LAS VOCACIONES DE LOS JÓVENES

En la región iberoamericana, particularmente en la última década y con claras diferencias entre países, la tendencia de la matrícula universitaria se ha desplazado hacia las ciencias sociales. Esa área de conocimiento representa entre el 50 y 56 por ciento del total. Una expresión de las preferencias vocacionales de los jóvenes que parece ir a contracorriente del intento por acercarlos a las áreas de las ciencias naturales, exactas y tecnológicas.

Los jóvenes universitarios mexicanos también se concentran en las ciencias sociales, aunque en la última década, esta área de conocimiento más bien han disminuido su participación relativa (de 50 a 46 por ciento), mientras que las ingenierías y las tecnologías la han incrementado (de 29 a 34 por ciento), lo mismo que educación y humanidades (de 3 a 6 por ciento). Un reflejo parcial de las iniciativas de reorientación de la matrícula que concentró el crecimiento del sistema en las opciones tecnológicas.

También para el caso de México, las áreas de conocimiento que se han mantenido relativamente estables son las agropecuarias (entre 2.6 y 2.4 por ciento), igual que las ciencias naturales y exactas (2 por ciento) y las ciencias de la salud (entre 9 y 10 por ciento). Las tendencias más o menos son las mismas si solamente se considera a los titulados.

En algunos países, especialmente en Estados Unidos y en las llamadas naciones emergentes, el crecimiento se ha verificado tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales y las ingenierías. No obstante, en la mayoría de países existe cierta preocupación por el escaso interés de los jóvenes en las disciplinas que permitirían un mayor desarrollo científico y tecnológico.

La Organización de Estados Iberoamericanos acaba de dar a conocer los resultados de una encuesta regional, la cual busca aportar mayor información sobre las razones del rechazo o desinterés de los jóvenes por las carreras predominantemente científicas (Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a jóvenes iberoamericanos. 285 pp. Disponible en su sitio de Internet).

La encuesta fue aplicada entre 2008y 2010 a cerca de nueve mil jóvenes de educación media de siete ciudades de la región iberoamericana: Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y Sao Paulo. El objetivo de la encuesta era precisar la percepción de los estudiantes sobre las profesiones científicas y tecnológicas, su atractivo como opción laboral, y la imagen que proyectan la ciencia y los científicos.

Una de las preguntas de la encuesta a los alumnos de educación media era “¿Qué vas a estudiar?” Las respuestas fueron: como primera opción, las ciencias sociales: 28.4 por ciento; después, las ingenierías y las tecnologías con 19.4 por ciento; y en tercer lugar humanidades con 16.9 por ciento. Como segunda opción, también aparecen: en primer lugar las ciencias sociales con 36.9 por ciento; luego las humanidades con 25.2 por ciento; y las ingenierías y tecnologías con 17 por ciento. Lo notable es que dos de cada diez de los jóvenes encuestados no sabe qué carrera estudiar. Un rasgo que alcanza proporciones diferenciadas en los distintos países.

Tampoco es de sorprender que uno de los principales motivos que expresaron los jóvenes para continuar sus estudios y la selección de la carrera esté relacionado con la cercanía o no de información científica. Obviamente quienes carecen de contacto muestran la mayor vacilación y dificultades.

Otro de los datos relevantes de la encuesta es el interés que manifestaron los estudiantes sobre su horizonte profesional y la posibilidad de trabajar como científicos, ingenieros, médicos o profesores.

Por ejemplo, sólo uno de cada diez de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta, manifestó que le gustaría trabajar como científico. El porcentaje tampoco es mejor para desempeñarse como profesor, puesto que solamente fue seleccionado por un 13 por ciento de los jóvenes.

Los promedios son un poco mejores para la profesión de ingeniero y médico, puesto que alrededor de una cuarta parte de los jóvenes expresaron que les gustaría trabajar en esas posiciones. Sin embargo, otra proporción similar de estudiantes (26 por ciento) manifestó claramente que no le gustaría trabajar en ninguna de las profesiones mencionadas y otro 15 por ciento más expresó no saber si le gustaría dedicarse a alguna de esas actividades.

Según los resultados de la encuesta, la tendencia de respuesta de los dos párrafos anteriores, no muestra variación por género, tampoco si son estudiantes del sector público o privado, laico o religioso, o nivel socioeconómico. Incluso, es la misma apreciación en las diferentes ciudades donde se aplicó la encuesta.

La encuesta incluyó una treintena de preguntas, pero como se podrá advertir no parece sencillo precisar las motivaciones y el horizonte vocacional de los jóvenes.

Posdata

¿Cuál será la respuesta del SNI a la queja interpuesta por Sergio Aguayo? El recurso no podrá ser ignorado para la operación y reforma del Sistema.

(Publicado en Campus Milenio. No. 443. Diciembre 8, 2011)

LA DEFENSA Y LA MARINA AL CONSEJO GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es probable que los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina se integren al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El máximo órgano de las políticas científicas y tecnológicas. Todavía no es un hecho, apenas se emitió el dictamen correspondiente por comisiones unidas de la Cámara de Diputados, pero la iniciativa ya está en marcha.

La propuesta es del diputado Gerardo del Mazo Morales del Partido Nueva Alianza, el mismo que asumió la titularidad de la curul en octubre del 2009, al renunciar una de las llamadas diputadas “juanitas”, Karla Daniela Villareal, integrante del mismo partido, aunque la diputada fundamentó su renuncia argumentando cuestiones de salud (Milenio Diario 29.10.09).

El diputado Gerardo del Mazo presentó su iniciativa hace un año e incluye reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al decreto de creación de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así como a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley Orgánica de la Armada de México.

De acuerdo con el proyecto del diputado Del Mazo, tanto la educación militar como la naval incluyen la formación, el adiestramiento, la capacitación, actualización y especialización de recursos humanos. Pero, sobre todo, argumenta el diputado, “tienen el deber, como la educación en general, de estar vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación” (Gaceta Parlamentaria No. 3394-II. 17.11.11).

En general, en la breve argumentación de la propuesta se resalta que en el mundo se registra un importante avance en el terreno científico y tecnológico, lo cual también ha propiciado que, a nivel de las naciones, se le otorgue prioridad a la educación y a la investigación. En estos términos, dice el diputado, “el sistema educativo militar debe estar en el mismo camino”. Es decir, que la educación militar también incluya una importante actividad científica y tecnológica y que sostenga un vínculo con el sector correspondiente.

Aunque el conjunto normativo que se piensa reformar incluye, en cierta medida la mención a la ciencia y la tecnología en la educación militar, las reformas que se proponen sugieren hacerlo explícito en donde no lo está y añadir la palabra “innovación” en todos los casos.

Por ejemplo, en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Área, en su artículo 5, sobre los objetivos de la educación militar, en su fracción III indicaba que uno de ellos era: “Vincular permanentemente la educación y adiestramiento de los militares”. La reforma propone que ahora indiqué que el objetivo es: “Vincular permanentemente la educación, la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación adiestramiento de los militares” (sic).

Es el mismo caso para el artículo 6 y 11 de la misma ley o de la que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Área, en las que se sugiere añadir que se impartirá al personal militar conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, o que el sistema de educación militar promoverá, organizará y realizará investigación en esos mismos términos.

Los cambios previstos no habilitarán al sistema educativo militar para realizar actividades científicas, tecnológicas y de innovación, porque su marco normativo previo ya se lo permitía con anterioridad y, de hecho, ya las practicaba. En todo caso, las reformas solamente armonizarán los conceptos con leyes que rigen a la educación en general y a la de ciencia y tecnología.

