Parlamento abierto: alta convocatoria y los derechos sin recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 990. Marzo 30, 2023)

 

Los diputados, como lo dijimos aquí en la entrega anterior, ya realizaron el primer foro de parlamento abierto sobre la eventual ley general de ciencia. También anticipamos que probablemente las opiniones en esos foros no harían diferencia alguna en el diseño de la nueva ley y que tal vez el proyecto del gobierno federal podría ser aprobado sin ninguna modificación.

 

No obstante, como sabemos, la dinámica en el Congreso es impredecible y mientras el proyecto no se vote en el pleno, no sabremos qué curso podría seguir una iniciativa. Por lo pronto, tal vez las probabilidades de que le muevan algo más que las comas al proyecto del gobierno federal, van en aumento. La maratónica sesión de parlamento abierto de este miércoles 29 de marzo exhibió una alta y diversa participación, pero también levantó expectativas sobre los próximos foros, lo mismo que una reiteración de temas y la responsabilidad que tienen los legisladores.

 

Según la metodología acordada por las juntas directivas de Comisiones Unidas (Educación y de Ciencia y Tecnología), los diputados tienen previsto tener listo el dictamen el próximo 12 de abril. No obstante, también acordaron realizar siete foros de parlamento abierto, esta semana apenas fue el primero. No habrá más la próxima semana porque es Semana Santa.

 

El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que recibieron y aceptaron alrededor de 300 solicitudes de participación. El foro inició por la mañana, poco después de las 11 horas, concluyó alrededor de las 21:30 horas, o sea más de 10 horas de duración.

 

Lo sobresaliente es que las intervenciones de los participantes fueron de máximo cinco minutos de duración y solo poco más de un centenar lograron ser escuchados. O sea que otra cantidad similar estaba aceptada y quedó pendiente, así fue tanto por el abultado número de personas como por la forma de organización del parlamento abierto

 

En realidad, el foro fue organizado de forma rápida, pero muy laxa e improvisadamente. El 14 de marzo los diputados acordaron que realizarían los siete foros, pero la convocatoria para el primer foro apareció hasta el jueves 23 de marzo. El problema es que los teléfonos y las direcciones electrónicas fueron habilitadas con un retraso de tres o cuatro días, el registro propiamente fue uno o dos días antes del foro y la confirmación fue en la víspera.

 

El desarrollo mismo del foro siguió dos programas distintos: uno en la sala presencial y otro enviado a un buen número de participantes. Al final, aunque había muchas personas por hablar, ya era evidente que el foro no podía extenderse más. Pero no hubo ninguna explicación, ni mención al caso; el encuentro simplemente se dio por concluido y ya.

 

Sin embargo, la alta convocatoria del parlamento abierto mostró no solamente que el tema es de amplio interés, también reveló que está lejos el consenso sobre los ejes principales de una nueva ley. A pesar de que se ha mencionado una y otra vez el volumen de consultas, así como los foros y encuentros para elaborar el proyecto de ley del gobierno federal, lo cierto es que los participantes en el parlamento, en la misma dimensión, han hecho notar lo contrario.

 

Un par de participaciones en el parlamento también mostraron una ausencia notable en el proyecto de ley: los jóvenes investigadores. Por ejemplo, Edgar Guerra, miembro del sindicato de investigadores del programa Cátedras del Conacyt –programa que ahora es Investigadoras e investigadores por México--, planteó que no estaban mencionados en la ley a pesar de que suman más de un millar de jóvenes y también señaló que el proyecto de ley incluye el loable derecho humano a la ciencia, pero pone en peligro los derechos laborales del personal del propio Conacyt.

 

Las condiciones adversas que enfrentan los jóvenes investigadores para realizar su trabajo, contar con una beca o becas sucesivas, o bien, encontrar una posición académica, también fueron expuestas por un integrante del colectivo “Científicos precarios”. Y es verdad, no solamente su presente es incierto, el futuro tampoco parece ser mejor y la iniciativa de ley no lo proyecta.

