miércoles, 29 de junio de 2016

Los cero rechazados y la inspección del RVOE en la CDMX


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
@canalesa99

El gobierno de la Ciudad de México anuncia otro paso más para poner en marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Estableció un convenio con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que sea la entidad encargada de vigilar y sancionar a las instituciones educativas particulares locales.

El gobierno local habilitó su facultad de otorgar RVOE en diciembre del año pasado, precisamente cuando modificó su código fiscal para incluir el cobro por ese servicio y así quedó vigente la posibilidad de hacerlo efectivo a través de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Una facultad que no había ejercido.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, a pesar de que se estableció la norma y se promocionaron los cursos de inducción, la iniciativa parecía más dirigida a los medios que a las instituciones educativas. En buena medida porque, casi al mismo tiempo, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), principal fuerza política opositora local, anunció la creación de cinco universidades en las delegaciones políticas que gobierna.

Ahora, en el inicio de este verano, el tema del RVOE vuelve a cobrar notoriedad. Por una parte, tal vez por los preparativos que deben realizar los planteles educativos para el siguiente ciclo escolar. Por otra parte, porque hace dos meses el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la “estrategia de cero rechazados en la educación superior”.

El pasado mes de abril, cuando todavía no se realizaban las elecciones, en la Segunda Reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Centro, en la que participaron, además de Aurelio Nuño, los mandatarios locales de Hidalgo, Ciudad de México, el estado de México y Morelos, se dijo que se garantizaría un lugar para todos los egresados de educación media superior.

Incluso el secretario de Educación Pública, a pregunta expresa, afirmó que ningún joven con la educación media superior concluida en la zona metropolitana de la Ciudad de México se quedaría “sin un lugar en una institución de calidad de Educación Superior, cosa que es perfectamente lograble y es lo que vamos a estar trabajando y estaremos presentando próximamente” (SEP. 28.04.2016).

El asunto no es tan sencillo como parece. No son fortuitas las preferencias vocacionales e institucionales de los jóvenes que los llevan a concentrarse y a demandar un lugar en unas cuantas instituciones universitarias, debido a que están convencidos de que ahí sus posibilidades de formación serán mejores y mayores. Y no les falta razón.

El subsistema de educación superior, y el sistema educativo en su conjunto, ha formado auténticos circuitos escolares segmentados. En donde el origen social o el lugar de residencia determina el tipo de escuela o carrera a la que se dirigen los jóvenes. Por supuesto, la calidad y el servicio no son iguales en los distintos circuitos: la mayoría de los jóvenes de familias más desfavorecidas son canalizados a los opciones de menor calidad y el caso inverso ocurre con los de mejores recursos. La desigualdad se amplia y profundiza. 

Uno de los controles para regular la calidad de los estudios que ofrecen las instituciones particulares es precisamente el RVOE. Porque se supone que previo cumplimiento de ciertos requisitos, la autoridad educativa reconoce e incorpora un plan y programas de estudios de los particulares. Por la misma razón, estas instituciones están obligadas a la mención expresa de si los estudios que ofrecen son reconocidos oficialmente o no.

El problema, como en estas mismas páginas se ha comentado en variadas oportunidades, es que el otorgamiento del RVOE ha respondido a coyunturas y no siempre se ha guiado por criterios técnicos. Además, una de las principales fallas, una vez otorgado el reconocimiento, es la labor de supervisión y los mecanismos de sanción.

En el caso de la Ciudad de México, con el reciente convenio, se deposita esa labor de supervisión en el Invea. Este último es un órgano descentralizado, facultado por ley para realizar verificaciones administrativas en alrededor de media docena de materias, entre las cuales se encuentra la protección ecológica, los anuncios, el desarrollo urbano, el transporte público, entre otros (artículo 7). Ahora se añade el de la verificación en instituciones edcuativas.

En fin, el verano comienza y se abren las ventanillas del RVOE. Pronto veremos cuál será la tendencia de las solicitudes.

Posdata: Lamentable, muy lamentable, por donde se le vea, lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca. ¿Por qué es tan difícil atender los problemas educativos sin pensar en el 2018?


(Publicado en Campus Milenio No. 662, Junio 23, 2016, p.5)

Ciencia y Tecnología: ¿otra vuelta a los estímulos fiscales?


