Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 788.
Enero 31, 2019. Pág. 5)
Tal vez,
estimado lector, recordará lo que dijimos la semana pasada sobre los incentivos
para el sector privado. Fue en este mismo espacio y a raíz de recientes
declaraciones de la directora actual del Conacyt. La titular del organismo,
María Elena Álvarez Buylla, mencionó que la anterior administración realizó
transferencias, “muchas de ellas líquidas”, por alrededor de 50 mil millones de
pesos (mmdp) a empresas, algunas de ellas “transnacionales”. Pero, no sabemos
si fueron indebidas o no.
La presente
administración todavía no presenta públicamente un reporte para examinar si se
trata de uno u otro sentido. No solamente es el volumen exacto de las transferencias
realizadas, también es el monto de inversión nacional (pública y privada) en
ciencia y tecnología como proporción del PIB. La anterior administración dijo
que cerró en 0.48 por ciento respecto al PIB y la actual dice que más bien anda
por ahí del 0.33 por ciento.
Las
diferencias no son nada menores, sobre todo si se trata de divergencias en
estadísticas nacionales e indicadores de comparación internacional. En estas
mismas páginas hemos insistido en la importancia de contar con cifras válidas y
confiables. Es sumamente difícil proyectar si los datos oficiales son opacos,
cambiantes o confusos.
¿Qué sí conocemos
de los incentivos para empresas? Lo más sobresaliente ha sido el programa de
estímulos fiscales: una inversión en ciencia y tecnología se convierte en un descuento en la carga del crédito fiscal en
determinado impuesto. A pesar de que es un programa controvertido, también es, hasta ahora, la principal iniciativa para espolear la inversión en
actividades científicas y tecnológicas de las empresas del sector productivo.
Desde mediados
de los años ochenta y hasta los primeros años 2000, los criterios de aplicación
del programa y montos de apoyo habían quedado a cargo de Hacienda. En ese
entonces con escasa proyección y cifras modestas. Sin embargo, en la
administración de Vicente Fox las reglas de aplicación se simplificaron, los
montos crecieron de forma importante (al final del periodo el monto alcanzó alrededor
de 3 mmdp) y el otorgamiento quedó bajo la responsabilidad de un comité interinstitucional.
Los cambios dinamizaron el programa y todo parecía ir sobre ruedas.
No obstante,
la Academia Mexicana de Ciencias rápidamente detectó que los criterios de
asignación eran más bien opacos, los beneficios eran para empresas transnacionales
y prácticamente no figuraban las medianas y pequeñas empresas. Las críticas al
programa fueron creciendo y hacia el final de la década pasada el programa se
canceló.
Además, un estudio
de la OCDE recomendó cambiar el programa de incentivos fiscales, de apoyo
indirecto, por otro de apoyo directo a las empresas. Y sí, a partir del 2009 el
programa mutó al Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (PEI), dirigido a las empresas y a fortalecer un
vínculo con las instituciones académicas de nivel superior.
En realidad el
PEI es un programa de programas, porque
incluye tres vertientes según el tipo de empresas:
una se concentra en las Pymes (InnovaPyme); otra para las grandes empresas (Innovatec);
y una que incluye a ambas (Proinnova), pero cuya característica distintiva es
que comparten proyectos con un Centro Público de Investigación o una
universidad.
Lo sorprendente
es que, de todas formas, Enrique Peña Nieto en el 2016 propuso que se
restaurará el programa de apoyos indirectos, el de incentivos fiscales. Así
que, otra vez, al año siguiente de su propuesta, con la reforma a la Ley de Impuesto sobre la
Renta (ISR), nuevamente quedó establecido un crédito fiscal del 30 por ciento en
los gastos en investigación y/o desarrollo tecnológico, aplicable contra el ISR
(artículo 202). La aplicación de los beneficios siguió bajo la responsabilidad
de un comité interinstitucional.
El penúltimo informe de gobierno de Peña
Nieto reportó que en 2017 se otorgaron incentivos fiscales por casi 5 mmdp y
los beneficiados fueron poco más de un centenar de contribuyentes del ISR. Las
reglas de aplicación del estímulo fiscal volvieron a cambiar en febrero del año
pasado, sin embargo, el último informe de gobierno omitió el dato de cuántos
fueron los beneficiados y cuál fue el monto.
Por su parte, el PEI, el programa de
apoyos directos, de acuerdo con información oficial, entre enero 2013 y junio
de 2018, apoyó un total de 4 mil 248 proyectos y el monto total fue de 36 mmdp
(la mitad son recursos públicos y la otra mitad son privados). Lo que no se
informa es su distribución por tipo de empresa.
Las
iniciativas ya tienen su tiempo y los recursos no son insignificantes. Así que
no solamente debiéramos conocer toda la información, precisa y confiable,
también necesitamos saber si las transferencias fueron indebidas y bajo qué
criterios los programas quedarán cancelados, mutan o continúan.
Pie de página: Los vientos de cambio de febrero vienen fuertes, comenzarán con la discusión
sobre la reforma al artículo 3º de la Constitución; la actual fracción V
también incluye la investigación científica y tecnológica. Pendientes.
