FOMIN Y EL ESTADO DE MÉXICO

La importancia de algunas entidades federativas en materia de ciencia y tecnología ha sido creciente, aunque todavía poco visible. Los avances son recientes: apenas a partir del 2008 todos los estados cuentan con un consejo estatal del sector y desde el año pasado están los intentos por articular un sistema con el conjunto de consejos.

Algunas entidades, como el Estado de México, están tratando de avanzar con mayor rapidez y los recursos financieros parecen ser la clave. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) tiene relativamente poco tiempo de instaurado, se creó en el año 2000, y apenas en el 2004 se promulgó la ley respectiva.

La entidad federativa tiene una amplia oferta educativa de nivel superior con más de dos centenares de instituciones, 14 de ellas que ofrecen estudios de doctorado (el mayor número después del DF que tiene 29). También cuenta con más de una decena de centros de investigación y más de 800 investigadores nacionales, aunque su participación en los fondos mixtos ha sido relativamente modesta.

La extensión territorial del estado es relativamente pequeña (ocupa el lugar 25 a escala nacional), pero los más de 14 millones de habitantes representan la mayor concentración de habitantes de la República. Tal vez más importante, en la entidad se genera el 10 por ciento del PIB nacional y suma casi tres millares de Pymes.

Al igual que una buena parte de entidades federativas, el Estado de México ha mejorado sus indicadores en materia de ciencia y tecnología, pero han sido más notorios la instalación de centros digitales que recibieron recursos en el presupuesto de este año y sus planes recientes para la creación de un parque tecnológico, centrado en tecnologías de la información, como lo comentamos hace un par de meses en este mismo espacio.

Además, la semana anterior se anunció la firma de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Comecyt para impulsar un sistema estatal de innovación (Reforma 08/12/2010). En realidad se trata de un proyecto aprobado desde el pasado mes de agosto, aunque restaba la creación de algunas instancias y la firma de algunos documentos.

El proyecto, según el documento firmado, tiene como objetivo principal “contribuir al aumento de la inversión en innovación por parte de las Pymes del Estado de México y fortalecer sus vínculos de colaboración con centros tecnológicos, universidades y entidades públicas locales que conforman el sistema estatal de innovación (SEI)”. Esto, en virtud de que, se advierte, las políticas sectoriales, “se han concentrado en gran medida en la investigación científica pública, y solo en los últimos años han comenzado a poner un mayor énfasis en el desarrollo tecnológico de las empresas y en la investigación aplicada”.

Si bien se reconocen algunos avances a nivel nacional en materia desarrollo regional, también se destaca que el concepto de sistema estatal de innovación no está “debidamente integrado en el marco de las políticas estratégicas de la mayoría de los estados”.

El proyecto, titulado “Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en México”, tendrá una duración de tres años y su presupuesto global será de 1 millón 973 mil dólares que ejercerá el Comecyt. En el financiamiento participan: el BID con 920 mil dólares (no reembolsables); el Comecyt con 918 mil dólares; y Conacyt con 315 mil dólares.

Los recursos aportados por el BID provienen de su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), creado al comienzo de los años noventa para el desarrollo innovador del sector privado de las micro y pequeñas empresas en la región latinoamericana. Una característica de los recursos de este fondo es que son no reembolsables, dado que se canalizan a proyectos piloto o innovadores.

De hecho, como lo expresa el documento ejecutivo del proyecto, se busca la puesta en marcha de un modelo para acercar a las Pymes a los agentes del sistema de innovación y, sobre todo, complementar el proyecto piloto del BID de fortalecimiento de los sistemas estatales de innovación que opera en tres estados de Brasil y de otras entidades de Chile, Colombia y México.

El desarrollo del proyecto tiene tres componentes. Uno, centrado en el fortalecimiento institucional para el diseño de planes de innovación, en el que debieran participar actores públicos y privados del sistema estatal para la definición de la agenda. Los recursos previstos para este componente son 198 mil dólares.

Otro componente es el apoyo a las inversiones de las Pymes en innovación. Esto es, respaldo para la identificación de problemas y soluciones tecnológicas, así como aumento de inversión para proyectos de innovación. Este apartado es el que absorberá la mayor cantidad de recursos: 1 millón 203 mil dólares. Un último componente es el de monitoreo, sistematización y difusión de la experiencia, es en donde se definirá el modelo a seguir o se identificarán “las mejores prácticas”. El monto financiero previsto es de 213 mil dólares y es en donde estará la aportación de Conacyt.

(Publicado en Campus Milenio No. 398. Diciembre 16, 2010)

PECITI: VISIÓN DE LARGO PLAZO

Desde mediados de los años noventa, conforme disminuía el brillo de la figura presidencial y adquiría relieve el Congreso de la Unión en la toma de decisiones, también se comenzó a hablar con mayor insistencia de instaurar políticas de Estado para el desarrollo de México. El movimiento anunciaba el descentramiento de una responsabilidad unipersonal y el cambio en la temporalidad de las políticas públicas; pasar de las iniciativas sexenales centradas en el gobierno federal a las iniciativas de participación múltiple y bajo acuerdos intertemporales.

La reforma a la normatividad científica y tecnológica de 1999 --todavía con el PRI como partido en el gobierno-- entre los muchos cambios que formuló, también incluyó la necesidad de contar con una política de Estado y propuso la creación de instrumentos (de ahí vienen los fondos competitivos y los convenios de desempeño) e instancias para el diseño de la política (el Foro, el programa especial, por ejemplo). No obstante, en la ley no quedó enunciada de forma explícita la idea de política de Estado en el sector.

Al cambio de siglo y con la alternancia en el gobierno, la idea de políticas de Estado y de largo plazo cobró mayor relevancia. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno federal panista, el de Vicente Fox, planteó por primera vez la idea de un escenario a 25 años de los programas sectoriales y otro escenario para el sexenio. La propuesta fue recogida en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y quedó como primer objetivo disponer de una política de Estado en ciencia y tecnología.

Una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología en el 2002, elevó a rango de ley el planteamiento de política de Estado. Efectivamente, en el artículo 2 de la entonces nueva ley se anotaron diferentes acciones que “Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”. También consideró que el Consejo General sería quien definiría la política de Estado en esta materia (artículo 3).

Sin embargo, tal parece que las modificaciones normativas no eran completamente explícitas ni satisfactorias. La fracción del PRD en el Senado y particularmente el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, quien preside la comisión de ciencia y tecnología, presentó en febrero del 2009 una iniciativa de reforma a la ley de ciencia y tecnología para darle mayor precisión al tema de la visión de largo plazo en el sector.

La propuesta consistía en modificar los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología para añadirle nuevas características al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (Peciti): una visión con proyección a 25 años; actualizable cada tres años, conforme el inicio de cada legislatura; y la definición de áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica.

En la misma propuesta se especificaba que la aplicación de estos nuevos atributos debían estar bajo la responsabilidad del máximo órgano de gobierno del sector (el Consejo General que preside el ejecutivo federal) y de su secretario ejecutivo (el director de Conacyt).

Aunque con leves modificaciones, como las fracciones afectadas, el orden o la redacción de los cambios, el pleno del Senado aprobó la propuesta de reforma el primero de diciembre de 2009. Esto es, sobre el Peciti, además de establecer la responsabilidad del Consejo General, el artículo 20 indica que: “El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El Programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión”. Seguramente esto último para garantizar los recursos financieros.

La modificación del artículo 21 tampoco carece de importancia. Ahora, en su fracción III Bis, precisa que el Peciti debe contener “Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones”. Es decir, la definición de áreas y proyectos relevantes para el desarrollo nacional. Un componente que no es nuevo pero que ha sido poco sistemático y fuente de múltiples tensiones entre autoridades e investigadores.

