¿Y el Comité Nacional de Productividad?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 687. Diciembre 22, 2016. p. 5)

El año está llegando a su fin y lamentablemente no tenemos muy buenos resultados a la vista en el terreno económico y menos en el político. Lo más desalentador es que para el año próximo no solamente las expectativas de crecimiento son menores, el panorama político con una relación de nuevo tipo con los Estados Unidos tampoco pinta nada bien.

De hecho, Agustín Carstens, el todavía gobernador del Banco de México que se marchará el último día de junio del año próximo y cuyas metáforas han sido una anticipación de lo que le aguarda a la economía nacional, ha dicho, sobre el inicio del periodo presidencial de Donald Trump, que podría ser una auténtica película de terror: “Fuimos al cine y vimos los cortos de una película, vimos diferentes escenas, pero no sabemos si será una película de terror o si va a tener un buen final. Ahorita lo que hemos visto, hemos visto los cortos que a partir del 20 de enero va a correr la película completa” (Milenio Diario 19.12.2016).

En realidad, tal parece que no cabe esperar ningún final feliz de una película de terror y, con sobrada razón, múltiples voces han insistido en que debemos prepararnos para lo peor y diseñar una estrategia nacional. En estas circunstancias, vale la pena comenzar el recuento de algunas iniciativas e instrumentos del gobierno federal que están en marcha y que se supone tienen como misión la búsqueda del dinamismo económico.

Por ejemplo, seguramente usted recordará el Comité Nacional de Productividad (CNP). Ese organismo instaurado por decreto en mayo de 2013, presidido por el secretario de Hacienda e integrado por una veintena de personalidades, entre ellos, los secretarios de Economía, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, el director de Conacyt y representantes de instituciones de educación superior, de media superior, de organizaciones empresariales y sindicales.

Un comité que tiene como primera función la de proponer “estrategias, políticas y acciones en materia de productividad y empleo, a fin de que sean consideradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias” (DOF 17.05.2013). Así como proponer mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias de la administración pública federal, lo mismo que entre o sectores público, social y privado.

El CNP básicamente es un órgano consultivo y auxiliar del ejecutivo federal y de la planta productiva. El comité puede formular propuestas y emitir opiniones, pero nada más. En realidad no tiene capacidad de decisión, aunque sí puede diseñar una estrategia integral y una de sus fortalezas es que reúne a funcionarios de primer nivel y a representantes de distintos sectores. En principio, se supone que las sugerencias se dirigen a las dependencias gubernamentales y a las organizaciones que pueden desempeñar un papel activo.

Pero, en estos más de tres años ¿qué ha logrado el CNP? No mucho, todavía. En primer lugar, según la normatividad, debiera reunirse al menos cuatro veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria las veces que estime necesario (artículo 5to). Sin embargo, después de su instalación en el 2013, solamente se reunió dos veces en el 2014, tres veces en el 2015 y en este año solamente dos. Un funcionamiento irregular y con tendencia a disminuir, así como también como también ocurre con el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.   

Quizás las reuniones periódicas pueden ser soslayadas, dado que reunirse presencialmente no es ninguna garantía y se trata de representantes con agendas muy complicadas. No obstante, en términos prácticos, el CNP solamente ha identificado estrategias de desarrollo para sectores como turismo, gastronomía, el comercio al por menor, autopartes y proveeduría aeroespacial. Específicamente ha propuesto diferentes medidas para los últimos tres sectores.

Por cierto, en la sesión del CNP de noviembre del año pasado, se había propuesto la creación de tres grupos en lo que se llamó “Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación”. Uno de esos grupos tendría como objetivo la “Generación de Talento” y estaría bajo la responsabilidad del secretario de Educación Pública (Campus Milenio. No. 655). El grupo fue instalado en mayo de este año, pero al parecer hasta ahí quedó la novedad.

En la reunión más reciente del CNP, la semana anterior, también se presentaron recomendaciones para el sector energético (Recomendaciones que incluyen matrices de compromisos e indicadores de desempeño para el sector energético. Hidrocarburos). Las recomendaciones se dirigen a la Secretaría de Energía pero también a diferentes organizaciones empresariales, como la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Confederación Patronal de la República Mexicana o la Confederación de Cámaras Industriales.

En fin, no se sabe si el gobierno federal, más allá de las medidas anunciadas de protección a los mexicanos en territorio estadounidense, ya tiene lista una estrategia para este difícil cierre de año y el comienzo de otro que resultará todavía más complicado. Lo que en ningún caso es recomendable es esperar a ver si se cumplen o no las peores amenazas. El aprovechamiento de organismos intermedios y de contacto entre diferentes sectores pueden ser promisorios, en términos realistas y sin simulaciones.

Otra vez las TIC a la escuela

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 686. Diciembre 15, 2016)

Desde fines de los años ochenta, con el Programa para la Modernización Educativa, el gobierno federal ha buscado llevar los dispositivos tecnológicos a todos los salones de clase. Aunque en lo que va del siglo es cuando más se ha experimentado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas, por lo menos a gran escala. Desafortunadamente, no ha resultado nada sencillo convertir las intenciones en logros visibles y los programas han sido decepcionantes. Seguramente el que está por comenzar también lo será.

El año próximo se pondrá en marcha “@prende 2.0” y se ha  planteado que se trata de una “nueva estrategia integral que ayudará a educar para la libertad y la creatividad” (SEP. 08.11.2016). Sea lo que sea que eso signifique. Y sí, hasta ahora solamente se han dado a conocer los trazos más generales de la nueva iniciativa, faltan los imprescindibles y detallados pasos para pasar del anuncio gubernamental a la cotidianidad de los salones de clase.

