La formación de recursos y sus variantes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Desde la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de esta administración se planteó que uno de sus objetivos sería la formación de recursos humanos de alto nivel. En el eje “México con educación de calidad” quedó incluida la estrategia de contribuir a la formación y fortalecimiento de los recursos humanos con media docena de líneas de acción, entre las que se encontraba “incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el gobierno federal”.

 

Nada para sorprenderse, el impulso a la formación de recursos es una línea de política pública que se ha reiterado consistentemente, sexenio tras sexenio, desde la creación misma de Conacyt hace más de cuarenta años, aunque con las vacilaciones y cambios frecuentes en el reglamento de su programa de becas de posgrado.

 

Ciertamente, como lo hemos comentado aquí, los estudios de posgrado han tenido un crecimiento exponencial en todo el mundo en las últimas dos o tres décadas, particularmente a nivel de doctorado. México no ha sido la excepción, aunque en el caso nacional, como también lo hemos apuntado, la base de la que partió era sumamente reducida (en 1990 la matrícula del doctorado era de poco más de mil alumnos, la estimación para el ciclo escolar más reciente es de 31 mil).

 

No obstante, lo que sí llamó la atención, con las reservas del caso, fue que a los pocos días de presentado el PND en el 2013 y a raíz de la visita a México del presidente estadounidense Barack Obama, se estableció lo que se denominó “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (Fobesii).

 

El Foro, en principio y como lo comentamos en su oportunidad, desarrollaría iniciativas para una cooperación educativa entre ambas naciones para darle cauce al programa estadounidense que desde el 2012 intenta llevar a 100 mil jóvenes latinoamericanos a formarse en las aulas de los Estados Unidos y que otros tantos jóvenes norteamericanos se formen en los recintos universitarios de América Latina.

 

Sin embargo, posteriormente, por la parte mexicana, pero en el marco del mismo Fobesii, se planteó la idea de que más bien deberían ser 100 mil mexicanos estudiando en Estados Unidos y que alrededor de 50 mil norteamericanos acudieran a las aulas en México (Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento). Una propuesta que incluía estancias cortas y no solamente para estudios de posgrado; algo relativamente similar a lo emprendido por otras naciones.

 

No obstante, en julio de este año, cuando finalmente se conoció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (Peciti), el que establece las acciones a poner en marcha en el periodo, no hizo mención alguna a la propuesta del Fobesii ni incluyó ningún indicador al respecto. Aunque conservó el enunciado de incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal.

 

En el lapso de cuatro años, lo que le resta a las actuales administraciones de México y Estados Unidos, muy difícilmente se podría alcanzar un número cercano a los 100 mil que se han mencionado como meta en el Fobesii. Implicaría, en el caso nacional, nada menos, añadir alrededor de 20 mil nuevos estudiantes mexicanos en el vecino país del norte cada año durante los siguientes cuatro años (actualmente suman alrededor de un mil nuevas becas anuales).

 

Seguramente, debido al trabajo de cooperación entre ambas naciones, la desagregación en diferentes modalidades y la presión por los resultados, se podrá avanzar de forma importante en los números de la formación de recursos humanos de alto nivel, aunque, desde luego, sin llegar al volumen proyectado.

 

Pero hay otros asuntos que deben advertirse en el mismo horizonte de los grados escolares. Por un lado, la preocupación por incrementar las altas calificaciones de los jóvenes en el posgrado parece ser un objetivo en sí mismo, con escasa relación con lo que ocurre en el nivel de licenciatura y también con escasa correspondencia con lo que les espera una vez que concluyan sus estudios de alto nivel. Una debilidad y escasa coherencia longitudinal e intersectorial.

 

Por otro lado, así como llegó tardíamente la preocupación y regulación para los estudios de posgrado, tal parece que el procedimiento se repetirá ahora en el eslabón siguiente: las estancias y los posdoctorados. Volveremos al tema.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 582. Octubre 30, 2014, p.5)

Ayotzinapa: punto de inflexión

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Lo ocurrido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa muestra claramente el momento de crisis en el que nos encontramos. No sólo es un hecho sumamente lamentable o la situación crítica de la entidad federativa, la institución educativa o incluso la insostenible ausencia de seguridad pública, es el panóptico por el que vemos la cara de la desigualdad social en el país, la indolencia, la impunidad y la ausencia de responsabilidad pública.

