jueves, 15 de febrero de 2018

El fin de la exclusividad. ¿Estudias, trabajas o... tienes beca Conacyt?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 742. Febrero 15, 2018. Pág. 5)

No es un asunto resuelto y podría llevarse su tiempo, pero es posible que la incompatibilidad entre recibir una beca de Conacyt y contar con un empleo sea cosa del pasado. La resolución está en manos de un tribunal colegiado, aunque independientemente de lo que pudiera ocurrir, el tema tiene diferentes aristas.

Todo comenzó, como lo informó una nota del periódico El Universal, con el recurso de amparo que promovió un estudiante de posgrado que perdió la beca otorgada por Conacyt por estar trabajando al mismo tiempo (09.02.2018). El organismo rector de la política científica y tecnológica consideró que el posgraduado estaba incumpliendo con el requisito de “dedicación exclusiva”. El estudiante, por su parte, argumentó que se estaba vulnerando su derecho a recibir educación.

No es la primera vez que le retiran la beca a un estudiante de posgrado por motivos laborales, aunque sí es la primera ocasión que se recurre al amparo y el asunto va a los tribunales. No está disponible el dato preciso, sin embargo, múltiples casos de suspensión del respaldo de Conacyt han trascendido públicamente. Unos porque las instituciones oficialmente reportan que los alumnos tienen un empleo y no se están dedicando exclusivamente a sus estudios; otros porque los propios tutores no les firman el informe de actividades a los jóvenes o incluso dan parte a Conacyt del incumplimiento. Los criterios y requisitos se han endurecido, especialmente cuando los recursos son escasos.

El tema es complicado por diferentes motivos. Jóvenes que tienen empleo y están en posibilidad de elegir entre estudiar o trabajar, renuncian al trabajo para optar por la beca que les permitirá cursar un posgrado. No obstante, por el grupo de edad, muchos de ellos tienen obligaciones familiares, ya viven en pareja, están por hacerlo o incluso por tomar una decisión sobre el embarazo. Al poco tiempo se percatan que los recursos de la beca son insuficientes, así que postergan todo o comienzan a buscar otros ingresos económicos. Al egresar, el panorama laboral puede no ser más alentador.

También están los jóvenes o no tan jóvenes que no tienen elección. Por las responsabilidades que han adquirido, cursar un posgrado no está en su horizonte de posibilidad o si se lo plantean, el monto de la beca, de inicio, es claramente insuficiente y no solamente deben trabajar sí o sí, deben hacer un mayor esfuerzo para pagarse ellos mismos la maestría o el doctorado.

Para otro grupo más, el respaldo descansa en mayor medida en su red familiar, que le brinda un apoyo amplio y sostenido. Este grupo puede cursar sus estudios con relativa tranquilidad y tener una trayectoria más o menos predecible, así que podrían postergar o no algunas decisiones y tener una beca con determinado monto puede no ser su principal problema.

Las estadísticas muestran que el número de jóvenes que únicamente se dedica a estudiar va disminuyendo conforme mayor es su edad y, a la inversa, la proporción crece de los que únicamente trabajan. Los que trabajan y estudian son minoría, alrededor del 8 por ciento de jóvenes entre 24 y 29 años. No existen cifras precisas sobre la proporción que podrían alcanzar los diferentes grupos de estudiantes de posgrado.

Sin embargo, la mayoría de jóvenes que alcanzan los niveles superiores de escolaridad provienen de los deciles de ingreso más altos, son privilegiados; pocos, muy pocos son los que provienen de los primeros deciles de ingreso. Todos enfrentarán el problema del empleo, pero no de la misma forma. Trabajar y contar con una beca tampoco significa lo mismo para todos. Por cierto, actualmente, el monto mensual de la beca para estudios de doctorado es de 13 mil 769 pesos, la de maestría es de 10 mil 327 y de especialidad de 9 mil 179.

El proyecto de amparo indicaba que lo importante era si el becario cumplía satisfactoriamente las expectativas de investigación y formación de Conacyt (con nivel y calidad), en tanto que era irrelevante si había desempeñado algún trabajo remunerado. Un razonamiento que parece muy sensato. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la Segunda Sala: “no emitió pronunciamiento alguno sobre la validez de los requisitos establecidos por Conacyt, sino que tal aspecto será analizado, en su momento, por el Tribunal Colegiado al que se devolvió el asunto” (Boletín 022/09.02.2018).

A propósito, el reglamento vigente de becas de Conacyt, en el capítulo sobre los derechos y obligaciones de las partes, en lo concerniente a los becarios (artículo 19) no incluye el requisito de “dedicación exclusiva” (Diario Oficial de la Federación 21.10.2009). Sin embargo, en la página electrónica del organismo sí se indica que, como compromiso adicional, el becario debe “dedicarse exclusivamente a los estudios para obtener el grado en el tiempo comprometido” y seguramente también figura en el convenio de asignación.

