¿EL ASCENSO DEL SUR?

En el ocaso de la administración gubernamental anterior y las vísperas de la actual, un sorprendente artículo de la revista británica The Economist  (“The Rise of Mexico”. Noviembre 24, 2012) anunciaba que de persistir las condiciones de intercambio y las tendencias de crecimiento económico, la nación emergería como potencia y principal socio comercial de Estados Unidos al final de la década actual. El Made in China daría paso al Hecho en México, decía el reportaje. Una sorpresa porque lo usual de las notas sobre la nación era el tema de inseguridad.

Después, en los meses siguientes, vinieron otros artículos más en la prensa internacional, como los de Financial Times, The New York Times, el de Foreign Affairs o las opiniones del columnista Thomas L. Friedman, después de una visita a Monterrey al final del mes pasado, acerca de que México será la próxima potencia. Todos con vaticinios semejantes: la nueva China, el tigre azteca o el momento de México.

Las reacciones nacionales han sido muy variadas, desde una apología al futuro promisorio hasta el franco escepticismo que advierte las veleidades de la opiniones internacionales que se movilizan al compás de las agencias de cabildeo y promoción de imagen. Un recurso que no logra ocultar la realidad que muestran el espejo de los indicadores de atraso y grave desigualdad.

Ha sido notable que una parte de las opiniones favorables a México se han fundado en una visión comparativa: no tanto en un fulgurante desempeño nacional, como en las dificultades de algunas de las llamadas economías emergentes, como Brasil, Rusia, India y China; las prometedoras naciones agrupadas en el acrónimo BRIC.

El asunto es que una buena parte de las apreciaciones y proyecciones se basan en una escala macroeconómica, como la estabilidad financiera, la medición del PIB o las tasas de crecimiento económico. Una escala importante pero muy lejana al ciudadano común que no logra apreciar su dimensión y, todavía más relevante, no percibe con claridad los beneficios.

Una mejor aproximación es la idea de desarrollo humano, como la que promueve el reporte anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la promoción de un índice en el que importa no solamente el crecimiento económico, si no particularmente lo que ocurre con la equidad y el bienestar de las personas en los diferentes países.

Hace más de dos décadas el creador del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el economista pakistaní ya fallecido, Mahbub ul Haq destacó que el principal objetivo del desarrollo era “crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”.

El IDH es una combinación de tres diferentes indicadores: salud, educación e ingresos. Incluye, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, logros educativos (como alfabetización, años promedio de escolaridad, tasas brutas de escolaridad), PIB per cápita, estándares de vida. En conjunto, tratan de medir de la mejor forma el desarrollo humano y muestran una medida única (de 0 a 1) para el desarrollo social y el económico, lo que permite comparar los avances en los diferentes países.

En el primer Informe, publicado en 1990, México apareció en la posición número 90 de 130 países. El reporte clasificó de menor a mayor desarrollo humano a las diferentes naciones y las ubicó en tres niveles: bajo; medio; y alto. México quedó en el grupo de  “Alto nivel de desarrollo humano”.

La semana pasada se presentó el reporte de este año (El ascenso del Sur. Progreso humano en un mundo diverso) y México se ubica en la posición 61 de 186 países. No experimentó modificación respecto del año previo y sigue ubicado en el grupo de países de “Alto nivel de desarrollo humano” . No obstante, desde el 2010 el reporte ya incluye un cuarto grupo: “Muy alto nivel de desarrollo”. México presenta una mejor posición que Brasil en el mismo grupo (85). China y la India están en un grupo inferior, el de “Desarrollo humano medio”.

De acuerdo con el reporte de este año, la importancia económica de Brasil, China e India está fuera de duda. Según sus proyecciones, al término de esta década, superarán  la producción actual de seis de las principales economías del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido) .

