jueves, 31 de octubre de 2013

¿Es factible el PISA para el nivel superior?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES


“El estudio de factibilidad demostró lo que es y lo que podría ser factible, lo que funcionó bien y lo que no, asimismo proporcionó lecciones y una estimulante reflexión sobre cómo pueden ser medidos más efectivamente los logros de aprendizaje en el futuro”.

El párrafo anterior es una de las conclusiones sumarias del tercer y último reporte de la OCDE sobre la factibilidad de una evaluación internacional de competencias para el nivel superior. Los mismos términos de la conclusión estaban previstos desde que comenzó el estudio. Ahora está puesta en el volumen más reciente: Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO)-. Feasibility Study Report. Volume 3- Further Insights.

Es el proyecto AHELO (por sus siglas en inglés), al cual nos hemos referido aquí en diferentes ocasiones, prácticamente desde que se concibió como idea en el 2006. Precisamente al poco tiempo de que tomó posesión José Ángel Gurría, el actual secretario general del organismo económico.

Literalmente, el proyecto para el nivel superior era y es una tarea de grandes dimensiones. Una complejidad mucho mayor que la de PISA. Este último, como se sabe, está dirigido a evaluar la preparación de jóvenes de 15 años, la edad que, en la mayoría de países, coincide con la culminación de una relativamente homogénea enseñanza básica.

Por el contrario, el signo distintivo de la educación superior, tanto al interior de los sistemas nacionales como entre los países, es el de la diversidad y la heterogeneidad. Una diferenciación de segmentos, misiones, especialidades, áreas de conocimiento y otros.

Además, también habría que añadir las diferencias culturales y de contexto de los sistemas educativos. Por tanto, de inicio y a diferencia de las competencias en la educación básica, la tarea de intentar estandarizar desempeños y capacidades de los egresados del nivel superior a escala internacional parece un reto difícil de superar.

El grupo de expertos que trabajaron en el proyecto comenzaron en el 2007 a perfilar las líneas de trabajo y en el 2008 decidieron, por principio de cuentas, poner en marcha el estudio de factibilidad. El objetivo era ver si, práctica y científicamente, era posible evaluar, en diferentes contextos, lo que sabían los estudiantes de educación superior y lo que podían hacer una vez egresados.

Un estudio que involucró a 17 sistemas de educación superior (13 a nivel nacional y 4 con representación estatal o regional), 248 instituciones de educación superior, alrededor de 23 mil estudiantes y casi cinco mil profesores.

La evaluación de logros de aprendizaje se concentró en capacidades genéricas y capacidades disciplinares. Las primeras se refieren al tipo de habilidades que los estudiantes debieran adquirir en todas las materias; las segundas corresponden a las áreas de conocimiento específicas. El estudio de factibilidad solamente incluyó economía e ingeniería.

Los resultados se reportan en los tres volúmenes: el primero se concentra en detallar el diseño y puesta en marcha del estudio; el segundo en analizar los datos y reportar las diferentes experiencias nacionales; y el tercero para tratar de sintetizar algunos de los hallazgos más importantes.

Uno de los factores que fue motivo de atención y discusión por parte del grupo de expertos fue el análisis de valor agregado (AVA), lo que incluye la medida y los modelos de valor agregado. Esto es, el factor clave que permitiera estimar qué tanto contribuyó la institución o el programa, al progreso de sus alumnos cuando estuvieron matriculados, la cual permitiría contar con una base de comparación más aceptable.

El acuerdo del grupo de expertos fue que la implementación de un AVA “era factible en el contexto del estudio principal de AHELO, siempre y cuando las personas responsables de la gestión y las instituciones participantes estuvieran dispuestas a cumplir con las exigencias solicitadas” (p.22).

Pero, sobre todo, el grupo de expertos notó que había dificultades inherentes al utilizar un AVA en diferentes jurisdicciones, por tanto los principales usos de sus resultados tendrían que limitarse a auto estudios institucionales y entre programas de una misma jurisdicción. Una seria limitación de comparación.

Las opiniones recuperadas de la conferencia tampoco son contundentes respecto a la continuidad y los costos que implica el AHELO. Así que no está a la vista, en el corto plazo, la puesta en marcha de una evaluación estandarizada de los aprendizajes para el nivel superior, al menos no a gran escala.