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


“Estoy seguro de que, trabajando juntos, podremos identificar y, sobre todo, derribar las barreras que todavía dificultan una mayor participación del sector privado en Investigación y Desarrollo”, espetó el presidente Enrique Peña Nieto en la más reciente ceremonia de entrega de premios de investigación y ante los integrantes de la cuarta reunión del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Luego, el mandatario, enumeró cuatro medidas para el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas. La primera fue precisamente sobre la participación del sector privado, donde instruyó para que el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Economía inicien un proceso de diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, para “diseñar un posible programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en investigación y desarrollo experimental” (Blog Presidencia 27.05.2016).

Los incentivos fiscales son uno de los principales instrumentos para alentar la inversión de las empresas del sector productivo. La medida tiene sus apologistas y detractores. Los primeros dicen que son muy necesarios para alentar la inversión en cierto tipo de áreas que no son particularmente atractivas para el empresariado –como la investigación científica y el desarrollo tecnológico—, así que son partidarios de todo tipo concesiones, aunque ello signifique una menor tasa de recaudación fiscal.

Por el contrario, los que rechazan los incentivos fiscales destacan que no resolverán el problema del desarrollo y la inversión, más bien lo complican, al multiplicar las excepciones y los tratamientos fiscales especiales que disminuyen la recaudación. En realidad, indican, se debiera atender a las dinámicas de cambio e incrementar la base fiscal y asegurar mayores recursos públicos.

La puesta en marcha de incentivos fiscales es un camino que ya se experimentó al final de los años noventa y especialmente en el periodo de Vicente Fox. Incluso, antes de ese periodo, la normatividad tenía prevista una deducción del Impuesto Sobre la Renta si se destinaba un gasto a capacitación y a investigación y a desarrollo, así como un 20 por ciento de crédito fiscal. Aunque, en ese entonces, la queja del empresariado era lo abigarrado y tortuoso que resultaba el proceso.

En los años 2000 se modificó la normatividad para agilizar los procesos, así que se integró un comité interinstitucional que se encargaría de aplicar los incentivos (DOF. 21.12.2001). El comité estaba formado por Conacyt y los secretarios de Economía, Hacienda y Educación Pública. Así, como el que ahora sugiere el presidente. Bueno, casi, porque en ese entonces no figuró el Consejo Coordinador Empresarial y ahora no incluyó al secretario de Educación Pública. Seguramente este último ya tiene suficiente con la reforma educativa.

Las reglas generales para la aplicación de los estímulos fiscales se fueron ajustando periódicamente, intentando precisar excepciones, rubros y condiciones para hacerlos efectivos. También se incrementó el crédito fiscal (pasó de 20 a 30 por ciento) e igualmente ocurrió con el monto para estímulos fiscales (paso de 500 a 3 mil millones).

Sin embargo, al final de los años 2000 las críticas al programa de incentivos fiscales se intensificaron, destacando principalmente la escasa transparencia en los mecanismos de operación para la asignación de los fondos y, sobre todo, su alta concentración y beneficios para empresas transnacionales. Adicionalmente, el reporte de la OCDE sobre la política de innovación en México sugirió que se necesitaba modificar el sistema de incentivos fiscales indirectos y, por el contrario, incrementar el volumen de apoyo directo a las empresas.

Luego, vino la reforma fiscal del 2010 y la incompatibilidad de aplicar lo que se indicaba en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 219) como crédito fiscal en proyectos de investigación o desarrollo de tecnología y lo que indicaba el paquete económico como apoyo directo a través del presupuesto de egresos.

En resumidas cuentas, a partir del 2009, el programa de estímulos fiscales a la investigación y el desarrollo tecnológico fue sustituido por el Programa de Estímulos a la Investigación (PEI). Este último está dirigido a las empresas para impulsar la innovación y propiciar su relación con los Centros Públicos de Investigación y las Instituciones de Educación Superior.

El PEI también está basado en los presupuestos anuales e incluye tres diferentes programas: InnovaPyme dirigido precisamente a las Pyme; Innovatec para las grandes empresas; y Proinnova, para ambos tipos de empresa, pero que tienen proyectos en los que destinan una cuarta parte del costo total del mismo a una universidad o centro público de investigación.

En fin, todavía no está a la vista ningún diseño de nuevo programa de incentivos fiscales ni siquiera el diálogo entre los nombrados. Pero la experiencia sí. ¿Se repetirá?


(Publicado en Campus Milenio No. 661, Junio 16, 2016, p.5)

Ahí van las 100 mil becas... de inglés



Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

El Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) llegó a su tercer año en este mes de mayo. La tarea que le encomendaron al organismo fue desarrollar una “visión compartida sobre cooperación educativa” entre ambas naciones y la puesta en marcha de acciones concretas a corto y mediano plazo.