La propuesta de reforma del Senado pasó a la Camára de Diputados hace casi un año y la semana anterior, el pasado 2 de diciembre, el dictamen fue presentado al pleno de la cámara. El diputado Reyes Tamez Guerra, exsecretario de Educación Pública y ahora coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y presidente de la comisión de ciencia y tecnología, fundamentó el dictamen. Ningún orador se anotó para debatir la iniciativa, ni a favor ni en contra. Sin mayor trámite, la propuesta fue aprobada con 302 votos (de 500 posibles), 0 en contra y 0 abstenciones.

Bajo diferenes ritmos y lógicas el marco normativo se va edificando. Claro, ahora sólo falta llevarlo al terreno de la siguiente administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 397. Diciembre 9, 2010)

INNOVACIÓN: ¿A DELIBERACIÓN EN UN ESPACIO LATINOAMERICANO?

El pasado fin de semana, en Playa del Carmen, Quintana Roo, concluyó el Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (FIBECYT 2010). Una de las propuestas que se planteó en el foro y que probablemente se discutirá el próximo año es la creación de un espacio en la región para impulsar políticas públicas en materia de innovación.

La entidad que organizó el foro es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Hace más de 25 años que se creó este programa, bajo acuerdo y con la participación de 19 países latinoamericanos (en los que se incluye México), más Portugal y España. Este último país, aporta alrededor de la mitad del presupuesto del programa.

A pesar del tiempo de operación que lleva el programa, sólo a partir de1993 tiene un vínculo mayor con los tomadores de decisión. Desde esta última fecha, organiza las reuniones sectoriales y forma para de la agenda de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizan periódicamente.

Una de las características del CYTED ha sido la búsqueda de contacto entre el mundo empresarial, tomadores de decisión e investigadores, aunque con mayor inclinación a vincularse con el sector productivo. De hecho, el primer foro que organizó en 2006 se denominó “Foro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, Empresa y Sociedad” (FIBECYT 2006). El foro se celebró en Buenos Aires, Argentina, bajo el impulso del actual secretario general del CYTED, Fernando Aldana, quien ocupa la secretaría desde el 2003.

El foro de Buenos Aires marcó la pauta de organización de este tipo de encuentros e incluyó tres componentes: la participación como conferencistas de premios Nobel y destacados especialistas en variados temas; un foro de debate especializado (Forum Iberoeka) pero con la idea de generar proyectos compartidos entre la comunidad científica y las empresas de la región; y espacios de debate más abiertos. En esa ocasión, el debate especializado se concentró en los sectores energéticos y las políticas de desarrollo; mientras que las temáticas de discusión general se refirieron al problema del género, patentes y transferencia del conocimiento.

El segundo foro, el FIBECYT 2008, conservó el mismo nombre y se llevó a cabo en cooperación con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela. Al igual que el foro previo, incluyó el Forum Iberoeka, el cual se enfocó a la discusión de la tecnología y gestión del riesgo, y el de discusión más abierta abordó el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de las naciones.

Por su parte, el más reciente FIBECYT 2010, el realizado la semana anterior en México, conservó las mismas siglas de las ediciones anteriores pero cambió su nombre a “Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto es, suprimió la extensión “Empresa y Sociedad”, y la intercambió por la de “Innovación”.

Además, el FIBECYT 2010, como el primer foro de Buenos Aires del 2006, volvió a ocuparse del tema de la energía como tópico central del Forum Iberoeka, particularmente para discutir el manejo eficiente de la energía. Esto último quizás se debió a cierta coincidencia con el encuentro programado de Naciones Unidas sobre calentamiento global, puesto que casi en la misma fecha y en la misma entidad federativa se realizó la Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático (COP-16).

En el marco del foro, según comunicado oficial, Juan Carlos Romero Hicks, el director de Conacyt, la entidad co-organizadora del FIBECYT 2010, planteó la propuesta de “creación de un espacio latinoamericano para impulsar políticas públicas en materia de innovación en los países de la región” (Comunicado 74/10 25.11.10)

De acuerdo a la información, la idea es instaurar “un espacio de cooperación y diálogo entre los líderes de cada país a fin de crear para cada uno políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación con pleno respeto a cada soberanía”.

La propuesta permanece en el plano de la declaración de intenciones, no solamente porque solamente se anunció, sino principalmente porque deberá tener mayores especificaciones y ser negociada con los jefes de Estado y de gobierno de la región, así como con los ministros del sector correspondientes.

Al parecer ya existen ciertos adelantos en las negociaciones, puesto que el director de Conacyt aclaró que está prevista una primera reunión de trabajo con las autoridades correspondientes en Guanajuato, México, el próximo mes de marzo.

Tal vez, si es que los acuerdos regionales marchan por un buen sendero, cabría la posibilidad de instaurar verdaderas zonas de cooperación en materia de ciencia y tecnología, como las que existen en la Unión Europea y en otras regiones. En América Latina nos hemos quedado a la zaga de la integración y de la formación de un bloque regional competitivo. El horizonte podría cambiar.

(Publicado en Campus Milenio No. 396. Diciembre 2, 2010)

EL RELOJ PARLAMENTARIO

El proyecto de presupuesto para el año próximo, entregado al Congreso el pasado 8 de septiembre, proponía destinar, en cifras redondas, 17 mil 280 millones de pesos a Conacyt (Ramo 38). Los diputados, el martes 16 de septiembre, finalmente, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y, en el caso de Conacyt, le añadieron 500 millones de pesos. Una cifra muy distante del incremento de poco más de 7 mil millones de pesos que solicitaban agrupaciones del sector. Y no sólo.

Si se sumara el incremento aprobado por los diputados, el monto de Conacyt para el año próximo sería de 17 mil 780 millones. Pero no. La cifra del dictamen de los diputados es de 17 mil 820 y la que se indica en una voluminosa fe de erratas es de 17 mil 631 millones de pesos.

La diferencia de 40 a 190 millones de pesos para Conacyt, entre las cifras manejadas por los diputados, puede no ser muy relevante en el volumen total de recursos para el organismo rector de la actividad científica. Sin embargo, a escala, ilustra las dificultades del esquema de negociación del presupuesto, una elaboración atropellada y múltiples pendientes.

En el 2004, cuando se estableció que el gobierno federal debía remitir su propuesta de paquete económico al Congreso a más tardar el 8 de septiembre y, a su vez, los legisladores lo debían aprobar el 15 de noviembre como plazo máximo, parecía que estaba solucionado el problema de los márgenes de negociación del presupuesto y los plazos fiscales.

Tal vez el cambio de fecha ha permitido contar con un PEF antes de que inicie el nuevo año fiscal. No obstante, pese a la ampliación del periodo de negociación, los intercambios siguen más o menos de la misma forma: se concentran en el último día del plazo, predomina el particularismo y la improvisación.

En la reciente aprobación del PEF 2011, los diputados iniciaron la sesión a las 19:15 horas del mismo día en que debía estar listo el presupuesto. Además, el diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, al poco rato de la deliberación señaló que: “ya tiene un buen rato que empezó la sesión, ya posicionamos, ya han pasado muchas cosas y todavía no tengo la Gaceta Parlamentaria con el Presupuesto. ¿Cuándo la vamos a recibir? ¿Pasado mañana con la fe de erratas? O podemos ver siquiera lo que estamos votando, presidente, perdón” (versión estenográfica de la sesión 15.11.2010).

Efectivamente, a pesar de que los diputados tuvieron poco más de dos meses para analizar y valorar el proyecto del gobierno federal, la comisión de presupuesto y cuenta pública, la encargada del diseño presupuestal, presentó su dictamen el último día y una vez iniciada la sesión en que debía aprobarse.

El presidente de la comisión de presupuesto, Luis Videgaray, al presentar el dictamen destacó que sostuvieron 39 reuniones, revisaron más de 21 mil solicitudes por un monto superior a los 731 mil millones de pesos y fue aprobado por unanimidad en la comisión.