Según la información de SEP el programa incluirá: la capacitación de maestros; una plataforma con contenidos; la instalación de aulas con equipamiento y conectividad; y una evaluación constante. Hasta donde se ha informado la capacitación iniciará con el programa, pero el esquema y los contenidos de la plataforma ya se pueden consultar (http://aprende.edu.mx). El sitio web se desdobla en tres secciones y tienen al docente como principal referente, aunque dice que solamente una de ellas está dirigida a él y las otras dos son para padres de familia y alumnos.

El nuevo programa, a juzgar por su título de @prende 2.0, busca concentrarse en el aprendizaje, conjuntar diferentes usuarios y provocar una mayor interacción digital. Tal parece que después de muchas denominaciones y variados intentos de utilizar las TIC con propósitos educativos, ha comenzado a generar un cierto consenso el principio de que el aprendizaje debe ser el eje principal de estos esfuerzos. Sin embargo, es más fácil decirlo que lograr un verdadero aprendizaje

Por cierto, el nombre y la plataforma de @prende 2.0 guardan cierta similitud con la iniciativa que en junio de este año lanzó la fundación Carlos Slim. Una circunstancia nada fortuita. ¿Usted recuerda el programa de Slim? El que está en marcha desde junio de este año, se llama app-prende (aprende.org), la plataforma también ofrece contenidos, pero no están dirigidos especialmente a los docentes y van desde el nivel básico hasta superior.

El otro aspecto del programa gubernamental que llama la atención es la referencia “2.0”. Es de suponerse que no se refiere a un segundo intento de implementación, si así fuera el número sería mucho más elevado. Seguramente es en alusión a eso que en informática se ha denominado la web 2.0, para diferenciarla de la primera versión en la que usuarios pasivos solamente descargaban o subían información, pero no podían modificar nada ni interactuar con nadie. La principal característica de la web 2.0 es que el usuario es parte activa de los contenidos, se relaciona y colabora con otros usuarios, al mismo tiempo que utiliza diferentes aplicaciones disponibles en el sitio.

Nada mal si @prende 2.0 es capaz de conjuntar esfuerzos, propiciar la interacción y colaboración entre docentes y alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, faltan los detalles de cómo se podrán articular unos y otros, porque lo único que se ve en la plataforma son finalidades divergentes y como la literatura lo ha mostrado, la diferencia generacional y de habilidades constituyen el principal escollo a salvar.

Otro asunto es el alcance de @prende 2.0. El plan de la SEP es que el año próximo comenzará una fase piloto en tres mil escuelas y cada una tendrá 20 o 30 dispositivos que funcionarán a través del “programa México conectado”. Este último está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tiene como propósito llevar Internet de banda ancha a diferentes espacios públicos.

Un gran avance si la SCT resolverá el problema de la conectividad a Internet en las tres mil escuelas piloto, pero en educación básica suman más de 220 mil planteles. Así que no está a la vista como escalará el programa y menos si consideramos el recorte presupuestal del año próximo. Respecto del presupuesto de este año, SEP y SCT fueron las secretarías con el mayor recorte para 2017; la primera con 37 mil millones de pesos menos y la segunda con 27 mil millones.

No menos complicado de resolver será la escala de tiempo para poner en marcha el programa. Es obvio que la actual administración ya está en el último tercio de su periodo, cuando la hora de planear ya pasó y debiera estar totalmente en el tiempo de la implementación o de los primeros resultados. Así que pensar en un programa piloto para el 2017 y expandirlo en el último año de mandato, no parece nada lógico ni posible.

Por último, el programa debe enfrentar el escepticismo y el descrédito de programas anteriores. Deberá convencer no solamente a los medios y a los legisladores de que se trata de una inversión que no repetirá los errores de programas anteriores, lo más importante será persuadir a maestros y estudiantes de que ahora sí es un instrumento para mejorar el aprendizaje. Difícil, muy difícil.

El último tercio de la gestión y el gasto federal para ciencia

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 685. Diciembre 8, 2016)

Las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), al iniciar su quinto año de gobierno, se oyen bien y suenan convincentes. En el clima de zozobra que ha traído el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos, la inestabilidad en los indicadores nacionales y los injustificables casos de corrupción gubernamental, se echaba en falta claridad y firmeza en la posición del ejecutivo federal.

Sin embargo, casi que terminando el discurso del presidente viene la renuncia del gobernador del Banco de México por causas no del todo explicadas --apenas en enero comenzó su segundo periodo y estaba previsto que concluyera en diciembre de 2021— y las palabras vuelven a ser las de siempre. Otra vez en el carril equivocado, atizando la incertidumbre y el desequilibrio financiero. Una política de ensayo y error que las encuestas han registrado puntualmente.

El discurso de EPN destacó un reconocimiento a las fuerzas políticas y sobre todo una convocatoria a la unidad para enfrentar los retos: “uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico y principal socio comercial”. Claro, lo que todavía no se ve son las bases de esa “relación constructiva” y menos la disposición favorable de la contraparte estadounidense.

El ejecutivo federal también demandó el esfuerzo de todos y asumió la parte de su responsabilidad: “Trabajaré con ahínco cada día de los dos años que restan al sexenio y me aseguraré de que mis colaboradores cumplan su parte. Defenderé las libertades, los derechos y la dignidad de los mexicanos, donde quiera que residan o se encuentren”

Las definiciones parecen correctas para el último tramo del actual periodo de gobierno, cuando las cosas no pintan nada bien y todavía no se sabe exactamente cuántas de las amenazas cumplirá el próximo presidente estadounidense Donald Trump. Intimidaciones a las que también se ha sumado el vicepresidente electo Mike Pence al declarar sibilinamente que “hay varias maneras” para que México pague la presunta edificación de un muro en su frontera sur e insinuar que podría estar asociado a la negociación del TLCAN (Milenio Diario 05.12.2016).

