CPI: Normas en el naufragio

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 889. Febrero 25, 2021. Pág. 4) 

 

Hace ya casi dos años, poco mas de tres mil integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPI) solicitaban públicamente que no se les aplicara la normatividad como si fueran una entidad más de la Administración Pública Federal, “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta” (15.05.2019).

 

La solicitud no solamente fue ignorada, tampoco fue tuvo eco la propuesta de diseñarles un marco jurídico propicio para el desarrollo de sus actividades. Ahora, una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los CPI y añadir otro elemento más a la inestabilidad de esos mismos centros.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, los CPI buscaban que el memorándum presidencial de austeridad republicana no los incluyera. El documento del ejecutivo federal no era un decreto de ley –esa vendría después--, pero tenía la capacidad de instaurar obligatoriamente en todos los organismos descentralizados y paraestatales una serie de restricciones sobre el presupuesto asignado.

 

Los CPI no forman parte de la administración pública centralizada, como las diferentes secretarías de Estado, pero sí los incluye porque normativamente están definidos como entidades paraestatales que apoyan al ejecutivo federal (Campus No. 806). En este caso el objetivo estratégico de los centros es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

 

Por la misma razón, el personal de los CPI no estaba de acuerdo en una reducción, respecto a los montos aprobados para 2019, del 30 por ciento en el gasto de operación o de 50 por ciento en partidas destinadas a congresos, pasajes y viáticos al extranjero, entre otros aspectos. Sin embargo, no escaparon a los recortes.

 

Al año siguiente, otra vez en mayo, pero del 2020, vino de nuevo un clima de incertidumbre por la iniciativa de ley para eliminar los fideicomisos públicos. Estos últimos representaban uno de los principales instrumentos de financiamiento y operación en el terreno de las instituciones científicas y tecnológicas.

 

Lo más perturbador fue que la primera iniciativa de ley eliminó diversos fideicomisos pero dejó a salvo poco más de un centenar. Ahí quedaron preservados los fondos que ejercía centralmente el Conacyt, también los 26 fideicomisos de los CPI y otros más de destinados a migrantes, cine, deporte y periodismo, entre otros.

 

Poco duró la tranquilidad porque meses después, en octubre del 2020, el Senado, en una ríspida sesión, ratificó la eliminación de todos los fideicomisos públicos, incluyendo los que operaban los CPI y que habían causado tantas protestas meses antes.

 

Según la más reciente relación de entidades paraestatales de la administración pública (DOF. 14.08.2020), los CPI suman 27 entidades: 25 centros y dos fideicomisos. Aunque estos dos últimos (Infotec y Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos) ya no debiéramos contabilizarlos porque seguramente quedaron eliminados.

 

La creación de los CPI comienza principalmente en los años de 1970 (el Inaoe primero y luego siguieron el Ciesas, el Cicese, el Cide, entre otros) y el último es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, establecido en el año 2000. Todos son entidades paraestatales pero tienen diferentes figuras jurídicas, como asociaciones y sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso una sociedad anónima (Corporación Mexicana de Investigación en Materiales).

 

Actualmente, alguna sede o subsede de los centros está presente en casi todo el territorio nacional, la excepción son los estados de Morelos y Colima. En general, han representado un respaldo al desarrollo regional y algunas veces la única presencia de investigación (“Sistema de CPI Conacyt”).

 

El sistema de CPI ha sido altamente competitivo y dinámico. Realizan una importante labor en investigación: publican más de tres mil artículos anuales, llevan a efecto una cantidad similar de proyectos y tienen casi dos mil integrantes del SNI. Por eso se dice que representan la segunda fuerza nacional en investigación y desarrollo tecnológico. También atienden a cerca de diez mil alumnos de posgrado y la mayor parte de sus programas están acreditados en el Padrón de Posgrados.

 

Los CPI son un sistema consolidado; edificado paulatinamente en los últimos 50 años. No obstante, las restricciones presupuestales que se le han impuesto, la pérdida de su principal instrumento de operación y la persistente ambigüedad normativa de su conducción, minarán la base de su institucionalización.