(Publicado en Campus Milenio No. 533. Octubre 31,  2013, p. 4)

jueves, 24 de octubre de 2013


Internacionalización, muchas promesas y pocos resultados


Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES


En el reciente Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, sintetizó la posición gubernamental sobre la dimensión internacional. Difiere de la que se sostenía cuando comenzaba a notarse la importancia del tema, pero podría ser igualmente carente de resultados satisfactorios.

El titular de educación superior dijo: “México aspira a enviar a sus mejores talentos a completar su formación en otros países, a recibir a estudiantes de diferentes nacionalidades y distintas especialidades y compartir su conocimiento y el talento de sus profesores. Sólo se podrá conseguir si el trabajo lo hacemos entre todos”.

Todavía a principios de los años noventa la idea era que los jóvenes cursaran estudios completos de posgrado en el extranjero, tantos estudiantes como lo permitieran los recursos financieros disponibles.  Hoy, en su mayor parte, como lo anota el subsecretario, se trata de que los jóvenes reciban una formación complementaria: una modalidad de estancias cortas en otros países, frecuentemente de un semestre o de un año.

Al inicio tampoco había una expectativa por recibir estudiantes de otros países. Aunque algunas instituciones de educación superior en México, destacadamente la UNAM, atraían a estudiantes principalmente de América Latina, no era un objetivo que se hubieran trazado deliberadamente. Ahora, las instituciones aspiran a recibir grandes volúmenes de estudiantes extranjeros.

En la región latinoamericana, y especialmente en el caso de México, las iniciativas de modernización en el terreno educativo de fines de los años ochenta, la profunda y gradual apertura económica, así como la formación de bloques regionales y alianzas estratégicas, comenzaron a registrar con mayor énfasis y a mayor escala los procesos de cooperación académica internacional y la movilidad estudiantil.

Lo paradójico es que pese a la gran cantidad de convenios y programas que se pusieron en marcha para alentar la internacionalización, la mayoría han carecido de efectos prácticos y solamente algunos han mostrado resultados. Es notable la disminución del número de becas al extranjero.

Las cifras oficiales no son del todo confiables, pero al comienzo del programa de becas, en los años setenta, más de la mitad de los apoyos eran para estudios en el extranjero. Después, con la crisis de los años ochenta y la escasez de recursos, las proporciones se invirtieron y las becas nacionales representaron la parte mayoritaria. En los años noventa, aunque el número de becas pasó de poco más de dos mil a más de 17 mil, la proporción se conservó en 80 por ciento de becas nacionales y 20 por ciento para el extranjero.

Desde que se puso en marcha la estrategia de reordenación del posgrado, primero con el Padrón de Excelencia en 1992 y una década después con el Padrón Nacional de Posgrados, creció el argumento a favor de un mayor otorgamiento de becas nacionales y una disminución para el extranjero. El razonamiento era que ya estaba asegurada la calidad de los programas nacionales. Se decía que los niveles de enseñanza eran comparables a los de países avanzados y había que darles preferencia, principalmente a los doctorados nacionales.

En esta última década, los datos son variables, pero las cifra oficiales señalan que las becas vigentes al extranjero pasaron de 2 mil 972 a 4 mil 82, entre el 2002 y el 2011. Por su parte, en el mismo periodo, las nacionales pasaron de 9 mil 399 a 36 mil 514. Notable la diferencia de crecimiento entre unas y otras. Actualmente el 91 por ciento son becas nacionales.

La internacionalización tiene muchas dimensiones y diferentes ángulos, pero no deja de llamar la atención que cuando más se ha enfatizado la importancia de propiciar la formación en el extranjero, el volumen y los apoyos no han ido en correspondencia.

No necesariamente tendría que ser una formación completa fuera del país. La tendencia en otros países es, precisamente, la adopción de diferentes modalidades de movilidad. Sin embargo, a la luz de las cifras mencionadas y de otras no consideradas, la propuesta formulada en el Foro Bilateral sobre Educación Superior acerca de que el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos se eleve de 13 mil 893 a 100 mil en los próximos cinco años, parece simplemente improbable.
 