El presidente, como parte de sus logros en estos cuatro años, dio a conocer de forma sintética algunos avances en sus diferentes áreas de gobierno. En el sector educativo enumeró seis acciones que están en la ruta de garantizar una educación de calidad: la reforma educativa; el incremento de la cobertura educativa; la inversión triplicada en ciencia y tecnología; mayor número de becas; el programa de escuelas al cien; y el número creciente de escuelas de tiempo completo.

Desafortunadamente, los avances que destaca el gobierno federal no toman como punto de referencia las metas que la propia administración se autoimpuso en cada rubro. Si ese fuera el caso, desde ahora se advierte que nos cruzaremos de brazos a esperar los resultados. Es el caso de la inversión en ciencia y tecnología, y tal vez el de cobertura en educación superior.

Por ejemplo, en el avance reportado se anota que el gasto federal acumulado en ciencia y tecnología en los primeros cuatro años de este gobierno, si lo comparamos con el mismo gasto y el mismo periodo en el gobierno de Vicente Fox, se ha triplicado. Así es y es una ingeniosa presentación de datos. Claro, por una parte, es un periodo relativamente largo, así que mientras más lejano el periodo de comparación la diferencia será mayor y viceversa ocurrirá lo contrario (no alcanza a duplicar la cifra para el mismo periodo de Felipe Calderón).

Por otra parte, y más importante, las cifras que se comparan están términos nominales, corrientes, no es el gasto federal para ciencia y tecnología como proporción del PIB. Si fuera este último caso, el panorama es un tanto diferente. En el año 2000 representaba el 0.42 por ciento del PIB y para este año está alrededor del 0.50 por ciento. El avance es mucho más modesto.

Además, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como meta una inversión nacional (pública y privada, no solamente el gasto federal) en investigación científica y desarrollo experimental del uno por ciento respecto al PIB, al término del sexenio. Faltan dos años pero desde ahora se puede advertir que definitivamente no se cumplirá: en el 2010 el indicador era de 0.54 por ciento y en este año el número sigue siendo el mismo 0.54 respecto al PIB.

Seguramente el indicador no mejorará. Por un lado, porque la tendencia al alza del gasto federal para el año próximo se frenó y tal vez ya no podrá recuperarse. Por otro lado, porque el mismo gobierno federal ha dicho que el sector particular no ha hecho, y seguramente no hará, la aportación que le corresponde.

En un contexto de recursos escasos, de magro crecimiento económico, así como de inestabilidad financiera, no se puede esperar que alcance el presupuesto y menos un incremento de recursos para todos. Sin embargo, lo que sí es necesario es un plan contingente que no se contradiga con las líneas de acción. Nada más.

La posverdad de la rendición de cuentas: ni en papel ni en persona

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 684. Diciembre 1, 2016)

¿La entrega de certificados de educación primaria o secundaria pudo crecer 800 mil veces en los últimos 15 años? Inconcebible. Números que no corresponden a la realidad en un acto en el que precisamente se trata de informar con exactitud qué se hizo o dejó de hacer, no parece lógico ni muy sensato. Quién sabe si esto es una “posverdad”, pero sí es lo que ocurrió en la comparecencia de la semana pasada del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

El controvertido e irascible funcionario Miranda ha sido motivo de duras críticas en la prensa por sus polémicas expresiones en la cámara de diputados. Los medios han reproducido con insistencia las insolentes respuestas que dio a algunos cuestionamientos de legisladores y especialmente a la diputada Araceli Damián. No tiene caso reiterar lo dicho a ese respecto por el secretario, seguramente usted lo ha leído de sobra, lo que sí conviene es interrogar el sentido de esos encuentros y la desmesura de datos que deben ser totalmente confiables.

El espectáculo anual de un presidente de la República, autocontenido e impávido, dando lectura a sus logros en el Congreso, frente a interpelaciones de legisladores que cada vez se fueron haciendo más estridentes y exaltadas, llevó a la reforma de la Constitución en el 2008. Fue una negociación para evitar la ridiculización del ejecutivo federal en el Congreso e intercambiar su presencia por la comparecencia de los secretarios de Estado.

La reforma constitucional parecía una buena idea y un buen principio. Los legisladores revisarían el informe presidencial; posteriormente, podrían formularle al ejecutivo federal, “mediante pregunta por escrito”, una solicitud para ampliar la información del documento y, después, citar a comparecencia a los secretarios de Estado para rendir cuentas “bajo protesta de decir verdad”. En el papel, todo bien.

Al comienzo, algunos legisladores le hicieron llegar acuciosas preguntas al presidente de la República. Así ocurrió en el cuarto y quinto informe de Felipe Calderón. Alrededor de dos o tres decenas de preguntas fueron remitidas y, al cabo de semanas, recibieron respuesta, algunas de trámite, pero todas puntuales. Sin embargo, por alguna insondable razón, a los legisladores les pareció un ejercicio inútil y a partir del 2012 lo abandonaron. Está en la Constitución pero, como tantos otros preceptos, no se aplica.

Después, los legisladores se concentraron en la comparecencia de funcionarios para lo que llaman la glosa del informe. Sin embargo, una buena proporción de las comparecencias de los secretarios de Estado no están animadas por una auténtica rendición de cuentas, sino por las rencillas y el cobro de facturas entre fuerzas políticas. No obstante, sea el caso que sea,  los funcionarios están obligados a trasparentar su actuación, mostrar con toda precisión las cifras que tienen y aclarar qué resultados han obtenido.

