jueves, 29 de enero de 2015


Planea, la prueba sustituta

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

La actual administración, al poco tiempo de iniciar su periodo y después de que arreciaron las críticas al programa de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ampliamente conocido como la prueba “Enlace”, tomó la decisión de suspender su aplicación en educación básica, sostenerla en media superior y asignarle la responsabilidad correspondiente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En enero de 2014 el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dijo: “Simplemente el año que entra, si así lo decide el INEE, tendremos otra Prueba, que se llamará como ellos decidan, que se aplicará en los términos en los que ellos decidan y que contendrá los contenidos que ellos decidan” (Milenio Diario. 20.01.2014).

La responsabilidad entera para el entonces recién reorganizado INEE. A su vez, el organismo, desde el momento en que comenzó a operar como un nuevo ente, en septiembre de 2013, anunció que pondría en marcha cinco proyectos, uno de los cuales consistía en hacer una “revisión técnica externa de las pruebas Enlace y Excale”.   

El pasado 20 de enero, exactamente un año después de la declaración del secretario, el INEE anuncia que pondrá en marcha una nueva generación de evaluaciones con el “Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes”, Planea (Comunicado No. 1 20.01.2015). Es el programa que reemplaza a Enlace en sus grandes definiciones y trazos; todavía no en sus instrumentos.

En educación básica, la prueba Enlace era una de las llamadas pruebas a gran escala, censal y estandarizada, alineada al curriculum (en educación media superior no lo estaba). Inició su aplicación en primaria y secundaria casi al finalizar la administración de Vicente Fox, buscando elementos de diagnóstico de los niveles de aprendizaje de matemáticas y español.

Uno de sus puntos controvertidos fue que desde la primera publicación de resultados, Enlace ordenaba erróneamente, según el puntaje logrado, tanto a los alumnos como a los planteles, lo que motivó comparaciones e intentos de elaborar tablas de calificación de escuelas. Un error porque el diseño de Enlace no había considerado tal propósito.

En el lado opuesto, los que estaban a favor del ordenamiento de escuelas, sin considerar demasiado los procedimientos técnicos del diseño de evaluación, su principal demanda era que tanto padres de familia como estudiantes debían estar enterados de la calidad de la educación que estaban recibiendo. La presión para que se publicaran resultados en términos comparativos fue creciente.

Otro punto polémico fue que a partir del 2009 los resultados de Enlace se utilizaron para incentivar económicamente a los profesores que lograsen mejorar el desempeño de sus alumnos. Sin duda un factor de distorsión porque, por una parte, una evaluación que intenta cumplir una doble función, probablemente no logre ninguna y, por otra, propició que el profesor se ocupara más por incrementar los puntajes de la prueba misma, en lugar del aprendizaje de los estudiantes.

Ahora, en la nueva generación de evaluaciones que anunció el INEE, expresa que uno de los propósitos centrales de Planea es “Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria”. Además, ofrecer información contextualizada para la mejora de la educación e informar sobre el logro educativo.

Seguramente en observación a las lecciones que dejó Enlace, precisa que sus evaluaciones de logro “no están diseñadas para evaluar la calidad educativa de los planteles o el desempeño de sus docentes. Tampoco deberán usarse para premiar o castigar a estudiantes, docentes o escuelas”.

Igualmente, realiza otras definiciones importantes. Por ejemplo, anuncia que Planea evaluará aprendizajes cognitivos y no cognitivos (sociales, emocionales; valores y actitudes) e incluirá la evaluación de la media superior --todavía el año pasado se aplicó Enlace en ese nivel.

Además, aclara que el INEE diseñará y elaborará los instrumentos de evaluación para la educación básica, mientras que para la media superior lo hará en coordinación con SEP. El Instituto supervisará todas las aplicaciones y se hará cargo de las aplicaciones muestrales cada cuatro años; la SEP de las pruebas censales y las realizará anualmente.

