Agenda legislativa 2021-2024: rezagos y prioridades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 913. 26.08.2021)

 

 

Esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó las 200 diputaciones de representación proporcional a las siete principales fuerzas políticas. Si el Tribunal Electoral las ratifica, se sumarán a las 300 de mayoría relativa, con lo cual quedará definida la composición total de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024. 

 

Las 500 curules, según informó el INE, se distribuirán de la siguiente forma: Acción Nacional 114; Revolucionario Institucional 70; de la Revolución Democrática 15; del Trabajo 37; Verde Ecologista 43; Movimiento Ciudadano 23; y Morena 198. Este último partido será la primera minoría en la Cámara, aunque, comparado con lo que tenía, la reducción es significativa. Pasará de tener el 50.4 por ciento al 39.6 por ciento.

 

Si Morena añade los asientos del Partido del Trabajo y del Verde, lo cual parecería obvio, porque son partidos que integraron la alianza Juntos Hacemos Historia en las pasadas elecciones, entonces sumarán el 55.6 por ciento del total. O sea que tendrán mayoría simple (la mitad más uno), pero no mayoría calificada (dos terceras partes), como la que logró en el periodo que está por concluir.

 

Una mayoría simple es mucho, porque es suficiente para resolver casi todos los asuntos en el Congreso, desde las formas de trabajo y organización hasta la aprobación de leyes secundarias, como el presupuesto de egresos de la federación que está por discutirse o las leyes secundarias. La mayoría calificada, sin embargo, es necesaria no solamente para aprobar las complicadas reformas constitucionales, también entra en operación cuando ya transcurrió el plazo para dictaminar una iniciativa y el dictamen correspondiente no se presenta.

 

No es sencillo anticipar el comportamiento del conjunto y menos las alianzas que se tejen o las que se desintegran en el Congreso. Todo está sujeto a negociación e intercambio, al cobro de afrentas, a las compensaciones, a los atisbos del futuro personal y del grupo de referencia. Por eso, a la hora de las votaciones, algunos votos no encajan en lo que se había previsto. 

 

La composición de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024, según difundió en redes sociales Adriana Favela Herrera, consejera del INE, sumó siete mujeres más, respecto del que ahora concluye. Y sí, las mujeres representarán 49.6 por ciento y los hombres el 50.4 por ciento de las diputaciones. El PRD y Morena serán los partidos con mayor diferencia a favor de mujeres en el número de sus escaños.

 

Los pendientes de la legislatura que concluye son muy variados. El balance que presentó Dulce María Sauri, presidenta la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, muestra que quedan 46 pendientes, de los cuales solamente cinco están en tiempo, los 41 restantes están vencidos, algunos desde 2014 (Boletín No. 6817 10.08.2021).

 

Los asuntos que seguramente estarán a la cabeza de la agenda: a) ley reglamentaria de revocación de mandato; b) las leyes generales de: Personas Jóvenes, Movilidad y Seguridad vial; Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales; y Ciencia, Tecnología e Innovación; y c) la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que está pendiente desde 2014.

 

Seguramente están otros temas, como las polémicas reformas electorales que podrían impulsarse, las adecuaciones normativas en materia de seguridad y justicia, el Código Único en materia Familiar y Civil, o bien, la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Además, deben añadirse los temas que tienen comprometidos y de mayor interés para cada grupo parlamentario. Sí, sobran los asuntos a legislar.

 

El gran pendiente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, desde diciembre del 2020, es la ley general del sector. Seguramente no es el tema que más preocupa en el Congreso, pero su ausencia de casi un año está causando estragos en la interpretación y aplicación de ordenamientos secundarios del sector por la discrecionalidad que ha propiciado. Ni se observa la todavía ley vigente ni está lista la nueva norma. Ahora, al menos, esperemos que el diseño sea satisfactorio.

 

Otro tema de la agenda del sector es la explicación pública de algunas decisiones y compromisos del Conacyt. Las comisiones en el Congreso están facultadas para solicitar información o documentación a las dependencias de la administración pública federal sobre los asuntos de su competencia y éstas deben proporcionarla.