Por ese motivo sorprende que, en la reciente comparecencia del secretario Miranda, en su exposición inicial, dijo algo sumamente ininteligible en materia de rezago educativo: En los últimos 15 años el promedio anual era de 5560 mil personas [a quienes se les entregó certificado]. En este año hubo un millón 713 personas certificadas de primaria o de secundaria, e incorporadas a un sistema de preescolar a través de guarderías infantiles –y a través de todos los sistemas– de 5.5 millones de personas. Es decir, 800 mil veces más que el 2008 al 2012, solamente en esta administración (versión estenográfica)

La información no tiene pies ni cabeza. Para empezar, el promedio anual de certificados entregado por el INEA en esos años es muy superior al que dice el secretario: poco más de 700 mil. Luego, según el cuarto informe de gobierno, en este año se han entregado un millón 460 mil certificados, más de 400 mil de los que anota el secretario (p. 367). Y que se hayan incorporado a través de todos los sistemas 5.5 millones de personas es simplemente incompatible con sus propios números. Pero lo que definitivamente no tiene comparación es decir que ahora suman 800 mil veces más que del 2008 al 2012. Ni cómo entender nada.

Si se supone que los secretarios de Estado acuden principalmente para rendir cuentas y están “bajo protesta de decir verdad”, cómo puede ser que uno de ellos diga lo que dijo y como si se viera llover. También, por qué ningún diputado alzó la voz para cuestionar los datos del funcionario, la comparecencia es precisamente para eso. Solamente la diputada Araceli Damián le espetó: “No se está trabajando en la reducción de la pobreza, sino en la credencialización de los pobres”. Total, lo mismo dio que Miranda se refiriera a decenas, cientos o cientos de miles de certificados.

Tal vez sea un error involuntario, una falsedad completa o una “posverdad” (post-truth). Esta última es eso que el diccionario Oxford ha incluido para designar aquella circunstancia en la que hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que el apelar a la emoción y a la creencia personal, una era de la política posverdad en la que “es fácil recolectar datos y llegar a cualquier conclusión que se desee” (https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth). Eso sí, definitivamente, rendición de cuentas no es.

Dreamers y Proyecta 100 mil. El efecto Trump en sus dimensiones básicas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 683. Noviembre 24, 2016. Pág. 5) 

¿Usted ha visto o consultado datos nacionales, de carácter oficial, sobre los dreamers mexicanos? No los hay. Lo que hoy conocemos proviene de cálculos que han realizado diferentes organizaciones y centros de investigación, o bien, de reportes de la base de datos que construyó la administración de Barack Obama para implementar su programa de atención a los dreamers (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés). Esa base que ahora muchos temen utilice el nuevo gobierno para perseguir a los indocumentados que se registraron.

A la fecha, el mayor volumen de dreamers y de los que se registraron en ese programa son mexicanos (alrededor de 655 mil). El gobierno nacional no puede desentenderse o ignorar su responsabilidad. El DACA comenzó desde el 2012, unos meses antes de que tomara posesión el gobierno de Peña Nieto; las deportaciones comenzaron antes y siguieron después (2.5 millones entre 2008 y 2014). Desde entonces se comenzaron a contar algunas historias sobre esos jóvenes, con admirables logros escolares unas y muy tristes muchas otras, pero todas dramáticas y conmovedoras.

En marzo del año pasado, a instancias del Centro de Estudios California-México se realizó el “Seminario internacional sobre dreamers y menores ciudadanos de Estados Unidos exiliados en México con sus padres deportados”. Un acto en el que algunos jóvenes relataron su experiencia y llamaron la atención de los gobiernos de ambos países sobre las dimensiones del problema. Pero no, no se tomó ninguna previsión ni pasó mucho más; ni de un lado ni del otro.

Respecto al plan para incrementar el número de jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos y viceversa también, lo hemos reiterado, está bajo la responsabilidad del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii) acordado en 2013. El gobierno mexicano se planteó que para el final de este sexenio la cantidad de estudiantes nacionales en Estados Unidos pasaría de 14 mil a 100 mil y los estadounidenses de poco más de 4 mil a 50 mil; Proyecta 100 mil se llama el programa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo dijimos aquí la semana pasada, justo nos informó que en este año suman 77 mil los jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos (SRE. 11.11.2016). Una cifra completamente sorprendente. En el 2014, primer año del programa, dice la SRE, 31 mil mexicanos realizaron actividades académicas a nivel superior, en 2015 fueron 35 mil y la “meta para este año es de 64 mil 500 movilidades”.

La primera pregunta que uno se plantea es qué tipo de estudios han realizado o realizan estos jóvenes. El informe de 2014 de la SRE dice que Proyecta 100 mil: “ha movilizado a más de mil estudiantes y profesores desde 13 estados mexicanos hacia instituciones de educación superior en los E.U.A.... Al finalizar el primer semestre de 2014, más de 200 estudiantes recibieron visas de estudiante durante un evento en la Embajada de E.U.A. en México. Estos estudiantes forman parte de los 464 estudiantes que coordinó la AMEXCID para que iniciaran cursos de idioma inglés en julio de 2014”. (p.156). Nada más. Y sí, esas cifras son creíbles.

Sin embargo, en el informe del 2015 y especialmente en el de 2016, la SRE salta a las cifras de los miles y ya no aparecen cuántos fueron para cursos de inglés, semestres académicos o prácticas profesionales: “Desde su lanzamiento, en mayo de 2014, y hasta agosto de 2016, sumando los esfuerzos de los sectores público, académico, privado y social, se ha registrado la movilidad de 67,013 mexicanos” (p.176). Una cifra increíble.

Si uno compara una fuente alternativa, como sería el reporte anual (“Open Doors”) sobre estudiantes internacionales que publica el  Institute of International Education, ahí dice que en este año (2015/2016) los estudiantes mexicanos en territorio estadounidense sumaron 16 mil 733 (incluyendo opciones técnicas, licenciatura, posgrado o sin grado).