No obstante, el cambio más importante es que propone la integración de los titulares de la de Defensa Nacional y de Marina al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

El Consejo General, instancia creada por la reforma del 2002 y cuya función se localiza en la coordinación de las políticas para el sector, presidido por el ejecutivo federal y en el que participan todos los secretarios de Estado vinculados a las políticas públicas en ciencia y tecnología (actualmente son 9 secretarios). Además, también incluye al director de Conacyt, al coordinador del Foro Consultivo, al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, el secretario general de Anuies y cuatro representantes de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.

Un enorme Consejo General, como se podrá apreciar. En otras ocasiones ya nos hemos referido a la inoperancia del Consejo y las contadas sesiones que ha efectuado desde que se creó, principalmente porque el ejecutivo federal no lo convoca y porque no es funcional. Ahora, de aprobarse el proyecto de reforma, el Consejo todavía será más numeroso.

La iniciativa no es inminente. El proyecto todavía no se discute en el pleno, seguramente se modificará y faltaría ver que dice la colegisladora. Pero plantea el inquietante asunto de la integración formal del sistema educativo militar al sistema científico y tecnológico.

(Publicado en Campus Milenio No. 442. Diciembre 1, 2011)

CyT: UN PRESUPUESTO POLÍTICO

Los incrementos específicos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se asignan con criterios objetivos y casi nunca con base en indicadores. La afirmación proviene del diputado secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la actual legislatura. No, no es una novedad, pero confirma que se trata de un proceso dominado por la presión política y la improvisación.

Anualmente parece repetirse, con algunas variantes, el mismo acto en la negociación del presupuesto: el gobierno federal envía su propuesta de gasto, los diputados dicen que la analizan durante un par de meses, reciben las peticiones de diferentes sectores y en la fecha límite, al calor de las presiones, aprueban un presupuesto ligeramente diferente al original. Una alza leve aquí y otra allá; nada sorprendente.

Nunca faltan los detalles pintorescos de la negociación presupuestal. El lenguaje florido de legisladores que nadie atiende, los puños crispados de los tribunos, los malentendidos entre diputados que bostezan porque no se enteraron de los acuerdos de sus coordinadores parlamentarios o las alusiones personales que se olvidan con un fuerte abrazo al final del día.

El asunto, como lo reveló el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, secretario de la comisión encargada de elaborar el dictamen del PEF –uno de los doce secretarios-, es que las negociaciones entre las fracciones, permite conservar el nivel de gasto e incluir temas que no se consideran prioritarios, como los asuntos de género o las actividades científicas y tecnológicas.

No obstante, como lo señaló el mismo diputado, “los incrementos específicos no siempre se asignan con criterios objetivos y en general nunca con base en indicadores. En realidad, es el peso en la Cámara de gobiernos estatales y de agencias federales, así como de otro tipo de actores, lo que influye, y mucho, en el proceso” (Enfoque. 20.11.11: 2).

Así es. En el caso del gasto en actividades científicas y tecnológicas, el gobierno federal propuso un volumen de gasto para ciencia y tecnología de 44 mil 765 millones y de ese total 21 mil 236 millones para Conacyt (ramo 38). En ambos rubros sin considerar los ingresos propios, lo cual añadiría poco más de 11 mil millones de pesos.

Los diputados, en la sesión del pasado 15 de noviembre, autorizaron un total de 47 mil 675 millones de pesos y de ellos 21 872 millones de pesos para Conacyt. (también sin considerar recursos propios). Esto es, al gasto global del sector propuesto por el gobierno federal, le sumaron casi tres mil millones de pesos más. ¿Cómo fue que decidieron aplicar el incremento y en qué rubros específicamente?

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los diputados, solamente señaló que si bien la propuesta del gobierno federal para Conacyt (ramo 38) consideraba un incremento de 16.5 por ciento, en términos reales respecto al presupuesto de este año, el aumento se explicaba por “la creación del Programa para Reducir la Brecha Digital” al cual el gobierno le había asignado casi tres mil millones de pesos (p. 11).

En el mismo dictamen también se destacó que la propuesta del gobierno federal para ciencia y tecnología (todos los sectores) para el 2012 tenía una variación 41.4 por ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado para el 2011. Esto es, un incremento de casi 18 mil millones de pesos (p.18). Imposible. Simplemente las cifras del dictamen no cuadran, ni con lo que está aprobado para este año ni con el proyecto que envió el gobierno federal. De hecho, los sectores solicitaban alrededor de 11 mil millones de pesos más ¿Entonces?

Al parecer, la fundamentación del dictamen es lo de menos, lo relevante es dónde se localizan los incrementos y qué tan claros son los anexos que los reportan. Como dice el diputado, Vidal Llerenas, en los aumentos unos actores influyen y otros ni figuran.

El anexo 9 del dictamen, aprobado el pasado 15 de noviembre, contiene las ampliaciones que realizaron los diputados por casi 3 mil millones de pesos más. Del total reasignado: 1 mil 893 fueron para la Dirección General de Educación Superior Universitaria --casi dos terceras partes del aumento--; 636 millones para Conacyt; 160 millones para el Instituto Politécnico Nacional; 150 millones para la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía; 50 millones para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; y 20 millones para el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los mayores incrementos fueron para educación y para Conacyt, pero respecto al primero debe advertirse que no se trata de presupuesto educativo (ese está en otro anexo y otro ramo de gasto) sino de gasto para actividades científicas y tecnológicas que realiza ese u otros sectores. Obviamente, el dictamen no justifica ni argumenta la localización de los incrementos, pero como se podrá deducir, expresan más bien la influencia de los actores.

Como dice el diputado Llerenas de sus mismos correligionarios: “Opinamos poco de lo sustancial y lo que reasignamos refleja más intereses y clientelas que prioridades de política”. Sí. Un presupuesto dominado por lo político, más que racional.

(Publicado en Campus Milenio No. 441. Noviembre 24, 2011)

LA CRISIS EUROPEA Y LA INNOVACIÓN

La Unión Europea, probablemente, está en su hora más difícil desde la Segunda Guerra Mundial, dijo recientemente a sus propios correligionarios Ángela Merkel, la canciller alemana. En su opinión, la región puede y debe salir adelante, pero dependerá del alineamiento de fuerzas y los acuerdos que se adopten.

La situación de crisis financiera también fue la preocupación central en la reunión del G20 que se realizó la semana pasada en Francia. La lista de países europeos que se asoman al precipicio de la insolvencia parece extenderse a otros que por ahora no lo están. Lo paradójico es que hace apenas una década, al despuntar el siglo actual, el plan era que por estas fechas ya se habría vuelto la región más competitiva y dinámica del mundo. Al menos eso ero lo que preveía la llamada estrategia de Lisboa, firmada en marzo del año 2000 por el Consejo Europeo, y que buscaba convetir a la región se en una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Hoy, sin duda, la eurozona enfrenta un gran desafío y lo que en ella ocurra tendrá consecuencias no solamente para esa región. Los líderes de las naciones con mayor influencia están buscando salidas políticas a la crisis, severos ajustes en las naciones con las mayores dificutlades y probables esquemas de desarrollo.

En el marco de los problemas actuales y en el seno del G20, el presidente Francés, Nicolás Sarkozy invitó a Bill Gates a plantear un posible curso de acción para superar los obstáculos. El tema de la innovación, como una década antes, apareció de nueva cuenta en la agenda europea y mundial, puesto que el fundador de Microsoft enfocó su presentación y la elaboración de su breve reporte en ese aspecto.