 

De hecho, el senador José Alberto Galarza solicitó la comparecencia de la titular del Conacyt para que explicara por qué no hubo becas al extranjero en este año en áreas prioritarias. También está el dictamen de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, del mes pasado, para que el Conacyt informe detalladamente sobre los protocolos de investigación y resultados de la vacuna Patria. A la fecha no hay información oficial y no solamente en estos temas.

 

La agenda está recargada, algunos pendientes ya suman años y los legisladores tendrán que trabajar a marchas forzadas para equilibrar rezagos y prioridades. Aunque también está el incentivo de la reelección y, desde luego, un mayor escrutinio social sobre su actuación.

 

Pie de página: Las negociaciones para un Contrato Colectivo de Trabajo entre el Conacyt y los trabajadores del programa Cátedras se están tensando y pronto veremos en acción los recursos estratégicos.

Tristísima y lamentable inestabilidad

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus 912. Agosto 18, 2021. Pág. 4)

 

El testimonio de Daniela Guzmán (@Kerrigan21) en Twitter es elocuente y exhibe los preocupantes rasgos en la gestión del sistema científico y tecnológico: improvisación, enojo e inestabilidad. Ella es integrante del programa Cátedras Conacyt y el pasado 12 de agosto anotó en esa red social:

 

-Hace unos días, me enviaron un fragmento de los "nuevos estatutos académicos" donde decía algo muy fuerte, pero pensé, no, debo ir a la fuente oficial, escribí un correo de cátedras... solicitando dichos documentos, y me acaban de responder, con los estatutos académicos y ¿Cuál es mi enojo?, que los cambiaron abismalmente, ahora te exigen estar en cierto nivel del SNI.

 

El documento al que se refiere Daniela es el nuevo Estatuto del Personal Académico del Conacyt. Una norma que fue actualizada y aprobada por el Comité Directivo del programa Cátedras en su sesión del pasado 29 de junio, según se aclara en el mismo estatuto. Sin embargo, la existencia de ese documento permanecía en el anonimato. ¿Quién integra el Comité Directivo? Un órgano interno del organismo, lo preside la dirección del Conacyt y cuatro titulares que le siguen en el organigrama (dos direcciones adjuntas, la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, así como la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores).

 

La queja de Guzmán era porque, cuando se integró como catedrática, el estatuto indicaba que debía participar al menos a nivel de candidato al SNI, máximo dos años después de ingresar a la Cátedra, y después tendría que permanecer de forma continua en el Sistema. Ahora, sin embargo, el estatuto no solamente solicita ingresar y permanecer, también subir de nivel cada determinado tiempo: nivel I después de seis años y nivel II después de una década.

 

En fin, el enojo y la tristeza, dijo Guzmán, no era por un asunto de capacidades personales, sino por “sentir que estás en un lugar donde sientes que no quieren que estés, entonces cada vez te la ponen más difícil. Tristísimo”. La manifestación pública sobre lo que estaba ocurriendo generó múltiples adhesiones y comentarios en redes sociales.

 

Al día siguiente de su inconformidad, según volvió a expresar Daniela en Twitter, fue convocada por el maestro Carlos Martínez, subdirector de Evaluación y Seguimiento de Cátedras, a una reunión en la que le explicó que los nuevos estatutos no aplicarán para las personas que ya están activas, solamente serán para las nuevas plazas de las Cátedras. Fin de la historia.

 

El problema, sin embargo, no está resuelto, porque no hay ninguna certeza de que así serán las cosas. Para empezar, la directora de Conacyt había dicho, al comienzo de su gestión, que suprimiría el programa de Cátedras, luego de las protestas dio marcha atrás, pero también advirtió que no crecería más el programa. Y sí, en lo que va del periodo, no se han emitido nuevas convocatorias. Entonces, ¿para qué los nuevos estatutos si no habrá incorporaciones nuevas? Además, a la par está en marcha la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo.

 

En segundo lugar, una y otra vez, las declaraciones van por un lado y los hechos en sentido opuesto. ¿Usted recuerda las acusaciones del inicio del periodo? ¿La enorme suma de transferencias de recursos públicos a entidades privadas del sector que serían motivo de denuncias y responsabilidades? ¿Conservar el presupuesto a la par o por arriba de la inflación? A la fecha no hay nada.

