SNI: ¿UN NUEVO CICLO?

Estimado lector, recuerda que desde octubre del año pasado le comenté --y todos los meses lo he reiterado--, que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tenía vacante el puesto de director. Finalmente, el pasado 18 de febrero, fue nombrado en el puesto el doctor Jesús Álvarez Calderón, un profesor de la UAM-Iztapalapa. El asunto es qué ocurrirá con el SNI: iniciará una reforma profunda y comenzará un nuevo ciclo o continuará con el mismo patrón de comportamiento. Lo más probable es que ocurra lo segundo.

El año pasado el SNI cumplió su primer cuarto de siglo de vida y lo que en su momento pareció ser una medida efímera, dirigida a resolver una crisis coyuntural, resultó ser un programa de carácter permanente, altamente estructurado y complejo en sus procedimientos de gestión y recompensa.

La creación del programa fue por acuerdo presidencial en julio de 1984, para paliar los efectos de la crisis económica de esos años en la comunidad de investigadores. En los fundamentos del decreto se dijo que el programa estimularía a los investigadores de calidad notable y también a aquellos que estaban por iniciar su carrera en el ámbito de la ciencia. Estos últimos son los candidatos a investigador, los cuales siempre han representado entre 25 y 19 por ciento del total de integrantes del sistema. En la propuesta original de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de Ciencias), el organismo encargado de diseñar el programa, no estaba incluida la figura de candidato, pero la SEP modificó la propuesta y sugirió incorporar a los candidatos.

Desde un inicio el SNI ha representado una parte importante en los ingresos del personal dedicado a investigación. El programa, como se sabe, previa evaluación del desempeño individual, otorga una beca con montos diferenciados según cuatro diferentes categorías: candidato a investigador, nivel I, Nivel II y nivel III (a partir de 1992 también incorporó la figura de investigador nacional emérito). En general, los incentivos otorgados a quien pertenece al sistema, representan alrededor de un tercio de sus ingresos totales. No obstante, también desde el comienzo ha sido claro que, según la normatividad correspondiente, los incentivos económicos percibidos por este concepto no forman parte del salario ni son una contraprestación por un servicio.

El SNI conserva sus objetivos y el mismo patrón de comportamiento, aunque ha tenido múltiples modificaciones en todos estos años. Los cambios más importantes han sido de orden técnico y operativo.

Por ejemplo, cuando se instauró el programa se estableció que solamente sería para investigadores del sector público y de tiempo completo. En el primer año aceptó a 1,650 miembros --poco más de la mitad de quienes solicitaron su ingreso—; una cuarta parte del total en la categoría de candidatos a investigador, alrededor de la mitad en el nivel I, otro 17 por ciento en el nivel II y solamente el 6 por ciento en el nivel III.

En el primer año de operaciones del programa, el total de investigadores estaban distribuidos en tres áreas de conocimiento: físico-matemáticas e ingeniería (43 por ciento); biológicas, biomédicas agropecuarias y químicas (43 por ciento); y sociales y humanidades (14 por ciento).

En los años siguientes las comisiones dictaminadoras del SNI han tenido diversos ajustes, principalmente se ampliaron y diferenciaron claramente las áreas de conocimiento. En buena medida por la dignificación y pugnas entre gremios profesionales y disciplinarios. Hoy se han separado claramente las ciencias sociales y las ingenierías. Actualmente existen siete áreas del conocimiento.

También, desde 1988, el sistema incluyó a los investigadores del sector privado, aunque inicialmente solamente recibían la distinción de investigador y el incentivo económico lo otorgaba la respectiva institución privada. Hoy, el gobierno federal otorga la distinción y una tercera parte del incentivo económico a esos investigadores.

Otros cambios también se han verificado en el SNI, como el recurso de apelación, los ajustes en los procesos de evaluación o la revaloración del vínculo entre investigación y docencia, por ejemplo. El año anterior se estimaba que existían 15,565 investigadores en el programa; nueve veces más integrantes de los que tenía en un inicio. Sin embargo, conserva su estructura piramidal, una escasa movilidad interna y no ha logrado renovar la planta de investigadores ni ser un aliento para los jóvenes investigadores.

Seguramente el programa no podrá crecer de forma indefinida, en algún momento llegará su punto de inflexión. El asunto es si estamos por entrar a un nuevo ciclo o, como casi siempre ocurre, dejaremos que el problema nos estalle en las manos, antes de intentar enfrentarlo. Si el nombramiento del responsable demoró más de cuatro meses sin que ocurriera nada y ya pasó más de la mitad de la actual administración, lo más probable es que ocurra lo segundo. Desafortunadamente.