Lo más importante, sin embargo, es qué ha permitido lograr un mayor y mejor desarrollo humano. El reporte aventura tres componentes y algunas conclusiones. ¿Suficientes para cambiar la geografía del desarrollo? Ya veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 503, p. 9)

LAS CONSULTAS DEL PND EN EL DIA 90

El último día de febrero el ejecutivo federal anunció, diez días antes del cumplimiento de los emblemáticos primeros 100 días de gobierno, el inicio del proceso de “Consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” (PND).

Según la Ley de Planeación, le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la coordinación y elaboración del Plan. El plazo que fija son seis meses contados a partir de la toma de posesión del presidente de la República. Lo relativamente sorprendente es que, independientemente de lo que pudiera presentarse como Plan, las definiciones están avanzadas y en marcha, lo mismo por los compromisos de campaña que por el Pacto por México y los primeros 100 días de gobierno.

La urgencia de algunos problemas ameritan iniciativas de inmediato. No se puede ser muy paciente con problemas como la pobreza, la inseguridad, el crecimiento económico o los estragos de los monopolios. Sin embargo, tampoco se puede ni debe soslayarse el meditado proceso de planeación en la tarea de gobierno. Algunas acciones podrán ser espectaculares y producir grandes efectos mediáticos, pero si no se cuenta con una hoja de ruta, el balance final mostrará los errores, como lo muestra la experiencia.

No solamente es un asunto de planeación centralizada, porque seguramente la actual administración, como es obvio, tiene sus ideas. El caso es que, desde hace más de tres décadas y como la misma norma lo tiene previsto, en la tarea deben participar y ser consultados los diferentes grupos sociales en el llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Según la ley, prácticamente todos los grupos deben ser consultados: organizaciones obreras, campesinas, populares, empresariales; instituciones académicas, profesionales y de investigación; los legisladores, por ejemplo. (artículo 20 de la Ley de Planeación).

Aunque, como también es claro, la experiencia ha mostrado que tanto los procesos de consulta como los planes han sido de mucha parafernalia y poca utilidad. Se han quedado en eso: actos protocolarios de participación ciudadana y gruesos volúmenes de documentos que guardan poca relación con las acciones de gobierno y todavía menos con los resultados al final de la administración.

Lo deseable sería una combinación de capacidad en la toma de decisiones y de proceso mesurado y efectivo de planeación. Es ese caso, es casi inevitable recordar que en la administración de Vicente Fox, después de la época priista, la elaboración del PND volvió a suscitar cierta expectativa porque convocó al ciudadano para la elaboración del Plan.

De hecho, Vicente Fox inició la consulta para la elaboración del Plan de su administración un mes antes, respecto a la fecha en la que Enrique Peña Nieto (EPN) lo hace ahora. También Fox inició con una integración temática diferente del Plan y con la modalidad de consultar por diferentes medios la opinión ciudadana, además de los convencionales, utilizó por primera vez  los medios electrónicos y las entonces nuevas tecnologías.

Sin embargo, como es bien conocido, las expectativas rebasaron por mucho a la administración de fox. El resultado no fue diferente a lo ocurrido con los gobiernos priistas que lo antecedieron. Las cosas tampoco fueron diferentes con Felipe Calderón.

Ahora, una vez más, las consultas están en marcha para la integración del PND. Por lo pronto, las coordenadas sobre las que se movilizará están marcadas por las cinco metas que ha reiterado Peña Nieto, en ese orden, desde el inicio de su gobierno: lograr un México en paz, referido principalmente al estado de derecho y los problemas de seguridad; un México incluyente; un México con educación de calidad para todos; un México próspero, basado en el crecimiento económico; y hacer de México un actor con responsabilidad global, principalmente con asuntos de integración regional y comercio exterior.

La página web habilitada para recibir las opiniones de un sector de los ciudadanos también sigue el mismo formato de las metas anteriores, con el fin de establecer prioridades o componentes en cada caso, pero conservando propuestas y compromisos anunciados.

En la apertura de la consultas EPN dijo que el Plan sería “un documento breve, consistente y claro” y que incluiría tres estrategias transversales, así como los correspondientes indicadores para “medir la efectividad del Gobierno.”