Planea, como sus siglas poco afortunadas lo indican, es la ruta de evaluación en grandes trazos con una acertada delimitación de responsabilidades y plazos. Sin embargo, todavía falta conocer los instrumentos y la dura prueba de su implementación.

(Publicado en Campus Milenio No. 593. Enero 29, 2015, p.5)

jueves, 22 de enero de 2015


Contra la centralización ¿Innovación en las entidades federativas?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx; twitter: @canalesa99

En enero de 1994 estalló el conflicto en Chiapas que obligó a la nación entera a mirar el rezago y la miseria de la entidad. En ese entonces, precisamente, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y México estaba por ingresar al grupo de la OCDE; el discurso de la “modernidad” parecía transformarse en realidad. Sin embargo, el marco de modernidad no alcanzaba para el conjunto.

En los años siguientes Chiapas se volvió objeto de múltiples estudios, un centro de atracción de lo más variados experimentos sociales y recibió miles de millones de pesos de inversión. Los indicadores económicos y sociales de la entidad mejoraron, pero no son ningún ejemplo de mejora ni de bienestar.

La aportación del PIB de Chiapas, respecto del PIB nacional, sigue siendo relativamente modesta (menos del 2 por ciento) y per cápita es menos de la mitad del registrado a nivel nacional. Las últimas cifras disponibles muestran que es la entidad con la mayor proporción de personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo (54.4 por ciento de su población).

El promedio de escolaridad de Chiapas está dos grados abajo del promedio nacional y tiene poco más de medio millón de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. El número de analfabetas representan el 14.4 por ciento de su población y con ese porcentaje ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solamente superado por Oaxaca que tiene un volumen de 15.8 por ciento.

Ahora, dos décadas después, otra vez, por motivos diferentes y similares, la atención pública se dirige a un mayor número de entidades: Michoacán, Guerrero, Oaxaca e incluso más al norte. La historia parece repetirse, sólo que a mayor escala y también con problemas agravados.

Los antecedentes y la situación es diferente en cada entidad, pero no es fortuito que compartan indicadores similares de atraso. Las tres entidades mencionadas tienen la mitad o un poco más de su población mayor de 15 años en situación de rezago educativo. Igualmente, en las tres se aprecia una preocupante condición de ingobernabilidad en vastas porciones de sus territorios.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración gubernamental, así como en los programas sectoriales y estatales, se han planteado diferentes iniciativas para tratar de hacerle frente a las disparidades regionales. No obstante, las acciones hasta ahora han sido insuficientes.

La compleja situación del caso de Michoacán, especialmente en el terreno de la seguridad pública y la gobernabilidad, es ilustrativa de las dificultades que se enfrentan. El gobierno federal no solamente ensayó una nueva figura de autoridad con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo, también instruyó a los miembros de su gabinete a visitar continuamente la entidad, a focalizar estrategias regionalmente y a poner en marcha acciones específicas.

Así, especialmente en el último año, un número importante de funcionarios y de secretarios de Estado han aparecido regularmente en el territorio michoacano. Sin embargo, no se ha logrado revertir el clima de inseguridad e inestabilidad de la entidad; tampoco mejorar sustancialmente sus indicadores.

Los problemas en las entidades federativas son estructurales y no se resolverán de un día para otro. El asunto es si las acciones emprendidas se ocupan más de los reflectores de los medios --en lugar de atender las dificultades—, tanto como de resolver solamente lo más inmediato, o bien, sientan las bases para disminuir el grave problema de la desigualdad nacional, las disparidades en las regiones y alentar el desarrollo.

A pesar del amplio movimiento descentralizador que operó con particular énfasis desde las últimas décadas del siglo pasado, el ritmo de impulso regional no ha sido homogéneo ni sostenido. En general, a escala, se reproducen los centros regionales de gravitación de recursos y decisiones.

Difícilmente, se puede pensar en entidades federativas innovadoras, competentes o basadas en el conocimiento, cuando carecen de una institucionalidad mínima en su funcionamiento o cuando más de la mitad de su población no ha concluido satisfactoriamente su educación básica.