 

Un mes después no se conocen los detalles de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, lo que existe son fragmentos de testimonios, algunas hipótesis sobre lo que realmente ocurrió y múltiples conjeturas. Sin embargo, lo cierto es que no sabemos en dónde están los 43 estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron en esa fecha y menos la autoridad local encargada de la seguridad pública.

 

Hoy nos enteramos que el presidente municipal, el encargado del interés público en la localidad, y su cuerpo de seguridad, eran parte de la misma delincuencia más que del servicio y gobierno. Una confusión entre autoridades y delincuentes que no se sabe bien a bien quién es quién.

 

Tal vez ese es uno de los principales problemas: los servidores públicos no son tales, aunque con sus excepciones, prácticamente en todos los niveles y en múltiples ámbitos los funcionarios son unos depredadores. La Constitución de 1917, en su título cuarto, estableció claramente las responsabilidades de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, pero hoy, casi un siglo después, los servidores públicos lejos de apegarse a los preceptos constitucionales, han abdicado de lo que constituye su razón de ser.

 

En la Constitución actual, en el mismo título cuarto, con las reformas de 1982, en el artículo 108 quedó establecido que serian considerados como servidores públicos todos los representantes de elección popular, lo mismo que los miembros del poder judicial federal, del poder judicial del Distrito Federal, los del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la administración pública federal. Una responsabilidad por “los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

 

La reforma constitucional de diciembre de 1982 se dio a los pocos días de que asumió el cargo como presidente Miguel de la Madrid Hurtado, precisamente después de los escándalos por los inocultables y fastuosos gustos y bienes del entonces jefe de la policía capitalina, la crisis de seguridad pública que provocó, las especulaciones por los nexos con la delincuencia y su relación con el ex presidente José López Portillo.

 

No obstante, la “renovación moral” de los servidores públicos duró lo que dura el invierno. Una vez que se apaciguaron las conciencias, disminuyeron las críticas, se confiscaron los bienes mal habidos y la tinta de la reforma constitucional se secó, los funcionarios volvieron a lo que mejor sabían hacer. No, la corrupción no es patrimonio nacional ni un asunto cultural, es un tema de impunidad y de instituciones.

 

Mientras las tropelías de los servidores públicos queden impunes, como hemos presenciado una y otra vez, en un escala y en otra, en cualquier entidad federativa y bajo las diferentes fuerzas políticas, muy difícilmente tendremos resultados diferentes. También mientras persista la confusión entre delincuentes y funcionarios públicos o si el cálculo es que las posibilidades de ser sancionados es mínima o remota.

 

El otro tema es el propiamente educativo. Es paradójico que cuando la gran reforma educativa quedó aprobada, la de los acuerdos, las negociaciones y la persuasión en las élites, la que solamente espera desdoblarse en el complejo sistema educativo, ahora resulta que su base comienza a mostrar fisuras, no toca a los últimos eslabones de la cadena y sus supuestos beneficiarios no se sienten como tales.

 

Es Guerrero con sus indicadores de rezago y son las normales rurales olvidadas, pero podría ser y son otras entidades, otros niveles educativos y otros temas, porque lo que está en el fondo es la persistente desigualdad social y la impunidad. Es un Estado que ha fallado en su responsabilidad elemental de seguridad pública y bienestar social.

 

Ojalá que el caso de Ayotzinapa sea el punto de inflexión para revertir la impunidad y atender los graves rezagos sociales.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 581. Octubre 23, 2014, p.5)

¿Quién se responsabiliza de la Refinería Bicentenario?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Hace cinco años, el entonces director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, dijo que la refinería Bicentenario era una de las obras más importante, necesaria y técnicamente fundada. Hoy, miles de millones de pesos después, múltiples esfuerzos y un tiempo perdido, el proyecto simplemente ya no existe.
 