El G20, como su nombre lo indica, es un grupo integrado por 20 naciones. Aunque, inicialmente, cuando se reunió por primera vez a mediados de los años setenta, solamente incluía a los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de siete de los países más industrializados del mundo por ese entonces (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y el Reino Unido), a los cuales luego se sumó Rusia para ser nombrado el G8.

Sin embargo, ante la imposibilidad de ignorar la creciente influencia de naciones emergentes y de encontrar soluciones para la crisis financiera de fines de los años noventa, a los 8 países iniciales se sumaron once naciones más: Arabia Saudita; Argentina; Australia; Brasil; China; Corea; India; Indonesia; México; Sudáfrica; y Turquía. Además, como bloque, la Unión Europea también tiene un asiento en el grupo para sumar, en total, las 20 naciones. La asistencia de los jefes de gobierno a las reuniones anuales se ha hecho patente desde el 2008.

Al dirigirse a los líderes del G20, Bill Gates destacó que sabía que él no tenía las mismas responsabilidad que ellos, pero que trataba de ser realista sobre los retos a enfrentar y enfatizó su confianza en la capacidad de innovación como “la fuerza más poderosa de cambio en el mundo” y para avanzar en el logro de las grandes metas del milenio, porque “la innovación cambia fundamentalmente la trayectoria del desarrollo” (Innovation With Impact: Financing 21st Century Development. p. 6).

Sin embargo, dijo Gates, a pesar de ejemplos de éxito (en la productividad y en la medicina) y su enorme potencial, la innovación no ha jugado el papel relevante en el desarrollo que podría tener. Por ejemplo, dijo: “Algunas innovaciones toman lugar rápidamente en los paises ricos pero toman décadas en llegar a países pobres. El paso de la innovación especificamente para los países pobres ha sido muy lento”.

En particular, destacó el fundador de Microsoft que sería muy inspirador si los líderes del G20 avanzaran en identificar las prioridades más altas en innovación para el desarrollo e incluso señaló que su propia fundación podría participar en ese proceso. En tales circunstancias, piensa que se podría acelerar la innovación en áreas de desarrollo clave como agricultura, salud, educación, gobernanza e infraestrutura.

Además, Gates opina que prácticamente en todas las áreas de desarrollo sería posible lograr un mayor impacto con los recursos financieros que ya se gastan, sobre todo si se instaura una capacidad de evaluar el gasto en desarrollo. El ejemplo que citó es el de México, con la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus mediciones periódicas que indican el logro o no de objetivos.

En fin, no deja de llamar que Bill Gates fuera el orador ante el G20, el mismo que en el 2004 tuvo que pagar una multa a la Unión Europea de casi 500 millones de euros –la más alta registrada contra una firma-- por prácticas monopólicas de su compañía y que el comisario encargado del expediente haya sido Mario Monti, el recientemente nombrado primer ministro italiano. Tampoco deja de sorprender que el tema de la innovación, como hace una década, vuelva a ser nombrado como eje para lograr un desarrollo económico sustentable.

(Publicado en Campus Milenio No. 440. Noviembre 17, 2011)

CONGRESO Y EJECUTIVO FEDERAL: ¿INTERCAMBIO POR ESCRITO?

¿Qué pregunta se puede formular al ejecutivo federal sobre la conducción de la administración pública? Seguramente, habrá múltiples interrogantes y también podrán ser muchos los tonos y matices. Hoy la ley faculta a los legisladores a realizar tal actividad, aunque no tiene demasiada utilidad ni efecto, como se puede apreciar en el reciente ejercicio del Senado.

La presencia física del ejecutivo federal en el Congreso se volvió un tema complicado desde el 2006. Todavía en el 2007 la ley establecía que el presidente de la República debía asistir al recinto parlamentario y presentar su informe de gobierno por escrito. Al año siguiente, en las vísperas de un siguiente informe, los legisladores reformaron la constitución y suprimieron la obligatoriedad de la presencia del ejecutivo para tal efecto. Ahora, al parecer, no solamente ha perdido brillo la figura presidencial, también ha disminuido el interés por el estado que guarda la administración pública.

La reforma constitucional que entró en vigor en agosto del 2008, establece que el ejecutivo solamente entregará su informe por escrito, pero también añadió la posibilidad de que los legisladores le pidan al ejecutivo federal ampliar la información “mediante pregunta por escrito” y soliciten la comparecencia de los secretarios de Estado, el procurador y los directores de las entidades paraestatales (artículo 69).

Además, en la misma reforma se dispuso que los legisladores también podían requerir mayor información, “mediante pregunta por escrito”, a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal (artículo 93).

La formulación de preguntas despertó cierto interés en la primera ocasión, después se perdió en la rutina burocrática de los intercambios. Algunas de las comparecencias son relativamente esperadas, particularmente la de funcionarios que tienen cuentas pendientes con los legisladores o que les gusta alimentar enconos. Pero, sea por escrito o con la presencia de los titulares de las dependencias, tal parece que el examen que guarda la administración pública es lo de menos.

De hecho, en este mismo espacio hemos dado cuenta de las dificultades para reunir a las comisiones cuando se trata de la comparecencia del director de Conacyt para examinar los datos del sector , así como de los intercambios ríspidos entre legisladores y funcionarios públicos.

Recientemente, el Senado publicó las respuestas del gobierno federal a la serie de interrogantes que le formularon por escrito los diferentes grupos parlamentarios, a propósito del quinto informe de gobierno. Suman alrededor de 30 preguntas sobre diferentes aspectos, muchos de ellos sobre temas de seguridad.

Solamente una de las preguntas de los Senadores concierne a las actividades científicas y tecnológicas, corresponde a la formulada por el PRD. Por ejemplo, dice ese grupo parlamentario, en el año 2010 el gasto federal para ciencia y tecnología fue de 0.42 por ciento respecto al PIB y en el 2011 fue de 0.38 por ciento.

En tal circunstancia, los Senadores del PRD cuestionan: ¿Cuáles fueron los principales rubros afectados por la disminución del gasto federal en ciencia y tecnología? ¿A cuánto ascienden los recortes presupuestales? ¿Cómo se afecta la calidad de la educación y de los proyectos de investigación por el recorte presupuestal? ¿Cuál es el monto que se recortó a Conacyt y cuáles son los programas de investigación afectados por los recortes presupuestales, así como los montos de cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios utilizados para definir los proyectos que fueron afectados?, entre otros cuestionamientos.

La respuesta del gobierno federal es relativamente simple, se limita a precisar que las cifras que señalan los legisladores no son comparables, porque una se refiere al gasto ejercido (2010) y otra al presupuesto autorizado (2011). La precisión es cierta porque esta última, tal y como aparece en el reciente informe de gobierno, es una cifra estimada, la cual para el año siguiente se ajustará al alza.

No obstante, la respuesta gubernamental también acepta que aunque el presupuesto global en el 2011 no fue inferior respecto del año previo, sí hubo algunos sectores que disminuyeron su participación en el gasto científico y otros que la incrementaron. Por ejemplo, entre los primeros está el sector economía que la redujo en 230 millones de pesos o educación en 113 millones pesos. Por el contrario, salud incrementó en 1 mil 556 millones de pesos. También destaca la disminución en los fondos mixtos y en programas como Innovapyme.