Todo indica que el trabajo se ve como impedimento para la formación, pero tal vez, como algunos autores lo han mostrado (Jordi Planas), puede ser que más bien ocurra lo contrario.

jueves, 8 de febrero de 2018

CNP. Habilidades y destrezas para la productividad

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 741. Febrero 8, 2018. Pág. 5)

La idea no sonaba mal. En noviembre del 2012, con la reforma a la ley federal del trabajo, todavía en el periodo de Felipe Calderón, se planteó la iniciativa de crear un Comité Nacional de Productividad (CNP). Un órgano consultivo y de asesoría para el ejecutivo federal en la materia, con la encomienda de contribuir a la elaboración de objetivos, estrategias y acciones. Recuérdese que Calderón se había autonombrado el presidente del empleo.

En mayo de 2013, cuando todavía no se había quebrado el horizonte de esta administración y estaba en ciernes la propuesta de una acción transversal para “democratizar la productividad”, el ejecutivo federal promulgó el decreto de creación del CNP (Diario Oficial de la Federación 17.05.2013). Ahí quedó especificado que se integraría por una veintena de miembros y presidido por el secretario de Hacienda. También formarían parte el director de Conacyt y los secretarios de Economía, Educación Pública y Trabajo y Previsión Social. Además habría representantes de: cinco de organizaciones empresariales; cinco de organizaciones sindicales; cuatro de instituciones de educación superior, uno de instituciones de educación media superior y uno de capacitación para el trabajo.

En el decreto se especificó que el CNP sesionaría por lo menos cuatro veces al año de forma ordinaria; sesiones extraordinarias habría tantas como las solicitara su presidente. También añadió la forma en que se organizaría, las funciones y responsabilidades de la secretaría ejecutiva y de los vocales. Sin embargo, no ha sesionado como estaba previsto ni sus logros han sido notables. (Por ejemplo, solamente quedó en anuncio y foto la creación del grupo “Generación de Talento”).

De hecho, en julio del 2016, el ejecutivo federal emitió un nuevo decreto para regular la organización y funcionamiento del Comité. En realidad, conservó las funciones y la periodicidad de las sesiones, pero añadió la posibilidad de que los integrantes titulares pudieran designar a sus respectivos suplentes, así como la participación del presidente de la República en calidad de presidente honorario del Comité. Tampoco funcionó de todo.

No obstante, una de las iniciativas del CNP fue solicitar un diagnóstico a la OCDE sobre “Estrategia de competencias, habilidades y destrezas”. El informe fue presentado hace un año (http://www.oecd.org/centrodemexico), en el documento se precisa que México enfrentará ocho desafíos. Por ejemplo, se indica que el primero de ellos es el mejoramiento del nivel de competencia de los estudiantes de educación obligatoria. Efectivamente, las evidencias muestran que más de la mitad de los estudiantes de educación básica tienen un desempeño académico deficiente y otra cantidad relativamente similar no completa el ciclo de educación secundaria.

Un segundo desafío es el incremento en el acceso a la educación superior y el mejoramiento de su calidad. Y sí, con tres de cada diez jóvenes en la aulas universitarias, México tiene una tasa baja de cobertura en este nivel educativo, no solamente respecto a los países pertenecientes a la OCDE, también en comparación con algunos países de la región latinoamericana.

Otros desafíos que menciona la organización de cooperación económica, en correspondencia con su naturaleza y fines, se refieren propiamente al desarrollo de competencias específicas. Plantea la eliminación de “barreras en el ámbito de la oferta y la demanda a fin de activar las competencias en el empleo formal”. O bien, promover las competencias en grupos vulnerables; el uso de competencias en el trabajo; el respaldo a la demanda de competencias de alta productividad a fin de impulsar la innovación; y mejorar el financiamiento público y privado en este ámbito, entre otros desafíos.

Además, la OCDE, nuevamente a solicitud del CNP, elaboró una serie de recomendaciones, las cuales acaba de difundir (Skills Strategy Policy Note: Mexico). En el documento se identifican once áreas de intervención y para cada una se precisan recomendaciones que el gobierno mexicano podría adoptar. Las áreas se refieren a la colaboración entre dependencias gubernamentales, la cooperación entre autoridades y otros actores del sistema, lo mismo que la recopilación de información sobre calidad de la oferta y demanda de competencias en el país, así como el ingreso y permanencia en educación superior.

En la identificación de competencias necesarias para ingresar y completar con éxito el nivel de educación superior, pongamos por caso, recomienda establecer estándares mínimos de logro de habilidades (tanto básicas como socioemocionales), lo mismo que mejorar los programas de apoyo para estudiantes y profesores rezagados, tanto como afinar la evaluación de habilidades.