 

Sobre los componentes que fueron reiterados están los que se han mencionado una y otra vez en todas las versiones de iniciativas de ley: la necesidad de una mejor gobernanza del sistema; una auténtica distribución de competencias en los diferentes órdenes de gobierno; la no discriminación como principio básico; la instauración de verdaderos órganos de representación, de gobierno y de participación; así como el tema del financiamiento.

 

El tema de los recursos financieros es inocultable. Actualmente tenemos un gasto en investigación y desarrollo experimental de 0.31 respecto al PIB, un porcentaje que representa casi la mitad del promedio de América Latina y alrededor de una cuarta parte de lo que destina Brasil, España o Portugal. Un monto claramente insuficiente para garatizar el derecho a gozar de la ciencia, porque simplemente no se puede otorgar, gozar o distribuir lo que no existe.

 

La responsabilidad de los legisladores también es insoslayable. Los números y las participaciones en el primer foro les depositaron toda la confianza y crecieron las expectativas sobre los siguientes seis foros de parlamento abierto. Pendientes con el proyecto, dictamen y votos del legislativo.

 

Pie de página: Becarios posdoctorales (@POSDOCsinSNI) se inconforman por las irregularidades y retraso de meses en recibir el incentivo del Sistema Nacional de Investigadores.

Ley general de ciencia: el “salto para atrás” de los legisladores

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 989. Marzo 23, 2023. Pág. 4)

 

Los legisladores podrían aprobar la ley general de ciencia en las próximas semanas, después de un retraso de más de dos años. Sin embargo, es posible que no haya discusión, análisis y ni siquiera intervención de los legisladores, porque uno de los proyectos de ley que están en el Congreso, el presentado por el gobierno federal, podría ser aprobado sin modificación ninguna.

 

Al menos eso es lo que podría concluirse de la respuesta que dio la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 16 de marzo, en la sesión de trabajo con las comisiones unidas de Educación y de Ciencia y Tecnología de los diputados. Ahí dijo que sería un retroceso desintegrar la propuesta de ley del gobierno federal.

 

Vayamos por partes. En primer lugar, sin duda, aunque la ley general fuera aprobada en las próximas semanas, de todas formas ha sido y es una falta al mandato constitucional que marcó diciembre del año 2020 como fecha límite para tenerla lista. En fin, para el registro: a pesar de que se trata de la Constitución, el mayor ordenamiento jurídico nacional, no tiene ninguna consecuencia incumplirla, así sea por parte de los propios legisladores.

 

En segundo lugar, vale la pena notar lo paradójico del caso: la demora de dos años se resolverá en unas semanas. El lapso transcurrido no fue utilizado para buscar un consenso sobre un proyecto de ley o convencer a los directamente implicados. No, cada quién siguió en su propio carril.

 

Desde hace un año, los titulares de las comisiones de ciencia del Congreso anunciaron que trabajarían en conferencia, o sea, participarían de forma conjunta diputados y senadores para obtener una norma por consenso (Comunicado 23.03. 2022). No obstante, después del anuncio no hubo reuniones. Nada.

 

Ahora, apenas la semana pasada, la agenda del tema se reactivó, las juntas directivas de comisiones acordaron una metodología de trabajo, planearon foros de parlamento abierto, integrar el proyecto de dictamen y sostener una “reunión ordinaria permanente y en modalidad semipresencial”. Esta última a más tardar el 12 de abril de 2023.

 

O sea, apresurar todo para que el proyecto de ley esté listo en tres semanas, tómese en cuenta que la primera semana de abril será inhábil porque es la Semana Santa. En estas circunstancias ¿cómo puede hablarse de análisis o discusión de la ley general, o bien, de foros de parlamento abierto?

 

Los diputados acordaron siete foros de parlamento abierto con los siguientes temas: derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; definición y diseño de la política pública y sus instrumentos; Sistema nacional de HCTI y bases de coordinación con entidades federativas y municipios; fomento y financiamiento público de HCTI; el Consejo Nacional; el Sistema Nacional de Centros Públicos; y la participación del sector privado y Sistema Nacional de Innovación.

