viernes, 15 de diciembre de 2023

Presupuesto: el antes y el después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1025. Diciembre 14, 2023)

 

La asignación del presupuesto para el sector científico y tecnológico para el 2024, como ocurrió en los cinco años previos del actual periodo de gobierno, muestra lo difícil que es respaldar de forma sostenida los esfuerzos del sector y también que, una vez más, habrá que esperar mejores tiempos.

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el sábado 25 de noviembre. Sí, en sábado. La norma permite la publicación del DOF en fin de semana e incluso todos los días del año y varias ediciones en un mismo día, aunque lo común es que aparezca de lunes a viernes.

 

La publicación del PEF, como todo ordenamiento de los poderes de la federación, debe aparecer en el DOF para marcar su vigencia y aplicación. En realidad, no despertó mayor sorpresa la aparición del presupuesto, no solamente por la tendencia del periodo, también porque desde el 8 de septiembre, cuando el ejecutivo federal envió su proyecto de paquete económico, ya se conocía su monto y distribución. Luego, el 9 de noviembre, cuando los diputados aprobaron el presupuesto, sin grandes modificaciones, las cifras quedaron más que confirmadas.

 

Tal vez lo novedoso es el contraste entre la expectativa que había al inicio del periodo y lo que ocurre al final. ¿Usted recuerda cómo fueron las cosas en ese largo periodo de transición de cinco meses que había entre ganar las elecciones y asumir el cargo? Aparte de un movimiento de un millón y medio de servidores en la administración pública, el equipo gobernante se reúne con las más diversas agrupaciones.

 

Una de esas reuniones fue con la comunidad académica y científica. En agosto del 2018, en el Palacio de Minería, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador recibió un documento de propuestas de política para el sector científico y tecnológico. Una de las propuestas del documento y formulada de diversas formas era la de incrementar en 1 por ciento del PIB el gasto en investigación y desarrollo experimental.

 

AMLO, después de escuchar largos posicionamientos, dijo: “Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto” (22.08.2018). Pero también aclaró que el sector privado debía tener una mayor participación y precisó que, “hablando con objetividad”, es muy poca la aportación del sector privado. Efectivamente, lo es.

 

Según la información oficial más reciente, correspondiente al Informe del estado general del sector del año 2020 –no se han publicado los de años recientes--, el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) para ese año era del orden de 0.30 por ciento respecto al PIB. Y de ese total, la participación relativa del sector empresarial era del 18 por ciento, mientras que la del gobierno es del 77 por ciento; proporciones que más o menos se han mantenido en ese orden en la última década.

 

El tema del GIDE, las modificaciones de cálculo que se han realizado en este periodo, la encuesta con la que se estima y la ausencia de información, ameritan un tratamiento aparte y a ello le dedicaremos una próxima entrega, por ahora solamente anotemos que, en el 2018, cuando se realizó la reunión con la comunidad científica, el GIDE tenía una proporción de 0.45 por ciento respecto al PIB.

 

A eso se refería, López Obrador, en aquel entonces, cuando señaló que mucho se mencionaba que la inversión no alcanzaba ni la mitad del 1 por ciento del PIB, pero poco se decía sobre la escasa participación del sector privado. El caso es que, en la reunión de agosto del 2018, López Obrador hizo un compromiso más.

 

Dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga. Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”.

 

Pero no, los años que siguieron mostraron lo difícil que resultó sostener, en términos reales, el nivel de inversión. En una siguiente colaboración veremos los números, por lo pronto señalemos que el presupuesto del sector apenas tuvo un incremento relevante en este año y aunque el ramo 38, el que ejerce centralmente el Conahcyt, tuvo un incremento desde el año pasado, no alcanza a compensar. El PEF para el año próximo se propone un gasto para todo el sector de 126 mil 475 millones de pesos y de ese total, le corresponden al Conahcyt 33 mil 171 millones de pesos, pero es poco esperanzador cuando se resta el efecto de la inflación, se desagregan las cifras y se ve la distribución del presupuesto.

