Agenda CTI. Acuerdos, discrepancia o fisura

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 759. Junio 21, 2018. Pág. 5)

Todavía hay espacio para las sorpresas en el tema de la ciencia y la tecnología. La semana pasada, antes del tercer debate, dijimos que en esta materia, las propuestas de los candidatos presidenciales estaban relativamente claras. La incertidumbre solamente estaría en cómo resolver las diferencias entre los partidos coaligados sobre temas específicos. Ahora, la discrepancia o fisura, sin embargo, puede ser mayúscula. Al menos podría ser el caso en el equipo puntero en las encuestas y en un tema crucial: alimentos genéticamente modificados.

En las plataformas electorales, el mayor acuerdo está en elevar el nivel de inversión en ciencia y tecnología. La coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES), en su  Proyecto de Nación 2018-2024, destaca la intención de cumplir con el objetivo de alcanzar un nivel de inversión nacional (pública y privada) de uno por ciento del PIB en el sector (pág. 94).

Incluso, Esteban Moctezuma Barragán, designado como secretario de Educación Pública si gana Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo, en diálogo sostenido con investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que la inversión se llevaría al 1.5 por ciento del PIB y se lograría a través de incentivos fiscales “esto es, créditos fiscales que no existen ahora” (13.06.2018). En realidad, los créditos sí existen y no se ha logrado alcanzar el limitado nivel de inversión, así que menos probable será si se incrementa.

Por su parte, la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC) señala la necesidad de una política de Estado y también coincide en que se debe incrementar la inversión, pero se refiere al presupuesto público y no indica en qué proporción (pág. 34). Por último, la coalición ”Todos por México  (PRI, PVEM y Panal) sostiene que se debe fortalecer el sistema sectorial y estimular la inversión pública, privada y social para superar el uno por ciento del PIB (pág. 37). Incluso, el candidato José Antonio Mead, en la reunión que sostuvo con la ANUIES destacó que incrementaría el presupuesto para ciencia y tecnología de 0.5 a 1.5 por ciento del PIB (0.4.05.2018)

Las fuerzas políticas comparten la necesidad de incrementar la inversión y las diferencias están en el volumen de incremento, así como la participación relativa de gasto público o privado. No obstante, se asoma lo que podría ser una diferencia mayor. En el tercer y último debate, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció, en un eventual triunfo de su candidatura, el nombre de la persona que se haría cargo de dirigir el Conacyt.

El nombramiento es para la reconocida biotecnóloga María Elena Álvarez-Buylla, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017, pero sobre todo conocida por su activismo en defensa del maíz y su oposición a los transgénicos. El dato fue registrado en la comunidad científica. También, seguramente, algo de sorpresa les causaría a Víctor Villalobos, la persona que AMLO designó para hacerce cargo de la Sagarpa y a Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024.

Si pertenecen al mismo equipo ¿por qué habrían de sorprenderse? Esencialmente porque representan posiciones antogónicas a la que desempeñaría la responsable de dirigir el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas y sobre un tema que está en discusión desde hace más de dos décadas, precisamente cuando se introdujo en el mercado el primer alimento genéticamente modificado (OGM). La polémica perdura hasta hoy.

En un extremo están los detractores que señalan los daños potenciales que podría infligir la utilización de los OGM, incluye a personalidades de la ciencia, como María Elena Álvarez-Buylla, pero principalmente a organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos de los consumidores. En el lado apologético están quienes destacan las bondades de estos productos para la alimentación y el desabasto –como Alfonso Romo y Víctor Villalobos--, aunque también incluye a científicos, como Francisco Bolívar Zapata, así como a la industria biotecnológica.

El empesario Alfonso Romo, el coordinador del Proyecto de Nación, como se expone en la página electrónica de AMLO, actualmente es inversionista fundador de Synthetic Genomics y activo en otra empresa, Nature Source Improved Plants, “es líder en la aplicación de las más avanzadas tecnologías para el mejoramiento genético” (https://goo.gl/cxPhNE). En el ámbito educativo también es dueño de la Universidad Metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Víctor Villalobos, el eventual encargado de la Sagarpa si gana las elecciones AMLO, ha promovido la desarrollo de la biotecnología agrícola y se ha desempeñado en la academia y en la función pública como subsecretario. Sin embargo, cuando se annció su nombramiento, la organización Greenpeace, denunció que Villalobos tenía  “una marcada tendencia a favorecer los intereses de la industria biotecnológica” (https://goo.gl/9b4GXu).

En fin, la pregunta sigue siendo cómo se conciliaran los intereses y las posiciones antagónicas en un posible gabinete, porque no solamente son decisiones basadas en el conocimiento, están implicados aspectos de orden ecónomico, ético y político.