 

El parlamento abierto, han dicho anteriormente los mismos legisladores, es una forma novedosa de encuentro entre ciudadanos y poder legislativo, un mecanismo de participación, apertura y rendición de cuentas parlamentaria. Sin embargo, en las condiciones previstas, no parece abierto ni que su realización pueda tener efecto alguno.

 

Finalmente, en tercer lugar, está lo ocurrido en la sesión de comisiones unidas la semana pasada. En la reunión, la diputada priista Sayonara Vargas Rodríguez, integrante de la Comisión de Ciencia, entre otras dudas, le preguntó directamente a la titular del Conacyt: “¿Usted estaría dispuesta a recopilar después del parlamento abierto de investigadores e investigadoras, junto con esta propuesta de ley (la del ejecutivo federal), a realizar una sexta ley?” (Sesión del 16.03.2023)

 

Es decir, la diputada Vargas preguntaba si Álvarez Buylla estaría de acuerdo en sumar diversas aportaciones y elaborar una nueva propuesta de ley, porque aparte de la iniciativa de ley del ejecutivo federal, en el Congreso hay otras cinco iniciativas y todavía se deben realizar los foros de parlamento abierto.

 

En su turno de respuesta, la directora del Conacyt corrigió algunas apreciaciones de la diputada Vargas y explicó que la propuesta del ejecutivo federal tomó en cuenta todas las iniciativas y es “una propuesta integral, ampliamente consensada y discutida”. Un ejercicio integrador que, dijo la directora del Conacyt, “ahora desintegrar y volver atrás cuatro años de trabajo…, nos parece un salto para atrás”. Y lo dijo en la casa del legislador.

 

O sea, a pesar de las posiciones de diversos sectores, las apreciaciones críticas a la iniciativa de ley del ejecutivo federal y lo que pueda ocurrir en el parlamento abierto, todo parece indicar que la iniciativa presidencial va y podría ser aprobada sin modificarle una coma.

 

Si los legisladores aprueban sin discusión las iniciativas de ley, entonces la pregunta no solamente es cuál es el papel del Congreso y el desempeño de los legisladores en el diseño de las leyes, la interrogante también es para qué sirve el parlamento abierto. Poco y para muy poco, podrían ser las respuestas. Inquietante.

 

Pie de página: ¿Algunos avances en la sustitución del fentanilo con fines médicos? Pendientes

Conacyt: los años que de pronto son décadas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

Desde ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha comenzado los festejos por sus primeros 45 años de existencia. Una conferencia con George Fitzgerald Smoot, premio Nobel de física de 2006, fue la ocasión para dar inicio a la conmemoración. 

 

La iniciativa de ley para la creación de Conacyt fue remitida por los diputados el 4 de diciembre de 1970, pero ésta se discutió en el pleno el 8 de diciembre del mismo año y se debatió en diferentes sesiones. Finalmente se aprobó el 21 de diciembre y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de ese mismo año.

 

En esa época le correspondió al ingeniero veracruzano Eugenio Méndez Docurro encabezar su puesta en marcha. El ingeniero Méndez, fallecido apenas el pasado mes de agosto, previo a su responsabilidad como primer director de Conacyt, también había participado como vocal en el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), institución predecesora del actual Consejo. Aunque de esa fecha al día de hoy, las instituciones no son lo que eran ni el país tampoco.

El INIC fue creado en 1950 y reorganizado en diciembre de 1961. El problema es que, en realidad, tuvo serias limitaciones para establecer una auténtica política científica. Tal vez por esa razón el gobierno echeverrista, los legisladores y la comunidad científica de entonces, consideraron que el INIC sería incapaz de asumir la responsabilidad de ser el órgano central de coordinación de esfuerzos en la materia y se propusieron reemplazarlo por el Conacyt.

