jueves, 25 de junio de 2020

¿Y los números del personal de salud?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 855. Junio 25, 2020. Pág. 4)

Todo sería más transparente y comprensible si las iniciativas gubernamentales estuvieran acompañadas de la información y datos correspondientes, especialmente si sus efectos se extenderán a lo largo del tiempo.

El ruido mediático causado por la presencia de médicos cubanos en México no fue suficiente para disipar las dudas sobre carencias y retos del personal de salud. Solamente alcanzó, según las preferencias políticas del que respondiera, para reprobar o elogiar el apoyo médico de la Isla.

No fue un comunicado oficial, pero algo de información ofreció la titular de Salud del gobierno de la CDMX en declaraciones a la agencia Reuters. Por ejemplo, dijo que son 585 trabajadores de la salud provenientes de Cuba, el convenio es entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Ministerio de Salud del país caribeño, suma 135 millones de pesos y estará vigente hasta el 31 de julio de este año con posibilidad de prorroga (15.06.2020).

Los perfiles profesionales del personal no son conocidos, tampoco las funciones que realizan, solamente se sabe que es una de las delegaciones más numerosas de Cuba en el extranjero. Toda ayuda es importante, aunque por su volumen no pinta mucho en el sistema de salud capitalino. Este último cuenta con alrededor de 26 mil médicos y si contamos a enfermeras y personal técnico la cifra se eleva a más de 160 mil.

Medio millar de personas en una situación crítica, desempeñando tareas de alta especialidad o localizados estratégicamente puede marcar una diferencia relevante. Sin embargo, a pesar de que se trata de un asunto de interés público, no hay ninguna explicación oficial de las funciones que realizan o cómo se distribuyen. Se entiende que la situación actual es de emergencia nacional y por la misma razón el gobierno está facultado para tomar medidas extraordinarias, como la adquisición de bienes y servicios, nacional o internacionalmente, sin los procedimientos habituales (DOF. 27.03.2020). Pero ¿todo será provisional?

Desde que comenzó a vislumbrarse la capacidad de daño del Covid-19 estaba claro el desafío que enfrentarían los sistemas de salud en el mundo y el de México no sería la excepción. Hasta el momento, nadie parece tener duda de la importante y ejemplar actuación del personal de salud, a pesar de hechos aislados de agresión, motivados por temor irracional o franca estupidez.

Las carencias y retos de personal de salud no es un tema que surgió con la epidemia en curso, ni tampoco es cosa de estar improvisando. Hace casi un año el gobierno federal, antes de la reforma a la Ley General de Salud, dijo que estaba haciendo un censo sobre el número de médicos (generales y especialistas) que existen en México y cómo están distribuidos.

Los datos del censo no se conocen públicamente, si es que tuvo lugar en el segmentado territorio de la salud nacional, pero desde hace un año se dio por supuesto que más bien hacían falta médicos generales y atención primaria a la salud; las acciones se encaminaron en esa dirección (Campus Milenio No. 849).

La versión se modificó con la aparición del Covid-19 y ahora resultaba que los indicadores mostraban un faltante de médicos especialistas. El mes pasado, incluso, el presidente López Obrador habló de becar a cerca de 20 mil o 30 médicos para que obtuvieran una especialización en el extranjero.

La planeación de recursos humanos conforme a coyunturas u ocurrencias no arrojan buenos resultados. ¿Recuerda usted el impulso a la sobre especialización técnica de la educación media o, nada menos, el ambicioso programa de la administración anterior sobre formación de técnicos e ingenieros en materia energética? Sí, cuando la reforma energética era la riqueza por venir. Ahí tiene.

Seguramente podría ser útil conocer la información del censo reciente, sobre todo porque permitiría hacer comparaciones y proyecciones con las distintas fuentes de información que ya existen (nacionales e internacionales) sobre el personal de salud en formación y en activo .

En otra entrega entraremos en el detalle de las cifras, pero consideremos que en México, en el ciclo escolar anterior, en el sistema de educación superior, había casi 140 mil estudiantes de medicina general y en ese año se graduaron poco más de 15 mil; a nivel de especialización estaban matriculados poco menos de 29 mil y los graduados sumaron menos de 8 mil. Las cifras para el personal de enfermería son relativamente similares: 142 mil y se graduaron 19 mil; en especialidad 2 mil 600 y graduadas un mil 700.

Los grandes números no son todo, porque están involucrados los gremios, el tipo de especialidades, la distribución territorial, los procesos de formación, el aseguramiento de la calidad, pero mayor información ayudaría a conocer qué tan respaldadas están las decisiones.

