LA RESPONSABILIDAD DE LOS LEGISLADORES

Primero fue la labor para que los postularan como candidatos a legisladores, tanto mejor si aseguraban una buena posición en la lista plurinominal y lograban derribar a sus competidores de partido. Después, en la campaña, inundaron el espacio público con sus rostros sonrientes y nombres desconocidos. Hoy, aquellos que lograron sortear los obstáculos de los comicios, son nuestros representantes, integran la LXII legislatura y, a pesar de su distancia, tienen una responsabilidad ineludible.

La imagen de los legisladores siempre ha sido reveladora de la indiferencia que los separa de sus representados. Por más campañas mediáticas que han impulsado, no han logrado mejorar la idea que tiene el ciudadano de su trabajo. Los propios legisladores, contribuyen al deterioro de su imagen, es suficiente con seguir el curso de las iniciativas de ley, sus ausencias injustificadas, los sueldos que perciben, los periodos laborables, sus gastos de representación, los costos de sus obras o el derroche de recursos públicos que hacen. Ni hablar de su coherencia política, posiciones ideológicas o gustos extravangentes.

No es una mera especulación sobre la percepción pública acerca de los legisladores. La encuesta sobre el nivel de confianza de los ciudadanos acerca de las instituciones sociales y políticas que constituyen la base de la nación, realizada periódicamente por Consulta Mitofsky de Roy Campos, sistemáticamente muestra que los políticos y legisladores se encuentran entre los menos confiables.

La encuesta del año pasado indicaba que en el bloque de más bajo nivel de confianza estaban cinco instituciones: senadores, sindicatos, partidos políticos, diputados y policía. Todas las anteriores ocupaban la posición más baja del total de instituciones medidas: en una escala de 10 estaban abajo del seis. De hecho, senadores y diputados perdieron algunas décimas más respecto a la medición anterior. Y contando.

En las recientes elecciones federales, a diferencia de la calificación para la presidencia y salvo algunos casos menores, los legisladores no han tenido mayor problema para ser reconocidos como tales. Las diferentes fracciones parlamentarias ya nombraron a sus respectivos coordinadores, han celebrado su sesión constitutiva y perfilan la agenda del periodo. Ni la opinión pública, ni la impresentable trayectoria de algunos de sus integrantes parecen perturbarlos.

¿Podremos esperar algo positivo de la legislatura que inicia? Los resultados de las legislaturas anteriores y las opiniones de los ciudadanos no dan espacio para ser relativamente optimistas.

La composición de las fracciones parlamentarias en la legislatura actual tampoco es muy diferente de las anteriores (Enfoque. No 955). En el senado, de un total de 128, el PRI tiene 52 integrantes –es la fracción más numerosa, pero no alcanza la mayoría simple--, le sigue el PAN con 38, luego el PRD con 22, el Verde con 9, el PT con 5 y Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con un senador cada uno.

En la cámara de diputados, de un total de 500 integrantes, el PRI también es la primera minoría con 207, aunque no alcanza la mayoría simple, le sigue el PAN con 114, el PRD con 100, el Verde con 34, el PT con 18, Movimiento Ciudadano con 17 y Nueva Alianza con 10 diputados.

La distribución de fuerzas políticas en el Congreso, obligará a las fracciones a establecer negociaciones, alianzas e intercambios para la aprobación de iniciativas; es lo propio del trabajo legislativo. Sin embargo, los legisladores, como han dado muestras de sobra desde hace más de una década, han pensado más bien en el beneficio para su respectivo partido o en su bienestar personal, en lugar de la agenda comprometida. Seguramente en los días o semanas próximas vendrán ajustes en la composición de las fracciones, no tanto por congruencia política como por interés personal o de grupo.

En el mismo sentido se resolverá la integración de comisiones y la distribución de las respectivas presidencias. Una vez más veremos, como en la legislatura que acaba de concluir, la disputa por el control de los recursos y de asesores.

No obstante, los legisladores actuales son los que deberán resolver la agenda pendiente, aprobar el gasto público y proyectar el marco normativo de la nación. Sin duda han adquirido un poder creciente, pero hasta ahora no han asumido una plena responsabilidad como representantes de la nación, al menos no como institución.