En general, el primer filtro de las iniciativas son las comisiones y lo que ocurre en éstas anticipa lo que sucederá en el pleno, así que el trabajo de la comisión de presupuesto, cuya titularidad es una de las más disputadas por las fracciones parlamentarias, es la base para la aprobación del PEF.

Las modificaciones de la comisión implicaron ampliaciones por 96 mil millones de pesos más, respecto del proyecto de presupuesto del gobierno federal. Aunque el incremento es un monto importante, porcentualmente representa una cantidad pequeña del PEF global (el 2.8 por ciento). El presupuesto para el año próximo suma 3 billones 438 mil 896 millones de pesos, una cifra 4.1 por ciento superior al autorizado para este año.

El PEF 2011, en lo general, fue aprobado a las 21:45 del 15 de septiembre, por 454 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, se presentaron casi un centenar de reservas en lo particular. Esto es, la aprobación global quedaba en los límites legales, aunque la discusión sobre los detalles sobrepasara el plazo establecido. El reloj parlamentario comenzó a funcionar.

En lo que toca al incremento de 500 millones de pesos para Conacyt el dictamen no especificó su distribución, solamente aparecen adjudicados al organismo, y el pleno tampoco lo discutió. El diputado Reyes Tamez, presidente de la comisión de ciencia y tecnología, reservó un artículo del PEF, el que se refiere a las sanciones del IFE a los partidos políticos, pero al final, tal vez por omisión, cálculo, ausencia o cansancio del diputado, no fue planteada en el pleno. Al parecer se refería a la posibilidad de que todos los recursos derivados de sanciones aplicadas por el IFE, no sólo a los partidos políticos, fueran canalizadas a Conacyt.

Salvo cinco artículos reservados, la mayoría de las reservas fueron desechadas. El reloj parlamentario marcaba las 8:58 del martes 16 cuando fue aprobado el PEF en lo particular por 424 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. Sí, es más fácil controlar el instrumento de medición que las negociaciones.

(Publicado en Campus Milenio No. 395. Noviembre 25, 2010)

LA TENDENCIA DE LOS PAÍSES EMERGENTES EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Tal vez valdría la pena que legisladores, y en general los tomadores de decisión, aunque fuese por una vez, tuvieran presente la escala de la nación y pensaran en el mediano y largo plazo. Pero no. Siempre están espoleados por lo inmediato, lo circunstancial, el horizonte que culmina en su capital político y su propio ascenso.

Una de las variables que han mostrado particular relevancia para el avance de las naciones son las iniciativas de largo aliento. Independientemente del régimen político del que se trate o de sus condiciones, la constancia de las iniciativas es lo que ha hecho la diferencia entre unas naciones y otras. No se puede improvisar cada que cambia un gobernante o el ocupante de una curul.

La actividad científica precisa de una visión amplia y un impulso constante. En esta materia, si bien los países desarrollados siguen ocupando las primeras posiciones, los llamados países emergentes, particularmente los que se agrupan en el bloque BRIC, muestran resultados sobresalientes.

El pasado 10 de noviembre se presentó el “Informe Mundial de la UNESCO sobre la Ciencia 2010” (UNESCO Science Report 2010. The Current Status of Science around the World. Disponible en línea). Es un reporte periódico del organismo internacional, en el que se registran niveles de inversión de las diferentes naciones, así como el volumen de los recursos humanos calificados o algunos indicadores de desarrollo tecnológico.

La reciente edición del reporte (el anterior fue publicado en el 2005), en una veintena de capítulos escritos por diferentes especialistas y en poco más de medio millar de páginas, dedica algunos capítulos a regiones y otros a países sobresalientes en materia de ciencia y tecnología.

En la parte introductoria del informe la directora general de UNESCO, Irina Bokova, advierte que la distribución de esfuerzos en investigación y desarrollo entre el Norte y el Sur han cambiado con la emergencia de nuevos jugadores en la economía global. “Un mundo bipolar en el que la ciencia y la tecnología eran dominadas por la triada integrada por la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, gradualmente está dando paso a un mundo multipolar, con un número creciente de agrupaciones públicas y privadas diseminadas de Norte a Sur”.

Algunos de los países emergentes que impulsan un nuevo entorno más competitivo son la República de Corea, Brasil, China e India. Según los datos que presenta el reporte, China encabeza la lista de países emergentes con el mayor esfuerzo de inversión. En la última década no solamente sextuplicó los recursos como proporción del PIB en materia de investigación y desarrollo (pasó de 0.90 a 1.54 por ciento del PIB), también mejoró su capacidad de generación de derechos de propiedad intelectual a través de patentes y artículos científicos. De hecho, el informe indica que, actualmente, China ocupa la tercera posición en la publicación de artículos científicos, solamente debajo de Estados Unidos y Japón (p. 391).

En buena medida por el impulso de China, la región asiática también escaló posiciones en la proporción mundial en el gasto en investigación y desarrollo respecto del PIB: pasó de 27 a 32 por ciento. Por el contrario, la participación de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón disminuyó casi en la misma proporción.

El mismo caso se aprecia en materia de recursos humanos. En el reporte se anota que la proporción de investigadores en los países en desarrollo experimentó un incremento de 8 puntos porcentuales: pasó de 30 a 38 por ciento a nivel mundial. Pero, alrededor de dos tercios del incremento se deben a la aportación de China. Esta última nación, actualmente cuenta con alrededor de 1.5 millones de investigadores, una cifra equivalente a la America del Norte o la Unión Europea, aunque si se considera la proporción por cada millón de habitantes, la de China es alrededor de una octava parte en comparación con esas regiones, pero superior a la de la India (111) y a la de América Latina (317).

Otro aspecto que destaca el reporte es el cambio en el tipo de actividades científicas y tecnológicas que se realizan en los países en desarrollo. A diferencia de hace unos años, en el que solamente se ejecutaban tareas de investigación fragmentadas, actualmente se impulsan actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico autónomos. Particularmente en el caso de China, Brasil y la India son ejemplares en el impulso industrial, científico y tecnológico. Actualmente, las empresas multinacionales provenientes de estas naciones en el sector automotriz o las industrias de alta tecnología son una muestra del cambio.

De cualquier forma, pese a los avances y al persistente apoyo de sus respectivos gobiernos, los retos existen en los llamados países emergentes, sobre todo en materia de patentes y en la retención de sus investigadores. Así que, como podremos imaginar, las dificultades son mayores para las naciones que ni siquiera cuentan con un respaldo financiero sostenido.

(Publicado en Campus Milenio No. 394. Noviembre 19, 2010)

EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

El año anterior el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplió 25 años de existencia. En febrero pasado, a propósito de la prolongada demora para designar a su actual director y la celebración del primer cuarto de siglo de existencia del programa, comentamos que probablemente el SNI, en el futuro inmediato, continuaría con su mismo patrón de comportamiento y postergaría nuevamente una necesaria reforma (CampusMilenio No. 358). Sin embargo, tal vez el principio de realidad toca con mayor fuerza los marcos del programa y cada vez será más difícil contener un eventual proceso de cambio.

Los ángulos de discusión sobre el SNI son variados y van desde los modelos de evaluación que ha utilizado, la funcion compensatoria que ha cumplido, los perfiles que ha privilegiado, hasta su capacidad para orientar la actividad científica y tecnológica en el país o el tipo de impacto que tenido en el desarrollo de la ciencia.

Los efectos del programa son relativamente controvertidos. Algunos opinan que, sin duda, ha sido un instrumento relevante para incentivar el desarrollo de la actividad científica, tanto a nivel individual como institucional. Otros, aunque reconocen su capacidad para incrementar cuantitativamente la productividad, sostienen que sus efectos no han sido positivos, especialmente para alentar el trabajo colectivo e impulsar el sistema científico y tecnológico.