 

Efectivamente, a partir de los años setenta se registra un esfuerzo más organizado y consistente para la formulación de una política científica y tecnológica. La normatividad para regular la existencia de CONACYT, en su parte sustantiva, argumentaba diferentes razones para ponerlo en marcha.

 

Una de los principales motivos se refería, claramente, al papel de la ciencia y la tecnología en el progreso del país. Se indicaba que sus resultados se deberían convertir en “poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país”, al mismo tiempo que deberían asegurar la independencia económica de la nación y su participación a nivel regional e internacional.

 

Aunque, seguramente como resultado de las características del discurso nacionalista y en contra del interés extranjero de entonces, también prevenía que no se trataba de “adoptar mecánicamente las numerosas técnicas modernas” y advertía la necesidad de complementarse con la “actividad general en cuanto a la aprovechamiento de recursos disponibles, al acervo de inventos e innovaciones, y a los procesos de industrialización y comercializaciones de productos”.

 

Sin embargo, tal vez el principal argumento para la creación de Conacyt fue admitir la dispersión de esfuerzos que comandaban al sector en esa época y la importancia de crear una infraestructura institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área y, sobre todo, fortalecer e integrar los distintos recursos y actividades existentes para implementar una política científica y tecnológica.

 

La propuesta de ley de Conacyt de 1970 tenía una veintena de artículos, organizado en cuatro capítulos, en los que se precisaba su integración, organización, atribuciones y patrimonio. Desde el principio se le consideró como un “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar del Ejecutivo federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología” (artículo 1). Por esta razón, Conacyt desempeña dos grandes conjuntos de funciones: las de asesoría al ejecutivo federal y las de ejecución de la política científica y tecnológica.

 

No obstante, uno de los grandes cambios de los inicios a la actualidad es la desectorización del organismo. En la ley de 1970 el organismo estaba sectorizado a la SEP, es decir era dependiente orgánica y presupuestalmente primero de esa secretaría, luego fue de otras. En la ley vigente se específica, también en el primer artículo, que es un organismo “no sectorizado”.

 

La reforma del 2002 a la normatividad científica y tecnológica, propuso, entre otras modificaciones, la desectorización de Conacyt. Un cambio que implicó no solamente la relativa independencia administrativa del organismo, sino también un incremento de sus capacidades y facultades de coordinación del sector y la creación del ramo 38 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

Otro asunto son los nuevos programas que ha impulsado el organismo, los que han persistido en estas más de cuatro décadas y los resultados que se han obtenido. Por lo pronto, los primeros 45 años de vida expresan la madurez del organismo.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 630 Octubre 29, 2015, p.5)

Los abogados y las especialidades del presidente

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 988. Marzo 16, 2023)

 

La pregunta no era sobre la licenciatura en derecho en México ni sobre la UNAM. No obstante, el presidente López Obrador, en su respuesta, delimitó lo que sobra y lo que falta en ambos casos. La situación es diferente a lo que mencionó hace un par de años sobre los médicos, pero podría derivarse algo parecido.

 

El pasado 8 de marzo, el Día internacional de la mujer, en el escenario de la habitual conferencia de prensa del presidente López Obrador, cuando ya estaba por concluir, el ejecutivo federal dio espacio a una última pregunta de una mujer. Intervino Janeth Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa.

 

La reportera dijo: “¿Cuál sería el legado que le deja a las mujeres en nivel… el legado político?” y enseguida, entre la búsqueda de una confirmación del presidente y algo parecido a una interrogación, añadió que ha trascendido que será una mujer la que encabezará al grupo de conductores del Tren Maya y finalizó con un “Y si México está preparado para una presidenta”.

 

El ejecutivo federal, como también es usual, aunque ya estaba al límite de tiempo, se la tomó con calma y respondió que México sí está preparado para la democracia, confirmó que será una mujer la que conducirá el primer Tren Maya y reiteró que las mujeres seguirán siendo mayoría en su gobierno.