(Publicado en Campus Milenio No.  476. Agosto 30, 2012:9)

LA INNOVACIÓN GLOBAL

Las proyecciones de crecimiento económico para México son inciertas, pero relativamente optimistas considerando la incertidumbre política derivada de las recientes elecciones federales, el contexto global y el desempeño de algunos de los países emergentes. Sin embargo, también debiera tomarse nota de la posición del país en materia de innovación.

Uno de los supuestos para alentar la innovación en las naciones –con una inclinación fuertemente económica y centrada en la producción institucional— es que constituye uno de los factores centrales para alcanzar un desarrollo y un bienestar sostenido.

Recientemente apareció el índice global de innovación (The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation. Linkages for Global Growth). Un reporte de medio millar de cuartillas que expresa el esfuerzo de colaboración entre la Organización Mundial de Protección Intelectual de Naciones Unidas y una escuela de negocios francesa con diferentes planteles que también desarrolla investigación (INSEAD).

En el 2007, la institución educativa francesa inició la tarea de medir y aproximarse a la innovación en la sociedad, pero buscando ir más allá de los indicadores tradicionales como el volumen de artículos de investigación producidos, el tamaño del personal o el nivel de gasto en investigación y desarrollo.

El tema en el reporte 2012, como lo indica su subtítulo, son los vínculos de la innovación para el crecimiento global. Destaca la importancia de las interacciones productivas entre los actores de la innovación en ecosistemas modernos; actores tales como las empresas, el sector público, la academia y la sociedad.

Si bien el trabajo de construcción del índice del reporte adoptó la definición de innovación del manual de Oslo: “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”.

En el reporte también se advierte que actualmente la capacidad de innovación se ve más como la habilidad para explotar nuevas combinaciones tecnológicas, la inclusión de la innovación incremental  y la “innovación sin investigación”. La publicación del reporte incluye a 141 naciones, los cuales representan el 95 por ciento de la población mundial y el 99 por ciento del PIB mundial.

La construcción del índice de innovación se basa, a su vez, en dos subíndices. Uno de insumos, el cual incluye cinco componentes de las economías nacionales que posibilitan la innovación:  instituciones, capital humano e investigación; infraestructura, sofisticación del mercado; y sofisticación de los negocios. El otro subíndice es de resultados y comprende solamente dos componentes: conocimiento y tecnología; y resultados creativos. En el cálculo, los dos subíndices tienen el mismo peso.

La tabla de posiciones del índice de competitividad muestra que los diez países que están a la cabeza mundial son: Suiza; Singapur; Suecia; Finlandia; Reino Unido; Holanda; Dinamarca; Hong Kong; Irlanda; y Estados Unidos.

De los países latinoamericanos, chile es el que ocupa la mejor posición en el lugar 39, el único en los primeros 50 países. Después: Brasil en el lugar 58; Costa Rica en el 60; Colombia en el 65; Uruguay en el 67; Argentina en el 70; Perú en el 75; México en el 79; Paraguay en el 84; Panamá en el 87; El Salvador en el 93; Ecuador en el 98; Guatemala en el 99; Nicaragua en el 105; Honduras en el 111; Bolivia en el 114; y, por último, Venezuela en la posición 118 de los 141 países incluidos.

Entre algunas de las naciones que ocupan las diez últimas posiciones están Pakistán, Angola, Togo, Burundi, Yemen Níger y Sudán.

Como es obvio, los países que encabezan la tabla de posiciones son los líderes en las actividades de innovación y los últimos están en la situación inversa. Pero en el reporte también se realizan otras dos agrupaciones de países los que están aprendiendo en la materia y los que tienen un bajo desempeño.

En el reporte se destaca  a los países que están aprendiendo y en tal caso destaca a China, India Vietnam y Ghana. Mientras que en los países que muestran un bajo desempeño coloca a México, Argentina, Ecuador y Venezuela.

Es de llamar la atención que en el perfil de México, incluido en el reporte, en los puntajes de los subíndices (para calcular el índice de innovación), el que corresponde a “ambiente político” ocupe una posición más desfavorable (102) y el de ambiente de negocios una mejor posición (35).