 

El presupuesto para el año próximo es el último que está bajo la responsabilidad del gobierno actual. Solamente queda el contraste entre las expectativas y lo que ocurrió. El dato contundente es que ahora el gasto en investigación y desarrollo experimental ronda el 0.32 por ciento respecto al PIB. No solamente no se incrementó respecto de lo que había al inicio del periodo, hoy estamos casi a la mitad del promedio que destina América Latina.

 

Pie de página: eramos muchos y lo vienen a confirmar los resultados de PISA 2022.

jueves, 30 de noviembre de 2023

La ilusión del compromiso número siete: Universidades para el Bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1023. Noviembre 30, 2023. Pág. 14)

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, el día que asumió el cargo, enlistó 100 compromisos. El número siete planteaba: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”.

 

La pregunta en aquel entonces era: ¿un año para poner en marcha un centenar de universidades con carreras pertinentes y además con educación de calidad? La experiencia mostraba que la materialización de los proyectos universitarios, los verdaderos y consolidados, casi en cualquier tiempo y lugar, avanzan muy gradualmente. Ahí está el ejemplo de la ahora Universidad Autónoma de la Ciudad de México que apenas en este mes, luego de dos décadas de maduración, forma parte de las instituciones reconocidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Anuies.

 

El caso es que el ejecutivo federal, desde el 1 de diciembre del año 2020, dio como resuelto el compromiso número siete. Aunque las evidencias del programa estaban sostenidas solamente con palabras, desde entonces quedó registrado: “Desde el año pasado, las 100 universidades operan en sedes provisionales en todas las entidades del país y, actualmente, están en construcción las sedes definitivas. En estas universidades ya se imparten 36 carreras profesionales con una matrícula de 15,105 estudiantes” (Aquí lo puede leer: t.ly/8I0ZN).

 

Así que lo relevante para saldar el compromiso fue el número de establecimientos, lo demás era lo de menos. Total, luego se verían las condiciones laborales de los profesores, los sitios donde podrían ubicarse las aulas, los 15 mil o 64 mil alumnos, la matrícula por plantel o la calidad educativa, asuntos que hoy siguen a la espera de ser resueltos. También se abandonó la tentación de llamar universidad a cada plantel del programa, se impuso el principio de realidad de las instalaciones donde se albergan, ahora ya son reconocidas como sedes, pero conserva el plural de Universidades del Bienestar.

 

Actualmente, cinco años después de anunciado el compromiso de las 100 universidades, en el informe de gobierno de este año, en el apartado correspondiente al servicio educativo, se dice que el programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) ya tiene casi dos centenares de sedes y más de 62 mil alumnos. También dice que, al cierre del primer semestre de este año, se entregaron casi 2 mil 500 certificados y se titularon 663 alumnos (págs. 252 y 253).

 

Los números fríos de 197 sedes y 62 mil 775 estudiantes suman más establecimientos de los previstos, pero menos alumnos de los que se calculaban. Sin embargo, no dicen mucho sobre el programa, sobre todo si se toma en cuenta que es una iniciativa que corre por cuenta propia. No hay una explicación, al menos no es pública, pero las UBBJG van en su propio carril, no forman parte de los lineamientos programáticos ni de la estructura administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior.

 

El organismo coordinador de la UBBJG adquirió personalidad jurídica al emitirse el decreto correspondiente en el 2019 y ahí especificó que sería un organismo descentralizado y agrupado a la SEP. También se reiteró que impartiría educación superior de calidad y las sedes se instaurarían “con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país” (Artículo 1, DOF. 30.07.2019).

 

A la vista de las desigualdades en el país y las escasas oportunidades educativas para los jóvenes situados en las posiciones más bajas de la escala social, la posibilidad de mayores y mejores opciones para ingresar a los estudios superiores es necesaria e impostergable. No obstante, la ventana abierta de las nuevas universidades es más bien el espejo que nos regresa la imagen de la desigualdad y la segmentación educativa.