Por supuesto, se puede repetir la idea de concentrar las acciones en una porción de la población muy localizada o en regiones perfectamente acotadas. Sin embargo, como también ha sido claro, las disparidades solamente se profundizarán. Entonces ¿cuál innovación?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 592. Enero 22, 2015, p.5)

 

Reforma energética: ¿es vigente el programa estratégico de formación de recursos?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

Hace medio año, en agosto pasado, cuando se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética, el panorama nacional era otro y otras las bases para proyectar los programas de la actual administración.

Una de las acciones sobresalientes fue el “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética” (PEFRHME). La iniciativa se derivó de la lustrosa y entonces naciente reforma energética que anunciaba un camino de prosperidad para todos. Sin embargo, hoy parece estar condenada al naufragio.

En aquellas fechas todavía no se registraba la desaparición de los estudiantes normalistas y menos se hacían patentes los reclamos nacionales para su presentación. Tampoco estallaba el conflicto estudiantil en el IPN. Ni sonaban tan fuerte las demandas de transparencia.

En el terreno de la realidad real, tampoco aparecían las cifras e indicadores del INEGI que luego mostraron el magro crecimiento económico que logramos en el año. Incluso, el precio del barril de petróleo era un riesgo pero no se había desplomado; tan volátil como lo fue el Mexican Moment (MeMo).

Sin embargo, en agosto del año pasado, al promulgarse la reforma energética, el futuro parecía promisorio y gobierno federal instruyó a los miembros de su gabinete a que llevaran a cabo diez acciones para poner en marcha la reforma.

La sexta acción fue la elaboración del PEFRHME, realizada con la participación de las secretarías de Energía y Educación Pública, así como de Conacyt. Tal programa, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, “incluirá becas a nivel posgrado y técnico”. Y añadió: “El objetivo es iniciar de inmediato la formación de mexicanas y mexicanos para que se conviertan en los especialistas que requerirá el crecimiento acelerado de nuestro sector energético en los próximos años”.

Al final del pasado mes de septiembre, conforme la instrucción recibida, las entidades del gobierno federal presentaron el programa referido. En medio centenar de cuartillas plasmaron el marco normativo del que se desprende, un breve diagnóstico, objetivos, líneas de acción, formas de evaluación y mecanismos de coordinación.

El documento tiene aspectos notables. Por ejemplo, se advierte que dadas las responsabilidades y normas que rigen a Conacyt, se encargará de coordinar la implementación del programa estratégico y contará con el apoyo de un comité técnico de seguimiento.

Además, según el diagnóstico presentado, en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las principales empresas del sector, se habrá de dar un relevo generacional de dimensiones significativas. La proyección para Pemex es que se retirarán alrededor de 30 mil personas en los próximos seis años (77 por ciento correspondiente a personal sindicalizado que realiza labores técnicas y la parte restante de personal de confianza, ejecutivos y profesionales).

En el caso de la CFE, la estimación es que de sus casi 120 mil trabajadores, alrededor del cuatro por ciento (4 mil 877 personas) tienen 25 años o más de antigüedad, por lo que seguramente se jubilarán en los próximos cuatro años.

Según los cálculos que presentaron: el sector tendrá inversiones por alrededor de 50 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años. Además, suponen que por cada millón de dólares de inversión se generan alrededor de “2.7 empleos directos” y que por cada empleo directo se producen otros 2.7 empleos indirectos.

En términos de capital humano, se dice en el documento, “se van a requerir de aquí al término de la presente administración un mínimo de 135,000 especialistas en empleos directos” (80 por ciento con perfiles técnicos o carreras vocacionales y 20 por ciento del nivel superior y posgrado).

Es decir, los cálculos sobre el capital humano que se requiere, más que en el relevo generacional de las empresas del sector o el mercado de los energéticos, están hechos sobre la base de una inversión esperada (12 mi 500 millones de dólares anuales) y en la idea de que son pocos los profesionales del sector (geofísica, geología, ingeniería petrolera, química petrolera, etcétera).