En fin, tal vez no será en el periodo de esta administración cuando se discutan o se pongan en marcha las recomendaciones. Sin embargo, el CNP está previsto en las normas, viene del sexenio anterior, continuará más allá del actual y estamos por ingresar a la temporada de promesas, así que vale la pena considerar estas iniciativas.

Ciencia y Tecnología. Nueva iniciativa de ley

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twiter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 740. Febrero 1, 2018. Pág. 5)

Las indicaciones del ejecutivo federal al director de Conacyt fueron que, junto con la consejería jurídica, revisara el marco normativo del sector para modernizarlo y presentar una iniciativa de ley para que lo exitoso se extendiera en el tiempo. Esas fueron las palabras
de Enrique Peña Nieto el pasado 12 de enero, en la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro.

A pesar de que a esas alturas del periodo gubernamental ya no hay tiempo para plantearse cambios mayores, tal aparece que las instrucciones serán acatadas. Al menos es lo que ha anunciado Enrique Cabrero, titular del Conacyt. Por ejemplo, ha dicho que se presentará una reforma a la ley de ciencia y tecnología para que “los apoyos gubernamentales en ciencia, innovación y tecnología se mantengan pese al cambio de administración federal” (Reforma 25.01.2018).

La ley de ciencia y tecnología, al menos desde fines de los años noventa, ha sido modificada en diversas ocasiones, principalmente para otorgar mayores capacidades e instrumentos al Conacyt, como órgano rector de la política científica y tecnológica. Las reformas más importantes han sido la de 1999 y la de 2002. 

La modificación de fines de los años noventa, tal vez el cambio más significativo en la ley correspondiente, instauró los fondos competitivos para la distribución de recursos, el establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución adicional de recursos, mayores atribuciones a Conacyt, la indicación de que los centros públicos de investigación debían celebrar convenios de desempeño con la administración pública y la apertura a otros agentes y sectores a la participación en el diseño de las políticas sectoriales.

Por su parte, la reforma de 2002, ajustó nuevamente los fondos competitivos --tanto para su otorgamiento como para cumplir su función de orientación a la demanda--, pero también planteó la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la inversión que debía destinarse. De ahí viene el tratamiento de un ramo presupuestal propio para Conacyt (el ramo 38), como entidad no sectorizada, el cual se hizo efectivo a partir del 2004. Recuérdese que antes el organismo dependía de SEP y más antes de otra secretaría, ahora ya desaparecida.

Además, en la misma iniciativa se planteó que: “se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución así como un manejo más eficiente y simplificado”. Así que incluyó los atributos de una política de Estado y un nuevo ajuste a diferentes órganos, como el Foro Consultivo, la Conferencia Nacional, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, el Consejo General y nuevas reglas para los centros públicos de investigación que implicó cambios en la periodicidad en los convenios de desempeño y en la obligatoriedad de realizar actividad docente.

A juzgar por los resultados y las intenciones, tal parece que los cambios a la ley no han sido suficientes. En algunos casos porque no se cumple lo que dice la ley, como en el monto de recursos que debiera destinarse al sector o en el funcionamiento de algunos órganos. O bien, porque la norma necesita nuevas revisiones casi enseguida de que se realizan los ajustes.

¿Cuál es el sentido que podría tener una nueva iniciativa de ley? El director de Conacyt, a propósito del retraso en la puesta en marcha del Gran Telescopio Milimétrico, ha dicho que los sexenios son letales para la ciencia y la tecnología, por lo cual se necesita una reforma que permita mantener los apoyos a la ciencia y la tecnología a pesar del cambio en la administración federal. Lo sorprendente es que desde fines de los años noventa, la política para el sector se ha sostenido, pese a la alternancia.

Entonces, ahora, el cambio será básicamente en materia de financiamiento. El mismo titular del Conacyt adelantó que se otorgará “al ramo de ciencia y tecnología una visión obligada de largo plazo, en un horizonte de planeación de dos a tres décadas. Le brinda además las características para elaborar un plan con esa visión, incorporando el punto de vista gubernamental, así como de los sectores académicos y empresariales” (Foro Consultivo. Boletín 40).

El asunto no será sencillo de resolver. Lo que actualmente establece la ley en materia de financiamiento para el sector (el uno por ciento respecto al PIB) simplemente no se ha podido cumplir. Otro asunto es que la aprobación anual del presupuesto es competencia de los diputados, así que no solamente se necesitará disposición y las mejores intenciones del gobierno federal.

Todavía más: el Congreso está saturado de iniciativas que siguen sin dictaminarse. La LXIII legislatura acumula un rezago de más de 4 mil 500 iniciativas y está en su último periodo ordinario de sesiones (Reforma 28.01.2018). 

No parece probable que una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología sea dictaminada de forma expedita, menos en esta legislatura; tampoco que su destino sea más prometedor que el de las anteriores. Estamos en periodo electoral.

Posdata: Germán y Pedro, gracias por su colaboración.