Una de las acciones más visibles de corto plazo que se propuso el Foro fue la de incrementar la movilidad estudiantil entre México y los Estados Unidos. La parte nacional, a través del Grupo de Consulta Mexicano, diseñó la ambiciosa iniciativa “Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento. Propuesta del Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII”.

La idea central que planteó el Grupo de Consulta fue multiplicar por un factor de siete, entre el 2013 y el 2018, el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Esto es, pasar de los casi 14 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos que existían al inicio del periodo (licenciatura y posgrado) a 100 mil para el término del mismo. A su vez, en el mismo lapso, los poco más de 4 mil estudiantes estadounidenses en México debían pasar a 50 mil. Nada menos.

Todo un reto y nada fácil de superar, sea cual sea el lado que se le mida. Tal vez por la misma razón, pero sopesando el inescrutable asunto de los recursos financieros, las autoridades del sector, plantearon que se podían impulsar las becas para apoyar estancias de un mes, tanto para los estudiantes de licenciatura como para los del posgrado.

Las cifras que se contabilizan en la cuenta de “Proyecta 100 mil” son relativamente dispersas e inciertas. Desde luego, se consideran las poco más de un mil nuevas becas para Estados Unidos que otorga anualmente Conacyt, las que otorga SEP y otras dependencias para estudios de licenciatura, así como algunas decenas de otras becas canalizadas a través de programas de cooperación con diversas agencias estadounidenses.

Sin embargo, el mayor volumen de becas que se le asocia al programa es el apoyo para estancias de un mes para el aprendizaje y dominio del idioma inglés. En noviembre de 2014, la subsecretaría de educación superior indicó que la primera generación de estudiantes con ese propósito estaba compuesta por más de 5 mil estudiantes (Comunicado SEP No. 348).

Lo sorprendente fue que, según sus cuentas, con esos poco más de 5 mil estudiantes, “más los apoyados por CONACYT, se alcanza la meta de 27 mil alumnos mexicanos en Estados Unidos” en el 2014. ¿Cómo? ¿O sea que en ese año Conacyt contabilizó 22 mil becarios en Estados Unidos? Ni de lejos, ni siquiera considerando todos los becarios de México hacia ese país en los últimos 15 años.

Tampoco parece ser compatible con lo reportado en el 3er Informe de Gobierno para el mismo programa. Ahí solamente se anotan lo correspondiente a instituciones tecnológicas y se dijo que para el ciclo escolar 2014-2015, se benefició a un mil 431 estudiantes y 483 profesores de Universidades Tecnológicas, así como 362 estudiantes y 207 profesores de Universidades Politécnicas. Sumando un total de 2 mil 483 (p. 271). Nada mal el apoyo para el sector tecnológico. Aunque quizás se olvidaron de los otros sectores de educación superior o tal vez no.

Por otra parte, en esta misma semana cerró la convocatoria de lo que podría ser la segunda generación de estudiantes becados para cursos intensivos de inglés en Estados Unidos. La información de la convocatoria dice que se entregarán 3 mil 115 becas (cada una de 91 mil pesos) a estudiantes de instituciones públicas de educación superior y la capacitación será en instituciones de nivel superior del país vecino, avaladas por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid); la duración será de 96 horas en cuatro semanas a impartirse entre octubre y noviembre de este año.

No es irrelevante el apoyo que se otorga a través de este programa y menos si tiene prioridad el sector tecnológico y los jóvenes con mayores desventajas. Sin embargo, por una parte, es necesario aclarar y precisar las cifras del programa; la simulación no es una vía perdurable. Por otra parte, vale la pena notar como se ha venido reduciendo la escala de tiempo durante la movilidad a medida que se incrementa la idea misma de movilidad: pasó de una beca para cursar todo un nivel educativo a respaldar solamente un año o un semestre escolar y parece que terminará en un apoyo para una estancia de un mes. Es el imperativo de los recursos financieros.

Posdata: El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental realiza una excelente labor de divulgación, como sus charlas nocturnas de observación astronómica.   


(Publicado en Campus Milenio No. 660, Junio 9, 2016, p.5)

El Consejo y las cifras del Presidente


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), el máximo órgano de política y coordinación sectorial que encabeza el titular de la presidencia de la República, parece que volverá a los carriles de funcionamiento relativamente normal.