 

Tampoco están, más de un año después, las aclaraciones sobre corrupción y manejo opaco de los fideicomisos en el sector. Lo mismo con el sí, pero después no, para preservar los fideicomisos imprescindibles que habían acordado Hacienda, Función Pública y el Conacyt. Ni siquiera salvar de afectaciones a instituciones, proyectos y becarios, como lo han expresado los Centros Públicos de Investigación, los becarios del fondo Sener-Conacyt o los proyectos de fondos sectoriales y mixtos.

 

En tercer lugar, la inestabilidad y laxitud de las normas. La nueva ley general del sector debió aprobarse, a más tardar, en diciembre del año pasado, pero todavía ni siquiera proyecto existe. Sin embargo, eso no ha impedido que se modifiquen y apliquen ordenamientos secundarios del sector.  

 

Nada menos, cambios en el estatuto orgánico del Conacyt han implicado modificaciones importantes en la composición de los órganos de dirección y consulta. ¿No tienen importancia? O bien, la modificación al reglamento del SNI con efectos retroactivos porque un día establece que los cambios en los criterios de evaluación entrarán en vigor después de un año, luego emite la convocatoria de ingreso, al día siguiente del cierre, deroga el artículo y avisa que los cambios tendrán vigencia inmediata. ¿Tampoco tiene importancia?

 

Ni hablar de las oscilaciones para entregar incentivos económicos a los investigadores de instituciones particulares, con independencia de lo que dice el ordenamiento. En fin, para acabar pronto, a la fecha, el Peciti no existe, es el programa que por normatividad debe guiar desde el comienzo las acciones y la planeación del sector. Total, no parece un asunto relevante.

 

Pues sí, no solamente es un tema de comunicación, hay motivos para la tristeza, el enojo y la frustración.

 

Pie de página: Profesores de las nuevas Universidades para el Bienestar Benito Juárez se manifiestan públicamente por despidos injustificados. ¿Las primeras grandes grietas del proyecto? Veremos. 

"Caminito de la escuela": ¿es esencial?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 911. 12.08.2021)

 

Una vez más, como país, no sabemos qué hacer con los servicios educativos en medio de la contingencia sanitaria en curso. La agenda gubernamental para el sector quedó agotada con la reforma del artículo 3° constitucional de mayo de 2019. Desafortunadamente, la realidad ha terminado por imponerse, las autoridades no pueden seguir improvisando, ignorar información elemental y esperar que, sin más, sus postulados se conviertan en hechos.

 

La disyuntiva sobre qué fórmula es mejor para el funcionamiento de los sistemas educativos, cuando la pandemia sigue en ascenso, no ha sido sencilla para ningún país en el mundo. Sin embargo, no todos cruzan por las mismas condiciones y ciertamente, América Latina no ha sido un ejemplo y México todavía menos.

 

Desde marzo del 2020 hasta febrero de 2021, el primer año de despliegue del coronavirus a nivel mundial, Panamá sumó 211 días con sus planteles educativos cerrados (de educación básica a media superior), a la cabeza de la lista del total de naciones de las que se disponía información (Unicef. COVID-19 and School Closures: One year of education disruption, 2021). No estaba solo, en orden descendente, otros países lo seguían: El Salvador (205); Bangladesh (198); (Bolivia (192); Brasil (191); Costa Rica (189); Kuwait (181); y México (181). Seguían en la lista otras naciones, principalmente centroamericanas.

 

Según mostró el reporte de Unicef, de los 14 países que mantuvieron mayormente cerradas sus escuelas de los niveles indicados, dos terceras partes eran de la región latinoamericana. Tal parece que la región no solamente es una de las más desiguales en el mundo, también comparte una misma posición sobre el tema educativo.

 

En México, en efecto, a partir del 24 de marzo del 2020 se decretó “suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020” (DOF. 24.03.2020). También por decreto quedaron enlistadas las cinco actividades que estarían consideradas como esenciales: las relacionadas con la emergencia sanitaria; seguridad pública; sectores fundamentales de la economía; los programas sociales del gobierno; y las de infraestructura crítica (DOF. 31.03.2020). No, la educación no fue esencial.