En agosto de 2009, el titular de PEMEX, al anunciar públicamente a Hidalgo como sede de la nueva refinería, aseguró que: “En el proceso de elaboración del proyecto el gobierno federal ha puesto todo su empeño para asegurar que se tome la mejor decisión en términos de las consideraciones técnico-económicas que deben regir un proyecto de esta envergadura, así como de la certidumbre jurídica necesaria para su éxito” (versión estenográfica 12.08.2009).
 

Hoy suenan a ironía las palabras que pronunció Reyes Heroles: “La decisión de hoy es testimonio de la capacidad de los mexicanos y de su gobierno para avanzar en la construcción de una economía más moderna, para llevar a cabo proyectos complejos y de largo plazo, que redunden en beneficio de las condiciones de vida de los mexicanos”.

 

Por una u otra razón, lo que se ha mostrado más bien es una perenne incapacidad gubernamental para realizar proyectos, sean simples o complejos, de corto o largo plazo. Ni siquiera los ornamentales. Ni hablar de un desarrollo nacional sostenido o una economía sólida y pujante.
 

En el 2008, en el aniversario número 70 de la expropiación petrolera, cuando estaba el debate sobre la reforma energética de entonces y especialmente sobre la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, también comenzó el estudio de factibilidad de construcción de una nueva refinería en territorio nacional.

  

Según reportó el director de PEMEX, la instrucción para realizar el estudio de factibilidad la dio el entonces presidente Felipe Calderón. Y, por supuesto, en el 2009 el estudio dio como resultado que la mejor medida para avanzar en el Sistema Nacional de Refinación era construir una nueva refinería, a pesar de que desde entonces estaba en marcha la reconfiguración en dos de las seis existentes.
 

También el estudio arrojó que Tula, Hidalgo, era el mejor lugar para instalar la nueva refinería. Por cierto, el actual secretario de Gobernación era el mandatario estatal en ese periodo. Tula era una mejor opción por su localización en la región centro, el lugar de mayor demanda, también por la certeza jurídica que ofrecía, así como por los costos de inversión y operación. Al inicio se calculaba que el costo total de la obra sería de alrededor de 10 mil  millones de dólares.

 

Sin embargo, casi un mes después de anunciada la obra, Reyes Heroles fue sustituido por Juan José Suárez Coppel. Los trámites siguieron su curso, las adjudicaciones, los planes, pero también comenzó a alargarse el proceso de construcción propiamente.
 

Después vinieron las elecciones, el cambio de gobierno y el ajuste en los equipos técnicos; el proyecto parecía sostenerse pero había perdido ímpetu. La decisión de detener la construcción de la nueva refinería Bicentenario de Tula no apareció explícitamente en el programa sectorial de energía de esta administración.

 

Sin embargo, el primer síntoma de que tal vez las prioridades o la viabilidad del proyecto ya no eran las mismas, apareció al final del 2013, cuando se presentó el “Plan de negocios de PEMEX y sus organismo subsidiarios 20014-2018”, el documento rector de las acciones a desarrollar por el organismo, y no estaba incluida la nueva refinería.
 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante las críticas de ese momento, dijo que la construcción de la nueva refinería dependería de la aprobación de la reforma energética. La reforma se aprobó, pero la refinería quedó en suspenso. Por lo menos la cancelación no se hizo explícita en los meses siguientes, tampoco en la comparecencia del secretario el pasado 19 de septiembre.
 

Fue precisamente en Guanajuato, en el Centro Fox, de manera improvisada, donde el secretario anunció que se cancelaba la obra. Ningún documento de por medio. Tal vez desde el comienzo fue un empecinamiento en una obra monumental de escasa pertinencia y probablemente sea más costosa edificarla que perder lo que ya se invirtió (alrededor de una tercera parte de su valor total)

 

Lo inquietante es la facilidad con la que se cambian las decisiones sin mayor explicación, el derroche de recursos y la ausencia de responsabilidad pública. Eso también es impunidad.