Hoy el precio del barril del petróleo está a la mitad de lo previsto y tal parece que el mercado mundial del energético está en un amplio proceso de transformación que no es coyuntural.

Entonces, ni por el lado de la inversión ni por el comportamiento del mercado de energéticos vamos, otra vez, en tiempo y forma.

(Publicado en Campus Milenio No. 591. Enero 15, 2015, p.5)

jueves, 8 de enero de 2015

En 2015: la norma para la transferencia de conocimiento
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
 
La iniciativa ya fue aprobada por los diputados y está a la espera de que los senadores hagan lo propio en el corto plazo. Es una modificación relevante al marco normativo de la actividad científica y también al servicio público para facilitar la vinculación y la transferencia de conocimientos.
 
Ahora, en definitiva, se allana casi cualquier obstáculo para la participación de investigadores en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros para diversos propósitos.
 
Hace cinco años, los legisladores, a iniciativa de representantes del Partido Acción Nacional y espoleados por el asunto de la innovación en el desarrollo nacional, modificaron la ley de ciencia y tecnología para incluir el término “innovación” en la mayor parte de artículos y en la denominación del programa sectorial. No fue lo único.
 
En la reforma del 2009 también quedó establecida la idea de vincular funcionalmente a los sectores educativo, productivo y de servicios. En el capítulo VII, correspondiente a la vinculación, los legisladores añadieron el artículo 40 Bis, en el cual se anotó que: “Las universidades e instituciones de educación superior y los Centros Públicos de Investigación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.
 
La ley dejó al arbitrio de las instituciones educativas utilizar cualquier tipo de figura jurídica para la creación de unidades de vinculación, salvo la figura de entidades paraestatales. Además, seguramente para incentivar su establecimiento, en el mismo artículo se dispuso que tales instituciones podrían contratar a personal por proyecto.
 
Sin embargo, en la ley también quedó asentado que tales unidades, y quizás ese fue uno de los escollos, “en ningún caso podrán financiar su gasto de operación con recursos públicos”. Estos últimos, se anotó, exclusivamente podrían ser utilizados para generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico y para promover la vinculación con el sector productivo y de servicios.
 
También, en el artículo 51 de la misma ley, se estableció que los Centros Públicos de Investigación (CPI) promoverían con los sectores público y privado “la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.
 
A escala nacional, en diferentes instituciones educativas, se crearon las unidades de vinculación y en otras se hizo el intento. No obstante, la idea no terminó de cuajar, en buena medida por los impedimentos legales que tenían las instituciones y los investigadores para participar de los beneficios de una acción de tal naturaleza.
 
Ahora, un lustro después, una vez más se impulsa la modificación de las normas. En la ley de ciencia y tecnología del 2009 ya estaban consideradas las instituciones de educación superior (IES) y los CPI como instancias que podían crear unidades de vinculación y establecer asociaciones estratégicas y alianzas (artículos 40 Bis y 51), ahora se añade a las instituciones de la administración pública federal que realizan actividades científicas y tecnológicas. Por ejemplo, es el caso de los institutos nacionales de salud, el Cinvestav u otras entidades paraestatales del sector.
 
Sin embargo, la modificación más relevante es la que se propone a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En este caso, se incluye una fracción en el artículo XII que indica de forma inequívoca que personal de IES, CPI y entidades de la administración pública federal que realizan actividades de investigación, desarrollo o innovación, pueden “realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios”.
 
Incluso precisa qué modalidades serían: “participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas de base tecnológica, o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda”.
 
La única salvedad legal establecida en la misma fracción, un tanto críptica y circularmente, es que habrá conflicto de interés si los beneficios se obtienen “sin respetar la normatividad institucional”.
 
En fin, la propuesta todavía no tiene rango de ley, pero seguramente en este año lo tendrá. Un cambio que tal vez modificará el tablero de las instituciones, el personal y las gráficas del presupuesto.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 590. Enero 8, 2015, p.5)