 

Llegó abril del 2020, la pandemia no cedía, se extendió el cierre de actividades no esenciales un mes más y al término, cuando uno de los picos de la contingencia parecía descender, vino la estrategia para la reapertura de algunas actividades conforme el establecimiento de colores del semáforo epidemiológico por regiones. Las escuelas, se indicó en el Acuerdo correspondiente, solamente podrían operar cuando el semáforo estuviera en color verde (DOF. 14.05.2020).

 

Sin embargo, las semanas fueron meses, de junio del 2020 a junio de este año, no hubo clases presenciales, a pesar de las varias entidades que permanecieron en semáforo con luz verde y de las voces de especialistas, organizaciones y grupos de padres de familia que clamaban por un retorno escalonado y seguro.

 

La excepción fueron el centenar de escuelas primarias abiertas en Campeche en abril de este año, más por razones políticas que educativas, pero fue un breve episodio. Luego en junio, casi al final del pasado ciclo escolar, vino el intento oficial por el retorno a las clases presenciales. Un regreso relativamente accidentado e improvisado. La Sep informó que, casi en la mitad de las entidades federativas, abrieron 24 mil escuelas (menos del 10 por ciento del total de planteles) y asistieron alrededor de 1.6 millones de estudiantes (menos del 5 por ciento del total) (Boletín113. 07.06.2021).

 

Una de las principales razones para continuar con el cierre de escuelas ha sido la seguridad sanitaria. También de ahí la proviene la anticipada vacunación del personal docente y administrativo. No es nada insignificante la cantidad de maestros y alumnos del sistema educativo nacional; suman alrededor de un tercio del total de la población.

 

Sin embargo, salvo las vacunas para el personal, la educación no ha sido prioridad en la contingencia sanitaria, ni siquiera los niños y jóvenes en condiciones desfavorables que carecen de dispositivos tecnológicos o de conexión a internet para acercarse a la educación a distancia. Nada. Las iniciativas se limitaron al programa “Aprende en casa” y las escuelas quedaron supeditadas a un irrelevante semáforo epidemiológico.

 

Los modelos únicos para el retorno a la escuela, la improvisación o las órdenes a rajatabla no funcionan en el sector educativo. Hace falta una estrategia nacional que logre diferenciar entre niveles educativos, régimen de sectores, zonas geográficas, condiciones sanitarias del personal e infraestructura de los planteles. Una estrategia que recupere los elementos que la experiencia nacional e internacional han consolidado: la vacunación, el uso de cubrebocas, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios, el porcentaje de los aforos, las pruebas y seguimiento de contagios, entre otros.

 

En fin, la reforma del artículo 3° constitucional estableció como prioridad el “interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, tanto como la gratuidad y obligatoriedad del servicio. Menos fácil es allanar ese camino para que los enunciados se hagan realidad.

 

Pie de página: El sindicato del programa Cátedras Conacyt comenzó esta semana la negociación de su contrato colectivo de trabajo con el organismo. Pendientes.

¿Partidos políticos financiarán al Conacyt?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 910. Agosto 5, 2021. Pág. 4)

 

El monto podría ser menor y tal vez no llegará pronto, pero 1,200 millones de pesos es una cantidad de dinero bastante respetable, sobre todo ahora que los recursos públicos, a pesar de que son estirados al máximo, alcanzan para muy poco. La cifra proviene de las sanciones a los partidos políticos en este año y, por norma, debe ser entregada al Conacyt.

 

La iniciativa de canalizar el dinero de las multas al Conacyt surgió de un partido político hace más de 15 años, bajo el razonamiento de que, si los institutos políticos torcían las normas, por lo menos que el dinero recaudado de las sanciones sirviera a un noble fin. Los primeros años hubo complicaciones normativas, por el concepto mismo de sanción o multa, luego vinieron las protestas de los partidos.

