ESTADO DE MÉXICO

Los números de la entidad federativa son relativamente buenos. Ocupa la primera posición en concentración demográfica: más de 15 millones de los 112 millones de habitantes en México. No obstante, los 22 mil kilómetros cuadrados de su extensión territorial la colocan en el lugar 25 a escala nacional. Según las cifras oficiales más recientes, el 5 por ciento de los mayores de 15 años en el estado es analfabeta, porcentaje ligeramente por debajo de la media nacional; el promedio de escolaridad de su población alcanza 9.1 grados (el promedio en el país es de 8.6 grados).

El Estado de México también muestra buenos promedios en los indicadores científicos y tecnológicos. Alcanza la segunda posición en el número de investigadores nacionales y lo mismo en el número de becarios de Conacyt. En el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) constan 513 instituciones de la entidad. De hecho, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ese registro; el DF tiene 1 mil 639 y Nuevo Léon 626.

Además, tiene casi medio centenar de parques y corredores industriales, una relevante industria manufacturera –particularmente en metales, maquinaria y equipo-- que es responsable de poco más de un tercio del PIB del estado y si se suman todos sus sectores productivos la aportación al PIB nacional representa la décima parte. Sin embargo, más de una tercera parte de los municipios de la entidad están considerados como de alto y muy alto grado de marginación.

Uno de los principales rasgos de la entidad es la simbiosis que tiene con el Distrito Federal. El marcado grado de integración económica, social, educativa, geográfica y cultural de ambos estados, los ha llevado a compartir problemas y capacidades. En conjunto forman lo que se conoce como la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual se extiende a las 16 delegaciones políticas del DF, 59 municipios del Estado de México –en total tiene 121 municipios— y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo.

Tal vez por la combinación de rasgos de la entidad y la pujanza de las fuerzas políticas en disputa, los comicios del próximo domingo 3 de julio se han anticipado como emblemáticos y premonitorios para el país. Probablemente. Pero lo único cierto es que, formalmente, estará en los electores radicados en los 22 mil kilometros cuadrados decidir por quién votarán y tendrá validez solamente para ese espacio y lugar. Otra historia vendrá después.

El plazo para que los candidatos a gobernador de la entidad plantearan sus ofertas ya concluyó. Ahora sólo quedan las frases de campaña, las reverberaciones del debate de los contendientes y los indelebles mensajes mediáticos. Sin embargo, lo principal para la eventual emisión del voto debieran ser las propuestas y los compromisos de los candidatos.

Los ámbitos de preocupación pueden ser muy variados en los electores dependiendo de sus perfiles sociodemográficos, aunque los temas de seguridad pública y empleo son los que generan mayor consenso. Pero los asuntos educativos también son fuente de atención y expectativa para los votantes.

Los contendientes por la gubernatura en el Estado de México han manifestado sus planes en materia de educación superior y actividad científica. Por ejemplo, el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, propone ampliar el programa de becas para que los jóvenes no abandonen el nivel medio superior y superior, lo mismo que becar-capacitar durante tres meses a los estudiantes en las propias empresas para que posteriormente sean contratados en el mismo sitio. No hubo mayores propuestas ni precisiones.

El candidato de la coalición “Unidos podemos más” (PRD, PT y convergencia), Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó como uno de sus diez compromisos urgentes otorgar a todos los estudiantes de preparatoria una beca de 500 a 700 pesos mensuales y, más sorprendente, dijo que “terminará con el rechazo a los estudiantes que quieran ingresar a las universidades públicas; habrá cien por ciento de cobertura”. Ni más ni menos. Una idea que suena bien pero difícil de llevar al terreno de los hechos.

Por último, el candidato de la coalición “Unidos por ti” (PRI, Nueva Alianza y PVEM), Eruviel Ávila Villegas, igualmente ha propuesto incrementar el número de becas, aunque en su caso precisa que serán para educación técnica y universidad a distancia. Además, igualmente de forma sorprendente, se comprometió a quintuplicar el presupuesto para ciencia y tecnología y a crear universidades digitales.