Tercer debate. Las coaliciones políticas y la agenda científica

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 758. Junio 14, 2018. Pág. 5)

Al momento de escribir este texto todavía no se celebraba el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia; precisamente el de la agenda social, donde se incluye la educación, la ciencia y la tecnología. Siempre, sin duda, resultan relevantes las posiciones públicas de los políticos en un contexto de incertidumbre y de amplia exposición mediática. Ahí están los registros de nombres de políticos que se quedaron asociados indisolublemente a lo que dijeron o hicieron ante los reflectores en unos cuantos segundos, fue su momento de franca obnubilación o de plena lucidez.

Sin embargo, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones, con independencia del evanescente episodio del debate, ya están relativamente claras las propuestas que los candidatos podrían poner en marcha en el área educativa y en el terreno científico y tecnológico. Aunque, en realidad, cuando menos en este último caso, no se debe tanto a lo que han dicho en campaña, lo cual ha sido prácticamente nulo en estos temas, sino más bien a lo que quedó anotado en sus plataformas electorales. Veamos algunos factores que sobresalen en esta elección.

Notemos una vez más una obviedad: los tres principales contendientes están propuestos por coaliciones de partidos y no por un partido político único. Esto es relevante porque, al menos aparentemente, las plataformas electorales concilian principios o posiciones ideológicas de naturaleza distinta. La pregunta es si el vínculo se sostiene aunque se trate de temas altamente controvertidos --como los dilemas éticos ante evidencias o avances científicos-- o qué línea política predominará.

Después de todo, en esta elección, están coaligados partidos que han sostenido posiciones ideológicas aparentemente antagónicas. La coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD y MC), dice en su plataforma: “Los partidos políticos que integramos la Coalición no pretendemos mimetizarnos, ni renunciar a nuestra historia y principios, es decir, a nuestra identidad como organizaciones políticas autónomas. Pero sí estamos dispuestos, ante la situación de urgencia que vive el país, a poner por delante aquello que nos une” (pág. 4). Seguramente sea lo que fuere.

Por su parte, la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PES y PT), en su “Proyecto de Nación 2018 – 2024”, abre su apartado de educación, no con el grave problema de la desigualdad educativa, la inocultable realidad del rezago o la imperativa ampliación de oportunidades educativas, como cabría esperar. No, sin más ni más, inicia con un amplio documento de justificación de los beneficios que habría si se otorga autonomía a las instituciones de educación superior particulares. Si este contenido es el primero en aparición, revela lo que podría ser la prioridad del proyecto en el sector y acaso lo que coaliga a las fuerzas políticas que están agrupadas.

En esta contienda electoral, se ha dicho, la dinámica y coalición de fuerzas políticas se rige por un pragmatismo pavoroso. Si asumimos que así es ¿qué importancia tiene para los problemas de la ciencia y la tecnología? Pongamos por caso la baja inversión en el sector. Todas las plataformas electorales (incluida la del folclórico e impresentable candidato independiente) sostienen que se debe invertir más. No obstante, lo que estaría por resolverse es si el mayor esfuerzo debiera ser del sector público, del sector privado, de ambos y si fuera esto último en qué proporción participarían. ¿Qué posición prevalecerá o sostendrán?

Otro asunto es que en las plataformas electorales de las coaliciones predominan las posiciones de los principales partidos que las proponen. Esto es, en la coalición “Por México al Frente” las propuestas de la plataforma son casi idénticas a las que también registró el PAN ante el Instituto Nacional Electoral, sólo que recortadas; en la de “Todos por México”, predominan los planteamientos del PRI; y en la de “Juntos haremos historia” lo que es notable son los contenidos de Morena, los que aparecen en el “Proyecto de Nación 2018-2014”. ¿Esto quiere decir que, más bien, se impondrán los principios del partido principal o cómo?

Por último, también conviene destacar que, al menos por los contenidos que han pronunciado públicamente los candidatos, así como por la extensión y planteamientos que aparecen en sus plataformas electorales, el tema de la ciencia y la tecnología no es de ninguna forma sobresaliente; tampoco se aprecian propuestas desagregadas y precisas, menos un proyecto claro. Solamente atisbos de lo que podría ser.

Si el tema de la educación no es exactamente una prioridad y lo ha acaparado principalmente la reforma educativa de esta administración, el de la ciencia y la tecnología, en términos generales, es todavía menos sobresaliente.

En la próxima entrega veremos el detalle de lo que dijeron los candidatos a la presidencia y lo que está en la agenda de la ciencia y la tecnología. Pero hoy, como desde hace casi cuarenta años, lo que encabeza la lista es la inversión en el sector. En el Plan Global de Desarrollo de 1980 fue la primera vez que se planteó la meta de destinar el 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología.