 

Y para finalizar, sin venir al caso, dijo el presidente: “Vámonos al fondo de los problemas, vámonos a lo estructural, hablábamos del Poder Judicial, de lo difícil que es la reforma, porque no es nada más tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles, magistrados, ministros; es también cómo se forman en las escuelas de derecho los abogados, cómo los forman” (versión estenográfica. 08.03.2023).

 

Todavía no quedaba claro cuál era ese fondo del problema, así que López Obrador añadió: “Imagínense, en el periodo neoliberal prácticamente desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral, sin duda desapareció el derecho agrario” Él mismo se preguntó: “¿qué predominó? y también se respondió de forma contundente: “El derecho fiscal, penal”.

 

La referencia seguía sin estar clara, así que el presidente nuevamente preguntó: “¿Ustedes creen que en una escuela como en el ITAM les enseñaban o les enseñan sobre derecho público, sobre la importancia que tiene el mantener instituciones públicas, sobre la importancia de defender el derecho de los trabajadores, sobre la importancia de los sindicatos, sobre la importancia de los derechos sociales, de la defensa de la tierra, de la defensa del ejido?”

Y volvió a responder él mismo: “No. Hay que revisar esos planes de estudios, porque alejaron a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas, de las necesidades del pueblo, y los formaron sólo para defender los intereses de las cúpulas”.

 

De ahí siguió, otra vez sin venir al caso, la referencia a la UNAM. Porque el ejecutivo federal mencionó que el anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM --se refería a Pedro Salazar--, estudió en el ITAM y en el extranjero, pero no se formó en la UNAM y, sin embargo, ocupó la titularidad de uno de sus institutos.

 

Ya en la misma vía, el presidente sumó a la actual directora del mismo Instituto –ahora se refería a Mónica Gónzalez. Así que, añadió López Obrador, “estamos hablando de dos periodos consecutivos” de un Instituto de la UNAM. Y finalizó con tono irónico: “¿Dónde quedaron los alumnos de Carpizo?”

 

Quizás las referencias del presidente, para algunos de los asistentes a la conferencia, no hacían mucho sentido. Así que, a pesar de que ya estaba apurado por el tiempo, aclaró: “Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma en el Poder Judicial, pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater”.

 

La conferencia casi concluye, pero alguien mencionó la autonomía de la UNAM y el presidente, cuando estaba por marcharse, rápidamente reviró: “¿entonces no puedo hablar yo de la UNAM?” Y una vez más se responde a sí mismo: “No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres”. Ahí acabó la conferencia.

 

En fin, aunque solamente es el fragmento final de una conferencia de prensa del presidente, ilustra la cotidianidad de sus encuentros con la prensa, salvo días excepcionales como el de la participación de Nayeli Roldán el pasado 10 de marzo.

 

Tal vez lo de menos es que el propio presidente se interroga y se responde a sí mismo o su manejo de la agenda de temas, o bien, sus decisiones sobre quién entra y puede o no preguntar en sus conferencias. Quizás de mayor importancia es que las palabras del presidente son los verdaderos programas sectoriales de su administración; son instrucciones para su gabinete.

 

Las palabras del presidente se convierten en políticas públicas. El caso de los médicos es un ejemplo, porque en 2019 dijo que visitó hospitales y hacían falta médicos, así que habría un censo para precisar cuántos se necesitaban. Primero dijeron que hacían falta médicos generales, luego que más bien especialistas. Ni entonces ni ahora se presentó ningún censo ni diagnóstico, pero se mencionaron distintas cifras que llevaron a la conclusión de médicos faltantes.

 

Así que la instrucción fue poner en marcha, en nuevas instituciones, carreras de medicina con una orientación específica. A la par, fueron contratados profesionales de medicina de Cuba y un volumen de becas del Conacyt fueron canalizadas para estudios de posgrado en el extranjero a determinadas especialidades y solamente en ciertos países.

 

Las iniciativas sobre los médicos se cruzaron con la desaparición del Seguro Popular, la instauración del Insabi y la crisis de la pandemia del coronavirus, aunque públicamente, salvo lo que decía el presidente en sus conferencias, nunca se presentaron los datos que justificaran las decisiones.