Entonces, la única posibilidad de que este año sumen 70 mil jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos es incluir cualquier viaje (entrada por salida), estancia corta o las crecientes becas por un mes para aprender inglés. Eso que no cuenta en las estadísticas estadounidenses, pero que cuenta mucho para decir que se alcanzaron las metas. Por ejemplo, ahí están las muy bienvenidas becas de Universia, CANIETI o Televisa. Por cierto, su portal de solicitudes sigue sin funcionar (http://mobilitasedu.net)

Lo que de ninguna forma está bien es pensar que tenemos en marcha un ambicioso programa de formación de recursos de alto nivel y de movilidad académica y que ahora, con Trump como presidente, se podrá ir a la basura. Proyecta 100 mil puede quedarse trunco simplemente porque no se puede improvisar la formación de recursos humanos y porque el presupuesto no alcanza (la SRE se quedó casi con el mismo monto) y la paridad peso-dólar lo hace insostenible.

Tal vez las autoridades gubernamentales sí conocen los pormenores de los intercambios que tenemos con Estados Unidos, pero no estaría nada mal si comienzan por decirnos correcta y detalladamente sus dimensiones más básicas. Podremos valorar qué efectos se deben al nuevo periodo que está por comenzar y cuáles son resultado de nuestra propia incapacidad.

¿Open Doors o murallas para la movilidad académica?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 682. Noviembre 17, 2016. Pág. 5) 

Todavía no se sabe exactamente qué hará o dejará de hacer Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. El partido republicano también alcanzó mayoría en el Congreso y, en principio, eso le facilitaría poner en marcha cualquier decisión, sea para revertir o mantener programas e incluso para proponer algo completamente distinto. Hasta ahora, lo único claro es que las cosas no serán iguales para nadie. De hecho, han dejado de serlo, ahí están las incontrolables muestras de odio desatado.

No es ninguna casualidad que las instituciones académicas, y en ellas principalmente los jóvenes estudiantes, sean protagonistas de las manifestaciones públicas de inconformidad con la victoria de Trump. La sensibilidad de los recintos educativos anticipan las pulsiones de un creciente malestar social, pero también, en este caso, porque las propuestas de campaña del presidente electo son altamente selectivas, excluyentes, refractarias a todo lo exterior y toman como palanca el endurecimiento de su sistema de inmigración. Un esquema contrario a la universalidad del conocimiento.

El inventario de acciones o programas que podrían alterarse a partir del año próximo puede ser muy extenso. No obstante, hay una que definitivamente podría encabezar la lista en los planes del nuevo gobierno: la movilidad académica. Lo más obvio es la posible suspensión de la iniciativa puesta en marcha por la administración de Obama, denominada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) (“The first big political war of Trump’s presidency will be explosive”. The Washington Post. 11.11.2016).

Todavía hoy, el programa DACA otorga permisos para trabajar y la suspensión temporal de la deportación a indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Los beneficiarios son los denominados DREAMers, ese grupo de más de un millón de ahora jóvenes que ingresaron a esa nación antes de cumplir 16 años en el 2007 y que para el 2012 debían tener menos de 31 años de edad. Una buena parte de ellos portadores de altos niveles de escolaridad. El Pew Research Center señala que suman más de 728 mil los jóvenes que ingresaron exitosamente al DACA y los mexicanos constituyen la mayor proporción (pewhispanic.org).

El programa DACA es una orden ejecutiva del presidente Obama y, como tal, puede ser revocada por su sucesor, como lo destaca The Washington Post y como lo ha planteado Trump en su plan de diez puntos. Desde luego, el impacto no será únicamente para los propios jóvenes, será una onda expansiva de ida y regreso que alcanzará a las familias, sus comunidades, las redes sociales y las naciones de las que provienen los jóvenes.

Otro programa que podría seguir en la lista y que también atañe directamente a México es el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii). Una iniciativa de cooperación para la movilidad académica acordada por los presidentes Peña Nieto y Barack Obama en el 2013 y cuya acción más visible, por la parte nacional, es la de sumar 100 mil mexicanos estudiando en Estados Unidos para el final de este sexenio (Proyecta 100 mil, le llamaron).

En estas mismas páginas, desde la instalación del Fobessi hasta la estrategia más reciente de sumar becas para estudiar inglés (CampusMilenio No. 660), hemos dado cuenta de las dificultades del programa. Lo verdaderamente extraordinario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos informó la semana pasada que: “actualmente hay 77 mil estudiantes mexicanos de educación superior en Estados Unidos, como parte del programa Proyecta 100 mil” (11.11.2016). A nada de alcanzar la meta. Simplemente increíble.

Posteriormente examináramos las cifras con mayor detalle y el tema del presupuesto pero, independientemente de su precisión, lo que parece incontrovertible es que el volumen del Fobesii no será indiferente al endurecimiento del sistema de inmigración y a la expedición de visas del gobierno estadounidense.

Estados Unidos es el mayor polo de atracción para estudiantes de todo el mundo. En este año, por primera vez, supera el millón de jóvenes internacionales en sus colegios y universidades (Open Doors, 2016). Brasil tiene ahí poco más de 19 mil alumnos y le sigue México con casi 17 mil. Pero, definitivamente, China con 329 mil estudiantes es el de la mayoría; luego la India con casi 166 mil. Por cierto, el Pew Research Center estima que cerca de 500 mil personas indocumentadas provienen de este último país.

Significativamente, el reporte anual de estadísticas de estudiantes internacionales, respaldado financieramente por el gobierno estadounidense, se titula “Open Doors”. Ahora, paradójicamente, en el nuevo periodo y casi para concluir la segunda década del siglo XXI, esa nación parece retornar, real y simbólicamente, a la costumbre medieval de levantar murallas para impedir el ingreso y la salida de personas. Inconcebible.

