HIDALGO: ¿OTRA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO?

“Queremos transformar para pasar de ser un país de manufactura o de mente para la manufactura, a uno de mente que permita mayor productividad y elevar competitividad para el país”, dijo Enrique Peña Nieto, el titular del poder ejecutivo federal, en Pachuca, Hidalgo, el pasado 17 de enero.

Las palabras fueron pronunciadas en el proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en lo que el propio Peña Nieto, considera parte de sus compromisos. Recordó que había estado ahí en mayo del año pasado para suscribir el compromiso de “detonar y desarrollar el proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura” y ahora lo estaba cumpliendo.

En el debate internacional se comenzó a hablar de sociedad del conocimiento desde inicios de los años setenta y con mayor énfasis en los años noventa. El concepto se utilizó casi a la par de las nociones de sociedades del aprendizaje y de educación a lo largo de la vida.

Básicamente, la idea hace referencia a que el conocimiento es factor clave para transformar los bienes y servicios con un mayor valor agregado, de modo que los esfuerzos de producción ya no descansan, o no solamente, en el uso intensivo de la mano de obra sino fundamentalmente en el conocimiento. De ahí se desprendió la idea de sociedad o economía basada en el conocimiento y en el renovado interés en los sistemas educativos y en los sistemas científicos y tecnológicos.

No obstante, el asunto no es tan simple. Ni se trata de modelos únicos de sociedad del conocimiento ni se puede improvisar con aparatos educativos frágiles, rezagados y de baja competencia académica. La construcción de sistemas educativos robustos es una tarea que lleva décadas de esfuerzo y continuidad de medidas para alcanzar un cierto nivel de logro.

En el caso de México, imposible no reparar en el contraste de hablar de sociedad del conocimiento cuando un tercio del total de la población se encuentra en rezago educativo, poco menos de la mitad de los jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad no están inscritos en el sistema educativo y solamente un tercio del grupo de edad logra una inscripción en la educación superior. Ni hablar de la calidad educativa o del retraso tecnológico en sectores estratégicos o las dificultades de los sistemas de innovación.

La idea de sociedad del conocimiento dio paso a la noción de sociedades del conocimiento para admitir que no existe un modelo único y también para reconocer las diferencias entre las naciones. Pero la idea continuó con los llamados sistemas nacionales y estatales de innovación.

Las dificultades para mostrar la edificación o consolidación de auténticos sistemas de innovación, a nivel nacional o estatal, han llevado a hablar, sin demasiada claridad, de determinados espacios geográficos de conocimiento (ciudades, parques o agrupaciones), para resaltar cierta similitud con aquellos otros que se han enfocado en ciertas áreas de conocimiento o generación de tecnología.

En México, varias entidades, desde el sureste hasta el norte de la República, han declarado oficialmente la creación de ciudades del conocimiento, pero refiriéndose a un espacio acotado en el que están instituciones educativas, algunos centros de investigación y quizá alguna empresa. Sin embargo, las intenciones son más propagandísticas que reales.

El proyecto de Ciudad del Conocimiento en Pachuca Hidalgo es de agosto del 2011 e inició con la firma de un convenio con el IPN, pero sin financiamiento y sin lugar definido. Hoy, año y medio después, otra vez se vuelve a relanzar el proyecto. Se habla de impulsar la educación media superior y de analizar la vocación económica de la región para apoyar los proyectos pertinentes.

El segundo informe del gobierno estatal, presentado el pasado mes de septiembre, anotó que la iniciativa se desarrolla en 178 hectáreas, en las cuales habrá “espacios para los sectores educativo, productivo y empresarial, zona comercial y de servicios, una nueva reserva ecológica, áreas verdes y recreativas, un Museo de Ciencia y Tecnología, un Centro de Convenciones, una zona habitacional y un Centro de Tecnologías de la empresa Microsoft”.