 

La situación es distinta con el tema de los abogados, pero también forma parte de un sistema de interés público y de múltiples instituciones educativas. Por ejemplo, la abogacía es la profesión clave en la procuración de justicia, en la organización del poder judicial y en el subsistema de educación superior. También es la especialidad que está en las aspiraciones de cientos de miles de jóvenes y es la carrera con mayor matrícula en el sistema de educación superior.

 

En México, en el ciclo escolar anterior, estaban matriculados en derecho 366 mil jóvenes, más del doble que los inscritos en medicina general. La UNAM, la institución a la que se refirió el presidente, con poco más de 27 mil, tiene el mayor volumen de matrícula de las instituciones de educación superior.

 

Entonces, aunque el contexto es distinto, el riesgo es que, una vez más, en el caso de los abogados, se lleguen a conclusiones apresuradas y a tomar decisiones sin justificación ni fundamento. Esperemos que no.

 

Pie de página: Y ahora viene la solicitud presidencial a médicos y científicos para sustituir al fentanilo, se acumula a la de glifosato, transgénicos, una red social, la vacuna y las que siguen. // Las comisiones unidas de diputados resolvieron que el 12 de abril quedará aprobada la ley general de ciencia, con independencia de los pronunciamientos de la comunidad científica y de lo que ocurra en las reuniones de parlamento abierto. Pendientes.

La inclusión de mujeres y grupos vulnerables

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 (Publicado en Campus Milenio No. 987. Marzo 9, 2023. Pág. 4)

La meta principal en materia de género en el sector, anotamos aquí la semana pasada, quedó plasmada en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) de este periodo. El parámetro para valorar el cumplimiento de la meta es la diferencia anual en la incorporación de mujeres científicas, humanistas y tecnólogas, respecto de los hombres, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El mismo programa calculaba que en 2018 la diferencia era de 0.027 por ciento y planteó llevarla a 0.05 para el 2024. Sin embargo, también lo dijimos, los datos muestran que, en comparación con la tendencia de periodos anteriores, la inclusión a favor de las mujeres ha disminuido. El informe de gobierno del año pasado calcula que la diferencia ahora está en 0.023 (pág. 438); debajo de la línea base del inicio del periodo.

Las cifras del año pasado dicen que hay un total de 36 mil 624 integrantes en el SNI, el 61 por ciento son hombres y el 39 por ciento son mujeres. Cuando se instauró el SNI en 1984, los hombres representaban el 82 por ciento y las mujeres el 18 por ciento. O sea que los 21 puntos porcentuales de avance relativo de las mujeres en el SNI han requerido de casi cuarenta años.

¿Esto quiere decir que se necesitaría otro lapso similar para equiparar las proporciones actuales del Sistema? Sí, si persistiera el mismo contexto y el programa con sus mismas condiciones, porque seguiría una tendencia inercial. No obstante, como sabemos, los programas no son intertemporales ni tienen una trayectoria lineal, tal vez en un futuro ni programa podría existir.

Pero, independientemente de la eventual inexistencia del programa, lo relevante es que ni las mujeres, ni ningún otro grupo vulnerable, deben sortear condiciones adversas para su desarrollo personal y vocacional. La participación o las proporciones de hombres y mujeres en el campo científico tendrían que expresarse conforme las preferencias o el interés profesional de cada persona y no por la cantidad de obstáculos a superar.

El mes pasado, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, publicaron un extenso informe (Advancing Antiracism, Diversity, Equity, and Inclusion in STEMM Organizations: Beyond Broadening Participation) de casi cuatro centenares de páginas. El informe plantea las condiciones de la desigualdad en el sector e insta desinstalar esas estructuras que la sostienen en las organizaciones.

Por ejemplo, plantea el informe, no solamente se trata incrementar el volumen de personas o grupos raciales o étnicos que están subrepresentados en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina (STEMM, por sus siglas en inglés), también se requieren políticas y prácticas culturales para alentar el sentido de pertenencia, fomentar la inclusión y modificar los contextos en los que las personas trabajan y se forman profesionalmente.