El SNI fue un programa pionero en la evaluación del rendimiento individual y de recompensa al mérito a nivel nacional en los difíciles años ochenta. En su decreto de creación del 26 de julio de 1984, una de las consideraciones especificaba que el sistema era para “estimular a los investigadores de calidad notable, así como a los investigadores que se inician en la carrera de investigación”.

En el mismo decreto original, en sus 25 artículos, quedaron establecidos fines, beneficiarios (los investigadores de tiempo completo de instituciones públicas), estructura, operación y funcionamiento del programa. Un par de años después, a partir de 1986, comenzaron los ajustes a su estructura y operación: se incrementó el número de comisiones dictaminadoras, las áreas de conocimiento, los componentes de evaluación, el recurso de revisión, la participación de investigadores de instituciones particulares, etcétera.

A pesar del cúmulo de modificaciones, el programa, en lo esencial, conserva en la actualidad más o menos los mismos objetivos, principios y bases de organización. Los cambios que ha expermientado han sido de ajuste técnico, más que de concepción o finalidades.

Sin embargo, parece que resulta cada vez más difícil sostener el programa sobre las mismas bases de operación. No solamente porque el SNI no puede crecer de forma exponencial e indefinida, tanto por los recursos financieros que implica como por la inclusión de miembros potenciales, como ya lo hemos advertido en otras oportunidades, sino también porque su mismo esquema de funcionamiento muestra síntomas de agotamiento y por las diferencias generacionales que probablemente se harán más evidentes.

El más reciente informe de gobierno estima que los miembros actuales del SNI suman 16,600 investigadores y casi tres cuartas partes del total se concentran en los candidatos a investigador (18 por ciento) y nivel I (56 por ciento). Si la evaluación periodica de los integrantes del sistema es cada tres años, excepto para los de mayor nivel o eméritos, quiere decir que alrededor de 5,000 expedientes son revisados cada año.

El asunto es que la evaluación es realizada fundamentalmente por los miembros de mayor nivel del propio SNI. Según el reglamento del programa, las comisiones dictaminadoras, una por cada área de conocimiento, se integran por 14 miembros y para pertenecer a ellas se requiere ser miembro del SNI con nivel III o emérito, aunque si no hay para alguna de las disciplinas entonces se podrá nombrar a investigadores del nivel II.

Actualmente suman poco más de un millar los de nivel III del SNI y representan alrededor del 8 por ciento del total y cuando inició eran casi un centenar y representaban el 6 por ciento del total. A su vez, en este mismo nivel se concentran los investigadores de mayor prestigio, pero también los de mayor edad.

Es decir, las proporciones de los diferentes niveles del SNI se han conservado y también las responsabilidades de evaluación, pero mientras que la base del programa (candidatos e investigadores nivel I) es cada vez más jóven, la cúspide es de mayor edad. Los miembros totales del SNI se multiplicaron por un factor de 10 en el periodo. Ciertamente, los integrantes después de más de dos décadas no se han vuelto más jóvenes y menos los nivel III.

Tal vez por la misma razón, los problemas serán más frecuentes con la integración de las comisiones dictaminadoras (La Jornada 8/11/2010) y con los procesos de evaluacion. Quizás los resultados del congreso de mayo pasado podrán ofrecer alguna alternativa.

LA CENTENARIA UNIVERSIDAD

En el discurso de inauguración de la Universidad Nacional de México, el 22 de septiembre de 1910 y como parte de los festejos del centenario de la Independencia, el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, pronunciaba: No, no será la Universidad una persona destinada á no separar los ojos del telescopio ó del microscopio aunque en torno de ella una nación se desorganice; no la sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza de la luz de Tabor.

Efectivamente, la Universidad Nacional –cuyas raíces se hundían en la Real y Pontificia Universidad de México del virreinato--, no fue sorprendida ni ha sido indiferente a la sociedad, acompasó el tránsito de la nación a lo largo del siglo pasado, desde los inestables años de la Revolución al desarrollo del México urbano, industrializado, al ignominioso de 1968 y al de las transiciones del final del siglo.

En una coexistencia no siempre tersa, a propósito de la obtención de la autonomía universitaria en 1929, la demanda de recursos financieros, sus procesos de reforma interna o sus posiciones frente al rumbo de la nación, ahí ha estado la Universidad, gran formadora de los profesionistas que han construido este país, pionera en la generación de conocimiento y en la recreación de la cultura, las artes y el deporte. La Universidad, una de nuestras mayores y mejor institución.

La celebración de los 100 años de existencia de la Universidad han merecido el reconocimiento de los poderes ejecutivo y legislativo. El primero, en el día previo a la celebración y con motivo de la inauguración “Tiempo universitario”, expresó: La Universidad ha vivido tiempos difíciles, qué duda cabe, y de todos ellos ha salido adelante y ha salido fortalecida. Pero la construcción de nuestra Máxima Casa de Estudios no ha sido hecha sólo, ni principalmente, por grandes episodios sino, y sobre todo, por la labor paciente, esforzada y talentosa que todos los días cientos de miles de estudiantes, de maestros, de investigadores, de afanadoras, de trabajadores administrativos, de directivos, realizan, precisamente, para cumplir su misión. En este Primer Centenario de la Universidad, ellos son los que merecen el mayor de los reconocimientos. Los universitarios han atendido la encomienda de Justo Sierra, de nacionalizar la ciencia y de mexicanizar el saber.

En la sesión solemne del Congreso conmemorativa del centenario de la Universidad, los integrantes de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria también expresaron su reconocimiento a la enorme y variada labor institucional. Igualmente, se pronunciaron por apoyarla, por la continuidad en el desempeño de sus funciones y por los esfuerzos para hacer de México un mejor país.

Los recursos financieros de la Universidad para el año próximo están asegurados. A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de esta década, por primera vez el proyecto de presupuesto del gobierno federal le asignó un aumento conforme a lo solicitado, no habrá que esperar a las modificaciones de los legisladores.

No solamente los poderes públicos han brindado su reconocimiento a la Universidad, múltiples organizaciones, sectores y personalidades lo han hecho en ocasión de su magno aniversario. Tal vez la UNAM, por su autoridad moral, su historia, su densidad política y su tamaño, como ninguna otra institución, concita tantas reacciones, afectos y adhesiones. Sin embargo, es claro que no está exenta de dificultades, las tiene, y algunas han mostrado ser sumamente graves y especialmente refractarias a intentos de solución. La Máxima Casa de Estudios no puede pecar de soberbia institucional y en su tránsito al siglo XXI debe enfrentar los retos que tiene ante sí, sobre todo para contribuir de mejor forma a la sociedad a la que se debe.

(Publicado en la Revista Educación 2001, No. 185. Octubre 2010. Pp. 60-62).

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EL PLAN PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Hacia el final de este mes se realizará en Lima, Perú, la III Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe. Un encuentro de ministros que trazará las grandes líneas de desarrollo en esta materia para la región en los próximos cinco años.

El esfuerzo más sistemático inició en la Conferencia Regional en Río de Janeiro en junio del 2005, después de la reunión ministerial preparatoria de Bávaro, Punta Cana, República Dominicana del 2003. Por cierto, en esa reunión los ministros emitieron la llamada declaración de Bávaro, en la que destacaban que la sociedad de la información constituía un sistema económico y social, en donde el conocimiento y la información eran la base del bienestar y el progreso, y adoptaban principios rectores y temas prioritarios al respecto. Pero, quizás la trascendencia de esa declaración fue mayor por las objeciones y reservas de Estados Unidos y Canadá a suscribir un párrafo en el que se anotaba que el acceso a las TIC debía realizarse “al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional” (Declaración de Bávaro, versión definitiva. Enero, 2003).