El cuestionamiento al ejecutivo federal sobre el estado de la administración pública no era mejor antes, cuando se sucedían los episodios de interpelación, y tampoco lo es hoy. No obstante, valdría la pena hacer un ejercicio más meditado de interrogación y buscar un espacio y medio más apropiado para el intercambio entre poderes y entre éstos y la ciudadanía.

(Publicado en Campus Milenio. No. 439. Noviembre 11, 2011)

LA EXIGENCIA DEL UNO POR CIENTO PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), un órgano de consulta de la política sectorial previsto en la ley, destaca en desplegado público, reproducido en diferentes medios el pasado 28 de octubre: ¡Ya basta! México requiere que se cumpla con lo que establecen sus leyes. Es momento de que el Congreso de la Unión actué responsablemente y en cumplimiento de las leyes que él mismo aprueba.

Dirigiéndose a los principales órganos legislativos --los que básicamente deciden el gasto público de la nación--, el Foro se inconforma con el monto previsto para ciencia y tecnología en el proyecto que envió el ejecutivo federal.

El proyecto, aparte de que probablemente no todo el monto se canalizaría a actividades científicas y tecnológicas, prácticamente no representaba un cambio sustancial respecto de años anteriores como proporción del producto interno bruto (alrededor de 0.39 del PIB). Tal vez por la misma razón, en la reciente demanda pública del Foro, hace un “enérgico y atento” requerimiento a los legisladores para que los recursos para el sector cumplan con el mínimo de uno por ciento del PIB que marca la normatividad.

Sí, las leyes marcan el uno por ciento del PIB, el asunto es que entre las mismas existen inconsistencias. Por ejemplo, la ley general de educación en su artículo 25 dice que el monto anual para educación pública no puede ser menor del 8 por ciento del PIB y de ese total, al menos, el uno por ciento debe ser destinado a la “investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Es decir, es gasto público y solamente para instituciones educativas.

Por el contrario, el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología dice que el monto anual que el Estado destine a “las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”. Esto es, a diferencia de la ley anterior, aquí se refiere a gasto nacional (público y privado) y no precisa que deba canalizarse a las actividades sectoriales desarrolladas en instituciones educativas.

Entonces, un primer aspecto que los legisladores debieran atender es la armonía entre las diferentes leyes. Claro, sea una u otra la que prevalezca, llevar la inversión al uno por ciento del PIB, implicaría más o menos duplicar el monto actual del sector. El gasto federal estimado para ciencia y tecnología en el año actual representa alrededor del 0.38 respecto al PIB, mientras que el gasto en investigación y desarrollo experimental es de 0.44 del PIB.

Según adelanta el Foro en su desplegado público, los diputados de la comisión de ciencia y tecnología han elaborado un dictamen sobre la propuesta del gobierno federal y le han aumentado 8 mil 122 millones de pesos. Es decir, de aprobarse, el monto total para el sector representaría 62 mil 586 millones de pesos. Cifra mejor que la original, pero sin aproximarse mínimamente a la meta del uno por ciento respecto al PIB.

El problema es que, por una parte, no existe ninguna garantía de que el dictamen de la comisión de ciencia y tecnología sea tomado en cuenta para la elaboración del dictamen global del presupuesto de egresos de la federación. Todas las comisiones hacen llegar sus respectivos dictámenes a la comisión de presupuesto y cuenta pública y todas tienen exigencias de mayores recursos, pero pocas lograrán hacer efectivas sus consideraciones. Las posibilidades son menores para las comisiones con menor rango en el recinto parlamentario, como sería el caso de la de ciencia y tecnología.

Por otra parte, está la salvedad que establecen las mismas leyes de referencia para alcanzar la meta del uno por ciento. Tanto la ley de educación como la de ciencia y tecnología, en los artículos ya mencionados, precisan que la participación del ejecutivo federal y del gobierno de cada entidad federativa en el financiamiento, será “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Así, difícil, muy difícil.

Tampoco se advierte una preocupación especial de los gobiernos locales ni de los legisladores por las actividades científicas y tecnológicas. Los gobiernos de las entidades federativas, pese a lo que dice la norma, no incrementarán su participación para llevar la inversión en el sector al uno por ciento del PIB; tienen otros asuntos atenazantes que atender y otras responsabilidades. Los legisladores, preocupados como están en los más altos asuntos de la República y en el ya próximo año electoral, menos están para minucias.

Seguramente, como es usual, las fuerzas políticas representadas en el Congreso llevarán al límite (o más allá) los arreglos de último minuto y sesionarán sin descanso durante horas el próximo 15 de noviembre o por ahí. Bueno, sí, algún respiro se tomarán. Pero, al final, aprobarán un presupuesto, con errores, pero ni modo que en tales circunstancias no se justifiquen. Y, exhaustos, esperarán la comprensión y el agradecimiento de sus representados. Así, ni modo de exigirles.

(Publicado en Campus Milenio No. 438. Noviembre 3, 2011)

EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA

“La agenda presidencial es complicada y en cuatro años no recibimos luz verde para hacerlo, por lo que el consejo directivo de la AMC decidió organizar la ceremonia, aun sin la presencia del Presidente (quien avisó el lunes en la noche que no asistiría)” (La Jornada 19/X/2011).

Las palabras de explicación son del presidente en turno de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC): Arturo Menchaca. La ceremonia mencionada se llevó a cabo el martes 18 de este mes, con la presencia del director de Conacyt, en representación del ejecutivo federal, y el motivo era la entrega de los premios de investigación que otorga la Academia.

El premio de la AMC se otorga a jóvenes investigadores con una trayectoria destacada (hombres
menores de 40 años y mujeres menores de 43 años) en cinco áreas de las ciencias: exactas; sociales; humanidades; naturales; e ingeniería y tecnología. Una comisión, encabezada por el vicepresidente de la Academia, con ocho integrantes por cada área, se encarga de valorar las candidaturas y designar a los ganadores.

La agrupación científica considera que su premio de investigación es la distinción más importante que otorga (los galardonados reciben el reconocimiento y 100 mil pesos en efectivo) y también una de las más antiguas (se entregó por primera vez en 1961. Tradicionalmente el ejecutivo federal, en la residencia oficial, entregaba las distinciones.

Sin embargo, desde el 2008, como lo mencionó el titular de la AMC, el ejecutivo federal no
logró hacer un espacio en su agenda para entregar personalmente el premio. Los ganadores de los últimos cuatro años se fueron acumulando y de no realizarse la ceremonia de la semana anterior, seguramente la suma de premiados seguiría creciendo todavía más.

Es comprensible que la agenda del presidente esté saturada cotidianamente con múltiples y variados asuntos que demandan urgente atención, pero es difícil entender que en tres o cuatro años no lograra hacer un espacio en sus ocupaciones para entregar los premios. Entonces, la actitud presidencial puede ser considerada más bien como una muestra de desdén por la actividad de investigación o por la organización que dictamina los premios, o incluso por
ambas.

Sería muy lamentable que fuera lo primero: un desinterés por la investigación de jóvenes promesas. Recuérdese que este tipo de reconocimientos de la Academia son para científicos jóvenes que realizan investigación de punta y cuya trayectoria está, en buena medida, por delante. Tal vez un pequeño impulso a sus carreras bastaría para asegurar mejores resultados en el corto plazo.

Pero también sería grave que el conflicto estuviera localizado con la principal agrupación de
científicos en el país. La AMC concentra el mayor y más importante número de investigadores en el país: actualmente aglutina a 2 mil 272. La organización, con régimen de asociación civil, acaba de cumplir 52 años de existencia.