El estado de Hidalgo ha realizado importantes esfuerzos en las últimas décadas para salirse del club de entidades con los peores indicadores socioeconómicos, pero todavía carga con importantes rezagos. El proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura todavía es una aspiración, le falta estructura y le sobra retórica.

(Publicado en Campus Milenio No. 494. enero 24, 2013)

EDUCACIÓN, EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL

No existe garantía si recibirán solución los graves problemas que aquejan al sistema educativo mexicano; tampoco el detalle de la eventuales medidas para atenderlos; y menos el tiempo en que se apreciarán claramente algunos resultados. Sin embargo, lo que parece indudable es que la educación ha logrado colarse a la agenda y ser capitalizada por la actual administración. Pero conviene moderar las expectativas porque apenas es un peldaño de una larga escalera y además es parcial.

En los años recientes, numerosos grupos, internacionales, empresariales, académicos, sociales, padres de familia, etcétera, por razones no siempre coincidentes, han expresado su descontento con la situación en materia educativa. Pero la mayoría, con muy pocas excepciones, han carecido de la fuerza para llevar sus opiniones al diseño de los programas gubernamentales o a la lista de prioridades nacionales.

Cuando más, la serie de reclamos ha logrado el impulso a algún programa, incrementar el financiamiento, demandar calidad educativa o ampliar la matrícula, todo dentro de un marco previsible. No por nada calidad, evaluación y financiamiento han sido los temas de las últimas dos décadas.

La agenda y los ritmos de los cambios educativos los lleva la parte gubernamental; tiene los recursos técnicos y dispone del erario. Hoy, una vez más, el tema de la evaluación y la calidad vuelven a ocupar el centro de las medidas. La figura presidencial no tiene las mismas características que en el pasado, pero su densidad sigue siendo el factor decisivo para impulsar o inhibir, para atender o ignorar. Así lo fue en el pasado y así es en el presente.

En su discurso de toma de posesión, Enrique Peña Nieto (EPN) señaló que el tercer eje de su gobierno sería: “lograr un México con educación de calidad para todos. Ese país que podemos ser, hará frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas”.

En el mismo acto, EPN informó que enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, en la cual se establecerían las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, éste último a cargo de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plenamente autónomo. Además, también dijo que había instruido al secretario de Educación Pública para que éste solicitara al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas del país, el cual incluyó el tema educativo y básicamente las acciones que había anunciado. Una semana después envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional con los mismos propósitos (incluído el adjetivo de calidad).

La reforma pasó sin grandes contratiempos en el Congreso de la Unión, actualmente está a punto de ser aprobada por la mayoría de los Congresos locales y seguramente en unas semanas más se pondrán en operación las modificaciones. Es decir, tanto los contenidos como los tiempos los ha marcado el gobierno federal.

Todavía falta la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y después el correspondiente programa sectorial, en los cuales se sepone se recogerá la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, el diagnóstico y las soluciones del tema educativo ya han avanzado en el terreno de los hechos.

No está mal el sentido de urgencia concedido por la actual adminsitración, el asunto es que no hemos resuelto cuáles son o deben ser los temas prioritarios y, sobre todo, si las medidas anunciadas hasta ahora, son las mejores para el sistema educativo. Por ejemplo, ¿debemos ser indiferentes al rezago educativo o al ajuste a la baja de la cobertura en media superior y superior? ¿Convertiremos nuevamente a la evaluación en un fin en sí misma?

Es ilustrativo de nuestra sociedad que, una vez más, el gobierno federal lleva la responsabilidad de la agenda educativa y son contados los sectores que han alzado la voz. Entre otros, se han expresado públicamente algunos grupos sociales, opiniones en medios, la propuesta de la UNAM (Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional) o las recomendaciones que recientemente entregó la OCDE en el Foro México 2013 (Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México). Pocos.

Sin argumentos ya nos convencimos. Todavía no hay plan ni programa formal pero ya vamos a la operación de la reforma. No hemos tomado suficiente distancia de las políticas gubernamentales.

(Publicado en Campus Milenio No. 493. Enero 17, 2013)

CyT: ¿HOJA DE RUTA?