Sin embargo, la Conferencia Regional de Río, en la que participaron 33 países, sobre todo incluyó las aportaciones de la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2003 y la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acordó el Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe para los años 2005-2007 (eLAC2007). Esto es, una agenda consensada sobre las TIC en la región, con alrededor de 30 áreas temáticas y 70 actividades de corto plazo.

Hacia el 2007, el final del periodo de puesta en marcha del plan, un ejercicio de seguimiento indicaba que existía “un importante progreso de la región en el desarrollo de las sociedades de la información: de las 27 áreas de acción monitoreadas, 15 reflejan avances o incluso avances fuertes, en tanto que 12 presentan adelantos moderados o insuficientes” (Cepal. Monitoreo del eLAC2007: avances y estado actual del desarrollo de las Sociedades de la Información en América Latina y el Caribe, Agosto, 2007).

En la II Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en America Latina y el Caribe, realizada en El Salvador en 2008, los funcionarios participantes firmaron el llamado “Compromiso de San Salvador”, una agenda para la región durante el periodo 2008-2010 (eLAC2010). En realidad, sobre la base de lo que se había avanzado con el plan anterior y el reconocimiento de algunas insuficiencias, se planteó alcanzar 83 metas sobre el uso de las TIC.

Quizás uno de los cambios más notables en el plan que está por concluir es que se enfocó en el uso de las TIC para promover el desarrollo y la equidad. Un cambio de orientación que se aleja, relativamente, de la tendencia a vincular solamente el uso de las TIC a su aplicación industrial y comercial, y busca alentar el desarrollo humano y social.

Por ejemplo, el eLAC2010 estableció el área de educación como su “primera prioridad” y las 10 acciones iniciales incluían, entre otras, el compromiso de realizar estudios anuales sobre el impacto de las TIC en el sistema educativo, lo mismo que conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, al 70 por ciento de las instituciones de enseñanza pública o triplicar su número actual. O bien, asegurar que el 90 por ciento de estudiantes, al término de su ciclo escolar, por lo menos hubieran utilizado la computadora para propósitos educativos por un mínimo de 100 horas, también que el 70 por ciento de los profesores fueran capacitados en el uso de las TIC.

Ahora vendrá el balance de qué tanto se logró colocar en la región el uso de las TIC en áreas emergentes que importan para el desarrollo, los retos que habrá que enfrentar y qué giro emprender para los próximos cinco años.

Un documento reciente, auspiciado por la Cepal, reporta los resultados de una consulta pública a través de Internet a casi un millar de expertos, para que emitieran su opinión sobre cuáles debieran ser las prioridades y lineamientos del siguiente plan para la región (¿Qué dicen los expertos sobre eLAC 2010-2015?).

Al parecer, los participantes en la consulta expresaron de forma unánime que las prioridades de la política en la materia tendría que incluir tres lineamientos: a) universalización del acceso, particularmente porque la demanda social en la región tiene un bajo poder adquisitivo y la oferta tiene precios elevados y una baja velocidad de acceso; b) promoción del gobierno electrónico, tanto por la disponibilidad de mayor servicio e información, como por la exigencia de transparencia; y c) necesidad y uso creciente de las TIC en la educación.

Desde luego, las sugerencias buscan influir en la próxima reunión de alto nivel, pero falta ver qué ideas tienen los ministros.

(Publicado en Campus Milenio No. 392. Noviembre 4, 2010)

PARQUES TECNOLÓGICOS

Desde hace poco más de un lustro se registra un importante crecimiento de parques tecnológicos en el país. Al parecer la tendencia se intensifica, particularmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero los lineamientos para su instauración, tanto como su maduración y funcionamiento efectivo no parecen estar claros.

De acuerdo a la Asociación Internacional de Parques Científicos (IAPS, por sus siglas en inglés), los parques científicos o tecnológicos se caracterizan por ser un espacio u organización: “gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él”. Por tanto, añade la IAPS, incentiva y gestiona flujos de conocimiento y tecnología entre instituciones educativas, empresas y mercados, así como el fomento a empresas innovadoras “mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off)”.

Los parques científicos y/o tecnológicos son un fenómeno fundamentalmente urbano o semi urbano, porque requieren de un cierto espacio físico (o virtual) y especialmente de una infraestructura mínima que permita atraer a instituciones participantes y garantizar la adecuada operación del parque. Tales condiciones generalmente están asociadas a las grandes ciudades y a las de tamaño medio, lo mismo que a instituciones universitarias cercanas.

En la IAPS están afiliados alrededor de 400 parques tecnológicos en el mundo y aparecen cuatro parques tecnológicos de México como miembros: 1) el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey, cuyas principales actividades están centradas en la industria y tecnología automotriz, en la biotecnología, en la microelectrónica y electrónica, así como en la nanotecnología, entre otras; 2) la Incubadora InnovaUNAM de la misma institución y cuyo principal propósito es apoyar a universitarios para que logren transformar su idea de negocio en una empresa formal; 3) el Parque de Transferencia Tecnológica y de Innovación del Tec de Monterrey, Campus Chihuahua; 4) el Parque de Innovación Tecnológica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (BioHelis-Cibnor), cuyo funcionamiento estaba previsto para este año y que estará concentrado en la acuicultura y la pesca; y 5) el Parque Científico y Tecnológico Tecnotamp en Ciudad Victoria, Tamps, que se publicitó hace precisamente un año y cuyo campo de acción serían las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2008, en un encuentro para analizar el tema de los parques tecnológicos, registraba que existían 23 clusters sobre tecnologías de la información y la comunicación en el país y que estaban en marcha otras 14 iniciativas en el mismo campo, además de que seis entidades federativas habían incorporado la figura de parques tecnológicos en sus planes y programas (Foro Nacional sobre Educación, Innovación y Parques Tecnológicos. 24/10/2008).

Efectivamente, en los dos últimos años han sido más frecuentes las notas que reportan la planeación o el inicio de la construcción de un parque tecnológico. Lo notable del asunto es que ni Conacyt ni la Secretaría de Economía cuentan con un registro preciso de las iniciativas en esta materia. El primero eventualmente consigna los datos de algunos parques, pero no de forma sistemática; la segunda, cuenta con una base de datos global, sin discriminar entre parques industriales, científicos y/o tecnológicos.

Los recursos para la instauración de los parques proceden de diversas fuentes, aunque casi siempre una parte importante la aporta el gobierno federal para iniciar el proyecto. La semana anterior, la Secretaría de Economía anunció que otorgó 30 millones de pesos para la construcción del Parque Tecnológico Ciencias para la Vida en las instalaciones del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México (Boletín 141. 20/10/2010). Es el primero de esta institución en la Ciudad capital, pero será el número 14 a nivel nacional.

La misma Secretaría de Economía otorgó otros 84 millones de pesos para la edificación de la primera etapa del parque tecnológico denominado “Tecnopolo Esmeralda”, el cual estará dedicado a tecnologías de la información y desarrollo de software. Al parecer el proyecto recibirá otra aportación similar del gobierno del Estado de México, estará ubicado cerca de la colonia México Nuevo, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, y el Cinvestav será una de las primeras instituciones.

Sin duda es importante el establecimiento de esfuerzos convergentes entre insituciones educativas, empresas y gobierno. No obstante, las iniciativas deben estar enfocadas claramente y bajo una planeación cuidadosa de las especializaciones que deben ser impulsadas. ¿Realmente nuestro mayor esfuerzo como país debe dirigirse a las TIC y la industria del software?