Originalmente, la agrupación se denominaba Academia de la Investigación Científica y solamente incluía a científicos de las áreas de conocimiento de las ciencias naturales y exactas. A partir de 1997 cambió a la denominación actual y amplió el ingreso a investigadores de las
áreas sociales y de humanidades. Quizás a ello se debe que los titulares de la organización, con contadas excepciones, han sido solamente científicos provenientes de las áreas naturales y exactas.

Ciertamente, la relación entre el gobierno federal y la AMC no ha sido tersa, particularmente en la última década. A propósito de la suficiencia de los recursos financieros para investigación básica, los espacios de interlocución o algunas iniciativas en marcha (los fondos competitivos o los incentivos fiscales) los desencuentros públicos se han hecho manifiestos.

Sin embargo, independientemente de los asuntos polémicos, relativamente recientes, lo cierto
es que la AMC es una organización importante para la gobernanza del sistema científico y tecnológico. Sin duda ha tenido una responsabilidad en la instauración de programas decisivos (becas o el Sistema Nacional de Investigadores), en las reformas del marco normativo de la actividad o en la integración del programa sectorial. No puede ser ignorada.

Tampoco es la primera vez que el ejecutivo federal se muestra con poca disposición para entregar reconocimientos. La ceremonia de los premios Nacionales de Ciencias y Artes se han retrasado por meses y el Premio México de Ciencia y Tecnología que también es anual, se ha diferido hasta por un año. Claro, en ningún caso, la renuencia se llevó cuatro años.

También vale la pena recordar la escasa asistencia del ejecutivo federal, tanto en la administración anterior como en la actual, a las sesiones del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el máximo órgano de política y coordinación del sector
que encabeza el propio presidente.

Entonces, como lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, convendría pensar en el esquema de funcionamiento del sistema y en que no puede tener como eje una figura presidencial ominisciente y omnipotente.

(Publicado en Campus Milenio. No. 437. Octubre 27, 2011)

POSGRADOS A DISTANCIA AL PADRÓN DE CONACYT

Cuatro programas de maestría no presenciales formarán parte del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Seguramente en el corto plazo irá en ascenso el número de solicitudes de ingreso de programas similares, el asunto es si la pertenencia al Padrón será el mecanismo para valorar esta oferta de estudios y cuáles serán sus implicaciones

De acuerdo a la información de Conacyt, dos maestrías del Tec de Monterrey (administración de tecnologías de la información y administración empresarial) y dos de la Universidad de Guadalajara (educación ambiental y tecnologías para el aprendizaje), las cuatro en la modalidad no escolarizada, fueron evaluadas positivamente y se integran al PNPC (Comunicado
68/11 14.10.11).

A diferencia de las evaluaciones de los programas presenciales que periódicamente práctica, en esta ocasión el mismo organismo destaca que la evaluación estuvo a cargo de expertos en educación a distancia, convocados por su dirección adjunta de posgrado y becas y por la propia SEP.

Al parecer, los expertos evaluaron ocho programas, de los cuales aprobaron los cuatro ya mencionados, rechazaron tres –entre ellos uno del Instituto Nacional de Salud Pública -- y dejaron pendiente un programa de la Universidad Da Vinci.

El PNPC, como se sabe, clasifica los programas evaluados en cuatro diferentes categorías: competencia internacional; consolidados; en desarrollo; y de reciente creación. Cada categoría, como su nombre lo indica, expresa diferentes grados de maduración de los programas y designa apoyos relativamente diferenciados, particularmente becas para los alumnos y profesores (posdoctorales y sabáticas).

En el caso de los cuatro programas a distancia recientemente aprobados, solamente la maestría en administración de tecnologías de la información del Tec de Monterrey recibió la calificación de “consolidado”, los tres programas restantes fueron ubicados como programas “en desarrollo”.

Tal vez el ingreso de los nuevos programas de posgrado abiertos o a distancia en el PNPC marcarán otra ruta en la operación del esquema. De hecho, los intentos iniciales de Conacyt al comienzo de los años noventa, se concentraron en tratar de integrar un padrón de posgrados de excelencia orientados a la investigación, para tratar de discriminar entre la oferta de posgrado que había proliferado en los años previos.

Sin embargo, para el año 2001, una década después de los primeros intentos, ante las presiones y críticas que recibió por considerar solamente en los programas de posgrado centrados en la investigación, admitió también a los posgrados orientados al desarrollo profesional. Ambos integran el actual padrón de programas.

Ahora, tal parece que otra vez por el ineludible principio de realidad, tocan a la puerta los programas abiertos y a distancia. La oferta de estos programas ha estado en ascenso desde mediados de los años noventa y seguramente será mayor en los próximos años.

En el año 2001, un diagnóstico preliminar de ANUIES y con ciertas reservas por la dificultad para localizar y procesar la información, mostró que más de un centenar de instituciones de educación superior ofrecían programas de este tipo a nivel licenciatura (Plan maestro de educación superior abierta y a distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo). El número de programas sumaba 219 y se concentraban en la región centro-sur y sur-sureste. Por el contrario, una oferta de media docena de programas de posgrado de educación a abierta, la volvían prácticamente insignificante.

En la última década, sin embargo, la educación abierta y a distancia ha tomado mayor auge, sobre todo porque se ha visto como una opción para ampliar las oportunidades educativas y elevar el indicador de la matrícula, desde la media superior hasta el posgrado.

La actual administración se propuso expresamente, en su programa sectorial, impulsar la educación abierta y particularmente en las regiones y grupos carentes de servicios escolarizados. Incluso planteó crear la “Universidad Abierta y a Distancia” para responder a la demanda de educación superior. Al final, más bien quedó en una especie de programa anunciado en el 2009.

El más reciente informe de gobierno dice que están inscritos poco más de 600 mil alumnos en educación media superior en el sistema abierto y a distancia. En el nivel superior, mixto y no presencial, suman más de 341 mil 333, de los cuales el 86 por ciento son de licenciatura, 1.6 por ciento de técnicos superiores y el 12 por ciento de posgrado (42 mil 778). Respecto del año 2000, son cifras que van en marcado aumento.

La información sobre los nuevos programas de posgrado admitidos en el PNPC no reporta si se trata de programas profesionalizantes, centrados en la investigación o una nueva orientación que marcará otro punto de quiebre en la operación del padrón de posgrados de Conacyt. Lo que parece evidente es que será insoslayable la regulación de este tipo de oferta educativa. ¿Lo hará el
PNPC? No, seguramente.

(Publicado en Campus Milenio No. 436. Octubre 21, 2011)

LAS UNIVERSIDADES DE CLASE MUNDIAL: ¿OTRA LECCIÓN DERIVADA DE LA EXPERIENCIA?

Hoy, se ha dicho, lo decisivo no es contar con una cuantiosa mano de obra barata para competir en el contexto mundial, ni siquiera son suficientes los abundantes recursos naturales de algunas naciones. Lo más importante es el conocimiento, pero de ceirto tipo. Es lo que se conoce como el paso de las economías industriales a las economías basadas en el saber.