Pie de página: Esta semana la UNAM anunció que ya está listo su primer ventilador para atender la contingencia sanitaria y en alianza podría fabricar hasta un centenar. Fue desarrollado “de punta a punta”, por el Laboratorio de Instrumentación Espacial (Linx) del Instituto de Ciencias Nucleares. Notable.

jueves, 18 de junio de 2020

Ciencia y Tecnología. ¿Cabeza de sector?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 854. Junio 18 de 2020. Pág. 4)

No dejan de ser notables las intervenciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las situaciones críticas desatadas por la actual pandemia. La más reciente es la integración de un equipo de científicos para trabajar en la vacuna contra el coronavirus en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dato es relevante porque se añade a otras participaciones clave que ha tenido en el mismo sector, contrario a lo que ha ocurrido con el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas.

Ya se sabe que las situaciones de crisis son un escaparate que muestra en tiempo real las competencias o debilidades de las instituciones. No hay forma de ocultar por mucho tiempo la precariedad de condiciones o la infraestructura rotunda; tampoco las debilidades ni el liderazgo.

Conforme a la ley aplicable, le corresponde a la Secretaría de Salud (SS) el establecimiento de las medidas para prevenir y controlar la epidemia. Además, existe un Consejo de Salubridad General, órgano de máxima autoridad en la materia que depende del ejecutivo federal pero lo preside el secretario de Salud. Lo integran 13 vocales titulares de muy diversas instituciones y secretarías (no incluye a la SRE) y otros 19 vocales invitados (el Conacyt entre ellos).

Es decir, formalmente, la responsabilidad sobre cómo enfrentar la crisis se distribuye en una estructura relativamente amplia y diversa de instancias, aunque en la práctica se concentra en el equipo de la SS y más mediáticamente en la subsecretaría que encabeza Hugo López Gattel, el hombre fuerte contra el coronavirus que tiene toda la confianza y el respaldo del presidente de la República.

En el primer nivel, como han dejado testimonio las conferencias de prensa y las acciones, la SS dirige la coordinación de todo el gabinete sobre la pandemia. No obstante, hay un segundo nivel de participación en la crisis que corresponde propiamente al ámbito de especialidad de cada sector: Ciencia y Tecnología, Economía, Seguridad Pública, Educación, Gobernación, Trabajo, Energía, etcétera.

Ahí, en el segundo nivel, el sistema científico y tecnológico, junto con el de Gobernación, han sido los menos visibles. Ambos sectores tienen recursos y capacidades instaladas para colaborar en el control de la pandemia. Sin embargo, prácticamente han pasado desapercibidos, o bien, se han hecho notar por los motivos equivocados.

Lo hemos dicho en este Acelerador de Partículas: el Conacyt llegó tarde, mal y fragmentado al combate contra el coronavirus. A pesar de que es la cabeza del sector que articula las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología de todas las secretarías de Estado y asesora al ejecutivo federal, simplemente no ha jugado un papel relevante. Ni hablar de su compromiso con los ventiladores mecánicos que debieron estar listos hace más de un mes y a la fecha no están.

El subsecretario López Gattel ha dado crédito a los modelos matemáticos elaborados por el organismo para las proyecciones de las curvas epidémicas, las estimaciones de movilidad pública, los mapas de riesgo o su colaboración en la elaboración de pruebas para detectar el virus. Sin embargo, lo cierto es que no logró sumar el conocimiento y experiencia de los recursos humanos de alto nivel que tiene en su sistema, ni las capacidades en red de sus instituciones.

Algo similar ocurrió con la Secretaría de Gobernación. Tiene bajo su responsabilidad la coordinación de las secretarías, las convocatorias a reuniones del gabinete y todo lo relacionado con la política interna. No obstante, públicamente no apareció en las grandes decisiones para controlar el Covid-19, ni siquiera en la iniciativa de colaboración entre el sistema de salud público y privado.

Por el contrario, la SRE y su titular, Marcelo Ebrard, sin pertenecer al Consejo de Salubridad General, desde el comienzo de la pandemia, cuando las fronteras en el mundo estaban por cerrarse, intervino para traer a connacionales (becarios y no becarios de Conacyt). En enero de este año también firmó un convenio marco con la UNAM para organizar y llevar a cabo proyectos de investigación; al mes siguiente, cuando estaba en ascenso el problema, presidió una reunión de virólogos  para proyectar patrones del virus en América Latina y el Caribe (Cinvestav, 02.02.2020).

La SRE también se encargó de las donaciones internacionales, las compras de insumos y equipamiento para el sistema de salud e incluso del convenio con hospitales privados para que pusieran a disposición del gobierno federal 50 por ciento de sus camas, el cual por cierto culminó el pasado 28 de mayo.

Ahora, la misma SRE informa que convocó a 18 investigadores de ocho universidades e institutos de salud para integrar un equipo que representa a México ante la OMS y cuyo objetivo es colaborar en la vacuna contra el Covid-19 (Milenio Diario 15.06.2020).

Efectivamente, la cabeza del sector científico y tecnológico no parece estar en Conacyt.