(Publicado en Campus Milenio. No. 391. Octubre 28, 2010)

LA PROPUESTA DEL GRUPO VINCULA

Hace un año, en el contexto de la discusión de la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se presentó una nueva agrupación en el campo de la ciencia y la tecnología: el “Grupo de los 11 Vincula”. En ese entonces, demandó mayor financiamiento para el sector e indicó renglones de gasto en los que se debieran canalizar tales recursos; una escasa presencia tuvo después. Hoy, nuevamente, la organización se expresa en torno del presupuesto.

El autodenominado Grupo de los 11 Vincula, llamado así con poca perspicacia por su intención y número de organizaciones que aglutina, lo integran: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; las academias de Ingeniería, la Mexicana de Ciencias y la Nacional de Medicina; las organizaciones empresariales como la Canacintra, la Coparmex, la Conacmin y Adiat; e instancias gubernamentales como el Consejo Consultivo de Ciencias, la Asoaición de Secretarios de Desarrollo Económico y la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología.

Las diferentes organizaciones que forman el grupo son importantes e influyentes en sus respectivos (académico, empresarial y gubernamental), pero no lo han sido del todo en su labor de conjunto a favor de un mayor presupuesto para el sector científico y tecnológico.

En noviembre del 2009, frente a la incertidumbre económica y financiera del país y a la vista del recorte presupuestal que contenía el proyecto del PEF, el Grupo Vincula acudió con los diputados y les propuso, de forma sintética, sostener montos precisos para programas como el de becas, el SNI o el de innovación (10 mil millones de pesos), aumentar recursos en los fondos competitivos (1,300 millones) y canalizar montos precisos a inciativas específicas (1,370 millones). En general, la propuesta suponía un incremento de aproximadamente 3 mil millones de pesos.

Al final, hace un año, en la aprobación del PEF, el incremento de los recursos fue de sólo 458 millones de pesos y otras reasignaciones por 720 millones de pesos. Esto es, un aumento muy menor a lo solicitado por la agrupación, aunque algunos recursos sí fueron localizados en los rubros indicados.

Después, en abril de este año, el Grupo Vincula impulsó un programa de formación profesional de vinculadores, aunque a la fecha no se conoce mayor precisión del programa ni de sus resultados.

Posteriormente, el pasado 12 de octubre el Grupo Vincula entregó a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología su propuesta de gasto para el sector. A diferencia del año pasado, la organización presenta un diseño presupuestal más amplio y más argumentado. En general, sostiene como punto fuerte que si se mantiene la tendencia actual del nivel de inversión en el sector, será hasta el año 2050 cuando se logre alcanzar el 1 por ciento de gasto respecto al PIB que establece la ley.

En consecuencia propone: añadir 7,272 millones a lo que plantea el proyecto PEF para el 2011. Esto es, pasar de 47,781 millones del proyecto del gobierno federal a 55,053 millones que debieran aprobar los diputados; un incremento de 15 por ciento (aunado al 4 por ciento que ya consideraba el proyecto).

Si se sostiene el nivel de inversión sugerido, dice la propuesta del Grupo Vincula, entonces en el año 2017 se cumpliría lo que señala la ley y no habría que esperar hasta el 2050. Además, argumenta que con los montos que sugiere, el ramo 38 del PEF, el del gasto que ejerce centralmente Conacyt, tendría un crecimiento de 30 por ciento.

En el mismo sentido que el año pasado, el Grupo Vincula vuelve a indicar los rubros de inversion a los que debe canalizarse el aumento. Por ejemplo: plantea que se añadan 1,700 millones de pesos a los fondos concursables para las entidades federativas; 3,800 millones para infraestructura, así como para programas de fomento a la innovación y al fondo PYME; 892 millones de pesos a fondos sectoriales, al igual que para el Gran Telescopio Milimétrico y el acceso universal a revistas científicas; y 880 millones para posgrados a distancia y nuevas plazas.

Durante las siguientes semanas continuarán las negociaciones sobre el presupuesto --los diputados tienen hasta el próximo 15 de noviembre para aprobarlo— y tambien las solicitudes de los diferentes grupos sociales en busca de un incremento en sus respectivos sectores.

Al menos en el ámbito de la ciencia y la tecnología el proyecto del PEF para el 2011, en contraste con lo ocurrido a lo largo de la década previa, consideró un aumento de 4.5 por ciento en términos reales, respecto del presupuesto de este año. Es probable que los diputados modifiquen al alza el nivel de inversión, pero seguramente no será en la proporción que solicita el Grupo Vincula.

Si como hemos visto en las dos entregas anteriores, por la parte gubernamental y legislativa no se advierte mayor preocupación por el sector científico y tecnológico, ¿el asunto será diferente del lado de las organizaciones académicas y empresariales? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 390. Octubre 21, 2010)

CONACYT: EL VALOR PEF

El marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas no ha sido completamente desdeñado por los legisladores, pero su edificación ha sido gradual e incompleta, como lo advertimos aquí la semana anterior. Igualmente, la atención a la rendición de cuentas y a los diferentes asuntos del sector, sea por la demora para discutir las iniciativas o por el desinterés en las comparecencias, tampoco ha sido el centro de gravitación de la actividad legislativa. Sin embargo, queda por resolver si en materia de recursos financieros, otro valor a despejar en la ecuación, se ha presentado la misma indiferencia de los legisladores.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es atribución exclusiva de los diputados. A diferencia de los ingresos, cuya aprobación es compartida por diputados y senadores, la decisión en materia de egresos es responsabilidad única de la cámara baja. Claro, la aprobación de unos y otros se realiza sobre la base del proyecto elaborado por el gobierno federal, el cual hace llegar al Congreso y es el que que se ratifica o rectifica por los diputados.

A lo largo de los años noventa, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP, el gasto para las actividades científicas y tecnológicas estaba incluido y encubierto en el rubro educativo, de forma que en el PEF no aparecía un ramo específico ni tampoco se tenía certeza del volumen exacto de los recursos destinados para tal fin. Tampoco había modificaciones entre el proyecto de presupuesto que remitía el gobierno federal y lo que aprobaban los diputados. La situación, sin embargo, cambió al final del decenio, con la pluralización del Congreso y la pérdida de mayoría por el partido hegemónico. Los diputados comenzaron a modificar la propuesta de gasto del gobierno federal.

Al comienzo de la década actual, a solicitud de los propios diputados, las cifras exactas del gasto en ciencia y tecnología se fueron desagregando en la exposición de motivos del proyecto de gasto del gobierno, aunque todavía sin contar con un ramo propio. En el 2001, el gobierno propuso destinar 22,172 millones de pesos al sector, una cantidad superior en 4.5 por ciento a la del año previo. Los diputados, a su vez, añadieron 100 millones de pesos, de forma que el gasto para ese primer año quedó en 22,272 millones de pesos (por cierto, es una cifra discordante con las que ofrece el último informe de gobierno).

La promulgación de la nueva ley de ciencia y tecnología en el 2002, preveía en su tercero transitorio que Hacienda tendría hacer las adecuaciones necesarias en la estructura programática, en el sistema de información del gasto público y en “la constitución de un ramo general específico en esta materia para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Sin embargo, fue hasta el PEF para el ejercicio fiscal del 2004 cuando se incluyó el ramo 38 que especificó el gasto para CONACYT y un anexo para el gasto total en ciencia y tecnología. Lo notable del caso es que a partir de la constitución del ramo de gasto independiente (la desectorización de CONACYT de SEP), la propuesta de gasto que enviaba el ejecutivo federal al Congreso era menor a la que remitía anteriormente. Una disminución que los diputados se encargaron de resarcir relativamente.

En el mismo 2004, a raíz de la reforma al artículo 25 de la ley general de educación y con el senado como cámara de origen, una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología estableció que el “gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (artículo 9 Bis). Una meta que debía cumplirse en el 2006 y que a la fecha permanece incumplida.