A pesar de las diferencias de los candidatos, es notable su coincidencia en incrementar el número de becas y en acciones que parecen desproporcionadas. En el pasado ciclo escolar, en todo el país, se otorgaron 1.6 millones de becas para el nivel medio superior y superior (30 y 14 por ciento de las respectivas matrículas); para el actual ciclo escolar se prevé añadir otras 186 mil becas. ¿Cuántas becas más podrían y debieran sumarse para el Estado de México? Tal vez el asunto educativo no sea el decisivo ni el más importante a la hora de decidir el voto de los ciudadanos, pero habría que considerarlo y, sobre todo, conservar el registro de las propuestas dichas. Quedan.

(Publicado en Campsu Milenio No. 421. Junio 30, 2011)

El MODELO Y LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN IBEROAMERICA

No podría ser de otra forma y la proporción tal vez es menor. En México, “sólo 23 de 265 universidades y centros de investigación poseen competencia científica internacional”, como lo mencionó el subsecretario de educación superior (La Jornada 18/06/2001). El panorama seguirá igual si opera el mismo modelo de referencia y persisten las mismas tendencias.

Lo dicen los profesionales del campo de la evaluación y también lo sugiere el sentido común: hay que medir lo que se quiere medir y no otra cosa. Lo que parece obvio, sin embargo, no siempre ocurre. En ocasiones se mide una cosa y se piensa que se valora otra.

El modelo de universidad de investigación ha sido privilegiado en las actuales mediciones de calidad o prestigio universitario y los indicadores seleccionados están asociados a ese modelo.

Una imagen de prestigio ha sido generalizada con la utilización de las clasificaciones institucionales (los famosos rankings nacionales o internacionales): las mejores instituciones son las orientadas a la investigación y consideradas de clase mundial. Efectivamente, casi siempre lo son, pero depende de la ponderación de indicadores y el modelo de referencia.

El dato señalado por el subsecretario de educación superior, Rodolfo Tuirán, proviene de una de las clasificaciones regionales que busca cobrar relevancia. Es el Rannking Institucional de SCImago (SIR, por sus siglas en inglés; disponible en su página electrónica). Este último es un grupo comandado dede el 2008 por Felix de Moya Anegón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España e integrado por miembros de las universidades de Granada –ahí estuvieron los antecedentes del grupo--, Alcalá, Carlos III de Madrid y Extramadura, así como de las universidades de Oporto (Portugal), Nacional de la Plata (Argentina) y la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Chile).

Scimago se dedica a la evaluación de la actividad científica a través de bases de datos y tiene media docena de proyectos relevantes. Uno de ellos es su ranking institucional, el cual fue posible por el convenio firmado con la gran base de datos de Scopus-Elsevier. Aunque antes, en el 2006, ya había difundido un proyecto similar, el Ranking Iberoamericano de Instituciones de Investigación (RI3). No obstante, en ese entonces utilizó la base de datos Thomson Scientific-ISI y solamente incluyó los países con mayor productividad en la región iberoamericana.

El mes anterior el grupo SCImago difundió los resultados de la segunda edición de su proyecto SIR. Las novedades respecto al de 2010 es que ahora incluye más instituciones y más países. No osbtante, conserva los mismos cuatro indicadores: i) productividad científica de la institución, valorada por el número de publicaciones en el índice de citas de Scopus; ii) cooperación internacional que se refiere a la tasa de publicaciones científicas de una institución que han sido elaboradas con participación de otros países; iii) calidad científica promedio, valorada a través del impacto científico de una insitución, ponderando tamaño y perfil de investigación; y iv) proporción de artículos publicados en las revistas de mayor prestigio, según la propia clasificación de SCImago.