Publicado en Campus Milenio No. 358. Febrero 25, 2010.

¿QUÉ HICIMOS CON LOS RESULTADOS?

Los cálculos relativamente simples de los años ochenta sobre los grandes flujos escolares, indicaban que aproximadamente uno de cada 100 niños que ingresaba a la primaria lograría llegar a la universidad en tiempo y forma. Ni hablar del posgrado. La mayoría de niños y jóvenes, por diferentes razones y en algún momento de su trayectoria, se retrasarían o saldrían expulsados del sistema escolar de forma definitiva.

Al final de los noventa y los primeros años del nuevo siglo, todavía con cifras gruesas, con bases de cálculo elementales y, sobre todo, tras el impacto de la casi universalización de la educación primaria y la expansión de la media superior, se estimaba que el porcentaje de niños que iría normativamente de la educación básica a las aulas universitarias, en tiempo, se había incrementado a 8 de cada 100.

Una información más sistemática y ordenada en el terreno educativo poco a poco apareció desde los años noventa. En buena medida porque el ingreso de México a la OCDE hace más de una década o la participación en diferentes estudios realizados por organismos internacionales, obligaron a homogeneizar las fuentes de información y a cuidar los datos.

El trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en la organización y difusión de la información educativa ha sido notable desde el 2003. El desarrollo de su sistema de indicadores y su publicación respectiva, ha permitido, entre otras actividades, trazar con mayor precisión la trayectoria de los flujos escolares.

En parte, el sistema de indicadores del INEE, fue la base para los cálculos del reporte del año pasado de la organización Mexicanos Primero (Contra la pared. Estado de la educación en México 2009), en el que destacó que solamente 13 de cada 100 niños concluía en los tiempos establecidos su educación, desde la básica hasta la superior, y solamente uno o dos continuaría en el posgrado. Los demás quedan rezagados o fuera del sistema escolar.

Es decir, tenemos décadas de saber que tenemos un sistema educativo ineficiente, inequitativo y altamente excluyente y aún así avanzamos muy gradualmente para remediarlo. No solamente. También poco hemos hecho para mejorar su calidad. Pese a los reiterados discursos para atender ese problema desde fines de los años ochenta, las líneas de acción siguen ocupándose fundamentalmente de la ampliación de las oportunidades educativas y tampoco lo hemos hecho bien (aunque ciertamente la presión demográfica ha sido un factor de relevancia).

En este año se cumple una década de la primera participación de México en la prueba PISA, el examen a gran escala de comparación internacional aplicado por la OCDE a jóvenes de quince años. Más allá de constar que seguimos ocupando las últimas posiciones en cada aplicación, de poco han servido los resultados que obtenemos cada tres años. Bueno, salvo la meta que tiene esta administración de lograr un puntaje de 435 en la prueba PISA para el final del sexenio (43 puntos más de los alcanzados en 2003).

Quizás uno de los problemas, al igual que ocurre con el furor por la evaluación y especialmente con la prueba nacional Enlace, es que no se busca cómo corregir lo que se advierte que está mal, cómo aprovechar la información recabada o cómo mejorar la educación de niños y jóvenes. Solamente se enfoca el instrumento de medición mismo, los resultados globales, o bien, se ignoran las implicaciones de la información obtenida. El objetivo es alcanzar tal o cual puntaje de determinado examen, no el incremento de la calidad educativa; la prioridad es enseñar para la prueba, no los contenidos escolares o el nivel de aprendizaje de los alumnos.

En la última década ni siquiera logramos beneficiarnos de los mecanismos o del cúmulo de información generada en torno de las diversas pruebas. La OCDE acaba de publicar un reporte sobre la trayectoria de jóvenes canadienses (Pathways to success. How knowledge and skills at age 15 shape future lives in Canada), en el que se conjuntan los resultados de la prueba PISA y una encuesta longitudinal (aplicada cada dos años a los jóvenes que participaron en la prueba PISA del 2000) para saber sobre sus grandes transiciones a la educación, el entrenamiento y el trabajo.

Algunos de los resultados del reporte, muestran lo predictivo que pueden ser los puntajes de la prueba PISA para una trayectoria lineal o no de acceso al trabajo o a un campo de estudios apropiado para un joven en la universidad. Por ejemplo, los jóvenes con un nivel 5 (el más alto) en la prueba de lectura en PISA, tuvieron 20 veces más posibilidades de llegar a la universidad que los del nivel uno o inferior; o los estudiantes con padres con escolaridad universitaria tenían 4.5 veces más posibilidades de asistir a la universidad que los que estaban el caso contrario. En general, la participación en la universidad, a diferencia del bachillerato, se mostró más sensible a ese tipo de antecedentes.