La preocupación y el dilema se ha extendido a cómo convertirse plenamente en una economía fundada en el conocimiento, puesto que éstas se caracterizan, entre otros aspectos, por inversiones crecientes en la formación de sus recursos humanos, para la disponibilidad de profesionales y técnicos altamente calificados en la generación y aplicación de conocimientos avanzados. También en un sostenido impulso a la investigación científica y la aplicación tecnológica, así como el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Una rápida evolución de saberes y un frenético afán de innovación

Las universidades de investigación se han considerado como las instituciones emblemáticas de las economías basadas en el conocimiento y por la misma razón se han convertido en el modelo de referencia para la mayoría de las instituciones de educación superior. Parece el mejor atajo para ingresar al siglo XXI del conocimiento.

Tal vez por la misma razón, la estructura de incentivos de las políticas nacionales orientan sus programas más importantes en la dirección de la universidad de investigación, aunque el conjunto institucional esté lejos de acercarse al modelo unitalla. Además, el conjunto de rankings internacionales, con sus mediciones periódicas y la amplia difusión mediática de sus resultados, contribuyen a reforzar la aspiración por calzar el modelo.

El asunto es que no se trata de universidades de investigación comunes. Es el circuito de las universidades de investigación de élite; las de clase mundial, separadas del resto. Las que tienen entre sus filas a personal académico altamente calificado y reconocido internacionalmente –mejor si algunos son premios Nobel--, excelentes y apreciados resultados de investigación, diversas fuentes de financiamiento o una proporción importante de estudiantes internacionales talentosos.

Un reporte del Banco Mundial publicado la semana pasada trata de ilustrar cuáles son las vías por las que una universidad se puede convertir en una institución clase mundial: The Road to Academic Excellence: The Making of World–Class Research Universities. (Editado por Phillip G. Altbach y Jamil Salmi. Disponible para consulta en la página web del organismo internacional). Particularmente, hace un recuento de los casos de 11 universidades de nueve países para mostrar cuál fue su experiencia y qué camino siguieron.

El camino no es corto ni fácil, dice en la parte final: “Construir una institución de clase mundial requiere mucho más que reacciones viscerales a los rankings o infusiones masivas de dinero gubernamental. Es un complejo y dilatado proceso que sólo recientemente comenzó a prestársele atención” (p. 325).

Las 11 universidades que se incluyeron fueron: Ibadan (Nigeria); Shanghai Jia Tong; Ciencia y Tecnología de Pohang (Corea); Universidad de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Intituto Indio de Tecnología; la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong; Universidad de Malasia; la Nacional de Singapur; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México); y la Escuela Superior de Economía (Rusia).

Las diferentes instituciones fueron tratadas por diferentes autores (el caso del Tec de Monterrey, estuvo a cargo de Francisco Marmolejo), pero ubicando la correspondencia de los casos analizados con el modelo de los tres componentes que caracaterizan a las universidades de clase mundial y que propuso Jamil Salmi en el 2009 (The Challenge of Establishing World-Class Universities).

Los tres componentes son: una alta concentración de talento (tanto del profsorado como de los estudiantes); recursos abundantes para ofrecer un rico ambiente de aprendizaje y para realizar investigación avanzada; y una buena gobernanza que procure el liderazgo, la visión estratégica, la innovación, etcétera. Obviamente, los casos que ahora se reportan muestran la importancia de alinear los tres componentes que determinan el desempeño de las universidades de investigación.

Además, dice Salmi en la parte de conclusiones, hay otros “factores aceleradores” que puden jugar un papel positivo. Algunos de ellos son: el inglés como lengua principal de la institución; concentrarse en nichos de áreas de conocimiento; el uso de benchmarking como guía de orientación de la insitución; o introducir innovaciones pedagógicas, entre otros.

Sin embargo, ni los componentes ni los aceleradores son suficientes para comprender el éxito o el fracaso de las insituciones de investigación. El elemento restante es el “ecosistema de la educación terciaria” de cada país, el cual puede facilitar o constreñir a las instituciones. Nada menos. ¿Nuevas lecciones derivadas de la experiencia? Ya veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 435. Octubre 13, 2011)

CyT: LOS RECURSOS PARA EL 2012

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo parecía incluir un incremento importante en el rubro de ciencia y tecnología. Un dato encomiable, sobre todo si se considera el escaso margen de los años anteriores y la posterior enmienda de los diputados. Pero no, parece que la adición no es tal ni es, estrictamente, para el sector.

En términos generales, el PPEF que entregó el ejecutivo federal al Congreso el pasado 8 de septiembre, consideró un gasto neto total de 3.7 billones de pesos. De ese total, el gasto que ejercería centralmente Conacyt (ramo 38) sería de 21 mil 236 millones de pesos, en cifras redondas.

Además, a la cantidad ejercida por Conacyt, se añade la que canalizan otras dependencias gubernamentales u organismos autónomos a actividades científicas y tecnológicas, por tanto el gasto total previsto para el año próximo en el sector alcanzaría, globalmente, la cifra de 54 mil 464 millones de pesos.

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, en el anexo 9 del PPEF se indican los montos que destinaría cada una de las secretarías para alcanzar los 54 mil 464 millones de pesos (p. 90). Aparte de Conacyt, son 12 secretarías y los dos institutos públicos de salud (ISSSTE e IMSS) los que contribuyen al gasto en actividades científicas y tecnológicas. Aunque, en realidad, se trata de volúmenes relativamente modestos.

Por ejemplo, del monto total de 54 mil 464 millones de pesos, Conacyt tiene la mayor participación con 24 mil 425 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del total. Después, le siguen las secretarías de: Educación con 16 mil 890 millones de pesos (30 por ciento); Energía con 6 mil 513 millones de pesos (11 por ciento); Agricultura y Ganadería con 3 mil 482 millones de pesos (6 por ciento); Salud 1 mil 805 millones de pesos (3.2 por ciento); Economía 1 mil 573 millones de pesos (3 por ciento). El resto de secretarías están alrededor del uno por ciento y dependencias como Relaciones Exteriores y Turismo son las de menor participación relativa.

Las cifras detalladas tienen importancia por dos motivos. El primero es porque, como se indica en la nota del anexo 9 del PPEF, los montos que aparecen en cada una de las secretarías incluyen los recursos fiscales que recibirán y también los ingresos propios. Por la misma razón, en el anexo 1 del PPEF, el que se refiere al gasto neto total, Conacyt aparece con 21 mil 236 millones de pesos, mientras que en el anexo 9 la cifra es de 24 mil 425 millones de pesos. Una diferencia de poco más de 3 mil millones de pesos. Seguramente al final del ejercicio fiscal el monto se podría ajustar al alza o a la baja, pero no sería del todo exacto hablar de un monto preciso de variación respecto del año anterior.

El otro motivo es que existe cierta zona de incertidumbre por los rubros a los que destina el gasto de actividades científicas y tecnológicas en las diferentes dependencias gubernamentales. Esto es, no parece haber un control estricto que permita asegurar que el monto de recursos que figuran en las cifras globales en ese rubro, fue empleado en su conjunto en impulsar centralmente actividades de ese tipo, sino que alguna referencia a la ciencia y/o tecnología, por más mínima o vaga que sea, es suficiente para justificar la inclusión de cualquier tipo de práctica y de gasto.

De hecho, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro Laclette, ha señalado que es impreciso el porcentaje de incremento que se maneja en el PPEF 2012, porque incluye 3 mil millones de pesos que se utilizarán para pasar del sistema analógico al sistema digital, el llamado “apagón analógico”. (El Universal 29.09.2011). Una iniciativa en materia de telecomunicaciones que se contabiliza en el sector de ciencia y tecnología, pero que más bien está en el ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y poco tiene que ver con inversión científica.