Los servidores públicos y las vacantes de la política exterior

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 681. Noviembre 10, 2016. p. 5)

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se quedó otra vez sin directora y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) también estará igual a partir del mes próximo. Un caso no tiene nada que ver con el otro, salvo que ambos son órganos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ejecutan parte de la política exterior del Estado mexicano. Una circunstancia que será relevante en el actual contexto de cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Según lo reportó Excélsior, la renuncia de Eunice Rendón, hasta la semana pasada titular del IME, le fue solicitada por la Subsecretaría de América del Norte de la SRE y se debió a que “es una persona muy difícil para trabajar y tampoco hubo empatía con su jefe” (04.11.2016: 14). La funcionaria apenas había sido nombrada en marzo de este año, así que no cumplió ni siquiera un año.

Por su parte, María Eugenia Casar Pérez, todavía directora de la Amexcid, en este mes cumple un año justo en el puesto. En su caso, al parecer su renuncia se debe a motivos personales, aunque primero, el mismo diario, había indicado que era porque no tenia el respaldo de la canciller Claudia Ruiz Massieu.

El cambio de funcionarios en la estructura burocrática, inclusive los de primer nivel, no tiene nada de extraordinario, ocurre todo el tiempo. En una administración técnicamente racional, se supone que las posiciones son asignadas según expertise de quien las ocupará y la confianza del superior jerárquico. Generalmente, si no se demuestra una o se pierde la otra, viene la sustitución de la persona.

Sin embargo, lo cierto es que una buena parte de las posiciones en la administración pública están basadas más bien en los intercambios entre fuerzas políticas, en las relaciones afectivas o en la construcción artificial de carreras, cuando no en las relaciones familiares o en las complicidades. La justificación siempre es la misma: lo importante es la institución y los programas en marcha.

La improvisación en los nombramientos de los servidores públicos, prescindir de la experiencia o del conocimiento técnico sobre la materia, no puede llevar a buenos resultados. La representación de México en Unesco y el voto emitido, lo comentamos aquí hace algunas semanas, es uno de los episodios ilustrativos más recientes en el campo de la política exterior.

Ahora, a la plaza vacante de la misión permanente de México en Unesco, se suman las del IME y la de Amexcid. El Instituto fue creado en el sexenio de Vicente Fox, después de sucesivos programas desde los años noventa, para atender a los mexicanos que viven y trabajan en el exterior, especialmente los casi 12 millones de compatriotas que se localizan en Estados Unidos.

El IME coordina algunos programas de educación, salud y asistencia financiera. Por ejemplo, el de becas para jóvenes y adultos mexicanos en el exterior para que puedan continuar sus estudios de nivel medio o superior. O bien, para que aquello que no han concluido su educación básica lo hagan a través de las plazas comunitarias instaladas en Estados Unidos. Se supone que el IME tiene responsables en los 50 consulados en la unión americana. No es poca cosa.

A su vez, la Amexcid es una organización formalizada más recientemente, al comienzo de la década actual, junto con la ley de cooperación internacional para el desarrollo, y tiene como misión coordinar, planear y evaluar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo en materia educativa, cultural, científica, turística y económica.

Es claro que los distintos órganos de la SRE comparten obligaciones en la ejecución de la política exterior. Pero la titular de la Secretaria, por la cadena de mando, es la que ocupa la primera posición y la que concentra la mayor responsabilidad. Tal vez, por la misma razón, la canciller Claudia Ruiz Massieu tuvo que aceptar los costos de la desafortunada decisión de invitar a México al candidato republicano Donald Trump.

La canciller compareció ante el Senado la semana pasada y escuchó los reclamos de distintos legisladores. Por ejemplo, el senador Zoé Robledo le espetó: “¿Ese 25 de agosto, cuando se envió la carta a Donald Trump, si usted no sabía que lo iban a invitar entonces alguien estaba tomando sus decisiones? Si usted sabía y estuvo de acuerdo de que Trump viniera a México; entonces, es igual de responsable que los funcionarios que ya han renunciado”. A lo que respondió que sí tuvo conocimiento, la secretaría entregó las cartas de invitación y consideró que el diálogo “se antoja y antojaba más necesario” (03.11.2016).

En fin, tanto en el desempeño de los actuales servidores públicos como para los nombramientos que están por realizarse, no puede repetirse la improvisación o persistir en los mismos errores y hacer como si nada ocurriera.

Desfondadas las sociedades del conocimiento

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 680. Noviembre 3, 2016. p. 10-11)

Algo de incomprensible y paradójico tiene lo que ocurre en algunas de las regiones con mayores dificultades para crecer económicamente. Ahí es donde circuló tardíamente con mayor insistencia la idea de sociedad (o sociedades) del conocimiento, pero también donde más rápido se truncó la tendencia a incrementar la inversión en la actividad científica y tecnológica.

En algunas naciones, todavía la retórica gubernamental habla de sociedades que deben fincar su progreso en el conocimiento, la innovación y una alta escolarización de su población, más que en sus recursos naturales, materias primas o fuerza de trabajo con bajas calificaciones. Sin embargo, ya evitan una mención explícita a la búsqueda de la sociedad del conocimiento como la ideología y el objetivo que comanda sus decisiones.

Seguramente, en los discursos, es difícil una utilización reiterada del concepto cuando la realidad muestra lo contrario. El indicador sobre gasto en ciencia y tecnología en la región latinoamericana es particularmente ilustrativo de lo que está ocurriendo y, más grave, de las perspectivas que podrían adoptar en el corto plazo.

En el caso de México, usted lo debe recordar muy bien, la actual administración, al comienzo de su gestión, sorprendió por su capacidad para lograr acuerdos políticos que rápidamente se plasmaron en documentos para poner en marcha las grandes reformas estructurales. Además, al ejecutivo federal le precedía el registro de más de dos centenares de compromisos que había adquirido con los ciudadanos en los tiempos de campaña. El panorama era promisorio y parecía configurar eso que se llamó el “Mexican Moment”. No lo fue o pasó tan fugazmente que ni hubo tiempo para notarlo.  