A la largo de la década actual, si se consideran los recursos en términos corrientes, el monto del gasto federal para ciencia y tecnología se duplicó: pasó de 22,923 millones en el año 2000 a 47,373 millones de pesos que se estiman para este año. En estos montos, los diputados, particularmente entre el 2005 y el 2008, fueron responsables de añadirle, en promedio, alrededor de 1,500 millones de pesos por año a la propuesta del gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de los incrementos si se considera un indicador más revelador de la dimensión, como sería el gasto federal en ciencia y tecnología respecto al PIB (con 1993 como año base), se aprecia más bien una disminución: pasó de 0.42 en el año 2000 a 0.41 en el 2008.

Actualmente, el presupuesto para el año próximo está en periodo de análisis en el Congreso. Sin embargo, la propuesta del gobierno federal, a diferencia de los años anteriores, considera un incremento real de alrededor de 4 por ciento, tanto para Conacyt como para todo el sector. Pero en este renglón los diputados tienen la última palabra. Sin embargo, la actuación de los legisladores en la última década nos muestra que en este terreno tampoco podemos esperar demasiado. Desafortunadamente.

(Publicado en Campus Milenio No. 389. Octubre 14, 2010)

EL PODER LEGISLATIVO Y CONACYT

La semana anterior, en este mismo espacio, sostuvimos que Conacyt, no está en el radio de las principales preocupaciones del gobierno federal y tampoco de los legisladores. En el primer caso, no solamente por la escasa atención a la ciencia y tecnología como factor para impulsar el desarrollo nacional, sino también porque, como ha sido evidente, desestima las formas de gestión y liderazgo del propio organismo. En lo que concierne a los segundos, los legisladores, más bien nos referimos al nulo interés de los senadores de la comisión de Ciencia y Tecnología por la comparecencia del director de Conacyt el pasado 27 de septiembre, puesto que solamente uno de los integrantes de la comisión estuvo presente en la sesión.

¿El desinterés mostrado hacia el sector fue solamente un olvidable episodio o, por el contrario, es una actitud generalizada de los legisladores? La serie de reformas en materia de ciencia y tecnología, prácticamente desde la creación de Conacyt en 1970, y los ajustes a la normatividad sectorial una legislatura sí y la siguiente también, hablan de una recurrente atención al tema. Sin embargo, como también ha sido claro, apenas en esta década se vislumbró un marco normativo con capacidad para orientar el sistema, pero con dificultades para coordinarlo y centrado en modelos que están a contracorriente de las tendencias operativas y descentralizadoras. Además, se ha mostrado una incompatibilidad en ciertos tópicos entre una norma y otra. Por ejemplo, en materia de recursos financieros entre la ley general de educación y la de ciencia y tecnología.

Entonces, el asunto de la ciencia y la tecnología ha estado presente en la labor legislativa, por lo que no se puede decir que los legisladores han sido omisos en este terreno. Más aún, han mostrado un trabajo coordinado con el gobierno federal y la disposición ha sido tanto de senadores como de diputados. No obstante, después de más de tres décadas de actividad legisaltiva reciente y a la vista de las dificultades, tampoco se puede decir que han dotado al sector de un marco normativo satisfactorio.

Si vamos a las comisiones de las cámaras, las cuales constituyen la base operativa de la actividad legislativa, constatamos que ninguna de las fuerzas políticas se disputa con gravedad la presidencia de las comisiones de ciencia y tecnología, como sí sucede con otras que consideran más relevantes. Se supone que la distribución en comisiones de los legisladores y la asignación de las presidencias de las mismas es conforme al tamaño de las fracciones parlamentarias y la capacidad de negociación de los respectivos cordinadores de las fuerzas políticas.

Los partidos políticos de más peso se quedan con la mayoría de comisiones y también tienen una mayor representación en las mismas. La titularidad en comisiones es importante por el manejo de sus presupuestos y también porque el trabajo en comisiones anticipa lo que sucederá en el pleno. Por tal motivo, los partidos se disputan la presidencia de las comisiones que consideran más importantes y buscan tener una amplia presencia en las mismas.

Por ejemplo, en la cámara baja existen 50 comisiones ordinarias y los 500 diputados se integran a ellas. En promedio están formadas por 28 diputados y un diputado puede pertenecer hasta un máximo de tres. (Recuérdese que en esta legilslatura hubo un retraso en la distribución en comisiones y, de hecho, se crearon otras más para que alcanzara el reparto). Sin embargo, las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública o la de Hacienda y Crédito Público, las más numerosas, concentran 42 y 34 diputados respectivamente; ambas encabezadas por el PAN. Por el contrario, la comisión de Ciencia y Tecnología está integrada por 25 diputados, la encabeza Reyes Tamez Guerra del partido Nueva Alianza, el único de ese partido en la comisión, y se suman 13 representantes del PRI, 7 del PAN, 3 del PRD, uno del Verde y otro más del PT.

En la cámara alta existen 58 comisiones ordinarias, si fuera una distribución uniforme, casi podrían ser dos senadores por comisión. Pero no. Existen comisiones que agrupan a 15 legisladores como sería el caso de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Puntos Constitucionales, Energía o incluso Educación; unas bajo la presidencia del PRI y otras del PAN. Mientras que otras, encabezadas por l PRD, como Desarrollo Urbano y Territorial tiene sólo tres integrantes o Ciencia y Tecnología con 4 integrantes. Esta última es presidida por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca del PRD y cuenta con dos representantes del PAN y uno más del PT.

Proabablemente es una aritmética muy elemental para calcular la abulia de los legisladores. Lo cierto, sin embargo, es que el marco normativo deja que desear, las comisiones legislativas del sector no son el centro de la disputa, tampoco están asignadas a las fracciones con mayor representación parlamentaria, no son las más numerosas y la comparecencia del titular de Conacyt no les susctia gran interés (los diputados ni siquiera lo citaron para detallar el cuarto informe de gobierno). Bueno, falta un elemento: el delicado y decisivo asunto de los recursos financieros, un tema de competencia de los diputados. Allá iremos en próxima entrega.

(Publicado en Campus Milenio No. 381. Septiembre 7, 2010)

CONACYT: ¿IGNORADO Y SIN IMPORTANCIA?

Los Senadores citaron a los titulares de las secretarías de Estado con motivo del reciente cuarto informe de gobierno. Uno de los comparecientes fue el director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks. Sin embargo, tanto por el gobierno como por legisladores, el organismo rector de las actividades científicas y tecnológicas ha sido ignorado y parece inexistente.

En el mensaje del presidente de la República, en ocasión de su informe de gobierno, el tema de la actividad científica y tecnológica ni siquiera mereció referencia alguna. La exposición del ejecutivo federal se concentró en el decálogo de compromisos que asumió en el 2009, pero ninguna alusión fue realizada al sector aunque sí venía al caso en torno de la “economía competitiva y generadora de empleo” o al elevamiento de la competitividad de la economía.

Ahora, como ya lo hemos apuntado en diferentes oportunidades, en el programa de gobierno y en los informes correspondientes, el sector científico y tecnológico forma parte de la rama económica, no tanto de la rama social como ocurría en administraciones previas al año 2000, lo cual no parece incorrecto. Sin embargo, tal parece que la contribución de la ciencia y la tecnología se ignora, se subestima o de plano es incierta.

En el informe por escrito que entregó el gobierno federal, el apartado sobre “productividad y competitividad” que es donde se ubican algunas de las actividades científicas y tecnológicas, no es particularmente ilustrativo sobre lo realizado por el sector. De hecho, solamente se describen las principales políticas en la materia, a propósito de la estrategia para: “profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía”.

Por ejemplo, se destaca la promoción de la “Red de Innovación de América Latina y El Caribe”, una iniciativa que sugirió la OCDE en su estudio sobre políticas de innovación en México. O bien, la instalación en diciembre del año pasado del Comité Intersectorial de Innovación, una de las figuras previstas en la última reforma de la normatividad científica, aunque todavía nada se sabe de su labor.