¿Nosotros qué más necesitamos saber o hacer?

Publicado en Campus Milenio No. 357. Ferbero 18, 2010.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: CIERRE DEL CICLO POLÍTICO

El pasado 14 de enero se realizó un segundo ajuste en el nombramiento de los funcionarios encargados de la educación pública en esta administración. El primer cambio, como seguramente lo recuerda el lector, ocurrió en abril del año anterior, cuando unos meses antes de las elecciones intermedias y a menos de la mitad de la gestión, el ejecutivo federal cambió a la titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP): Josefina Vázquez Mota fue sustituida por Alonso Lujambio Irazábal. El movimiento dio lugar a múltiples especulaciones, desde una concesión más al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hasta un intercambio de la agenda educativa por la agenda política de cara a las elecciones federales del 2012.

Lo cierto es que al dejar el cargo, la ex secretaria de educación pública le dijo al nuevo titular, en referencia al equipo de colaboradores que hasta entonces la había acompañado: “quiero compartirle secretario Lujambio que es un equipo de primera; profesional, leal al proyecto del presidente de México; es un equipo de gente que tiene historia, trayectoria. Se queda esta Secretaría no solo con un gran liderazgo, sino también con un equipo, Secretario, que está a la orden de México, a la orden de las instituciones, a la orden del proyecto del Presidente de México.” A su vez, el entonces nuevo secretario señaló que él llegaba a la SEP para cumplir instrucciones del presidente de la República y la principal era “dar continuidad a la agenda educativa que el gobierno federal ha emprendido desde hace algunos años para transformar a México y cuyo eje es el mejoramiento de la educación”. La idea de continuidad quedó establecida cuando en su mismo discurso enumeró los programas en marcha: la Alianza por la Calidad de la Educación; el Mejoramiento de la Infraestructura de los planteles educativos; el de Escuelas de Tiempo Completo; Escuela Segura; el Sistema de Becas; la Prueba Enlace; los nuevos centroS de Educación Media Superior y Superior. Entonces, todo parecía indicar que, efectivamente, habría continuidad en la agenda educativa y en el equipo de colaboradores. No fue el caso; al menos en lo que concierne a los colaboradores.


Continuidad y cambio

El mes pasado salieron dos altos funcionarios del sector, y el sostenimiento de la agenda está por verse. Los cambios fueron en la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, cuyo anterior titular era Jorge Santibáñez Romellón y fue sustituido por Francisco Ciscomani, y en la subsecretaría de educación media superior, salió Miguel Székely Pardo y su lugar lo ocupó Miguel Ángel Martínez, quien se desempeñaba como secretario de educación de Jalisco. Se trata de dos posiciones de primer nivel relativamente nuevas, se crearon con la reorganización de la SEP en el 2005 y desempeñan funciones clave en sus respectivos ámbitos de competencia. El anterior responsable de la Unidad de Planeación indicó, explícitamente, que el secretario de educación le solicitó la renuncia. El exsubsecretario de educación media, simplemente señaló que su salida se debía a los “ciclos políticos, (al) cambio de prioridades, (a la) conformación de nuevos equipos de trabajo”.

Tal vez el cambio de personas no debiera inquietarnos ni sorprendernos, puesto que lo más relevante de la gestión pública es el marco institucional, no las personas en sí mismas; importan los planes y programas, así como las iniciativas en marcha, no tanto la persona responsable. Sin embargo, no es fortuito el revuelo y las especulaciones que se producen con cada cambio en el gabinete o en los equipos de las secretarías, precisamente porque la experiencia muestra lo contrario de lo que cabría esperar: las líneas de acción se tuercen y los proyectos se abandonan con los cambios.

Es particularmente relevante lo que podría ocurrir con la subsecretaría de educación media superior, no solamente porque se trata de una estructura relativamente reciente, si no principalmente por las dificultades que enfrenta el nivel medio superior, por el proceso de reforma en marcha y porque su anterior titular, pese al tiempo que estuvo al frente y a algunos problemas, obtuvo logros importantes.