(Publicado en Campus Milenio No. 580. Octubre 16, 2014, p.5)

¿Y los diputados de la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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 “Derogación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior”, demandaron como segundo punto los estudiantes del politécnico. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por escrito les respondió: “Respecto el número 2, no puede ni debe tecnificarse la educación superior, reduciendo con esto la excelencia educativa de las escuelas de nivel medio superior y superior, por lo que la SEP anuncia que se cancelan los planes y programas que han solicitado en su pliego”.

Todavía no sabemos si la “tecnificación” de planes y programas de estudio realmente estará a debate y qué curso de acción podría tomar en el actual movimiento estudiantil. Por lo pronto, el tema quedó planteado, un tanto de forma ambigua, como que los jóvenes se resisten a recibir una formación de nivel técnico.

El asunto tiene que ver con la orientación que debieran seguir los subsistemas de educación superior, las preferencias vocacionales de los jóvenes y su vínculo con la sociedad. Es decir, el punto no solamente le atañe al IPN, como una de las principales instituciones de educación tecnológica desde hace casi ochenta años, ni únicamente al conjunto de entidades de formación tecnológica o al subsistema de universidades. Es el sistema en su conjunto.

Los diputados, por cierto, se anticiparon con singular oportunidad sobre el tema en cuestión. En abril del 2013, cuando todavía sonaban las inconformidades por la integración y asignación de responsabilidades en comisiones en la cámara de diputados, la junta de coordinación política propuso la integración de una comisión especial.

Fue nombrada como “Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad”. En estas mismas páginas Carlos Reyes dio cuenta de la integración, responsables y funciones que se le atribuyeron (Campus Milenio No. 514).

Según el punto de acuerdo que argumentó la necesidad  de crear la comisión especial, elaborado por la diputada Laura Ximena Martel Cantú del Partido Verde (PVEM), era “menester impulsar la estrategia pública que permita vincular a las instituciones de educación superior con las necesidades del mercado laboral, así como la instrumentación de programas de capacitación permanente en las diferentes esferas directivas y para los diferentes escalafones laborales”.

La cámara de diputados cuenta con 52 comisiones ordinarias, 35 especiales y otras más; la norma le permite crear tantas como requiera o estime necesario. El número de comisiones se ha incrementado notablemente en cada legislatura, por la distribución de equilibrios entre las fuerzas parlamentarias y por los privilegios que tiene presidirlas, aunque el número de diputados por comisión se ha reducido.

La comisión especial que estamos comentando la preside la diputada Martel, la que elaboró el punto de acuerdo, tiene 14 integrantes y su objeto es el fortalecimiento de la educación superior. Tal actividad la realizará, se fijó, adecuando el marco jurídico, con las gestiones pertinentes en su ámbito de su competencia, así como con la vigilancia en la aplicación de recursos públicos e impulso de las “políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación para su debida vinculación con el aparato productivo y otorgar impulso a la competitividad”. Nada mejor para el tema vigente.

La comisión celebró dos reuniones ordinarias el año pasado, en la segunda de ellas, el pasado 18 de septiembre, los integrantes quedaron distribuidos en cinco grupos de trabajo: capacitación; competitividad; giras, foros y eventos relevantes; comunicación social y divulgación; y asuntos editoriales. Cada uno encargado de los temas de referencia y con resultados esperados.

Lo inquietante es que la comisión no se ha pronunciado públicamente sobre las iniciativas más importantes al respecto. Por ejemplo, el decreto de creación del Tecnológico Nacional de México, la iniciativa de formación de recursos en materia de hidrocarburos y, desde luego, el debate planteado por los estudiantes del IPN.

La comisión tiene vigencia hasta el 31 de agosto del 2015. ¿Esperamos resultados?

(Publicado en Campus Milenio No. 579. Octubre 9, 2014, p.5)

Las preguntas de Romero Hicks

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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A partir de la reforma del artículo 69 constitucional, los informes de gobierno en el Congreso han perdido interés. No son más el día del presidente de la República; tampoco el de la exhibición histriónica de algunos legisladores. En cambio, la comparecencia de funcionarios ha ganado terreno en las expectativas de diputados y senadores: una jornada difícil o un día de campo.
 