En realidad no sorprenden los resultados del ranking institucional de SCImago. En general, en el ordenamiento por países, muestra que España (204 mil documentos) y Brasil (163 mil) concentran alrededor de las dos terceras partes de la producción científica en la región iberoamericana. Después, siguen México (poco menos de 50 mil) , Portugal, Argentina, Chile y todavía más distantes Colombia y Venezuela. Los resultados están en correspondencia con el monto de recursos destinado y la solidez de sus respectivos sistemas científicos y tencológicos.

Tampoco es de extrañar que la mayor produción científica se genera en el sector unviersitario de la región, más que en otros sectores. Sin embargo, el dato sobresaliente del reporte y fue el que llamó la atención del subsecretario de educación superior de México es que: “Algunos países de esta lista incluyen un elevado número de universidades con una producción científica muy reducida, así por ejemplo en México menos del 10% de las IES (23) producen más del 85% de la comunicación científica, en Colombia el 5% (6) producen casi el 70% de las comunicaciones o en Perú más de la mitad de la producción científica es generada en tan solo dos universidades”.

En efecto, de las 267 (no 265) instituciones mexicanas incluidas en el reporte, solamente 23 produjeron 400 o más documentos en el periodo de referencia. La UNAM, con un segundo lugar en la tabla de posiciones y después de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, es la institución mexicana mejor situada en la tabla de posiciones en Iberoamerica y en América Latina. Le sigue el CINVESTAV (en la posición 11 en América Latina y 26 en Iberoamerica), después el IPN, la UAM y muy distantes otras insituciones más.

Sí, se trata de las mejores instituciones, siempre y cuando no perdamos de vista que se trata del modelo de universidad de investigación y lo que se mide es, básicamente, la producción científica.

(Publicado en Campus Milenio No. 420. Junio 23, 2011)

CyT: SONORA

El movimiento descentralizador de las actividades científicas y tecnológicas, ha sido gradual, pero sostenido. Desde hace más de tres décadas, el centro de la República y las instituciones de educación superior consolidadas, han cedido milimétricamente su participación relativa en el total de actividades. Hoy, la mayoría de estados figuran en los indicadores nacionales y algunos, como el caso de Sonora, comienzan a ser documentados detalladamente.

Lo hemos reiterado en estas páginas: apenas en el 2009, al establecer Oaxaca su consejo estatal, se completaron los 32 organismos encargados de la ciencia y tecnología en el conjunto de entidades federativas. Desde luego, los disposiciones normativas y organizacionales no garantizan el fomento ni la rectoría de las actividades.

La ley de fomento a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico del estado de Sonora, elaborada a semejanza de la legislación federal y vigente a partir de junio de 2007, estableció la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora y le asignó la responsabilidad de elaborar el respectivo programa estatal sectorial.

Sin embargo, al parecer debido a cambio de gobierno, la puesta en marcha del organismo y el diseño del programa sectorial han seguido un proceso sumamente lento. Hoy todavía no existen realmente. La elaboración de los reglamentos y las disposiciones normativas apenas se están completando. Hasta ahora, las actividades se han regido por el Programa Estatal de Desarrollo.

No obstante, las capacidades científicas del estado han comenzado a documentarse con detalle por los propios investigadores de la entidad. Los colegas Raúl Rodríguez, Laura Urquidi y Adeline Pérez (coords) acaban de publicar el libro La ciencia en Sonora, primeras aproximaciones.

La publicación, a lo largo de sus seis capítulos, explora variados y sobresalientes temas. Por ejemplo, el primero, elaborado por los coordinadores del libro, está dedicado a analizar las dimensiones y la orientación del posgrado en la entidad. Resulta particularmente revelador el crecimiento de este nivel en los 5 años anteriores: la matrícula del posgrado pasó de 1 mil 670 a poco más de 5 mil estudiantes en el estado, pero poco más de la mitad está inscrito en instituciones particulares; la mayor parte en el nivel de maestría y en las áreas sociales y administrativas, educación y humanidades. Tendencias que son relativamente similares a las apreciadas a nivel nacional.