Lo hemos dicho en variadas ocasiones: la creación de un Consejo General para coordinar el sector, presidido por el ejecutivo federal, es más un reflejo de los rituales de la política mexicana más que un acierto de diseño institucional. Un órgano que confía en el nivel jerárquico para resolver cualquier asunto y mientras más alto mucho mejor. No importa si es poco funcional y solamente se reúne en año bisiesto

La ley en la materia dice que el CGICDTI debe sesionar dos veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria la veces que así lo determine su Presidente. Sin embargo, lo cierto es que casi nunca se ha cumplido lo que dice la norma y las decisiones que debe tomar se han diferido una y otra vez.

En esta administración, la primera reunión del Consejo se dio en septiembre de 2013, precisamente para la aprobación del presupuesto consolidado del sector. Luego, al año siguiente, en el mes de mayo, para autorizar el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, así como los cambios normativos sobre acceso abierto a la producción científica. Ahí fue donde se acordó la creación del todavía inexistente Repositorio Nacional.

Después, en abril del año pasado, el CGICDTI se reunió por tercera vez. En esa ocasión, como la más reciente, también se aprovechó para la entrega de los premios de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).  De hecho, los premios se habían acumulado desde el 2012 porque el Consejo no se había reunido.

Ahora, el pasado 27 de mayo, el Consejo se reunió por cuarta ocasión. El presidente Peña Nieto entregó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015 –para no mexicanos--, una de las escasas actividades bajo la responsabilidad del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. El premio fue para el profesor de la Universidad de Valencia, Andrés Moya Simarro, por sus contribuciones en el estudio de la simbiosis, la evolución experimental y el microbioma humano.

Además, en el mismo acto, el ejecutivo federal entregó los importantes premios de investigación de la AMC en cinco diferentes áreas de conocimiento. Los jóvenes ganadores fueron: Eduardo Gómez García del instituto de física de la UASLP, en ciencias exactas; Stefan de Folter del Cinvestav, en ciencias naturales; Felipe José Hevia del Ciesas Golfo, en ciencias sociales; Rebeca Robles García, del Instituto Nacional de Psiquiatría, en humanidades; y Natalya Victorovna del Instituto Mexicano del Petróleo, en ingeniería y tecnología.

El presidente Peña Nieto también destacó la inversión pública en el sector. Por ejemplo, dijo que en este año se destinan 92 mil millones de pesos, lo cual representa un crecimiento real de 37 por ciento respecto del inicio de su periodo. También dijo que las estimaciones son que para este año el gasto nacional en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE) alcanzará el 0.61 por ciento como proporción del PIB, mientras que en 2012 era de 0.49 por ciento.

Lo que llama la atención es que, por una parte, el presupuesto aprobado para este año fue más bien de 90.9 mil millones de pesos (no de 92). Y, además, debe considerarse el recorte de los 900 millones anunciado en febrero pasado. Todavía más, hace dos semanas, destacamos que el recorte operado en 2015 no fue de 900 millones como se había dicho, fue de casi 2 mil millones de pesos menos (Campus Milenio No. 656). Así que el crecimiento real habría que volverlo a calcular.

Por otra parte, según las cifras oficiales, el GIDE como proporción del PIB era de 0.43 por ciento (no de 0.49) en el 2012, la misma fuente estimaba que ese mismo indicador el año pasado representaba el 0.56 y ahora resulta que en este año cerraremos en 0.61. El problema es que se trata de simples estimaciones, porque desde el 2012 no se han dado a conocer los resultados de la encuesta que se realizaba cada dos años para hacer el cálculo de la participación del sector privado.

El presidente Peña también anunció otras medidas de apoyo al sector: el diseño de un programa de incentivos fiscales para alentar la inversión privada; continuar con el programa de Cátedras Conacyt hasta alcanzar las dos mil al término de este periodo; creación de cuatro nuevos centros públicos de investigación (entre ellos uno de política educativa); concluir nueve consorcios de investigación; y mayores recursos de los gobiernos estatales.

Vale la pena examinar en detalle cada una de las medidas anunciadas, tarea que haremos en próxima entrega. Por lo pronto, conviene notar que el CGICDTI funciona con mayor regularidad, pero por supuesto no se reúne dos veces al año como dice la ley. Y las cifras de los dineros nada más no cuadran.


(Publicado en Campus Milenio No. 659, Junio 2, 2016, p.5)