Es decir, nuevamente, los resultados serán insatisfactorios. ¿O hará una corrección más el todavía ausente programa sectorial? Pronto lo sabremos.  

(Publicado en Campus Milenio No. 532. Octubre 24,  2013, p. 4)


 

jueves, 17 de octubre de 2013

La media superior y la Comisión para el DF

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

Durante las décadas anteriores, las preocupaciones gubernamentales se dirigieron principalmente a los extremos del sistema educativo y en menor medida al segmento medio. Sin embargo, las últimas tres administraciones han mostrado un peculiar activismo que hoy tiene el reto de instaurar un verdadero subsistema de media superior y alcanzar su universalización para el ciclo 2021-2022.

La media superior fue objeto de múltiples iniciativas y cambios importantes a lo largo del siglo anterior. Pero fue en el programa sectorial de Vicente Fox donde se planteó la idea de crear una “Coordinación General de la Educación Media Superior”.

Hasta el 2005, a pesar de que estaba prevista su creación en el 2002, el gobierno de Fox publicó la reforma al reglamento interior de la SEP. Ahí apareció no una Coordinación sino una Subsecretaría de Educación Media Superior. Por cierto, también en ese ajuste la entonces Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal se convirtió en “Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal”. Un órgano “provisional” que desde entonces –-y de hecho desde 1993-- está a la espera de hacer efectiva la descentralización educativa en el DF.

En el gobierno de Calderón, ya con una estructura administrativa de mayor nivel, Miguel Székely impulsó lo que llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems). Una iniciativa de cambio profundo que se planteó la elemental y compleja tarea de crear un Sistema Nacional de Bachillerato. Tal reforma era y es impulsada a través de cuatro ejes: un marco curricular común con base en competencias; la definición y regulación de las distintas modalidades del nivel; la instauración de mecanismos de gestión que definan estándares y procesos comunes; y un modelo de certificación nacional para el Sistema.

Tal parecía que la media superior se encaminaba a una profunda transformación. Sin embargo, en el último tercio del sexenio anterior, Felipe Calderón realizó un ajuste importante en su gobierno y cambió la titularidad de SEP y las subsecretarías. La reforma perdió dinamismo y visibilidad pública, aunque continuó su puesta en marcha. Todavía no es un hecho.

Paradójicamente, en el ámbito legislativo fue ganando adeptos la idea de convertir en obligatoria la media superior. Una propuesta que no gozaba de la simpatía del gobierno federal, particularmente de los subsecretarios de educación media, quienes manifestaron en diversas oportunidades el problema de los recursos financieros para hacerle frente al reto.

De cualquier forma avanzó la propuesta y  el 9 de febrero del 2012 se publicó el decreto de reforma a los  artículos 3ro y 31 constitucionales para convertir en obligatoria la educación media superior (DOF 09.02.2012). En artículo transitorio quedó especificada la obligación del Estado de “ofrecer un lugar a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”, la cual se realizará de manera gradual hasta lograr la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022”.

Después, ya en esta administración, vino la firma del Pacto por México que incluyó como compromiso asegurar “los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80 por ciento en educación media superior y en al menos 40 por ciento en educación superior”. Porcentajes que fueron recuperados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Todavía no se publica el programa sectorial de este sexenio –lo cual debiera ocurrir en este mes--, pero el actual subsecretario de Media Superior, Rodolfo Tuirán, ha estado especialmente activo para poner en marcha diferentes programas, principalmente para ampliar la cobertura en el nivel, otorgar becas e incorporar la Formación Dual. 

Por su parte, el gobierno capitalino publicó recientemente el acuerdo de creación de la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en el Distrito Federal (GODF No. 1709). Una instancia para emitir opiniones y recomendaciones, presidida por el jefe de gobierno capitalino e integrada por siete titulares de su gabinete. Además, estarán como invitados permanentes, con voz y voto, los titulares de la decena de subsistemas locales y federales que operan en el DF. Por ejemplo, los sistemas de educación media de UNAM, IPN, Bachilleres o la dirección de bachillerato de SEP.

Actualmente, la cobertura nacional para el nivel es de 69 por ciento, pero los retos son muy diferentes en cada entidad. Tal vez comenzará un nuevo capítulo en el movimiento descentralizador-centralizador, ahora en la media superior.