La entidad, señalan los autores, tiene 127 programas de posgrados y de ese total solamente 27 (21%) son reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. La proporción también es parecida a la que ocurre con los posgrados a nivel nacional. Además, como hacen notar, de los 27 posgrados pertenecientes al padrón, todos pertenecen a las 4 instituciones más importantes del sector público: la Universidad de Sonora (UNISON), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, un centro público Conacyt), el Colegio de Sonora (COLSON) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITS).

La concentración institucional de los recursos humanos calificados también es notoria en la entidad y sigue el mismo patrón que los programas de posgrado. Juan Pablo Durand, en el capítulo dedicado al Sistema Nacional de Investigadores, detalla como se distribuyen en el sistema estatal. Es de apreciarse que en total, la entidad concentra 305 investigadores nacionales –ocupa un lugar intermedio a nivel nacional en la tabla por número de investigadores— y la UNISON aglutina al 58 por ciento de esa cifra, le siguen el CIAD (22 por ciento), el ITS (5 por ciento) y el COLSON (4 por ciento). El resto de miembros del SNI se distribuye en otra docena de instituciones.

Otro tema explorado en el libro de referencia es el de la vinculación; un elemento recurrente en el campo de la educación superior y de la ciencia y la tecnología. Roberto Jiménez, a través de la información recabada por el estudio de las capacidades de instituciones académicas y la industria metal mecánica local, advierte que a partir de 1990 se nota un escenario cambiante que fomenta el vínculo entre academia, industria y gobierno.

El libro cierra con dos capítulos que no se circunscriben a la exploración estatal. Uno, a cargo de Laura Padilla, Guadalupe Villaseñor y Leticia Santacruz, sobre el desempeño científico de la mujer mexicana y algunos de los obstáculos que enfrenta; las autoras ofrecen información empírica sobre las inequidades, las cuales han sido ampliamente documentadas en la literatura. Otro, de la autoría de Mery Hamui, dedicado a una interesante exploración analítica del concepto de ethos en la cultura académica y particularmente la aplicación de un modelo en las ciencias médicas.

A diferencia de lo que ocurría hace apenas dos o tres décadas, cada vez será más evidente el papel de las entidades federativas en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. No es un panorama homogéneo, más bien muestra las diferencias en capacidades y trayectorias, pero seguramente cambiará en el corto y mediano plazo.

(Publicado en Campus Milenio No. 419. Junio 16, 2011)

COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA

La relación entre los gobiernos de México y Argentina hoy parece estrecharse. Después de los desencuentros entre los ex presidentes Vicente Fox y Néstor Kirchner, a propósito de las relaciones comerciales en la región y particularmente con el tema del ALCA en la agenda de la Cumbre de las Américas del 2005, los ánimos quedaron resentidos. Ahora, en la reciente visita de la presidenta Cristina Fernández a México, el panorama es diferente, se firmaron múltiples acuerdos que intentan acercar la relación entre ambos países; algunos de ellos se refieren a las áreas educativa y científico técnica.

En realidad, esta es la tercera visita oficial a México de la ahora presidenta de Argentina. En la primera ocasión, en abril del 2007, lo hizo todavía como Senadora, aunque ya era una aspirante a la presidencia de su país, y la intención era avanzar en la restauración de los vínculos entre ambos países y en las bases para una posible alianza estratégica.

El marco de la alianza entre México y Argentina fue suscrito en noviembre de 2007, aunque la Senadora Fernández asistió en su calidad de esposa del entonces presidente Néstor Kirchner. El documento se denominó “Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina”, e incluyó el terreno político, económico y comercial, así como la cooperación educativa, cultural, científica y tecnológica. Además, según el documento, los jefes de Estado de ambos países deberán celebrar entre sí reuniones bienales y las comisiones de trabajo se reunirán cada año.

