se interponen entre él y los ciudadanos en la tarea de gobernar, todavía menos si tienen o tenían una cierta autonomía.

 

La entrega directa de beneficios a los gobernados, una interlocución sin mediaciones con los ciudadanos y ningún otro agente en el proceso de toma de decisiones, han marcado las líneas generales de la actuación gubernamental en el periodo. La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también la del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, a pesar de que ambos tenían actividades muy especializadas, exhiben las preferencias.

 

Las cosas no han sido distintas en el terreno de la actividad científica y tecnológica. Y no solamente es la eliminación del Foro Consultivo, ese controvertido organismo diseñado para que diferentes actores participaran en la política sectorial, porque la misma suerte corrió la Conferencia Nacional, esa instancia de coordinación entre titulares del ramo en las entidades federativas y el Conacyt. O bien, los fondos sectoriales y mixtos o las múltiples redes, asociaciones y comités que operaban distintos programas.

 

Pero si la actuación gubernamental está animada vigorosamente por una fuerza centrípeta, ¿por qué la autoridad, en el ámbito científico y tecnológico, ahora trata de colocar una válvula de escape que le reste fuerza de atracción? Veamos.

 

Desde hace dos semanas el Conacyt convocó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) --aunque no a todos-- y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social (CCS). El plazo para registrar los datos en línea venció este 4 de noviembre.

 

En el caso del SNI se integrarán cuatro CCS: uno para candidatos a investigador; otro para los investigadores nivel I; otro para los niveles II; y uno más para los niveles III y eméritos. La participación es voluntaria, aunque todavía no se sabe cuántas personas se registraron de los casi 36 mil miembros del SNI y menos cómo serán seleccionadas las 40 personas que integrarán los comités (10 por cada uno).

 

Lo único que se ha dicho es que los comités tendrán una integración equitativa de hombres y mujeres, habrá representación de todas las regiones y la participación de la Ciudad de México estará limitada a una persona.

 

Las funciones que desempeñarán los comités sí están previstas y se refieren a las indicadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que están descritas en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales” (DOF. 28.10.2016). La responsabilidad más relevante es la de vigilar la operación del programa, tanto en lo referente al ejercicio de los recursos y cumplimiento de normas por parte de los beneficiarios como a la entrega de apoyos y registro de quejas.

 

Sin embargo, cabe aclarar, la iniciativa de una contraloría social no es reciente y tampoco es de este periodo. De hecho, en México, el germen quedó sembrado en los comités (presidente, secretario y tres vocales) que se pusieron en marcha al comienzo de los años noventa en el macro Programa de Solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los vocales de aquellos comités tenían la responsabilidad de controlar y vigilar la operación del programa, en especial la transparencia y el uso adecuado de los recursos.

 

A nivel de la administración pública, la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), antes se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en aquellos años noventa y antes, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Fiscalizaban normas y el ejercicio de los recursos.

 

Los lineamientos de contraloría social a los programas federales tampoco son de este periodo, el establecimiento de la primera regulación fue en el 2008 –en el periodo de Felipe Calderón-- y la actualización más reciente a la norma fue realizada en el 2016, en la administración de Peña Nieto.

 

O sea, la regulación de una contraloría social está prevista en las leyes desde hace tiempo, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la instauración de comités y Órganos Internos de Control a nivel estatal y federal, están en operación múltiples instancias y, sin embargo, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo opaca porque ha escapado al escrutinio de beneficiarios y ciudadanos.

 

Los comités podrán retornar, pero si la contraloría social no tiene dientes para inhibir los actos indebidos o para ejercer un verdadero control sobre los recursos públicos, no es una válvula ni una ventana a la actuación de la administración gubernamental. Además, si la instauración de los CCS en el sector sigue la norma, deberían estar todos los programas sujetos a reglas de operación, como el de fortalecimiento sectorial de capacidades científicas y el de fomento regional, no solamente los controvertidos.

 

Pie de página: La agenda está larga: vienen los recursos de revisión en el SNI y la definición sobre la entrega de incentivos; los senadores tienen en sus curules la iniciativa sobre multas a los partidos políticos; y los diputados discuten el presupuesto para el año próximo.