El pasado 23 de septiembre, el director de Conacyt, Enrique Cabrero, compareció ante la comisión de ciencia y tecnología del Senado. La comisión la preside Alejandro Tello Cristerna y en la sesión también estuvo presente Rubén Félix, presidente de la comisión homologa de los diputados.

 

 

Una primera intervención del titular de Conacyt puntualizó algunos de los avances más sobresalientes en el periodo. Por ejemplo, destacó la sesión del Consejo General y la consecuente aprobación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Nada dijo sobre el retraso en la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

El director de Conacyt también mencionó los avances en los cinco objetivos que se plantearon en el Peciti. Uno de ellos el nivel de inversión y la meta del uno por ciento del PIB en el sector. Aunque, como lo examinamos aquí hace dos semanas, la tendencia no es promisoria.
 

Otro aspecto fue el incremento de los recursos humanos, tanto en lo que se refiere al número de becarios (58 mil 88 en este año), los más de veinte mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las 574 cátedras Conacyt o su ubicación conforme necesidades de desarrollo regional.

 

 

Finalmente, Cabrero anotó las acciones a corto plazo que le fueron encomendadas al organismo que dirige: la formación de recursos humanos para el sector energético; la puesta en marcha del repositorio nacional de información científica; o la participación en el Fondo Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii).
 

En el turno de los legisladores, el senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la comisión de ciencia y tecnología y ex director de Conacyt en el periodo de Felipe Calderón, formuló una decena de interrogantes a Enrique Cabrero.

 

 

Primero, dado que en este año se cumplieron 30 años del SNI y el próximo sumarán 45 de creación de Conacyt, el senador Romero preguntó sobre las modificaciones que se realizarán al SNI y en qué etapa está el rediseño institucional de Conacyt. O bien, los planes más concretos y precisos sobre cómo se atenderá el asunto del acceso abierto de la información científica.
 

El senador también inquirió sobre los montos de los fondos sectoriales, especialmente el del sector energético y los cambios en su volumen de recursos; lo mismo que una estimación y destino de los recursos que ingresaran por concepto de sanciones a los partidos políticos. También sobre las medidas complementarias para incrementar la inversión privada en el sector.

 

Romero Hicks cuestionó la adscripción laboral de las recientemente creadas cátedras: “no estoy tan convencido que lo mejor es que el patrón, entre comillas, sea el Conacyt, sino debe ser la casa donde está trabajando”. Igualmente expresó cierto escepticismo sobre las metas del Fobesii.
 

Otras preguntas de Romero Hicks se dirigieron a interrogar sobre la idea de crear nuevos centros, especialmente un Centro de Investigación y Educación, en el que estaría involucrado el CIDE, porque “es uno de los temas estratégicos; tenemos muy poca investigación educativa en el país”.
 

Otros senadores tomaron la palabra, añadieron otras preguntas referentes a los recursos financieros y al vínculo de algunas acciones con las reformas estructurales en marcha. Los principales cuestionamientos quedaron formulados.
 

El titular de Conacyt respondió algunas interrogantes, no todas. Habló de un ajuste en el cálculo de las estimaciones del gasto privado y una diversificación de los instrumentos de promoción. También destacó el Programa de Formación de Capital Humano para el Sector Energético.
 

 

Igualmente, apuntó los ajustes que se podrían realizar al SNI, como darle mayor cabida al desarrollo tecnológico, considerar otros productos (no solamente publicaciones), un sistema más basado en la confianza y el trabajo colectivo, entre otros aspectos. También especificó la canalización de los recursos derivados de las sanciones a los partidos políticos, las reticencias que existen sobre las cátedras Conacyt y los montos de algunos fondos sectoriales.
 

Quedó pendiente la meta sobre el uno por ciento del PIB para el sector, lo mismo que un eventual rediseño del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, la forma en que se cumplirán los compromisos del Fobesii y un eventual Centro de Investigación Educativa.

Después de todo, la comparecencia de los funcionarios públicos puede no ser inútil.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 578. Octubre 2, 2014, p.5)