 

Además, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los centros: trasladarlos del Apartado A al Apartado B del artículo 123 constitucional. Así, en adelante, serían  considerados como personal de confianza y expuestos a una mayor vulnerabilidad laboral.

 

El fallo todavía está pendiente, pero la incertidumbre e inestabilidad institucional son ingredientes perfectos para naufragar en la tormenta.

 

Pie de página: Pendientes de las aclaraciones del Conacyt a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

SNI: estrechez e improvisación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 888. 18.02.2021--)

 

El reciente episodio sobre la posible reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ratifica una accidentada planeación que rige cuando más para el día siguiente y un horizonte limitado para proponer cambios en el terreno científico y tecnológico.

 

En realidad, no hay ninguna certeza sobre las modificaciones que proponen las autoridades del sector para el  SNI. Y estamos hablando de uno de los programas clave del Conacyt y de todo el sistema de investigación del país.

 

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, escribió en su cuenta personal de Twitter hace casi un mes: “En los próximos meses veremos una refundación del #SNI, para cambiarlo de un sistema individualista, meritocrático y competitivo a un sistema que realmente estimule el trabajo colaborativo y el trabajo científico de muy alto rigor, y también incida en los grandes problemas de la nación” (22.01.2021).

 

La palabra “refundación” sonó fuerte, pero como se trataba de un tuit, no mereció mayor atención pública. Por cierto, cada vez es más frecuente que las decisiones o declaraciones de los funcionarios públicos solamente aparezcan en las redes sociales y es difícil encontrar esas mismas declaraciones ratificadas en boletines o comunicados oficiales. Añadamos que también se ha vuelto una tarea insufrible encontrar información básica en las páginas electrónicas gubernamentales.

 

En fin, el asunto es que después de aquel tuit, vino la filtración de un documento la semana pasada, otra vez el medio fueron las redes sociales, a partir de lo cual se han desatado múltiples especulaciones sobre el destino del programa. El texto que ha circulado no es propiamente un proyecto de reforma, son una docena de láminas de una presentación en “Power Point” en formato “pdf”, así que su contenido es sintético y sumamente limitado, pero sí tiene por título “Refundación del SNI”.

 

Al parecer las láminas corresponden a una exposición realizada por Mario de Leo, actual director del SNI, a personalidades que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Estas personalidades, hasta hace poco, integraban de forma voluntaria y honorífica lo que se conocía como el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), un órgano que al instaurarse en 1989 asesoraba al ejecutivo federal, luego perdió relevancia y quedó como instancia de consulta del Conacyt sobre las políticas y prioridades para el sector.

 

Actualmente no se sabe qué lugar ocupa el CCC en el funcionamiento institucional del Conacyt, porque a pesar de que no se ha aprobado una nueva ley general –debió estar lista el pasado mes de diciembre, pero todavía ni siquiera se discute el anteproyecto—, múltiples organismos intermedios o de apoyo han sido modificados o han quedado relegados.

 

Total, una de las suposiciones es que el texto filtrado lo presentó De Leo a investigadores distinguidos al final del mes de enero. Sin embargo, lo sorprendente es que ninguna autoridad del Conacyt, a pregunta expresa, ni el día de la filtración ni después, ha confirmado o desmentido las propuestas que ahí se expresan.

 

¿Tiene sentido discutir esas posibles modificaciones al SNI? No. Definitivamente no hay forma de argumentar sobre propuestas incompletas y de las que nadie se responsabiliza. Tal vez lo más lamentable es que la improvisación se ha vuelto el mecanismo recurrente para buscar cambios relevantes.

 

Seguramente usted recuerda lo ocurrido con la idea inicial de instaurar un modelo de evaluación cualitativa en el SNI o los cambios en la organización de sus comisiones dictaminadoras, la modificación de su Consejo de Aprobación, la rectificación de suprimir el SNI para las instituciones particulares e incluso la propuesta de donar un mes de incentivos del SNI que luego fue retirada. Las propuestas no parecen conducidas por una reforma coherente, mucho menos discutida y acordada colectivamente. Todo se asemeja a una improvisación para resolver el momento.