(Publicado en Campus Milenio. No. 475. Agosto 23, 2012)

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

La UNAM acaba de instalar su Consejo de Evaluación Educativa (CEE). Un órgano amplio que tendrá entre sus responsabilidades: incrementar la utilización de los resultados derivados de la evaluación para mejorar las acciones educativas en la institución.

El asunto de la evaluación, como es obvio, continúa generando preocupación, reacciones y polémica en distintos niveles y muy diferentes ámbitos de responsabilidad. Nada menos, la semana anterior, en este espacio (Campus Milenio No. 473) se daba cuenta de los avatares del proyecto en marcha de la OCDE para diseñar una evaluación de los aprendizajes en la educación superior (AHELO); un equivalente de la prueba PISA que permita comparar internacionalmente el desempeño de los egresados de la educación terciaria.

A nivel nacional, desde fines de los años ochenta, estamos experimentando con la política de evaluación. En poco más de dos décadas de operación, ha quedado arraigado el principio de valoración del desempeño y de rendición de cuentas en las instituciones escolares. La asociación entre evaluación y acceso a recursos financieros traspuso el marco y los ductos del sistema educativo; aunque con reticencias y dificultades quedó instaurada.

Sin embargo, tal parece que la evaluación como instrumento para mejorar la educación se extravió en la vorágine y el furor de su descubrimiento. Lo importante no fue identificar, a través de la evaluación, qué cosas hacía bien el profesorado y en cuales fallaba, para tratar de ponerle remedio a lo que estaba mal. No, lo relevante fue que se evaluara para que recibiera incentivos dependiendo de su rendimiento. La evaluación como fin en sí mismo, no como un medio.

Los resultados de las pruebas a gran escala para precisar los niveles de aprendizaje de los estudiantes también se conviertieron en un fin en sí mismos. La actual administración federal se planteó como meta, erróneamente, mejorar en 43 puntos el puntaje de los estudiantes en la prueba PISA; un escenario similar se planteó para la prueba Enlace. De hecho, alcanzar cierto puntaje en esta última, por los medios que sean, se convirtió en el principal objetivo de directores y profesores de los planteles, al asociarse los resultados con la entrega de recursos adicionales. La finalidad no es qué hacer para mejorar, la apuesta es capturar la prueba.

Más o menos lo mismo ocurre con la evaluación institucional. Lo esencial no radica en cómo aprovechar la información y los datos, el acento se coloca en cómo ajustar indicadores y cuadrar cifras. La idea es alcanzar un mayor monto de recursos y controlar internamente su distribución. Lo de menos es qué hacer institucionalmente con el cúmulo de resultados.

Entonces, a la fecha hemos construido un amplio, variable y complejo sistema de evaluación que más bien es autoreferencial. Aunque, en realidad, no funciona propiamente como un sistema. Incluso, la iniciativa explícita de crear un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, impulsada por la actual administración gubernamental en el 2007, se quedó solamente en buenas intenciones.

Las modalidades, tipos, niveles y escalas de evaluación que están en movimiento hacen difícil pensar en un sistema de evaluación homogéneo y armónico. Sin embargo, bien se podría comenzar por discutir cuál debiera ser su principal finalidad y acordar sus orientaciones. Una discusión que necesariamente deberá transitar por las instituciones educativas y los organismos intermedios, de los cuales podrían venir las mejores sugerencias de cambio.

Actualmente, a diferencia de lo que ocurría dos décadas atrás, casi todas las instituciones de educación superior cuentan, en su estructura administrativa, con una sección o departamento encargado del asunto de la evaluación. La misión que tienen y su desempeño es muy variable, pero podrían ejercer una función más decisiva.

Por lo anterior, resulta relevante el acuerdo de creación y la instalación del CEE de la UNAM. Un órgano que estará presidido por el rector y casi un centenar de representantes de instancias y planteles de sus tres niveles educativos (Gaceta UNAM 13/08/12). Normativamente tendrá capacidad para proponer políticas institucionales de evaluación en prácticamente todos los ámbitos: aprendizaje; docencia; modalidades educativas; formación docente; y planes y programas; entre otros.

Uno de los retos iniciales será qué hacer con las actuales y diversas prácticas de evaluación: establecerá una línea de continuidad o dará un golpe de timón. Deberá resolverse si el CEE, con ese volumen, se concentrará en un refinamiento de esquemas de evaluación o discutirá finalidades, orientación y contraste con el espectro nacional.