 

Todo es difícil de precisar y conocer sobre el programa de la UBBJG. Trozos de realidad se asoman en testimonios de profesores que se quejan de las condiciones de trabajo, alumnos que estudian lo que no querían y solamente tienen un maestro para todas las materias; sedes educativas improvisadas que no tienen la infraestructura mínima, programas de estudio que apenas consiguen un reconocimiento oficial o certificados y títulos que no llegan. No obstante, el decreto de creación dice que se impartirán estudios superiores de calidad.

 

Un estudio de González, Mejía y González-Callejas del 2022 sobre la distribución de los estudiantes en las nuevas universidades ha documentado que, hacia finales del año 2021, había sedes que tenían 27 estudiantes (Tlahualilo, Durango) y otras con 2 mil 54 (Juan R. Escudero, Guerrero) con una media de 259 (Aquí lo puede consultar: t.ly/7mM8a).

 

De acuerdo con el mismo estudio, el plantel Iztacalco en la Ciudad de México registraba un docente para 352 estudiantes y la sede de Santiago Sochiapan, Veracruz, donde había 170 estudiantes y ningún docente registrado. De hecho, el pasado 17 de noviembre, la organización denominada, “Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales de las UBBJG” sostuvo en conferencia de prensa las razones de su litigio con la autoridad y entre ellas estaban los despidos injustificados, violaciones a sus derechos laborales y salarios que nunca llegaron (Aquí la puede escuchar: t.ly/8_sCp)

 

El problema principal con las UBBJG es que solamente aparece esa narrativa épica de que se cumplió con el compromiso de 100 universidades y atiende a los excluidos de la educación superior, poco importa si ya son más sedes, cómo se distribuyen los alumnos, qué garantía tienen sus estudios o en qué condiciones operan los planteles. Por cierto, apenas en este 2023 el presupuesto del programa se incrementó a 1 mil 476 milllones de pesos, los cuatro años anteriores su presupuesto fue de 1 mil millones de pesos; para el año próximo sus recursos ascenderán a 1 mil 548 millones de pesos.

 

En fin, si las opciones de estudios superiores para los sectores más desfavorecidos no son oportunidades verdaderas, la segmentación del sistema educativo con calidades distintas se hará más profunda, la ilusión de bienestar y las aspiraciones educativas de los jóvenes se diferirán para una nueva promesa. El círculo de la reproducción de la desigualdad quedará cerrado.

 

Pie de página: Estamos de aniversario: ¡Campus Milenio cumple un año más! Lectoras lectores, gracias a ustedes.

viernes, 24 de noviembre de 2023

Argentina: ¿desarmar su sistema científico y tecnológico?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1022. Noviembre 23, 2023. Pág. 4)

 

El presidente electo de la Argentina, Javier Milei, anticipó en agosto de este año, cuando se reveló como el fuerte contendiente que sería, que si resultaba ganador eliminaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología de ese país y privatizaría su principal organismo científico. La propuesta parecía una extravagancia del entonces polémico aspirante a la presidencia.

 

Ahora, Javier Milei ya es reconocido como vencedor y próximo presidente. Además, a diferencia de lo que preveían las encuestas, obtuvo una holgada ventaja de más de diez puntos porcentuales sobre su contrincante. La pregunta es si Milei hará o no todo lo que dijo en campaña.

 

La frase “se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa” es atribuida a Alberto Cuomo, el ex gobernador de Nueva York. Y sí, en general, quien aspira a un cargo de elección popular saca los violines y el lenguaje más florido para seducir a las audiencias, aunque después todo se queda en el aire. Ahora, la misma frase de Cuomo, se utiliza para justificar el inevitable pragmatismo que se impone una vez asumido el cargo.