Al final de los años noventa, el diagnóstico sobre la educación media era compartido por académicos y por las propias autoridades educativas. La cobertura de la educación media superior avanzaba gradualmente, en el bachillerato había pasado de un tercio del grupo de edad al comienzo de la década de los años noventa a alrededor del 42 por ciento al final de esa década, pero se aceptaba que carecía de una identidad y un perfil propio, en ocasiones se le veía como una prolongación innecesaria de la educación secundaria, como una subordinación a la educación superior poco deseable o como una dispersión de esfuerzos educativos en múltiples modalidades y opciones. También se advertía que a pesar de los avances en la absorción de los egresados de la educación secundaria, era lamentable la retención de estudiantes en el nivel medio superior y la terminación de estudios.

Efectivamente, el índice de absorción de los egresados de secundaria había pasado de alrededor del 75 por ciento en 1990 a el 93 por ciento en el año 2000. Sin embargo, la educación media superior tenía los promedios más altos en deserción y eficiencia terminal. En el año 2000, una cuarta parte de los estudiantes de la educación profesional técnica desertaban, otra cantidad relativamente similar reprobaba y solamente el 41 por ciento concluía sus estudios. Las cifras no eran muy distintas para los estudiantes del bachillerato general en el mismo año: la deserción era de 16 por ciento, relativamente menor en comparación con la profesionales técnicos, pero el índice de reprobación era considerablemente mayor, con un porcentaje de 39 por ciento y la eficiencia terminal del 60 por ciento.

En este contexto, la administración anterior, en el programa sectorial, se planteó la posibilidad de crear un sistema integrado de la educación media superior y consideró inaplazable una reforma del nivel. Por ejemplo, además de mejorar los indicadores de deserción, eficiencia terminal y cobertura, se propuso, entre otras metas, contar con una propuesta de reforma curricular, poner en marcha un programa nacional de formación y actualización de profesores, constituir un consejo para la evaluación de la educación media superior, mejorar el otorgamiento de los RVOE a las instituciones particulares y crear la Coordinación General de la Educación Media Superior.

La Subsecretaría de Educación Media Superior
Algunas de las metas que se había propuesto el gobierno de Fox en materia de educación media superior, como ocurrió en otros niveles, no se alcanzaron. Sin embargo, en lo correspondiente a la gestión, sí se creó la subsecretaría correspondiente, no una coordinación. Como ya lo habíamos indicado, en el penúltimo año del ejercicio de la administración anterior, se emitió un nuevo reglamento interior, en el cual se incluyó la creación de la nueva subsecretaría.

La recientemente creada subsecretaría –encabezada por Yoloxóchitl Bustamante Diez, actualmente directora del IPN--, agrupó las direcciones generales de educación tecnológica que estaban bajo la responsabilidad de la desaparecida Subsecretaría de Educación Tecnológica e Industrial, y la dirección general de bachillerato de la otra subsecretaria de nivel superior. La reestructuración administrativa al interior de la SEP y de la propia subsecretaría, la cual enfrentó una oposición del sector tecnológico, se llevó prácticamente la parte restante del sexenio de Vicente Fox. Poco avanzaron los indicadores de deserción y reprobación en la educación media superior, al término del periodo se situaron en 16.1 y 36.5 por ciento, respectivamente. También poco se hizo para la reforma curricular, solamente la educación tecnológica de nivel medio superior se estructuró a través de tres componentes: formación básica, propedéutica y formación profesional; aunque fue una estructura que sentó las bases para una eventual movilidad de los estudiantes en las diferentes modalidades del nivel. Los cursos de actualización y formación de docentes, en números sumamente modestos, continuaron impartiéndose, tanto sobre la eventual reforma del bachillerato como los de competencias docentes básicas. Sin embargo, los problemas de la educación media superior continuaban.

Al tomar posesión la actual administración en diciembre de 2006, con Miguel Székely como subsecretario de educación media superior, el diagnóstico sobre la educación media superior era similar al que ya se conocía y una vez más se consideraba impostergable realizar una reforma en el nivel. En el 2007, el mismo subsecretario reconocía que la educación media presentaba las mayores carencias de todo el sistema educativo, tanto en lo que se refiere a los niveles de deserción como a la desarticulación y dispersión de sus diferentes modalidades que llegaban a sumar más de 200 planes de estudio, sin conexión ni movilidad de estudiantes entre sí.

Sin embargo, debe anotarse que el programa sectorial de esta administración prescindió de un diagnóstico educativo mínimo, aunque sí indicó que se plantearía una reforma en el nivel medio superior. En el programa no quedó registrada como reforma integral, porque con ese mismo nombre se conocía a la del nivel básico que había generado polémica desde la administración anterior, pero sí adoptó el adjetivo después, en el 2008.