 

Lo más perturbador es que no solamente se trata de un mecanismo utilizado en un área o en un programa, el sector mismo parece regirse por la inmediatez y un horizonte estrecho. Así fue con el financiamiento para Conacyt, la relación con el sector privado, los fideicomisos, el anteproyecto de ley general, el inexistente programa especial, los modelos matemáticos o los ventiladores mecánicos.

 

Una auténtica paradoja, porque la pandemia, si algún efecto ha tenido en las decisiones de gobierno de mediano y largo plazo en la mayoría de naciones en el mundo, es traer a la cabeza de prioridades la ciencia y la tecnología. Incluso, en México, antes de la contingencia sanitaria, en el inicio del actual periodo gubernamental parecía que había llegado la hora de las transformaciones ambiciosas y de gran alcance en el terreno de la ciencia y la tecnología.

 

Después de todo, María Elena Álvarez Buylla, la directora del Conacyt, hablaba de una reestructuración estratégica del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. Ella misma era reconocida públicamente porque recibió el Premio Nacional en Ciencias 2017 en el Campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

 

No obstante, sea el SNI o cualquier otra iniciativa, lejos de proyectar a un plano nacional la coordinación del sistema científico y tecnológico, cada vez estrecha más su campo de acción e improvisa en mayor medida.

 

Pie de página: Ahí viene otra fuerte sacudida para los Centros Públicos de Investigación, primero quedaron eliminados los fideicomisos (uno de sus principales instrumentos de financiamiento) y ahora está la iniciativa de modificar la regulación laboral de sus trabajadores (pasarlos del Apartado A al Apartado B).// La Alcaldía Iztapalapa de la CDMX, como una “forma más de apoyar a la población durante la contingencia sanitaria”, entrega un paquete con tres medicamentos homeopáticos “para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades  respiratorias” (12.02.2021).

Médicos: ¿qué profesionales necesitamos?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 887. Febrero 11, 2021. Pág. 4) 

 

La reciente atención pública sobre los médicos, su formación, condiciones laborales, becas e imprescindible labor, no llegó con la crisis de salud desatada por la pandemia en curso. El tema ya estaba en la arena pública desde la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Si acaso, el coronavirus atrajo reflectores más potentes sobre nuestro sistema de salud, eso sí.

 

Los médicos son uno de los engranes de mayor precisión en el complejo mecanismo de funcionamiento del sistema de salud. Un sistema en el que ejecutan el papel más relevante, pero cuyo desempeño dependerá de sus capacidades técnicas, la gestión correcta, la infraestructura hospitalaria, el personal de apoyo o los medicamentos necesarios. Lo sorprendente es que en menos de dos años pasamos de un énfasis en la necesidad de médicos generales a una imperiosa necesidad de médicos especialistas. ¿Qué profesionales de la medicina necesitamos?

 

Las crisis, como la  pandemia que hoy padecemos, son relativamente inciertas en su evolución, pero también son ventanas de oportunidad para tomar decisiones y poner en marcha iniciativas que de otro modo no tendrían lugar. El problema es si las decisiones que se toman son las correctas o no, sobre todo en escenarios inestables, con recursos escasos y horizontes temporales limitados.

 

Ningún político en su sano juicio prescinde de los datos más elementales del caso, aunque pueden no ser el criterio fundamental para decidir qué rumbo seguir, porque se suman en un amasijo en el cual pueden ser ponderados otros aspectos, como un ensayo anterior, prioridades de su agenda, compromisos por cumplir o intereses de grupo. No obstante, la información básica es uno de los principales insumos para decidir.

 

Tal vez por esa razón, antes de que apareciera la pandemia, despertó una alta expectativa la idea del presidente López Obrador de realizar un censo sobre el sistema de salud. ¿Usted lo recuerda? Fue en julio de 2019, cuando el entonces diputado Mario Delgado presentó la iniciativa de ley para cancelar el Seguro Popular y crear el Insabi. Por esas mismas fechas, López Obrador anunció que se haría un inventario del personal médico en el sistema de salud. “un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

 

Sin embargo, ni entonces ni después se conoció públicamente la información de ese censo, aunque rápidamente se extendió la conclusión de una escasez de médicos. Otras opiniones indicaban que más bien hacían falta plazas. Y se aventuraron cifras, no siempre coincidentes en las declaraciones de funcionarios, porque hablaban de un faltante de poco más de100 mil médicos, luego hablaron del doble y otro tanto de enfermeras.