Los antecedentes tienen importancia porque cuando se presentó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el director de Conacyt, Enrique Cabrero dijo: “Un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer que México ha llegado tarde a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, hoy atraviesa por un contexto favorable y sin precedentes en la materia, lo cual lo pone en condiciones de afrontar el reto y lograr hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible”.

Y pues sí, en ese entonces las condiciones eran muy otras y el impulso a la actividad científica y tecnológica parecía largo e inminente. No era fortuito que el primer objetivo del Peciti fuera precisamente llevar la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico al uno por ciento del PIB. El argumento gubernamental fue que las naciones que ese nivel mínimo de inversión, habían “logrado un mejor desempeño económico y bienestar social” (p. 53).

El objetivo no era nada nuevo. Desde hace más de una década, cuando se modificó la ley de ciencia y tecnología para añadirle el artículo 9 Bis, se había elevado a rango de ley el nivel de monto que se proponía. Sin embargo, lo novedoso es que por fin parecía que ahora sí estaba por cumplirse lo que mandaba la ley.

El diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 había considerado rubros de articulación y estrategias transversales entre programas sectoriales, también en ellos se recuperó la idea de sociedad del conocimiento. Por ejemplo, en el programa sectorial de educación se planteó como sexto objetivo que habría de “impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento” (p. 66). 

Sin embargo, apenas un par de años después, sobrevino, como todos hemos atestiguado, la desaceleración de la economía mundial, la caída en los precios del petróleo, la crisis política derivada de los recurrentes hechos de corrupción y los bajos niveles de aprobación a la gestión gubernamental. El panorama promisorio del “Mexican Moment” se disipó en un santiamén, sin cumplir, una vez más, las altas expectativas que había generado.

Un añadido más es que, después de un crecimiento sostenido en los tres años anteriores que perfilaban el cumplimiento del primer objetivo del Peciti, ahora el gobierno federal ha propuesto y enviado a los legisladores un proyecto de gasto para el 2017 con una disminución importante de los recursos para la actividad científica. A Conacyt le restan alrededor de 23 por ciento respecto de lo autorizado en este año y, seguramente, pese a lo manifestado por algunos diputados, la aprobación final del presupuesto no incluirá una rectificación.

Hoy es claro que, nuevamente, por las razones que sean, quedará incumplido lo que decía el programa gubernamental en lo referente al financiamiento. Lo mismo ocurrirá con el artículo 9 Bis. La justificación gubernamental es que el gobierno federal ha realizado el esfuerzo que le corresponde, pero no se ha visto acompañado por el sector privado en la parte que le toca. (Por cierto, siguen retrasadas las estadísticas oficiales al respecto).

Las promesas que no fueron y otras que podrían ser

El caso de México no es una excepción en la región latinoamericana. De hecho, dos de las naciones con los mejores indicadores en la materia, también enfrentan dificultades similares para lograr el respaldo gubernamental. Por ejemplo, Brasil gradúa al año más de 15 mil doctores (casi el triple que México) y contaba con una inversión de 1.2 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo tecnológico (más del doble que México). Era el gigante de América Latina y una promesa que estaba a punto de confirmarse, al menos eso se pensaba hasta hace muy poco.

Sin embargo, la crisis política más reciente que experimentó Brasil lo están llevando por otro camino. En mayo de este año, con la destitución de la anterior mandataria, Dilma Rousseff, y el inicio del interinato de Michel Temer, se hicieron modificaciones mayores a la estructura administrativa de regulación de la ciencia y la tecnología y al volumen de gasto.

El gobierno interino de Temer decidió que, para racionalizar los recursos públicos, lo mejor sería fusionar el hasta entonces Ministerio de ciencia y tecnología con el Ministerio de telecomunicaciones. Una acción que provocó una manifiesta inconformidad de las organizaciones científicas brasileñas, pero no varió la posición gubernamental.

Además, a los recortes realizados en el presupuesto para la actividad científica y tecnológica brasileña durante el primer semestre de este año, se sumó que el presupuesto volvería a diminuir para el 2017. El mes anterior, el portal de noticias Scidev.Net reportó que el presupuesto para el año próximo del nuevo Ministerio de ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones será de un mil 600 millones de dólares. Una cifra de poco más de la mitad de lo destinado en 2013, aunque supera por 400 millones de dólares a la recibida el año pasado (scidev.net/america-latina).

El caso de Argentina, con poco más de dos mil graduados anualmente de doctorado  en el 2014 (cantidad que es menos de la mitad de los graduados en México) y una inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico de 0.59 por ciento, respecto al PIB (nivel ligeramente superior al de México), también tiene condiciones adversas.

El mismo portal de noticias referido anteriormente, al comienzo de este mes, informó que para el 2017 es posible una reducción de hasta 35 por ciento en el presupuesto para la actividad científica. Al igual que en México, el mandatario argentino se había comprometido a tratar de alcanzar una inversión el 1.5 por ciento, respecto al PIB. No obstante, parece que en lugar de aproximarse gradualmente, está ocurriendo exactamente l contrario.

Las repercusiones de una caída en el gasto en materia de investigación y desarrollo experimental es más que una aparente renuncia a esa inasible e incomprendida noción de sociedad del conocimiento. El instituto de estadísticas de Unesco (www.uis.unesco.org), con la idea de ofrecer elementos que permitan valorar los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recientemente ha puesto a disposición pública una herramienta para conocer, por países, las cifras comparativas de los niveles de inversión y el aumento en el número de investigadores, bajo el supuesto de que la innovación es clave para alcanzar el desarrollo sostenible.