En este mes y el próximo se realizarán las consultas, lo más interesante será la armonía entre la opinión de los ciudadanos y la elaboración del Plan. ¿Nueva o vieja historia?

(Publicado en Campus Milenio No. 502. Marzo 14, 2013 p. 9)

LA SUPLENCIA EN EL CONSEJO GENERAL

Más o menos una década para admitir que colocar al ejecutivo federal al frente de un órgano para dirigir el sistema científico y tecnológico no fue buena idea. No funcionó, aunque la ley decía otra cosa. Otro año, o un poco más, para cambiar la norma y encontrarle suplentes a la situación.

La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) del 2002 creó diferentes órganos para darle mayor capacidad de maniobra y relevancia al sector científico y tecnológico. Uno de ellos, y acaso el de mayor orgullo para los reformadores de entonces, fue el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT).

El Consejo, se dijo, sería el órgano de decisiones clave para conducir el sistema, lo mismo que para coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores de la administración pública que de una u otra forma tenía que ver con las actividades científicas y tecnológicas.

No solamente importaba que las decisiones del Consejo fueran estratégicas, sino también que se tomaran al más alto nivel para asegurar su cumplimiento. Quién más que el ejecutivo federal para tal posición. El régimen todavía fuertemente presidencialista, no se resignaba a perder la esperanza en el poder del caudillo.

La ley estableció que el CGICyDT debía ser presidido por el ejecutivo federal y como otros integrantes: nueve secretarios de Estado; tres empresarios; el director de Conacyt; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; el coordinador del Foro Consultivo; el secretario general de Anuies; y un representante de la Conferencia Nacional, otro de los Centros Públicos y dos de los investigadores. En total: 21 miembros.

Al Consejo se le reservaron una decena de atribuciones clave para dirigir el sistema científico. Por ejemplo, entre otras funciones, quedó bajo su responsabilidad la aprobación del programa sectorial, definir las prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia, lo mismo que el proyecto de presupuesto sectorial.

En la ley también quedó establecido que el CGICyDT debía sesionar por lo menos dos veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria tantas veces como lo decidiera su presidente.

Sin embargo, pese a lo que marca la ley, el CGICyDT simplemente no logró convocar a sus integrantes de alto nivel y no se ha reunido más allá de tres o cuatro veces en una década.

La situación fue más grave en la administración de Felipe Calderón: el programa sectorial no se presentó en los plazos normativos porque el presidente no lograba hacerse un espacio para convocar al Consejo y aprobar el programa. De hecho, los premios de la Academia Mexicana de Ciencias, los Premios Nacionales y el Premio México, tuvieron graves retrasos.

Cada vez fue más evidente que el CGICyDT no se podía sostener en los mismos términos. En febrero del 2012, la diputada de Nueva Alianza (Panal), Cora Cecilia Pinedo Alonso, presentó una iniciativa para modificar la LCyT.

La modificación consistía en añadir un párrafo al artículo 5 para precisar que: “Tratándose del presidente de la República y de los titulares de las secretarías mencionadas en la fracción II, podrán designar a un suplente, quien deberá tener al menos el nivel de subsecretario o equivalente”.

En las consideraciones de la iniciativa se justificó que se trata de una “suplencia por ausencia” y no una “delegación de funciones”. En la primera, el suplente actúa en representación de aquel; en la segunda, lo hace en nombre propio y toma sus propias decisiones. En el caso del CGICyDT, parece que sigue vigente la confianza en la omnipresencia del más  alto nivel.

Los diputados aprobaron la propuesta el pasado 19 de febrero. En el pleno, todos se pronunciaron a favor, ninguno en contra. Ahora la iniciativa está en la Cámara de Senadores; seguramente se llevará un par de meses, o más, para entrar en vigor, pero estará lista antes del plazo para presentar el programa sectorial.

En fin, lo que llama la atención es la persistente confianza en la jerarquía de alto nivel para resolver los problemas (la figura de suplencia, en lugar de la delegación u otro esquema), lo mismo que la década empleada para realizar una modificación relativamente menor a la ley. No menos importante es constatar, una vez más, que la ley establece una cosa, pero en los hechos sucede una muy distinta. Formas, tiempos y detalles que debieran ser una lección mínima en tiempos de reforma constitucional.