El informe incluye una serie de conclusiones y una docena de recomendaciones. Aunque, enfatiza el documento, “los conceptos de antirracismo, diversidad, equidad e inclusión no son objetivos para los cuales una simple lista de verificación indicará el éxito. Más bien, son objetivos que reflejan el cambio cultural, logrado por la creación de ambientes que se enfocan en la excelencia inclusiva, donde todos los participantes tienen acceso a oportunidades educativas y profesionales, se sienten incluidos y tienen los recursos para desarrollar todo su potencial” (pág. xxvi).

En el caso de México, aparte de las proporciones del SNI ya mencionadas, en febrero del año pasado, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a propósito de la conmemoración del “Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia”, estimó que las niñas, al iniciar su educación primaria, empiezan “a creer que no son lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo ciertas actividades, sobre todo en las matemáticas” y solamente un tercio de las mujeres se matriculan en las áreas de ciencias naturales, exactas y de la computación (Boletín No. 12. 11.02.2022).

La exclusión es todavía mayor en las mujeres indígenas, afromexicanas, discapacitadas o que residen en zonas rurales. El problema es que, como reconoce el mismo Inmujeres, no se tienen datos precisos y directos sobre la dimensión que alcanza esa desigualdad.

En fin, los retos son múltiples: no solamente se tiene que insistir en iniciativas para ampliar la participación de las mujeres y de todos los grupos vulnerables, también debe favorecerse el cambio de los contextos y de las prácticas. El 8 de marzo, Día internacional de la mujer, como cada año, actualizamos las cifras y recordamos que necesitamos hacer más y mejores esfuerzos para lograr la igualdad y la inclusión.

Pie de página: La Comisión Técnica de Bioseguridad brasileña, autorizó el cultivo, importación y comercialización de trigo transgénico en ese país.// Asoma la disputa comercial entre México y Estados Unidos sobre maíz transgénico, la representación comercial del vecino solicitó consultas técnicas. Todavía no se resuelve lo de energía.// El plazo es de cinco días, pero hoy cumple un mes exacto el proyecto de Plan Nacional para la Innovación en la Conamer para saber si tenía o no exención de impacto regulatorio.

La perspectiva de género en el periodo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 986. Marzo 2, 2023)

Las iniciativas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres ya tienen sus años en México, pero la perspectiva de género en las políticas públicas, como parte de compromisos a nivel internacional, sistemática y normativamente, fue a partir de los años 2000. Desde entonces, los planes y programas de gobierno incluyen estrategias y diferentes acciones para superar las brechas de género. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de este periodo, a pesar de que es más una declaración política y no un documento de planeación, no es la excepción y también incluye la igualdad de género. El plan enumeró una docena de principios rectores y en uno de ellos, el denominado “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, planteó la intención de favorecer la igualdad (DOF. 12.07.2019: 4).

Por ejemplo, ahí destaca que respetará a los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación, porque propugna por una “igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo”, tanto como el rechazo a toda forma de discriminación por cualquier motivo. Además, en el mismo plan, como parte de acciones específicas y en marcha, mencionó el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual otorga becas de 3 mil 600 pesos mensuales de manera igualitaria entre hombres y mujeres. 

Otro programa, en el mismo plan, es el de “Jóvenes escribiendo el futuro”, dirigido a todas las personas jóvenes menores de 29 años inscritas en algún centro de educación superior. A cada joven le proporciona una beca de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar a lo largo de su carrera profesional. Pero, especificó el plan, tienen prioridad, mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes, así como personas viviendo en contextos de violencia.

La intención de respaldar a mujeres jóvenes y de sectores vulnerables quedó plasmada en el Plan y con acciones en operación, aunque ninguno de los dos programas mencionados se refería a formación de posgrado o tenía componentes para facilitarles a las mujeres un desempeño en ambientes de alta especialización laboral. 