 

Uno de los puntos sobresalientes es que antes de la pandemia, desde la parte gubernamental, se enfatizó la necesidad de médicos generales porque se requería un modelo de atención comunitaria. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Universidad de la Salud al inicio del año pasado, pero cuyo proceso de admisión fue trastocado por la pandemia.

 

Tampoco es que se descubra el hilo negro de la información cada vez que se intenta un solución, generalmente existen estudios y datos más o menos sistemáticos sobre cualquiera de los grandes problemas y el sistema de salud no es la excepción. No obstante, la pandemia puso al descubierto que otro de nuestros faltantes eran los médicos especialistas, así que cambió la instrucción presidencial y ahora se trataba de becar a residentes para una especialización en el extranjero.

 

En mayo del año pasado, el mismo ejecutivo federal anunció que habría becas para 20 mil o 30 mil estudiantes de especialidades y podrían ser en el extranjero. Tómese en consideración que, en el sistema de formación médica, significaba triplicar el volumen de médicos especialistas. Por cierto, nadie llamó la atención sobre ingeniería biotecnológica.

 

Al final del año pasado el Conacyt publicó la convocatoria, pero aunque se habían mencionado nueve países, las becas solamente fueron para Cuba, para seis especialidades y con una duración de tres y cuatro años. El proceso está en marcha, todavía no se conocen los números finales, pero seguramente por el tipo de especialidades y el país receptor la cantidad de becas será modesta.

 

No es la primera vez que se plantea la formación de profesionales en respuesta a planes contingentes. Nada menos, en el sexenio anterior, derivado de la reforma energética de “gran calado”, se propuso un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”. Por supuesto, incluía becas para posgrado, pregrado y técnicos. Incluso distintas instituciones adecuaron programas, ofrecieron diplomados y especialidades. Todo fueron intenciones.

 

En fin, no es nada fácil orientar las preferencias de la matrícula ni articular el sistema de formación profesional a los requerimientos de la sociedad. Pero tal vez con menos improvisación, mayores elementos técnicos y un horizonte temporal de mediano plazo, podríamos planear más y mejores profesionales de la salud.

 

Pie de página: Todavía no está en la agenda legislativa la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero la vigente sigue reformándose. Pendientes.

“El virus de la desigualdad” y la educación

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No.886. 04.02.2021--)

 

Una de las primeras alarmas que sonó en todo el mundo, en el primer trimestre del año pasado, fue la pandemia como amenaza global. También desde entonces se temía la profundización de la desigualdad que provocaría en todo el orbe. Un año después tenemos mayor certeza, pero todavía información incompleta.

 

Si el 2020 fue calificado como el año de la ciencia por el retorno del conocimiento a la primera línea para contender con un problema de escala mundial y por la celeridad mostrada en las fases de elaboración de una vacuna para el coronavirus, la desigualdad fue la contra cara del mismo año de la pandemia. La tragedia y la esperanza han sido exhibidas y viralizadas en tiempo real.

 

El discurso de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en el homenaje a Nelson Mandela en julio del año pasado, cuando los estragos de la pandemia en la población más vulnerable ya eran inocultables, ilustró la contundencia de la desigualdad y calificó de mito que todos somos pasajeros del mismo barco. Y añadió: “Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en súper yates mientras otros se aferran a desechos flotantes” (t.ly/NoLz).

 

La proporción de los efectos de la pandemia se han desdoblado al mismo tiempo que tratamos de precisar su magnitud, porque no solamente se trata de desigualdades de clase social o de ingresos monetarios. La literatura académica desde los años setenta y ochenta del siglo pasado ha hecho notar la intervención de otras variables clave de la desigualdad, como el género, la etnia, la discapacidad, el grupo de edad o el lugar de residencia.