En cambio, según el mismo funcionario del Foro, el gasto para programas sustantivos, como los fondos sectoriales, mixtos y regionales, así como el apoyo para becas al extranjero, serán minimizados en el PPEF.

Lo cierto es que en la exposición de motivos del PPEF 2012, se toma referencia la cifra de 56 mil 464 como gasto federal total en ciencia y tecnología, y de ese total 24 mil 425 millones de pesos para Conacyt (p. 5). Otro dato sería si no se consideran los recursos propios. Además, estima ejercer 5 mil 848 millones de pesos para becas de posgrado y de 2 mil 890 millones de pesos en el Sistema Nacional de Investigadores; según el mismo documento, respecto de este año, en términos reales, en el primer caso representaría un incremento de 17.6 por ciento y en el segundo 6.3 por ciento.

La discusión sobre el presupuesto va para largo. Apenas está la propuesta del gobierno federal, falta el trabajo en comisiones, el desfile de los sectores, la reforma al artículo 9 Bis, la reinstalación de los incentivos fiscales y, claro, el largo e impredecible debate en las vísperas del 15 de noviembre.

(Publicado en Campus Milenio No. 434. Octubre 6, 2011)

RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD Y ORIENTACIÓN

Si en 1990 se encontraban en las instituciones de educación superior poco más de un millón de alumnos, en la actualidad suman casi tres millones de jóvenes. Un crecimiento notable de las últimas dos décadas. Sin embargo, el esfuerzo no solamente ha sido insuficiente, puesto que hoy solamente tres cada diez jóvenes del grupo de edad logran un lugar en las aulas universitarias, al parecer la orientación y formación ofrecida también ha sido limitada.

Desde mediados de los años noventa, una buena parte de las energías del Estado mexicano para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes, se ha concentrado en la creación de opciones tecnológicas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales han crecido exponencialmente, aunque la matrícula no ha seguido la misma tendencia.

La idea general tras el impulso a la oferta de estudios tecnológicos era que al país le sobraban profesionistas liberales y le faltaban técnicos e ingenieros que ocuparan puestos de trabajo y se encargaran del progreso del país. Efectivamente, a mediados de los años noventa, a nivel licenciatura, de la diez carreras más pobladas, cuatro concentraban casi dos terceras partes de la matrícula: contaduría, derecho, administración y medicina (en orden descendente). Después estaba ingeniería industrial y en décimo lugar ingeniería civil; en el resto de carreras, las ciencias naturales y exactas tenían un volumen muy modesto.

Al concluir la administración anterior, la concentración de la matrícula persistía más o menos en las mismas cuatro profesiones, aunque derecho había saltado al primer lugar y en lugar de medicina apareció psicología. En el conjunto de las diez carreras más pobladas, ingeniería industrial conservó su quinto lugar, pero se agregaron ingeniería en sistemas computacionales, informática, educación y ciencias de la comunicación.

En 1990 la matrícula de licenciatura sumaba 1 millón 295 alumnos y de ese total, el 62 por ciento cursaba estudios universitarios y el 38 por ciento restante educación tecnológica. La estimación para el ciclo escolar más reciente indica que la matrícula es de 2 millones 795 alumnos y los porcentajes de educación universitaria y tecnológica se conservan casi de la misma forma (63 y 37 por ciento, respectivamente). Es decir, en general se incrementó la matrícula, pero la participación relativa por sector no se modificó.

Hace algunas semanas, en este espacio y a propósito de la primera generación de ingenieros egresados de las universidades tecnológicas, comentamos sobre la matrícula de estas instituciones (CampusMilenio No. 427). En particular, aludimos al equívoco del secretario de Educación Pública e incluso del mismo ejecutivo federal de confundirse con los datos para destacar el mayor volumen de técnicos superiores y de ingenieros.

En el reciente Quinto Informe de Gobierno, ya con cifras precisas, se destaca que en el último año se crearon una veintena de instituciones: 8 institutos tecnológicos; 6 universidades tecnológicas; cinco universidades politécnicas y dos universidades interculturales (p. 464). Además, puntualiza que a lo largo de esta administración se han creado 96 nuevas instituciones de educación superior y otros 50 campus de universidades ya existentes.

Sobre la matrícula de las universidades tecnológicas, el mismo Informe anota que son 131 mil 182 alumnos inscritos en estas instituciones. De ese total, poco más de 100 mil cursan carreras de técnico superior universitario y los otros 31 mil han optado por cursar estudios de licenciatura o ingeniería (cerca de 15 mil). Esto es, si se compara con los alrededor de 500 estudiantes que tenían estas instituciones cuando iniciaron funciones, es claro su incremento, aunque también su modesta proporción frente a la matrícula total y a la de ingeniería en particular.

Además, recientemente, la fundación IDEA dio a conocer un estudio encargado por la Secretaría de Economía para explorar las necesidades de capital humano (Estudio de la oferta de recursos humanos críticos para el desarrollo de sectores prioritarios para la economía de México: Hallazgos Generales).

En el reporte se pone en tela de juicio si existe o no a la cantidad suficiente de técnicos e ingenieros en México, puesto que señala el número de egresados de ingenierías como porcentaje de la población es comparable al de países más avanzados. No obstante, anota que una “gran parte trabaja en ocupaciones donde su nivel de preparación parece tener poca relevancia y su remuneración es menor de lo que podrían recibir en ocupaciones o puestos más relacionados con su educación”. Lo cual, señala el documento, podría “sugerir la presencia de un número excesivo de egresados de carreras de ingeniería en el país con respecto a las necesidades de la economía, y/o una falta de técnicos adecuadamente capacitados”.

Entonces, parece que después de dos décadas nuestro sistema creció mucho en términos absolutos, pero poco para los jóvenes demandantes y mal para las necesidades de la economía.

(Publicado en Campus Milenio No. 432. Septiembre 22, 2011)

¿SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA?

Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresaron la semana pasada una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todavía está lejana una eventual aprobación de la propuesta de reforma, incluso lo más probable es que quede como un pendiente más de la actual legislatura. Pero, a diferencia de intentos anteriores, ahora quienes impulsan la medida son los propios legisladores.

El pasado 8 de septiembre, los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete, presentaron un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). El senador Castellón es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara y ha sido promotor de algunos temas sectoriales, como las reuniones en ciertas entidades federativas, algunas de las reformas a la ley de ciencia, las telecomunicaciones y el de la agencia espacial en México. Por su parte, el senador Navarrete es el coordinador del grupo parlamentario del PRD e integrante de la junta de coordinación política del órgano legislativo.

La LOAPF, como se sabe, regula las bases de organización de la administración pública y en su artículo 26 menciona el número de secretarías de Estado que integran la estructura centralizada. Actualmente son 19 dependencias (18 secretarías y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal). Uno de los cambios que proponen los senadores perredistas es añadir un párrafo más al mismo artículo para agregar otra secretaría: la “Secretaría de Ciencia y Tecnología”.

Otro cambio es añadir el artículo 38 Bis a la misma ley, el cual describiría las funciones de la nueva estructura encargada del sector científico y tecnológico. El conjunto de funciones es coincidente con las responsabilidades de cualquier secretaría en su respectivo sector y también con lo que ya realiza Conacyt.

La serie de funciones incluyen: la formulación y conducción de las políticas nacionales en el sector; apoyar la investigación científica básica y aplicada, así como la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento; “Formular, actualizar y coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación”; responsabilidad sobre los criterios de asignación del gasto público para ciencia y tecnología; o aprobar la creación o extinción de los Centros Públicos de Investigación, entre otros.