Los convenios existentes antes del 2007, quedaron sujetos a las nuevas disposiciones normativas. Tal fue el caso del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica del año 1996, mediante el cual se estableció una comisión mixta de cooperación, lo mismo que los convenios de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico, y el de Cooperación Educativa y Cultural, ambos de 1997.

En el encuentro más reciente de los mandatarios de México y de Argentina se firmaron otra media docena de acuerdos. Uno de los más importantes fue sobre la promoción de inversiones bilaterales para intensificar el comercio entre ambos países. Actualmente, la balanza comercial es de alrededor de 2 mil 900 millones de dólares, aunque al parecer existe un cierto déficit para el país argentino de aproximadamente 600 millones de dólares, localizado principalmente en la sector automotriz (Clarín. 29.05.2011). Probablemente en el detalle de los convenios se ajustarán los sectores.

Los gobiernos de México y Argentina también firmaron un Tratado de Extradición, así como varios convenios de cooperación. Uno sobre “Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior”, el cual se suma al que ya existe en el nivel primario y medio no técnico. Otro sobre cooperación de agricultura y ganadería, de pesca y de acuacultura, otro sobre minería y uno más sobre protección de parques nacionales y áreas protegidas.

En el terreno de la actividad científica y tecnológica, las dos naciones suscribieron los protocolos para la creación de dos centros virtuales: El Centro Virtual Mexicano-Argentino de Nanociencia y Nanotecnología (CAMeN) y el Centro Virtual Mexicano-Argentino de Biotecnología (CAMeB). Una singular forma de cooperación. De acuerdo con la información de Conacyt, en ambos centros se utilizará la infraestructura existente para realizar proyectos de investigación, lo mismo que para la formación y capacitación de recursos humanos (Boletín Conacyt 31.05.2011).

En términos comparativos, la población total de México es más del doble que la de Argentina, aunque la proporción es a la inversa si hablamos de la tasa bruta de escolaridad superior (59 y 29 por ciento, respectivamente). La tasa de alfabetización de la nación sudamericana es prácticamente del 98 por ciento desde el comienzo de la década pasada, mientras que la de México recientemente alcanzó el 95 por ciento.

Si consideramos las actividades científicas y tecnológicas, el volumen de gasto en investigación científica y desarrollo experimental en Argentina y México como proporción del PIB son relativamente similares. En el 2008 Argentina destinaba alrededor del 0.52 por ciento, mientras que México era de 0.44 por ciento.

Argentina ha tenido un importante papel en la producción científica de la región y fue particularmente notoria en la última década del siglo pasado, pero ha disminuido su participación relativa en la década más reciente. En cambio, Brasil, seguido de México, parecen ir en ascenso.

Los convenios recientemente suscritos entre México y Argentina son múltiples, aunque la materia comercial predomina en el conjunto. La puesta en marcha de las iniciativas todavía no es inminente, los documentos firmados deberán aguardar la aprobación del poder legislativo de los respectivos países y el trabajo de comisiones especiales para hacerse efectivos, pero sobre todo habrá que ver cómo es la operación virtual de los centros de investigación.

(Publicado en Campus Milenio No. 418. Junio 9, 2011)

OCDE: ¿EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL SUPERIOR?

En junio del 2006, en la reunión de ministros de educación de la OCDE, celebrada en Atenas, Grecia, el actual secretario general de la organización, José Ángel Gurría, apenas estaba por cumplir un mes en el cargo. También era el primer encuentro ministerial del entonces nuevo funcionario y los temas a resolver se referían a la equidad, eficiencia y calidad en la educación superior. En el discurso que pronunció el secretario, al referirse a los retos del nivel educativo, planteó la posibilidad de crear un “PISA para la educación superior”, puesto que la OCDE, dijo, tenía el expertise, la metodología y sabía cómo reunir la información relevante. Al parecer, después de múltiples reuniones, documentos y convenios, el proyecto podría estar listo el año próximo.