 

Siempre hay que aguardar la resolución de las inconformidades de los partidos para tener certeza sobre el monto definitivo, los fondos no pasan directamente al Conacyt, deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación y, posteriormente, a trancas y barrancas, llegan al organismo. Por cierto, como cada año lo indica el Presupuesto de Egresos de la Federación, el organismo de ninguna manera debe destinar esos recursos a gastos de operación, como al comienzo intentó hacerlo, tiene que canalizarlos actividades sustantivas, como proyectos o becas.

 

Al inicio, las sanciones sumaban unos cuántos millones, pero la cantidad se ha incrementado de forma notable. El monto es mayor en año de elecciones federales o intermedias: en el 2018, por ejemplo, las sanciones alcanzaron un volumen de 872 millones de pesos; en el 2019 de 582 millones; y el año pasado de 563 millones. El Instituto Nacional Electoral informó que en este año, en cifras redondas, la cantidad es de 1,204 millones de pesos (INE.361/23.07.2020).

 

Todos los partidos políticos tienen sanciones, en números cerrados: Morena 373 millones de pesos; Fuerza por México 103 millones; Redes Sociales Progresistas 101 millones; PRI 94 millones; PAN 88 millones; PT 86 millones; Verde Ecologista 85 millones; MC 73 millones; Encuentro Solidario 55 millones; PRD 43 millones. O sea, en total: 1,101 millones de pesos de partidos nacionales y otros 103 millones de partidos locales.

 

La distinción entre partidos nacionales y locales tiene importancia porque la “Ley general de instituciones y procedimientos electorales” (Legipe) desde el 2014 estableció que los recursos derivados de las infracciones serían destinados al Conacyt cuando la sanción fuera impuesta por autoridades federales y para los organismos estatales de ciencia cuando fuera por autoridades locales.

 

En fin, los más 1 mil millones de pesos ¿qué tanto representan en un organismo como el Conacyt? Tómese en cuenta que este año, a pesar de que recibió poco más de 26 mil millones de pesos, la eliminación de fideicomisos, la austeridad y la escasez de fondos han sido el argumento principal para disminuir becas, proyectos o la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

 

Por ejemplo, aunque hace casi un año, en el segundo informe de gobierno, se reportaba que Conacyt había entregado 1,709 becas a mujeres madres jefas de familia, todavía el mes anterior no entregaba nada. El apoyo es de tres mil pesos mensuales durante tres años (más otros dos mil pesos para cada inicio de ciclo escolar), pero la demora para entregar la beca ya alcanzaba más de medio año. Entonces, ya podremos tener una idea de lo que podrían representar los fondos derivados de las sanciones para este programa.

 

O bien, según los propios cálculos de la autoridad del sector, los incentivos que otorga el Conacyt a investigadores de instituciones particulares suman alrededor de 125 millones de pesos anuales. No obstante, como seguramente usted lo recuerda, el organismo notificó que ya no otorgaría más esos estímulos a partir del año próximo, modificó el reglamento del SNI y los investigadores del sector privado quedaron excluidos. Si los recursos adicionales se dirigieran a ese programa lo podrían financiar durante casi una década.

 

Un cálculo más: los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), esa nueva iniciativa de la actual administración para financiar proyectos de investigación, tiene un techo presupuestal de alrededor de 224 millones de pesos e incluye poco más de 300 propuestas de proyectos. El monto de las sanciones podría quintuplicar el presupuesto y las propuestas.

 

En fin, unos recursos financieros extra parece que pueden hacer toda la diferencia en el sostenimiento de los programas del Conacyt. Lo paradójico es que los recursos provengan de comportamientos ilegales de los partidos políticos. Tal parece que, mientras más irregularidades cometan, tanto mejor sería para el Conacyt y para la estabilidad de sus iniciativas. Mal por el lado que se le vea.

 

Pie de página: La Conamer aprobó la derogación del artículo 34 del reglamento del SNI. No tenía argumentos para justificar una mejora regulatoria, ni siquiera mayor transparencia, tampoco mejores costos o grandes beneficios. Y, sin embargo, lo derogó. // El periodo de turbulencia sigue en los centros públicos de investigación: Sergio López Aylllón renunció a la dirección del CIDE, precisamente a la mitad de su segundo periodo en el cargo.