(Publicado en Campus Milenio No. 501. Marzo 7, 2013)

EL RETO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL TERRENO DE LA DESIGUALDAD

Una buena parte de los esfuerzos del Estado mexicano en el siglo XX, y particularmente en las últimas tres o cuatro décadas, se concentraron en tratar de superar el atraso educativo y ofrecer mayores oportunidades de acceso a la escuela. Ahora tiene el reto de completar los pendientes en materia de acceso y además enfocarse en la igualdad de resultados

Primero fue lo básico a nivel nacional: superar el problema del analfabetismo, cuyo índice a mediados del siglo XX casi alcanzaba a la mitad de la población. Después, tratar de universalizar la educación primaria que para mediados de los años setenta solamente alcanzaba al 85 por ciento de los niños en edad de cursarla. Luego, vino el reto del ciclo completo de la educación básica, dado que a la obligatoriedad de la primaria, se añadió también la educación secundaria en 1993 y el preescolar en el 2002.

A la par, con la ampliación de los niveles previos, la educación media superior experimentó un importante crecimiento (pasó de alrededor de 37 mil estudiantes a mediados de siglo pasado a 3 millones al finalizar la centuria). La educación superior, el nivel más alto, aunque también se expandió de forma notable, persistió, y persiste, en su carácter relativamente elitista: tenía una cobertura de alrededor del uno por ciento en 1950 y alcanzó el 20 por ciento para el final del siglo.

Sin duda, el desafío de hacer frente a la demanda educativa ha sido muy notable. Sobre todo en un contexto de alto crecimiento demográfico (tasas de más del 3 por ciento hasta fines de los años sesenta), de apertura y de cierta inestabilidad económica que fue característica de las últimas tres décadas del siglo pasado.

El asunto es que la preocupación se concentró fundamentalmente en la búsqueda de una expansión cuantitativa del sistema educativo y solamente hasta fines de los años ochenta se comenzó a reparar en los contrastes regionales y las profundas inequidades educativas; también en los problemas de calidad del sistema. Desde entonces se pusieron en marcha programas dirigidos a mejorar la infraestructura del servicio educativo, la calificación de profesores, los materiales, la gestión escolar o diferentes apoyos a los grupos vulnerables para facilitarles la asistencia a la escuela. Los avances han sido significativos, pero insuficientes.

A pesar del énfasis en mejorar la oferta educativa y avanzar en la igualdad de acceso escolar, actualmente, entrada la segunda década del siglo XXI, todavía debemos añadirle el problema de igualdad en resultados. En el horizonte debe estar, además de los problemas irresueltos de atención educativa, en todos los niveles y especialmente en el superior, el de la calidad del sistema y los resultados en aprovechamiento escolar.

Es un tanto paradójico lo que ocurre en el sistema educativo: es alta y profundamente selectivo, pero está en duda que proporcione las habilidades y capacidades que debiera otorgar en los diferentes niveles. Un rasgo que exhibe el corte de la desigualdad y los problemas de gestión e ineficiencia del sistema.

Por una parte, los filtros que se despliegan a lo largo del recorrido escolar llevan a que solamente una proporción mínima de los alumnos que se inscriben en la primaria, alcance, en el tiempo previsto, el nivel superior. Los cálculos son variables, pero solamente entre 11 y 14 de cada cien, lo lograrán; el resto cumplirá su recorrido en un tiempo mayor o en definitiva abandonará la escuela. No es fortuito que solamente tres de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores esté en la escuela o que la cifra del rezago educativo (personas mayores de 15 años que no completaron su enseñanza básica) sume actualmente poco más de 30 millones de personas. Esta última cifra es un volumen casi equivalente a la matrícula total del sistema educativo.