(Publicado en Campus Milenio No. 531. Octubre 17,  2013, p. 4


jueves, 10 de octubre de 2013

Foro bilateral: México-EUA


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99


Hace cinco meses los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto acordaron la creación de un Foro para coordinar la cooperación educativa en el nivel superior y plantear acciones al respecto. En aquel entonces, el panorama de los gobiernos estadounidense y mexicano era muy diferente de lo que hoy parece.

Todavía en mayo de este año, el sabor del triunfo electoral para los dos gobernantes era muy reciente y el horizonte de posibilidades de cambio durante su mandato se extendía promisorio. Actualmente, los afanes de reforma de Obama y Peña Nieto enfrentan serias dificultades.

Ahora, el presidente de los Estados Unidos sostiene un enfrentamiento con integrantes del Partido Republicano sobre su iniciativa ya aprobada de reforma a la salud pública que entraría en vigor plenamente el año próximo. El diferendo tiene detenida la autorización de deuda, el presupuesto y parcialmente el funcionamiento gubernamental.

En el caso de México, también está aprobada la reforma educativa pero enfrenta una seria oposición de profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no está a la vista el éxito de su implementación. El panorama todavía se complica más con las negociaciones en marcha sobre las reformas energética, hacendaria y política, así como los imperativos de atención pública derivados de las contingencias ambientales.

Sin embargo, algunos de los asuntos proyectados cuando el futuro parecía prometedor siguen su curso. Es el caso del Foro mencionado. En la visita de Barack Obama a México en mayo pasado, los titulares de las dos naciones acordaron, entre otras acciones, el establecimiento de un “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (FOBESII) –por cierto, después se le denominó indistintamente como Foro Binacional o Bilateral.

En la misma declaración conjunta se acotaron tiempos y funciones para el Foro. Por ejemplo, se precisó que debía instalarse en este año a nivel de subsecretarios o funcionarios equivalentes y convocar a representantes del gobierno, el sector académico y la sociedad civil. El objetivo principal sería: “desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de corto y mediano plazo”.

Uno de los aspectos sobresalientes es que el Foro le daría sentido a la iniciativa del gobierno estadounidense planteada desde el 2011: “La Fuerza de los 100 mil en las Américas”. Un programa anunciado por primera vez en Santiago de Chile por el presidente Obama en el 2011 y destinado a llevar 100 mil jóvenes latinoamericanos a formarse en Estados Unidos y, a su vez, intentar que igual cantidad de estadounidenses se prepare en países de América Latina.

El paso siguiente para dar continuidad a la idea del FOBESII, al menos en lo concerniente a la parte nacional, fue la instalación de un Grupo de Consulta Mexicano el 6 de junio de este año. Un grupo integrado por más de medio centenar de personas de 35 diferentes instituciones, una tercera parte de representantes de dependencias del gobierno federal, pero también de academias nacionales, institutos de investigación, universidades, asociaciones civiles y empresarios.

La tarea encomendada al Grupo de Consulta fue la de proponer la participación de actores relevantes, recomendar acciones estratégicas y evaluar el impacto de las acciones promovidas por el Foro. Una actividad que desarrolló en los meses anteriores y dio a conocer públicamente el mes pasado: (“Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento. Propuesta del Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII”, disponible en línea).

La propuesta central del Grupo es llevar las cifras actuales de 13 mil 893 estudiantes mexicanos en Estados Unidos (54 por ciento de licenciatura y 30 por ciento de posgrado) y los 4 mil 167 estudiantes estadounidenses en México a 100 mil y 50 mil, respectivamente. Una meta ambiciosa prevista para el 2018, precisamente cuando concluirá el periodo de Obama; sin embargo, parece poco factible de llevarse a efecto.


El documento del Grupo de Consulta desagrega las acciones, programa incrementos anuales por nivel educativo, sugiere crear consorcios, centros de investigación y enumera algunas de las dificultades más visibles para el logro de la cooperación y las metas. Sin embargo, quizás el mayor problema está fuera de los que se detectan. En ambos países se localiza en el terreno de los recursos financieros y en la recepción de las políticas públicas. 