La prueba PISA clásica evalúa a los jóvenes de 15 años y valora qué tan preparados están para desempeñarse con éxito en el futuro. La edad de los estudiantes coincide con la terminación de la educación básica y los contenidos de ésta son relativamente homogéneos prácticamente en cualquier país. El nuevo proyecto que desde hace seis años está en marcha para la educación superior, tiene como objetivo a egresados de sectores insitucionales muy diversos y con conocimientos disciplinarios y profesionales muy variados, por lo que la heterogeneidad parece ser el primer obstáculo para el diseño de una prueba a gran escala para este nivel educativo.

En virtud de las diferencias del nivel superior, en primer lugar, al año siguiente de la reunión ministerial, se integró un grupo de expertos para resolver sobre el diseño e implementación de un estudio de factiblidad del proyecto para evaluar los resultados de aprendizaje en la educación superior. El proyecto fue denominado: Assesing Higher Education Learning Outcomes (AHELO).

El estudio de factibilidad estaba centrado en resolver dos asuntos básicos: a) probar si científicamente era posible una comparación confiable de los logros en educación superior entre países y b) probar si una evaluación válida podía ser prácticamente implementada al interior de las instituciones. Además, el estudio debía considerar las diferencias culturales y linguísticas, por lo que tendría que incluir distintos países y al menos tres lenguajes diferentes.

Obviamente, uno de los puntos más importantes del estudio se refería a ubicar los elementos comunes de habilidades y conocimientos en la educación superior, por lo que tendría que resolver cuáles eran los logros deseables de este nivel educativo y que lo fuesen para diferentes culturas, sobre todo porque habilidades como pensamiento crítico y solución de problemas podrían no tener la misma importancia para los diferentes países.

El grupo de expertos continúa reuniéndose --ha celebrado una reunion plenaria por año desde el 2007 y solamente el año pasado se reunió en dos ocasiones-- para avanzar en las definiciones y en los eventuales componentes del proyecto AHELO. De hecho, conforme han transcurrido las etapas, han ido desclasificando los documentos en los que se expresan los acuerdos y los ejes principales del proyecto, como se puede constatar en su página web.

Según el reporte de avance más reciente, difundido el mes anterior, el estudio de factibilidad, ya desarrolló en su primera fase (enero 2010 a abril 2011) esquemas provisionales de evaluación y probó instrumentos en un contexto internacional para cada uno de los tres ejes de trabajo: habilidades genéricas, economía e ingeniería.

Ahora, en la segunda fase del proyecto que se extenderá hasta diciembre del año próximo, pilotearán los tres instrumentos en pequeña escala, para evaluar habilidades genéricas y dos disciplinarias (ingeniería y economía). Por cierto, los esquemas de evaluación de los dos disciplinas fue desarrollado por la Asociación Tuning. La idea, de acuerdo a los planes del grupo de expertos y anotan que solamente en caso de existir financiamiento, será probar los intrumentos en una decena de insituciones de educación superior en 4 o 5 países de diferentes lenguajes, culturas y caracaterísticas geográficas, para calibrar la validez y confiabilidad internacional de los instrumentos utilizados.

Además, el grupo de expertos señala que “como parte de la evaluación, se recogerán datos contextuales y aproximaciones indirectas a la calidad para agregar dimensiones analíticas esenciales a AHELO y enfatizar el peligro potencial de conducir una evaluación de resultados sin tomar en cuenta características sistémicas, institucionales e individuales”.

Al final del año próximo sabremos sobre la viabilidad o no de realizar una evaluación internacional de los resultados de aprendizaje en el nivel superior. Aunque el proyecto no ha corrido velozmente, tampoco se ha detenido y se ha destacado que existen indicadores genuinos que muestran la factibilidad de poner en marcha a AHELO. La aplicación no es inminente, restan múltiples escollos de contenidos disciplinarios y de convencimiento de autoridades y comunidades académicas. Si fuera el caso ¿cuáles serían sus efectos?

(Publicado en Campus Milenio No. 417. Junio 1, 2011)