 

¿Qué propuso Javier Milei? El pasado mes de agosto, en una serie de entrevistas, entre ellas las concedidas al canal de televisión “La Nación Más” (LN+), propiedad del diario del mismo nombre, expresó que eliminaría la mayor parte de los ministerios, salvo siete: Economía; Relaciones Exteriores; Infraestructura; Seguridad; Justicia; y del Interior. Pero añadió uno: “Capital Humano”. O sea, recortaría al máximo la administración pública del Estado argentino.

 

También le preguntaron a Milei qué haría con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Este último es el organismo de fomento a la actividad del sector que depende del presidente, instaurado hace 65 años y actualmente aglutina a cerca de 12 mil investigadores de todas las áreas de conocimiento y otra cantidad similar de becarios de doctorado y posdoctorado.

 

La respuesta de Milei fue: “El Conicet, en manos del sector privado”. Es decir, la administración del organismo sería resposabilidad de particulares. Añadió sobre investigadores y becarios: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo. ¿Qué productividad tienen [los científicos]? ¿Qué han generado? Buscaremos la forma de asignarlos a otras cosas” (LaNación 16.08.2023).

 

No fue una propuesta formulada al calor de los reflejos histriónicos proyectados en pantalla. En una siguiente entrevista remarcó sobre el Conicet: Tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. La productividad del Conicet es bastante cuestionable" (19.08.2023).

 

En respuesta, el propio ministro de ciencia, Daniel Filmus, encabezó una manifestación pública de rechazo. El funcionario dijo: “el sólo planteo de que un país puede desarrollarse sin ciencia es de una ignorancia enorme, sobre todo cuando el mismo personaje que hace el planteo pone de ejemplos a países cuyos estados son los que más invierten en ciencia y tecnología” (HoraCero. 19.08.2023).

 

Todavía más, en la víspera de la reciente segunda vuelta electoral, 16 titulares de centros de investigación del Conicet, hicieron pública su posición: Desde aquí queremos reivindicar la defensa sin condicionamientos de la educación pública y gratuita, la cultura y los derechos humanos. Asimismo, afirmamos que la ciencia es motor del desarrollo y fundamento de la soberanía nacional (Conicet10.11.2023).

 

Los directivos advertían en su comunicado: La propuesta de un país sin Conicet, sin universidades públicas, sin escuelas ni hospitales estatales, nos interpela sobre el rol que cumplimos como sector científico, y desde el papel que tiene el conocimiento en el desarrollo de nuestro país.

 

Vinieron las elecciones y, ahora, el aspirante es el virtual presidente. El mismo que propuso en campaña anular una buena parte de los ministerios y de las capacidades administrativas del Estado, entre ellos el sector científico y tecnológico. Asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre y muchos ciudadanos argentinos esperan que cumpla sus promesas y otros tantos que no lo haga.

 

Todo indica que Argentina sí experimentará un fuerte recorte de su aparato estatal y un ajuste de sus funciones administrativas. Tal vez el cambio no será de la magnitud anunciada, porque el tiempo de campaña es uno y el de gobierno es otro. Tampoco está claro que los ministerios se puedan eliminar sin mayor trámite ni resistencia, pero habrá que esperar el programa de gobierno.

 

Los indicadores en la región de América Latina muestran que Argentina ocupa una posición relevante, tanto en educación superior como en ciencia y tecnología. En primer lugar aparece Brasil, luego México y en tercer lugar Argentina. De hecho, los tres países, concentran el mayor volumen regional de la matrícula de nivel superior y alrededor de 8 de cada 10 pesos de inversión en ciencia y tecnología.

 

Grave, muy grave será para la Argentina si anula o desarma sus capacidades científicas y tecnológicas.

 

Pie de página: La semana pasada, por enésima ocasión, la autoridad anunció que la vacuna mexicana Patria estará disponible antes de que concluya este año… Usted sacará sus propias conclusiones.