En la exposición de motivos para justificar su iniciativa, los legisladores Castellón y Navarrete destacan que Conacyt carece de la personalidad jurídico-institucional para coordinar el sector. Esto es, indican que la desectorización de Conacyt “no ha funcionado plenamente” porque el organismo no es un sector administrativo en sí mismo; tampoco ha funcionado su Consejo General –el máximo órgano de gobierno— y que la existencia de un ramo de gasto independiente (el ramo 38), ha sido una medida positiva pero insuficiente.

La idea de crear una secretaría para ciencia y tecnología no es nueva. En tiempos relativamente recientes la planteó la Academia Mexicana de Ciencias, en igual sentido se pronunció en 2006 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, precisamente en su serie de propuestas para la elaboración del plan sectorial de esta administración. (Aunque el Foro sugirió crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, esto es, conjuntar dos sectores en una estructura).

En el 2008, la OCDE, en su revisión de la política de innovación en México, propuso mejorar las estructuras de gobernanza del sector. En particular, en la publicación definitiva de su examen, como parte de sus recomendaciones indicó que la creación de una secretaría de ciencia y tecnología era una práctica común en los países de esa organización y que Conacyt aspiraba legítimamente a cumplir tal función, pero que no había tenido los medios ni tampoco la posición institucional para lograrlo.

No obstante, la misma OCDE puntualizó: La creación de una nueva secretaría parece poco realista en la actualidad […] aunque permanece como opción válida para el futuro. En el corto plazo, la opción más factible es un consejo inter-secretarial, encabezado por el presidente (de la República) y con participación de secretarios con injerencia en la gestión y presupuesto de ciencia y tecnología. (OCDE, 2009: 24). Sin embargo, la propuesta tampoco funcionó.

Tal vez en el horizonte de elecciones federales para el año próximo, la discusión sobre el diseño institucional y organizacional de la administración pública vuelva formar parte de la agenda nacional y en ese contexto tome vigencia el de una nueva estructura para el sector científico y tecnológico.

Por lo pronto, la propuesta de los senadores perredistas fue remitida a comisiones y seguramente no saldrá de ahí en lo que resta de esta legislatura. No obstante, a la par de una preocupación por el diseño institucional, quizás debiéramos acordar el punto de llegada de nuestro sistema científico y tecnológico en el mediano plazo y las coordenadas en las que se movilizará. Es una discusión necesaria y previa a las estructuras que lo conducirán, pero que parece extraviarse en los laberintos organizacionales.

(Publicado en Campus Milenio. No. 431. Septiembre 15, 2011)

RESPALDO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las cuentas del Quinto Informe de Gobierno en materia científica y tecnológica no son buenas, sostuvimos aquí la semana anterior. Sin embargo, también indicamos que la excepción podría estar en dos líneas, una de ellas es el respaldo a la formación de recursos humanos. Veamos con mayor detalle las cifras.

En el Informe, en el apartado sobre “economía competitiva y generadora de empleo”, se destaca el persistente apoyo a los estudiantes mexicanos a través del programa de becas para estudios de posgrado. Efectivamente, lo hemos reconocido en este espacio en numerosas ocasiones, el programa de becas de Conacyt es una de las iniciativas más benevolentes y de mayor continuidad en el conjunto de políticas de las últimas cuatro décadas.

A pesar de que el programa de becas ha tenido sus vaivenes según los ritmos de las recurrentes crisis –el más reciente en el 2009 cuando se intentó diferenciar el monto de beca según la clasificación del programa cursado--, lo mismo que equívocos que no siempre han sido corregidos con la debida celeridad y una base de datos desordenada que apenas en la última década comenzó a tener certeza de sus números. Pero también ha permitido la formación de numerosas generaciones de recursos humanos de alto nivel. Hoy la mayoría de los graduados se desempeñan en las instituciones de educación superior.

De acuerdo a las cifras del reciente Informe, para el cierre del mes de diciembre de este año espera otorgar 54 mil 566 becas para estudios de posgrado; casi una cuarta parte del total de la matrícula nacional de este nivel. La matrícula para este nivel en el ciclo escolar 2010-2011 sumaba 208 mil alumnos, de los cuales 144 mil eran de maestría, 23 mil de doctorado y el resto de especializaciones.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la matrícula nacional de posgrado es el notable avance en las últimas dos décadas de los alumnos en instituciones particulares, más que en cualquier otro nivel. Al inicio de los años noventa, la participación relativa de la matrícula particular era de 20 por ciento, en el reciente ciclo escolar que concluyó la participación ya era de 51 por ciento.

Esto es, la matrícula del posgrado de instituciones particulares pasó de 9 mil en 1990 a 105 mil en este año. Tomemos como referencia que para el mismo periodo, a nivel licenciatura, la matrícula particular pasó de 198 mil a 804 mil alumnos. En el primer caso la matrícula se multiplicó por 12, mientras que en el segundo se cuadruplicó.

El requisito de elevar el nivel de calificación escolar del personal que se desempeña en las instituciones de educación superior, también impulsó la demanda de estudios de posgrado y una parte ha sido captada por las instituciones particulares. Por la misma razón se expandió la oferta de programas de posgrado.

Las cifras del Informe señalan que actualmente existen 7 mil 720 programas de posgrado registrados –y seguramente habrá otros más que no lo están--. Del total de programas registrados, 1 mil 305 programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Es decir, solamente alrededor del 17 por ciento del total programas están dentro del Padrón. Desafortunadamente, las cifras del Informe no precisan el volumen de matrícula, según condición de pertenencia del programa al PNPC.

Otro de los datos que reporta el Quinto Informe de Gobierno es que Conacyt estima sostener 39 mil 342 becas en este año. De ese total, 36 mil 422 son becas nacionales y el resto para estudios en el extranjero. Esto es, solamente una de cada diez becas son para estudiar fuera de México. Hace una década eran dos de cada diez.

La disminución de becas al extranjero tuvo un primer punto de inflexión en el 2001, año en el que comenzaron a disminuir los apoyos paulatinamente hasta el 2006 (la baja fue de poco más de 500 becas). En el 2007 tuvo un ligero repunte, pero al año siguiente otra vez volvieron a disminuir. Actualmente la estimación es de poco menos de 3000 becas, cifra que todavía no alcanza las que había en el 2001.

El volumen de becas para estudiar en el extranjero es importante, pero relativamente modesto si se toma como punto de referencia el total de becas otorgadas. Sin embargo, quizás lo más importante es si la orientación en uno u otro sentido responde a una decisión deliberada por la confianza en los programas nacionales, como en algún momento se ha dicho. O bien, es una medida obligada por el constreñimiento de los recursos financieros. Las evidencias indican que más bien se trata de lo segundo.

Hace un par de semanas, a propósito de la internacionalización educativa, comentamos en este espacio la medida anunciada por el gobierno brasileño de otorgar 75 mil nuevas becas para que sus estudiantes se formen en el extranjero (Campus Milenio No. 428). Sin embargo, la mayoría de esas becas son para estancias de un año, no para cursar el grado completo.

Los datos del Informe no desagregan la información, no se sabe cuántas de las becas reportadas son nuevas becas y si es el caso que están contabilizadas como becas los apoyos para estancias cortas en el extranjero, modalidad que recientemente se ha impulsado.

El apoyo a la formación de recursos humanos es sostenido, pero como se puede apreciar tiene sus bemoles.

(Publicado en Campus Milenio No. 430. Septiembre 8, 2010)