Obviamente, en el informe también se destaca el número de becas otorgadas a nivel de posgrado para la formación de recursos humanos --aunque no se aclara la diferencia de cifras respecto de otros años--, la cifra de programas aceptado en el padrón, el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, las iniciativas de descentralización o el monto de recursos canalizados a través de los fondos competitivos. Sin embargo, tal parece que la contribución de las actividades científicas y tecnológicas a la economía del país no son nítidas.

Los Senadores, como parte de sus facultades para la glosa del informe de gobierno, citaron a comparecencia a 19 funcionarios públicos la semana anterior y la actual. Al director de Conacyt le correspondió el lunes 27, el mismo día que comparecieron el titular de la CFE y el de Economía.

El boletín del Senado reporta que el titular de Conacyt informó básicamente sobre el monto de las sanciones que el IFE aplica a los partidos políticos y que por ley son canalizadas al Consejo (Boletín 0135). En este año el monto podría ser de 67.4 millones, aunque todavía no los recibe de forma efectiva. También informó sobre el total de programas de posgrado en el padrón y el número de investigadores en el SNI. Ningún dato relevante.

Lo notable del caso es que, según reportó el periódico La Jornada, solamente uno de los cuatro integrantes de la comisión de ciencia y tecnología del Senado, instancia ante la que comparecería Romero Hicks, estaba presente (27/092010). Al final, tras una hora de espera, se sumó un Senador del Partido Verde que no forma parte de la comisión. La imagen no puede ser más elocuente.

El asunto es que desde el pasado viernes 24 se especuló sobre una inminente sustitución del director de Conacyt por el diputado Reyes Tamez Guerra, ex secretario de Educación Pública con Vicente Fox y actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el partido identificado con la dirigencia del sindicato magisterial (La Jornada 24/09/2010).

Al menos hasta el momento de escribir estas líneas, la versión sobre la eventual remoción del director de Conacyt no se produjo ni se confirmó. En la comparecencia de Romero Hicks en el Senado, los reporteros lo cuestionaron al respecto, pero él indicó que no ha recibido ninguna notificación que lo confirme.

En cualquiera de los casos, se produzca o no el cambio de titular en Conacyt e independientemente del intercambio de posiciones en el tablero de las fuerzas políticas, lo que debe preocupar es el desdén hacia el organismo y sus actividades. Ciertamente, como lo hemos documentado, el ajuste permanente en sus niveles de mando, la lentitud de sus respuestas y la opacidad de su labor, especialmente desde el cambio en su estatuto orgánico de junio pasado, ha contribuido a este trato.

(Publicado en Campus Milenio No. 387. Septiembre 30, 2010)

EDUCACIÓN: COMPARECER Y RENDIR CUENTAS

Desde 2008, el ejecutivo federal no se presenta más ante el Congreso para dar cuenta del estado que guarda la administración pública, solamente entrega su informe por escrito. El nuevo formato ha perdido interés público y, en su lugar, una buena parte de la atención de los medios se ha trasladado a la comparecencia de los funcionarios que también prevé la normatividad, como la del pasado 20 de septiembre del Secretario de Educación, Alonso Lujambio. En un caso o en otro, lo que no debe omitirse es la importancia de rendir cuentas e informar a la ciudadanía.

Los ríspidos encuentros entre el ejecutivo federal y legisladores fueron escalando en la última década. El escenario parecía cada vez más complicado, pero hace dos años los legisladores y el gobierno federal acordaron reformar el artículo 69 constitucional, para que, en lo que toca a informar, el titular del poder ejecutivo quedara exento de presentarse ante el Congreso. En lugar de la presencia gubernamental, la misma reforma concedió a los legisladores la facultad de formular preguntas por escrito al ejecutivo federal sobre el informe. Un mecanismo que no ha sido útil ni práctico.

A partir del 2008 el presidente de la República, ya sin el espectáculo de las perturbaciones en el Congreso, sigue emitiendo su mensaje a la nación con motivo del informe de gobierno. El año pasado no se centró en lo que había realizado sino en lo que estaba por impulsar y formuló diez puntos “para transformar a México”. El tercero de ellos indicaba: “Alcanzar una educación de calidad y superar el marasmo de intereses a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de la pobreza”.

El mensaje del ejecutivo de este año no podía soslayar lo que había prometido realizar y en lo concerniente a educación no le quedo más remedio que admitir: “Es en este rubro donde, en lo social, nos queda más por hacer, pero estamos avanzando en varios frentes”. Enumeró cinco aspectos que a su juicio muestran los progresos. Por ejemplo, destacó los beneficios del concurso de plazas que hoy tiene lugar, aunque en estas mismas páginas se ha dado cuenta de que solamente se refiere a una porción mínima de nuevas plazas. También señaló las obras de mejoramiento de la “Escuelas Dignas”, el número de becas otorgadas, los más de 700 nuevos bachilleratos, las 75 nuevas instituciones de educación superior y la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior y superior.

El hecho, sin embargo, es que la educación no es hoy de más calidad. Tampoco se ha logrado disminuir los 33.4 millones de la población que se encuentra en situación de rezago educativo. Incluso, el dato actual del rezago es superior en casi un millón a la reportada para el año 2000; el cuarto informe de gobierno solamente consigna población en rezago atendida y la nueva operación de las “Plazas Comunitarias”, pero no si ha disminuido la cifra del rezago (p. 450). Igualmente, aunque se ha alcanzado la meta del 30 por ciento de cobertura en educación superior, el porcentaje es sumamente modesto y bajo en comparación con economías similares a la nuestra.

El Secretario de Educación compareció el pasado 20 de septiembre ante las Comisiones Unidas de Educación y Cultura del Senado, particularmente para que explicara la persistencia del rezago y un subjercicio de más mil millones de pesos, entre otros aspectos ( Boletín del Senado 14/09/2010). Las preguntas de los Senadores, en primer lugar del Senador y líder del SNTE, Rafael Ochoa, no fueron estrictamente sobre los asuntos que se habían previsto sino de variados temas. Uno de ellos fue sobre los 7.5 millones de jóvenes sin escuela y sin empleo. A lo que el secretario respondió que sí era una preocupación central ofrecer espacios educativos y repitió las cifras de crecimiento de instituciones que el ejecutivo federal ya había indicado, aunque aclaró que “la cuestión laboral ciertamente es una cuestión que está más allá de la esfera estrictamente de la Secretaría de Educación Pública” (versión estenográfica).

Otro tema planteado por el Senador Ricardo Monreal fue el del desastre educativo y las aspiraciones presidenciales del secretario: “¿Es cierto, como lo afirma la cúpula oficial magisterial, que su verdadera prioridad es la sucesión presidencial, no la educación, y si así fuera qué está haciendo aquí?”, espetó el legislador.

El secretario de educación dijo no coincidir con el diagnóstico de desastre educativo, aunque aceptó que ahora el reto es la calidad. En lo que concierne a sus aspiraciones dijo: “me halaga muchísimo que miembros de mi partido piensen en mí para efectos de una candidatura presidencial, pero no es eso en lo que estoy pensando”.

Diferentes cuestionamientos le fueron formulados al secretario, quien expuso cifras y destacó avances. Sin embargo, lo que vale la pena reiterar es que, sea a través de la comparecencia del titular del poder ejecutivo, de los secretarios del despacho o del examen del informe, los gobernantes están obligados a rendir cuentas a la sociedad y ofrecer explicaciones satisfactorias sobre el incumplimiento de sus deberes, errores u omisiones. Desafortunadamente es una exigencia que no termina de hacerse realidad.

http://www.observatorio.org/

(Publicado en El Universal, Septiembre 26, 2010, p. A19).