La reforma de 1999 al marco normativo de la actividad
científica y tecnológica --entonces llamada ley de fomento-- fue uno de los
cambios más profundos para regular y orientar al sector. Un elemento importante
fue la creación de una instancia de contacto entre la comunidad de
investigadores y los decisores. Hoy, tras poco más de una década de su puesta
en operación, podría desempeñar un papel más decisivo.
En 1985, el énfasis de la ley para coordinar y promover el
desarrollo científico y tecnológico estaba puesto, como lo indicaba su título,
en la incipiente tarea de “coordinar y promover” el sector. En esos años
Conacyt estaba sectorizado a la ya desaparecida Secretaría de Programación y
Presupuesto y sus facultades de coordinación eran muy limitadas.
Hacia el final de los años noventa, cuando parecía que en el
ámbito académico ya se había arraigado el principio de evaluación del
rendimiento, lo mismo que la idea de competitividad y afianzado las capacidades
directivas del gobierno federal, se aprobó una nueva norma en mayo de 1999: la ley
para el fomento de la investigación científica y tecnológica.
El acento de la entonces nueva
ley estaba puesto en la tarea de “fomentar”. En su siete capítulos y casi medio
centenar de artículos –casi
el doble de la norma precedente— planteó importantes redefiniciones sobre los
instrumentos para fomentar la actividad y también acerca el diseño de las
políticas. Por ejemplo, en esa ley quedaron establecidos los convenios de
desempeño para los centros públicos de investigación, la instauración de los
fondos competitivos y nuevas instancias del sistema científico y tecnológico.
Una de las nuevas figuras que se establecieron, en la ley de
1999, fue la del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Definido,
estrictamente, como un órgano autónomo de consulta del poder ejecutivo y con el
objeto de “promover la expresión de la comunidad científica y tecnológica, así
como de los sectores social y privado” en la formulación de pollíticas y los
programas correspondientes (Artículo 23).
Por esas fechas comenzaba a tener resonancia la noción de
políticas de Estado (y abandonar la idea de políticas gubernamentales), así
como propuestas para abrir espacios de deliberación pública para los
destinatarios de las políticas. En ese contexto prendió la iniciativa de
instaurar la figura de un Foro, como espacio para escuchar las opiniones de los
propios científicos.
Sin embargo, la integración del Foro se propuso con relativa
ambiguedad, pues solamente se indicó que pertenecerían a él representantes de
algunas organizaciones académicas (Anuies, el Consejo Consultivo de Ciencias,
Adiat) y otras insituciones y personas relacionadas con la actividad.
Uno de los artículos transitorios de la ley de mayo de 1999
estableció que el Foro debía instalarse a los seis meses de promulgada la ley.
El órgano se instaló, pero su funcionamiento fue relativamente azaroso y cuando
estaba por establecer sus reglas y regularizarse se aprobó una nueva reforma a
la normatividad científica.
La siguiente reforma, la del 2002, realizó un ajuste a la
integración, funciones y nombre del órgano. Desde entonces se le denominó Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) –sustituyó lo de “permanente” por
“consultivo”— y se precisó quienes serían los representantes de las
organizaciones que formarían parte de él.
El Foro conservó la idea de ser un “órgano autónomo y
permanente” del poder ejecutivo, pero extendió su función de consulta a dos
instancias más: el Consejo General (el máximo órgano de la política científica)
y a la junta de gobierno de Conacyt (artículo 36).
Además, también se especificó que estaría integrado por una
mesa directiva de 17 personas: 14 representantes de organizaciones y 3 investigadores;
ellos mismos eligen a su coordinador. Algunas de las organizaciones son las
academias Mexicana de Ciencias, la Nacional de Medicina, la Mexicana de la
Lengua, la Mexicana de Historia y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales,
también están la Anuies, la Adiat, la Concamin, el Nacional Agropecuario e
insituciones edcuativas como la UNAM, el IPN y el Cinvestav.
La norma señala que los coordinadores del Foro serán electos por un
periodo de dos años y pueden ser reelectos para otro más. El actual
coordinador, Juan Pedro Laclette, desempeña esa función desde el 2008, ya
cubrió ambos periodos, y este jueves 26 rendirá su informe correspondiente. Al
balance y perspectivas iremos la próxima semana.
(Publicado en Campus Milenio No. 472. Julio 26, 2012. p. 6)