Las estadísticas del informe de gobierno del año pasado reportaron que en el programa Jóvenes construyendo el futuro, el volumen de mujeres apoyadas representó alrededor del 60 por ciento del total (pág. 213). A su vez, según el mismo informe, el programa Jóvenes escribiendo el futuro apoyó en el último año a 432 mil jóvenes y de ese total el 59 por ciento fueron mujeres (pág. 216). Resultados a favor de las mujeres.

Las prioridades del PND ya estaban en marcha desde el inicio mismo del periodo de gobierno e incluso antes de que el Plan estuviera, oficialmente, en vigor. Los programas prioritarios, como los dos aquí indicados, se han mantenido a la cabeza en la programación del Presupuesto de Egresos de la Federación en los cuatro años anteriores. Sin embargo, el PND, y por eso es plan, debe marcar los objetivos estratégicos y lineamientos del periodo, mismos que luego deben desdoblar las dependencias gubernamentales para armar sus respectivos programas sectoriales. 

¿Qué ocurrió en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti)? Como lo hemos indicado en otras ocasiones, apareció en diciembre del 2021, dos años después de cuando debió estar, planteó un diagnóstico, objetivos y parámetros para valorar los avances. También destacó la problemática de las mujeres e incluyó líneas de acción al respecto.

Por ejemplo, anunció que el Peciti contribuiría al desarrollo económico, social y sustentable de “nuestra Nación multicultural, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos” (pág. 27). Al mismo tiempo reconocía una insuficiencia de políticas públicas para la formación de profesionales especializados, derivado de un presupuesto escaso, aunque también debido a la falta de estímulos para los jóvenes y de “una concepción cultural equívoca del rol de la mujer en el núcleo familiar que limita sus posibilidades para acceder a estudios de posgrado”.

Otro elemento de diagnóstico del Peciti destacaba le menor proporción de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Precisó que las mujeres solamente representaban un tercio del total, aunque, completaba el mismo documento, esa “cifra es mayor que en algunos países desarrollados como Japón, en donde únicamente el 15 por ciento de los investigadores son mujeres, existe un largo camino para lograr la paridad de género que se observa en países como Argentina en donde las mujeres representan el 53 por ciento de la comunidad académica” (pág. 37).

Entonces, ¿qué se propuso hacer el Peciti? Una de sus metas principales es la de promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica para la solución de problemas prioritarios nacionales. El primer parámetro para ese objetivo es la “tasa de crecimiento en la inclusión de mujeres científicas, humanistas y tecnólogas”. Básicamente se refiere a la diferencia anual en la incorporación al SNI entre hombres y mujeres; la meta sería incorporar, proporcionalmente, un mayor número de mujeres.

¿Cómo ha sido la composición por sexo del SNI desde su instauración en 1984? Al inicio los hombres representaban el 82 por ciento y las mujeres el 18 por ciento. Para el 2014, o sea tres décadas después, los hombres disminuyeron su participación a 65 por ciento y las mujeres la elevaron a 35 por ciento. Es decir, en promedio simple, poco más de medio punto porcentual de diferencia cada año.

¿Se aceleró la inclusión de mujeres al SNI en este periodo? No, al contrario. Los hombres en el 2018 representaban el 62.7 por ciento y las mujeres el 37.3 por ciento; para el año 2022, las cifras disponibles más recientes, los porcentajes eran 61.3 y 38.7 por ciento, respectivamente. La tasa simple sería de alrededor del 0.28 por ciento.

El Peciti tiene un parámetro y metas para la inclusión, pero el asunto no solamente es de promedios simples, implica diferentes elementos, tanto en lo que se refiere al funcionamiento y composición de áreas de conocimiento del SNI, como a las practicas de formación de alto nivel y la distribución de oportunidades laborales. Allá iremos en próxima entrega.

Por lo pronto, vale la pena notar que las iniciativas y oportunidades para las mujeres no debiera limitarse al cristal de lo elemental, así que la perspectiva de género en las políticas públicas precisa de mayores ajustes.