(Publicado en Campus Milenio No. 530. Octubre 10,  2013, p. 4)

jueves, 3 de octubre de 2013

¿Los muy lejanos 45 años?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

Este miércoles se cumplieron 45 años de los trágicos acontecimientos del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Los años transcurridos son muchos años en la biografía de una persona, pero ese lapso es relativo en la escala de la historia. También en el ámbito de la educación y en la ciencia y la tecnología.

A pesar de que las ultimas cuatro décadas han traído consigo múltiples y muy variados cambios, también queda la impresión de que en algunos aspectos la transformación ha sido vertiginosa y notable, mientras que en otros ha sido más bien gradual.

En la década de los sesenta alcanzamos las tasas anuales más altas de crecimiento de la población: un pico histórico de 3.4 por ciento. Al final de esa década, el total de habitantes en México sumaba poco más de 48 millones. En las décadas siguientes, por la aplicación de las políticas de control demográfico, las tasas de crecimiento disminuyeron a menos del 2 por ciento. De todas formas, respecto de esos años, hoy la población es más del doble.

El tema tiene importancia por el reto de la presión demográfica en el sistema educativo. Una presión que se ha trasladado de los niveles elementales a los superiores conforme el incremento de la escolaridad de la población y la edad promedio. En aquellos años solamente eran obligatorios los seis años de educación primaria.

Actualmente, ya son vigentes 15 años de escolaridad obligatoria: tres de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria y tres de media superior. Un cambio notable: en las últimas dos décadas se duplicaron los años de escolaridad obligatoria. Aunque queda la incertidumbre sobre la obligatoriedad de los tres años de preescolar, así como los plazos que marca la ley para la media superior.

La educación superior también ha experimentado un crecimiento importante, pero todavía insuficiente. En 1970, la matrícula de la licenciatura universitaria y tecnológica sumaba 209 mil alumnos. La cobertura bruta para el grupo de edad era del 6.7 por ciento.

Las cifras para el ciclo escolar 2012-2013 muestran que en licenciatura universitaria y tecnológica están matriculados 2 millones 936 mil alumnos. La cobertura bruta para la población de jóvenes correspondiente fue de 28 por ciento. Es decir, respecto de 1970, la matrícula se multiplicó por un factor de 14, mientras que la cobertura solamente se cuadruplicó.

Además, vale la pena recordar que todavía en 1970 el Distrito Federal concentraba más de la mitad del total de matrícula nacional. Paulatinamente ha descendido la importancia y la participación relativa del DF hasta representar alrededor del 15 por ciento del total en la actualidad. Aunque la entidad todavía tiene un peso importante en la matrícula del posgrado, particularmente en la reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados.

En lo que corresponde al ámbito de la ciencia y la tecnología, también se registra un notable proceso de institucionalización, crecimiento y descentralización --regional e institucional.

De hecho, al final de los años sesenta todavía no existía Conacyt, el órgano rector de las políticas científicas y tecnológicas. La responsabilidad de conducir la política científica durante los años cincuenta y sesenta fue del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC). Un organismo creado en 1950, pero con una escasa capacidad de maniobra.

En diciembre de 1970 apareció el decreto de creación de Conacyt, con la idea de conjuntar esfuerzos y reunir en un solo organismo la responsabilidad de coordinar, fomentar y prestar apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, pero sobre todo de formular y ejecutar una política sectorial.

En ese mismo año, se estimaba que el volumen de recursos humanos dedicados a la investigación ascendía a 3 mil 300 profesionales y de ellos solamente 635 (19 por ciento) contaba con estudios de posgrado. Actualmente el personal con nivel de posgrado son poco más de 48 mil en las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las empresas; los miembros del Sistema Nacional de Investigadores suman 19 mil 747.

También en el mismo año de fundación de Conacyt, la inversión en Investigación y Desarrollo Experimental se estimaba en 0.1 por ciento del PIB. Actualmente se sitúa en 0.43 por ciento y según las previsiones de la actual administración, al concluir este sexenio se alcanzará el uno por ciento del PIB.

Después de 45 años no es lo mismo, los cambios han sido evidentes, pero tal parece que no han sido suficientes para resolver y avanzar en los variados pendientes.

(Publicado en Campus Milenio No. 529. Octubre 3,  2013, p4)