Por otra parte, son frecuentes las quejas reiteradas acerca de los problemas en la formación de los alumnos, en donde el nivel escolar más alto culpabiliza al previo de que los alumnos no sean capaces de leer, escribir o argumentar correctamente; el siguiente al anterior; y así hasta llegar a lo elemental. No es solamente un problema de apreciación, las pruebas estandarizadas a gran escala, con sus sesgos y dificultades, han dado muestras de las dificultades con el dominio de conocimientos y la correspondiente falta de capacidades y habilidades.

Desde los años setenta, la literatura ha destacado la importancia de la clase social y el contexto familiar como determinantes de la trayectoria escolar y el acceso a los niveles superiores. Las desigualdades sociales previas como influencia y condición para el éxito o fracaso escolar que en no pocas ocasiones la escuela vuelve a reproducir. El nivel de ingreso económico como variable para el acceso escolar, el cual adquiere un mayor peso conforme más alto el nivel educativo.

La dificultad para el acceso escolar se ha tratado de remediar, principalmente, con el otorgamiento de becas y, al mismo tiempo, con la extensión de la obligatoriedad desde el preescolar hasta la media superior. La cobertura en preescolar y secundaria, cuya universalización todavía no es un hecho a pesar de lo que dice la norma, muestran los pendientes que todavía se deben atender, anticipan lo que podría ocurrir con el nivel medio en el 2021 y la presión que habrá en la educación superior.

Además de una atención acelerada a los déficits en materia de acceso en los niveles obligatorios, el tema de la igualdad de resultados cobrará mayor importancia. De hecho, ya la tiene. Las diferencias de logro escolar será objeto de un escrutinio más escrupuloso, debido a las desigualdades en la conclusión satisfactoria o accidentada de los estudios, el sector y tipo institucional del que se trate, o las capacidades y habilidades adquiridas. Por tal motivo, en ocasiones, resulta más significativo conocer la institución donde se estudió que el nivel de estudios alcanzado; el mismo título profesional refleja contenidos y aprendizajes muy diferentes según la institución de donde se proviene.

El mérito, como principio esencial, parte del supuesto que el esfuerzo individual y las cualidades son el el motor de ascenso para que los individuos con mayores aptitudes y capacidades obtengan los puestos de mayor relevancia y prestigio. Sin embargo, como indica François Dubet, una concepción puramente meritocrática de la cultura escolar tiene una serie de problemas. La escuela no es un espacio para la igualdad de oportunidades ni un espacio justo de competencia. En todo caso, como se sostiene, si la igualdad de oportunidades se subordina a la eficiencia y al mérito, no hacemos sino profundizar en la meritocracia, pero no en la igualdad. En fin, serán tensiones que habrá que resolver.

Hasta ahora, en el caso de la educación superior, las iniciativas que se pondrán en marcha están centradas, nuevamente, en avanzar en la igualdad de oportunidades de acceso. Se trata de los dos compromisos anunciados en el Pacto por México de diciembre pasado: Uno, asegurar los recursos presupuestales para incrementar la cobertura en al menos al 80 por ciento en la educación media superior  y en 40 por ciento en la educación superior; otro, crear un programa nacional de becas para los alumnos de esos dos niveles, el cual estará centrado en una primera etapa en los alumnos provenientes de familias ubicadas en los cuatro deciles con menores ingresos. Además, como parte de este último compromiso, se planteó que habrá un programa piloto de “beca-salario” en tres entidades federativas.

Los compromisos no tienen el nivel de detalle que seguramente estará en el correspondiente programa sectorial. Pero, como se puede advertir, las prioridades están en la misma línea de preocupación por el acceso de las últimas décadas. Incluso es de apreciar la reducción operada en los compromisos del Pacto, respecto de los compromisos que ofreció el entonces candidato presidencial y ahora ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Había comprometido cobertura universal para la educación media superior e incrementar al menos a 45 por ciento la cobertura en superior.

Mientras más tiempo lleve cubrir el déficit de acceso a la educación, más demorará la atención a los resultados y a las consecuencias de la educación.

(Publicado en Campus Milenio No. 500. Febrero 28, 2013. p. 8)