(Publicado en Campus Milenio. No. 474. Agosto 16, 2012: p. 9)

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El proyecto en marcha de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no es reciente. Comenzó a perfilarse en el 2006, precisamente al iniciar la gestión del actual secretario general de la organización, José Ángel Gurría, aunque fue al año siguiente cuando se integró el grupo de expertos que trabajan en su diseño.

La iniciativa se denomina “Evaluación Internacional de los Resultados del Aprendizaje en la Educación Superior” (AHELO, por sus siglas en inglés). Un tipo de prueba PISA para el nivel superior, puesto que tratará de precisar los conocimientos y habilidades de los egresados de una carrera universitaria y tal vez su preparación para un eventual ingreso al mercado laboral.

Es notable el contraste entre la evaluación de aprendizajes y destrezas en el nivel básico y el superior. En el primero se trata de un cúmulo de habilidades y conocimientos relativamente homogéneos y compartidos en diferentes culturas y países. Por la misma razón no ha sido difícil establecer estándares de desempeño. A pesar de los sesgos, la prueba PISA se ha convertido en punto de referencia para comparar niveles de preparación de los jóvenes de 15 años; no solamente de los países miembros de la OCDE.

En el caso de la educación superior, por el contrario, se trata de un panorama sumamente heterogéneo. En primer lugar, por las múltiples y muy variadas especialidades de las instituciones; un gradiente que cubre todo el espectro de áreas de conocimiento y que conduce a formaciones muy diferentes. En segundo lugar, por los distintos sectores institucionales que forman parte del nivel superior y cuyas estructuras y modalidades difieren grandemente entre sí.

Claro, la diversidad del nivel superior no ha sido obstáculo para tratar de establecer y compartir ciertos estándares al interior de las naciones, entre bloques regionales y alianzas de diferente naturaleza. Las iniciativas que se han puesto en marcha de aseguramiento de la calidad en instituciones de educación superior y la proliferación de organismos certificadores han caminado en ese sentido.

No obstante, el reto de diseñar una prueba a gran escala y de alcance internacional para el nivel superior tiene otra dimensión y otras implicaciones. El proyecto AHELO, precisamente, está a la búsqueda de una prueba que permita la comparación de los resultados de los egresados, independientemente del país y del idioma que hablen. Seguramente, primero, como ocurrió con PISA, con aplicación para los países miembros de la organización económica y luego expandiéndose a otras naciones.

La elaboración de la prueba no ha sido un asunto sencillo; los avances han sido muy graduales, aunque sostenidos. Desde el inicio del 2010 y hasta mediados del año pasado el grupo de expertos se dedicó a tratar de precisar la viabilidad de la comparación internacional mediante la elaboración de esquemas e instrumentos de evaluación con validez en diferentes contextos institucionales, lingüísticos y culturales.

La evaluación del aprendizaje se concentra en las habilidades que los estudiantes deberán adquirir en todas las materias (evaluación genérica) y las habilidades en aspectos específicos de cada área de conocimiento (aunque ahora solamente se concentra en economía e ingeniería).

Desde el año anterior el grupo de expertos conduce un estudio de factibilidad de implementación de los instrumentos, el cual involucró a 17 países (México incluido, con casi 3 mil estudiantes, 14 instituciones, entre ellas las universidades de Guadalajara, San Luis Potosí y Yucatán), alrededor de 23 mil estudiantes, casi 5 mil profesores y poco más de 270 instituciones educativas.

El aplicación del estudio de factibilidad concluyó el mes anterior y el reporte deberá estar listo al final de este año. Al parecer, los resultados preliminares todavía no permiten determinar si se puede alcanzar un consenso internacional sobre un esquema de evaluación de habilidades genéricas, pero el caso contrario sería en la definición de logros de aprendizaje específicos por disciplina, al menos para ingeniería y economía (“Interim Feasibility Study Report”) .

Los resultados definitivos se conocerán el próximo mes de  diciembre y algunas de las implicaciones se discutirán en una conferencia en marzo de 2013. Queda en suspenso hasta donde llegará el consenso internacional y si la evaluación es para los jóvenes o para las instituciones.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 473. Agosto 9, 2012: 9)