El nuevo director de Conacyt, Enrique Cabrero, en su discurso de toma de posesión, el pasado 3 de enero, en breves y contundentes palabras, identificó lo que considera el mayor problema de la ciencia y tecnología en México, la solución y qué hará al respecto. En la misma ceremonia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó al nuevo funcionario a realizar cinco acciones.

Todo un plan en marcha. Sin embargo, tal vez se trata de un dispositivo demasiado sencillo, como a menudo ocurre, para cruzar la prueba de la realidad y el laberinto organizacional del sistema científico y tecnológico. Incluso, las referencias sobre la eventual Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia fueron crípticas.

Enrique Cabrero reconoce la escasa consistencia de la política sectorial: “Un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer que México ha llegado tarde a su integración en la llamada sociedad del conocimiento. Es un hecho que, por muy distintas razones, nos hemos quedado atrás en el fomento de una política científica y tecnológica”.

En opinión del ahora titular de Conacyt, el tema de los recursos han sido una desventaja, pero no es el problema principal. El mayor problema, desde su perspectiva, es que los diferentes elementos del sistema científico y tecnológico no han sido integrados en una normatividad correcta y bajo una política clara y eficaz.

Entonces, tal parece que se trataría de modificar el marco institucional del sistema científico y tecnológico, superar su rigidez, desarticulación, burocratización y colocar los incentivos correctos. Pero, ¿hacía dónde debería orientarse? Nuevamente se presenta el dilema inveterado: concentrarse en el desarrollo tecnológico y particularmente en tratar de vincular la industria con la academia, o bien, enfatizar e impulsar la ciencia básica.

Cabrero se pronuncia por conciliar ambos esfuerzos, sin embargo, ha sido una ruta poco consistente, ensayada en múltiples ocasiones y cuyos resultados están a la vista. Además, sugiere transitar por una vía que ha sido poco experimentada “lo haremos, consolidando los espacios de interacción y tejiendo una red de política pública con acuerdos y compromisos visibles, verificables y medibles”.

La vía por explorar es parte de lo que el mismo Cabrero, Valadés y López identificaron hace más de seis años como uno de los problemas del sistema científico y tecnológico en México: la construcción de una verdadera red de política pública (El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México. UNAM-CIDE).

Aparte de lo que el titular de Conacyt tiene identificado para proceder, también está lo que el ejecutivo federal le instruyó a realizar. En este último caso, le indicó que, junto con las secretarías de Hacienda y Economía, debe diseñar una hoja de ruta para que al término de esta administración se alcance el 1 por ciento del PIB de inversión en el sector y el 1.2 por ciento en una década.

También le solicitó políticas públicas diferenciadas para las regiones y estados conforme sus capacidades, lo mismo que fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, la creación de un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la academia.

Además, Enrique Peña Nieto (EPN), recordó que también está pendiente la creación de un organismo --mencionado en los tiempos de campaña y después recuperado en un documento de propuestas--, denominado Fundación para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, en cuyo funcionamiento participarán los particulares.

Es decir, tal parece que el acento estará puesto, una vez más, en la continuidad de ciertos programas y en la modificación del marco normativo, sea para integrar un verdadero sistema de ciencia y tecnología y/o para establecer los incentivos correctos.

La creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología ya está descartada, como lo dijo claramente el propio ejecutivo federal. Sin embargo, lo que no está claro es la función que cumplirá esa estructura referida por EPN que trabajará “desde el área de la Presidencia de la República”, para tener una mayor vinculación con Conacyt. Una estructura en la que participara Francisco Bolívar, el encargado del equipo de transición.

Apenas es el comienzo de la nueva administración, falta la integración del programa sectorial y el encuentro con los principales actores. Veremos qué tan clara es la hoja de ruta para una red de política pública.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Enero  10, 2013)

EL AUMENTO A CyT Y SUMA CERO

El compromiso número 46 del Pacto por México estableció que “se dará cumplimiento a la ley de ciencia y tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013”.