El IPICYT. La irritación potosina

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 757. Junio7, 2018. Pág. 5)

Al final del mes anterior, en San Luis Potosí, un foro académico internacional que tenía como objetivo deslumbrar con el intercambio y las relaciones académicas entre Francia y México, localmente cumplió otro propósito: darle visibilidad nacional al conflicto en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt). La posterior renuncia del titular es un desenlace parcial, pero es aleccionador lo que ha ocurrido.

El conflicto, de acuerdo con el portal de noticias local laorquesta.mx, no es reciente, tiene poco más de un año. Todo comenzó en abril de 2017. En esa fecha les recortaron los incentivos económicos a prácticamente la totalidad del personal del Ipicyt. Solamente el personal directivo quedó a salvo de la disminución que fue del 30 al 50 por ciento del salario que regularmente percibían (https://goo.gl/dyqH8U).

El Ipicyt es relativamente reciente (se fundó al final del año 2000) y es parte del sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt. Estos centros son esa veintena de instituciones que se distribuyen en casi toda la geografía nacional, realizan enseñanza –principalmente de posgrado— e investigación; el año pasado cumplieron 25 años de que se integraron. Tienen diferentes especialidades y se agrupan en tres áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades; naturales y exactas; y desarrollo tecnológico.

La especialidades del Ipicyt son la biología molecular, materiales avanzados, matemáticas aplicadas, ciencias ambientales y geociencias aplicadas. Tiene programas de posgrado (maestría y doctorado) en cada una de ellas. El personal que labora ahí suma poco más de un centenar: 13 directivos; 62 investigadores y 29 técnicos; en los dos últimas categorías se concentró el recorte de salario.

Los incentivos económicos en las instituciones de educación superior en México es esa política que se instaló a partir de los años noventa en el subsistema: una compensación al salario base conforme una evaluación del rendimiento individual. Las condiciones de aplicación son muy variadas en el heterogéneo conjunto de instituciones, pero en casi todos los casos, y para una buena parte del personal académico, representan una proporción significativa de las percepciones económicas (puede ir de un tercio a más del doble del salario base). Si de buenas a primeras los incentivos son retirados, resulta comprensible la afectación.

El caso de los CPI es todavía más peculiar porque la reforma a la normatividad científica de fines de los años noventa los colocó en una administración conforme convenios de desempeño y luego a través de Convenios de Administración por Resultados. En esta situación, una porción importante del sostenimiento financiero de estos centros (40 por ciento o más) proviene de ingresos propios.

Las expresiones de inconformidad del personal del Ipicyt fueron en aumento a lo largo del año pasado y del actual. En el Tercer Foro Académico Franco-Mexicano de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en San Luis Potosí el 29 y 30 de mayo, con la participación del gobernador de la entidad, personal diplomático de Francia y el titular de Conacyt, Enrique Cabrero, los investigadores y técnicos del instituto irrumpieron en el acto. Posteriormente, como lo reportó el periódico El Universal (SLP), el ahora exdirector del Ipicyt, Alejandro Femat, renunció al cargo “con el fin de abrir espacios de reconciliación” (https://goo.gl/9Vxekt).

Después de un año, el hecho confirma que lo importante es que haga crisis la situación y que se haga presente, ampliamente, la manifestación pública del problema. Antes de eso, ni pensar en tener la atención y menos una respuesta de los directivos. Un sendero que sigue cualquier muestra de inconformidad en México que busca ser efectiva (como bloquear las avenidas o tomar las instalaciones) y que expresa la baja institucionalidad que nos rige, así como el talante de las autoridades.

También muestra lo sensible que puede ser cualquier cambio en el tema de los incentivos económicos y en el salario base. Después de todo, son casi tres décadas de funcionar bajo un esquema de compensación de alto porcentaje que será muy difícil remover, sin generar irritación. Igualmente, es notable la relevancia de la participación federal para mantener el equilibrio presupuestal en las instituciones académicas.

Por último, el caso del Ipicyt es un reflejo a escala de la normatividad que rige a los CPI y del posible cambio que se les avecina. En la propuesta de ley del gobierno federal, ese proyecto que llegó al cuarto para las doce al Congreso y que no se discutirá en la actual legislatura, se considera un capítulo de amplia reforma de esos centros. Incluye un nuevo esquema de gobierno, gestión, control interno y evaluación externa, así como la eliminación de los Convenios de Administración por Resultados y la adopción de programas institucionales de planeación.

En fin, por ahora todavía es un proyecto y tal vez se demore en discutirse en la próxima legislatura, pero seguramente estará en la agenda del próximo gobierno.