Según los datos de Unesco, las primeras posiciones en el nivel de inversión en investigación científica y desarrollo experimental, como proporción del PIB, la ocupan: Corea (4.3 por ciento), Israel (4.1 por ciento), Japón (3.6 por ciento), Finlandia (3.2 por ciento) y Suecia (3.2 por ciento). Estas son las naciones que encabezan la lista mundial y que seguramente ocuparán un lugar todavía más relevante en el corto plazo. Desde luego, como lo hace notar el mismo organismo internacional y como usted lo puede apreciar, estrictamente no son las grandes potencias que siempre aparecen, como Estados Unidos o Alemania. Estas últimas figurarían solamente si se considera el gasto absoluto.

El caso que también vale la pena tener en cuenta es el de China. A pesar de que su nivel de inversión en el sector, como proporción del PIB, es de dos por ciento, si se considera su promedio anual de crecimiento se advierte que es 13 veces mayor que la media del resto de países de ingresos medios. O sea que, si conserva el ritmo de crecimiento, en algún momento, podría alcanzar las primeras posiciones.

Tal vez el dato preocupante es que los flujos de inversión y de formación de investigadores se está desplazando gradual y sistemáticamente en las distintas regiones con fuertes implicaciones para el futuro. Sin embargo, muchos gobernantes, atenazados por la inmediatez, los rezagos inveterados, la estrechez de recursos y las sucesivas crisis políticas que enfrentan, se disponen solamente  a sortear de la mejor forma posible el presente.

México en la UNESCO ¿Un doble papel o qué hace?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 679. Octubre 27, 2016. p. 5)

No vale la pena insistir en la actuación o motivaciones de Andrés Roemer, el ex representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el más reciente y confuso episodio de la diplomacia mexicana. Sin embargo, sí conviene recordar que la misión permanente de México está vacante.

Es posible que la misión permanente –así se llama la representación ante organismos internacionales-- siga sin nombramiento por un tiempo prolongado o incluso que no haya ninguna designación especial. En el primer caso, por el sinuoso camino de meses o incluso un año que va de la propuesta del gobierno federal a la aprobación en el Senado y de éste a la presentación protocolaria en el organismo internacional. Considérese que el nombramiento de Roemer comenzó al inicio del año y hasta el primero de agosto presentó sus cartas credenciales.

También la misión permanente puede no ser tal. De hecho, es lo más probable que ocurra. ¿Por qué? En primer lugar, no sería la primera vez que sucediera. Al comienzo de esta década, en el periodo de Felipe Calderón, se cerró la representación. ¿El motivo? El argumento público y principal fue que se necesitaba mayor eficiencia en el uso de los recursos financieros y no duplicar funciones de su personal del servicio exterior. Y eso que, en ese entonces, el panorama económico y financiero no estaba amenazado por los negros nubarrones del recorte como sí lo está hoy.

Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las cuatro secretarías de menor volumen (las otras tres son Energía, Trabajo y Turismo), su presupuesto es relativamente modesto (7.8 miles de millones en este año) y fue de las menos afectadas en el proyecto de presupuesto de egresos para el año próximo, solamente disminuirá 1.6 por ciento, en términos corrientes, respecto de lo autorizado en este año. Nada, si lo comparamos con los cientos o miles de millones que le restarán a otras secretarías.

En Francia, México sostiene una embajada –que es la representación ante el gobierno de ese país-- y la misión permanente ante Unesco, el gobierno federal del sexenio anterior decidió que un mismo embajador podía realizar ambas tareas. Algunos personajes públicos se pronunciaron en contra, los legisladores también se opusieron, argumentando que no era tan costosa y, en cambio sí muy necesaria. La decisión se mantuvo.

Si el actual gobierno federal nombra un nuevo representante ante Unesco --después de todo es el mismo que, hace tres años, decidió que México debía tenerlo--, convendría recordar la responsabilidad que le corresponde al Senado en la designación. Los nombramientos son realizados por el ejecutivo federal, pero la cámara alta debe ratificarlos y, en su caso, rectificarlos. No solamente. Por mandato constitucional le corresponde, como función exclusiva, analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal.

El Senado comparte la responsabilidad en los nombramientos diplomáticos. Todos los nombres y trayectorias de posibles embajadores y cónsules, así sean los más prestigiosos o los más impresentables, deben pasar por las curules de los senadores. Sin embargo, por la composición parlamentaria, el cabildeo entre gobierno federal y senadores reacios, los intercambios entre fuerzas políticas o la simple negligencia de los legisladores, los nombramientos son cosa de oficialía de partes. No nos sorprendamos de los resultados de la política exterior.

¿Qué hizo la representación de Unesco en el último año? Participó para que México fuera sede de una conferencia internacional sobre Ciudades del Aprendizaje e inscribió tres nominaciones en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo (el juicio de amparo, la obra de Fray Bernardino de Sahagún y el Archivo Municipal de Puebla).

También logró que se recomendará la creación en Chiapas del Centro Regional de Formación e Investigación Avanzadas en Física, Matemáticas, Energía y Medio ambiente, así como la inscripción del Archipiélago de Revillagigedo en la lista del Patrimonio Mundial. Y, claro, asistir a algunas sesiones del comité ejecutivo, incluyendo la número 200, la del polémico punto 25 de Palestina ocupada y el voto de México a favor.

Lo sorprendente es que desde abril de este año, con excepción de la reciente sesión del comité ejecutivo, la número 200, la misión permanente había estado en una especie de limbo o transición, porque el anterior representante, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, fue propuesto para ocupar el consulado de Toronto, Canadá, y el recién nombrado entregó sus cartas credenciales en agosto pasado.

En fin, en el conjunto de organismos multilaterales, no hay duda de que el papel y posición de la Unesco es relevante. “París bien vale una misa”, pero el de la grey por lo menos debe ser capaz. Si no fuera el caso o hay duda, preferible es regresar al doble papel del embajador en Francia.