 

Al nivel de ingresos se le añade el ámbito en el que naces y creces (urbano, rural o urbano marginal,  por ejemplo) para perfilar una trayectoria. Lo mismo si eres hombre, mujer, joven, de la tercera edad, indígena o no indígena. Una serie de rasgos de desigualdad que se refuerzan unos a otros y generacionalmente es difícil evadirlos.

 

La organización OXFAM publicó la semana pasada su informe: “El virus de la desigualdad. Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible” (t.ly/ylps). Un informe que sintetiza algunos de los indicadores que diferentes organismos y estudios han acumulado en torno a los efectos de la pandemia a lo largo del año pasado. El conjunto de datos y una encuesta realizada a economistas alerta que, por primera vez desde que hay registros, la desigualdad prácticamente se incrementará en todos los países del mundo.

 

En el informe se organizan y plantean en conjunto los diferentes indicadores y resalta la desproporción entre las personas que han concentrado todavía más riqueza en medio de la pandemia y un incremento mayoritario de la desigualdad en mujeres, poblaciones vulnerables y pueblos indígenas.

 

Por ejemplo, destaca que entre marzo y noviembre del año pasado, las mil mayores fortunas en el mundo recuperaron el nivel de riqueza que tenían previo a la pandemia. Una rapidísima y boyante recuperación en nueve meses. Por el contrario, a las personas en situación de pobreza les podría llevar 14 veces más de tiempo llegar al punto que tenían anterior a la pandemia. O sea, alrededor de una década. Una intervención gubernamental oportuna, se añade en el reporte, podría disminuir el plazo a tres años.

 

También expone que las mujeres tienen una mayor participación en los sectores económicos afectados por la pandemia y por tanto han estado más expuestas a perder el empleo o los ingresos. En el caso de México: “una de las pocas economías emergentes que aún no ha puesto en marcha programas adicionales específicos para apoyar a las personas en situación de pobreza frente a la pandemia, el 21 por ciento de las mujeres que trabajaban en el sector informal había perdido su empleo en mayo de 2020, frente al 15 por ciento de los hombres en el mismo sector” (p. 28)

 

La educación es otro de los sectores dañados por el cierre de los planteles escolares. El informe de OXFAM, citando estimaciones de UNESCO, destaca que para cerca de 33 millones de niños, niñas y jóvenes de países pobres, tal vez el ciclo escolar anterior fue la última ocasión que estuvieron en la escuela. Una dimensión de abandono escolar que, en el territorio nacional, estamos por conocer. Tal vez lo más grave es que “la pandemia revertirá los avances realizados durante los últimos veinte años en cuanto a la educación de las niñas” (p. 40).

 

Ciertamente, en el mundo, desde que inició el cierre de las instituciones escolares y se planteó como alternativa la educación virtual a través de medios digitales se hicieron notar las desventajas que enfrentarían los estudiantes de familias en condiciones desfavorables. Las limitaciones de acceso a Internet y un dispositivo tecnológico podrían hacer la diferencia entre continuar o no en la escuela.

 

No está en el reporte, pero los resultados recientes del Censo de Población yVivienda muestran que solamente el 38 por ciento del total de los hogares en México cuenta con computadora o laptop y el 52 por ciento tiene acceso a Internet, pero el 87 por ciento tiene teléfono celular y el 91 por ciento televisor. Sin embargo, salvo las clases por televisión e iniciativas institucionales aisladas, no hubo ningún programa nacional para facilitar el acceso a las tecnologías de la información de los estudiantes.

 

En fin, el informe también sugiere una serie de medidas que deberían ponerse en marcha para revertir el efecto de la pandemia en curso. Sin embargo, lo cierto es que apenas nos estamos acercando a sus dimensiones más gruesas, en buena medida porque todavía sigue entre nosotros y porque algunos de sus efectos no terminamos de medirlos.

 

Pie de página: Desde la república de Twitter el senador Ricardo Monreal dice que las redes sociales sí requieren “un marco jurídico claro”. // También desde la misma república la directora de Conacyt, Álvarez Buylla anuncia que: “En los próximos meses veremos una refundación del #SNI”. Sí, eso escribió.