Pie de página: El reciente decálogo del presidente López Obrador para salir del coronavirus está “en congruencia con la evidencia científica acerca de los factores que más influyen en la salud”. Sí, eso escribió la titular del Conacyt en un tuit.

APF: ¿Pies de barro para planear?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 853. Junio 11 de 2020. Pág. 4)

El dilema que tienen enfrente los servidores públicos no es nada, pero nada sencillo. O se resignan a seguir la inercia y principios generales del movimiento de la Administración Pública Federal (APF) o improvisan metas, estrategias y acciones sistemáticas en sus programas institucionales.

En un caso o en otro serán incumplidos. Porque no cuentan con la carta de navegación que supone un Plan Nacional de Desarrollo (PND) y, sobre todo, no tienen un programa sectorial que desdoble los contenidos del Plan y les marque los lineamientos que deben observar.

No es que el PND y los programas sectoriales quedaran hechos añicos con la epidemia del Covid-19 en curso. No los había antes y no los hay ahora. El Plan divulgado el 12 de julio de 2019 no era plan, según lo dijo públicamente Carlos Urzúa, responsable de armar ese documento programático y primer secretario de Hacienda de la actual administración.

A su vez, los programas sectoriales son documentos de planeación elaborados por las propias dependencias de la administración, considerando la participación social pero sujetos a los ejes, objetivos y previsiones del PND.

Oficialmente, nada de eso existe en las secretarías de Estado ni en las entidades paraestatales. Según los plazos de la Ley de Planeación, los programas sectoriales debieron aparecer a los seis meses de publicado el Plan, esto es, el 12 de enero de este año. Sin embargo, ni en esa fecha ni después fueron presentados y así hasta hoy.

¿Habría diferencia si el Plan y los programas sectoriales hubieran existido antes de la epidemia? Sin duda. Si la segunda alternancia en el poder ejecutivo federal quería marcar una diferencia total respecto de administraciones anteriores, esos documentos de planeación habrían establecido claramente no solamente los objetivos específicos que busca alcanzar, cosa que sí ha hecho, lo más importante es que también habrían estado las estrategias para ejecutar las acciones, los indicadores de desempeño y sus metas, la estimación de recursos, la programación de lineamientos, entre otros aspectos. Después de la epidemia podrían ajustarse.

¿Administraciones anteriores han cumplido con planes y programas? No. Hasta antes de los años 2000 los planes y programas estaban hechos de una florida retórica elocuente y más bien carecían de indicadores. Después, incluyeron metas cuantificables, pero tampoco se cumplieron, siempre había imponderables que impedían alcanzar los grandes objetivos, a pesar del esfuerzo realizado, decían.

Tal vez por las graves fallas y el incumplimiento de periodos anteriores, las expectativas se desataron hacia el ejercicio de la actual administración. No obstante, ahora mismo, parece desempeñarse entre objetivos inasibles, fuertes limitaciones de presupuesto, presiones de tiempo e improvisación de acciones. Algunos dirán que lo importante está a salvo, lo demás es prescindible. El conjunto, sin embargo, puede estar a la deriva.

La buena noticia es que, después del Plan y los programas sectoriales, todavía hay un tercer nivel de planeación: los programas institucionales. Casi el último eslabón que conecta a las entidades de la administración pública y a los ciudadanos. La mala noticia es que esos mismos programas debieran estar perfectamente alineados, precisamente, con las previsiones del Plan y de los programas sectoriales. Si no lo están, su asidero es inestable y endeble; tienen una base de barro.

A este respecto, resulta ilustrativo lo que ocurre en el sector científico y tecnológico. Tampoco tiene un programa sectorial. Aunque, en realidad, no es sectorial, la ley correspondiente señala que es “especial” (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Peciti).

Lo destacable es que, la semana pasada, el Conacyt ingresó su Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Un mecanismo utilizado para someter a consulta pública normas administrativas antes de ser dictaminadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día de ayer se podía consultar el programa y opinar sobre el mismo en la página electrónica de la Comisión.

Independientemente del contenido del programa institucional, lo que llama la atención es que ahora podría marcar la ruta de las acciones en el sector, pero sin contar oficialmente con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Eso será un detalle menor para la Conamer? No debería.

Incluso el primer párrafo del mismo Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 tiene un error en el fundamento normativo del estatuto orgánico del Conacyt (refiere a artículos y párrafos que son incorrectos). Un equívoco menor, provocado por las continuas modificaciones en las normas, pero que ilustra la improvisación e inestabilidad de buena parte de la APF. Así, todo resulta difícil, muy difícil.

Pie de página: Por cierto, el Estatuto Orgánico del Conacyt va por su tercera reforma en menos de seis meses, la semana pasada fue publicada una nueva versión en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué ocurrirá con los resultados del parlamento abierto sobre los fideicomisos públicos? Los legisladores tienen la palabra y el voto.