Efectivamente, en la propuesta de paquete económico para el año próximo que remitió el ejecutivo al Congreso el pasado 7 de diciembre, los números del presupuesto para el sector se incrementaron respecto de lo que había ocurrido en años anteriores.

Todavía faltan las modificaciones y aprobación del monto final del presupuesto por parte de los Diputados, para saber el volumen final del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2013.

Según las estimaciones del paquete económico, se prevé un crecimiento del PIB para el año próximo de 3.5 por ciento, una inflación de 3 por ciento y un precio promedio del precio de barril de petróleo de exportación de 84.9 dólares. Lo notable es que no plantea modificaciones al marco fiscal, tampoco nuevos impuestos, afirma que el presupuesto es de “déficit cero” y el incremento global del presupuesto de egresos, respecto del año anterior, es de 2.3 por ciento en términos reales.

Si el paquete económico no considera cambios recaudatorios, el incremento global de los egresos es relativamente modesto y, además, los compromisos del Pacto y del gobierno federal están asegurados presupuestalmente, entonces se trata de cambios de casi suma cero y de ajustes mayores al PEF.

En comparación con el incremento del presupuesto global, el incremento para ciencia y tecnología (ramo 38) fue importante. El primero, como ya lo anotamos, fue de 2.3 por ciento en términos reales, mientras que el segundo fue de casi 15 por ciento. No obstante, las cifras del aumento tienen algunas peculiaridades.

Este año, al sector científico y tecnológico se le destinaron 59 mil 324 millones y de ellos Conacyt recibió 25 mil millones de pesos. El proyecto que envió el ejecutivo federal para el año próximo, propone que el sector reciba 70 mil 395 millones y Conacyt 28 mil 313 millones de pesos.

Esto es, en términos nominales, el incremento para el sector sería ligeramente arriba de los 11 mil millones de pesos. Un crecimiento relativamente significativo, pero no mayúsculo. El incremento se distribuye diferenciadamente en las distintas secretarías que reciben recursos para actividades científicas y tecnológicas.

Por una parte, habría que considerar que en esta ocasión, el proyecto de PEF 2013 incorporó en el gasto por ramos, el rubro correspondiente a “previsiones salariales y económicas”, es el rubro que se refiere al incremento a salarios y creación de plazas de todas las dependencias. En años anteriores, ese incremento estaba considerado en un anexo aparte y no formaba parte del ramo.

En el caso del sector científico y tecnológico (ramo 38), el rubro de previsiones salariales y económicas es de un volumen importante:  4 mil 517 millones de pesos. Representa un 41 por ciento del total de aumento.

El proyecto propone para Conacyt un incremento de 3 mil 887 millones de pesos, respecto de lo que recibió en este año. Es un aumento al gasto ejercido centralmente y en el que seguramente están considerados los 2 mil 500 millones de pesos para el nuevo programa que anunció el Presidente, Enrique Peña Nieto, el pasado 13 de diciembre, en la ratificación de la directora del IPN.

Otras tres secretarías que canalizan recursos a actividades científicas y tecnológicas, para las que también se consideran incrementos, son las de Salud con 4 mil 313 millones de pesos (un incremento mayor que el de Conacyt), Educación Pública con 932 millones de pesos, y Energía con 198 millones de pesos de aumento.

Incrementos más bien modestos e insignificantes reciben Sagarpa, Marina, ISSSTE, Tursimo, la PGR y Comunicaciones y Transportes, con montos de incremento entre 2 y 20 millones de pesos. Por el contrario, a Gobernación, al IMSS y a Semarnat los recursos más bien se les disminuyeron (entre 16 y 67 millones de pesos).

En fin, como se podrá apreciar, sí existe un aumento para ciencia y tecnología, de alrededor de 7 mmp, pero no del orden del 15 por ciento en términos reales e incluso más bien modesto si se considera que falta la aprobación de los diputados y lo que establece el artículo 9 Bis de la ley del sector.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Diciembre 20, 2012)