Lo importante es que el programa sectorial estableció algunos de los componentes de la reforma con metas e indicadores correspondientes. Por ejemplo, para el final del periodo de la administración se propuso que alcanzaría: el total de profesores de escuelas públicas federales participando en cursos de capacitación y actualización vinculados con la reforma; incrementar en 7 puntos porcentuales la eficiencia terminal; el total de alumnos con acceso a programas de orientación vocacional para el total de los alumnos; el total de directores de planteles federales contratados mediante concursos de oposición. Pero nada dijo de una reforma curricular basada en competencias, la instauración de un sistema de bachillerato o la expansión de la prueba Enlace para la educación media superior.

La Reforma integral
Efectivamente, el planteamiento de una ambiciosa Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) la diseñaría y realizaría el subsecretario Székely sobre la marcha. Estableció un periodo de transición en el ciclo escolar 2008-2009 para adoptar los componentes de la reforma; el 2010 como el año de inicio de una educación media superior nacional; y la meta de que en el 2012 todos los egresados deberán obtener un certificado del sistema nacional de bachillerato.

El objetivo de la RIEMS, según el propio subsecretario, es la creación de un verdadero Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para dotar de identidad, articulación y pertinencia al nivel. Aunque, en previsión de los señalamientos críticos que alertaron sobre la inviabilidad de homogeneizar y establecer un modelo único, el mismo subsecretario indicó que: la reforma propone “un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato” .

La RIEMS, y por tanto el eventual SNB, consta de cuatro componentes fundamentales: a) un marco curricular común, el cual consiste en organizar el bachillerato alrededor de tres tipos de competencias: las genéricas --comunes a todos los subsistemas y base del perfil del egresado--, disciplinares y profesionales; b) la definición y reconocimiento de las modalidades presencial, intensiva, virtual, autoplaneada y mixta, que conforman la oferta oficial de educación media superior; c) la profesionalización de los servicios educativos, en el que se incluye: un perfil docente con base en ocho competencias; un programa de formación para desarrollar esas competencias; un programa de titulación de docentes para revertir el rezago existente; definición de un perfil del director de plantel; y la aplicación de la prueba Enlace; y d) la certificación nacional complementaria, es decir, la acreditación de la operación de los bachilleratos existentes, a través de la creación de diferentes consejos y asociaciones de evaluación de la educación media. Estos últimos, según las previsiones que se tenían, comenzarían a instaurarse en este año.

Como se puede apreciar, se trata, efectivamente, de una reforma amplia y profunda; normada a través de una docena de acuerdos secretariales. Uno de sus mayores aciertos, aparte de su diseño y puesta en marcha en un periodo breve, fue el ingreso de los directores de los planteles federales mediante concursos de oposición, como se había indicado en el programa sectorial. En el pasado tercer informe de gobierno, se estimaba que para el final del 2009 habían ingresado alrededor de 434 directivos por concurso, una cifra cercana al 40 por ciento del total de planteles federales.

Otro aspecto positivo, en la instrumentación de la reforma, fue la rectificación que hizo en torno a la supresión de la asignatura de filosofía en el currículo básico de la educación media superior, particularmente por las protestas que generó en el gremio de los filósofos y en la opinión pública. La aplicación de la prueba Enlace al nivel medio superior es un logro menos evidente, en parte porque no estaba en la agenda del programa sectorial, por la dudas que generó su expansión al comienzo de la actual administración y los conflictos con el INEE y el Ceneval, pero también en parte por las críticas sobre la prueba y los conflictos que persisten en la actualidad por los usos de sus resultados, los cuales han motivado que la UNAM se haya negado a participar de la aplicación.

No todo es miel sobre hojuelas. La principal crítica que se ha formulado a la RIEMS es su limitado enfoque basado en competencias. Ese es su principal problema: se limita a puntualizar a detalle un entrenamiento y olvida el marco pedagógico y la reflexión conceptual. Por ello la reacción de los filósofos y académicos.

Tal vez es demasiado pronto para una valoración absoluta de la RIEMS, un par de años es insuficiente para apreciar logros y problemas. Sin embargo, es claro que con la salida del principal responsable de su puesta en marcha, Miguel Székely, se cierra un ciclo de la reforma y se abre una zona de incertidumbre sobre su derrotero. A pesar de que el mismo ex subsecretario, al despedirse del cargo, dijo que había dejado todo documentado y con metas precisas que no eran personales si no institucionales, nada garantiza que las iniciativas continuaran de la misma forma. Lo cierto es que comienza un nuevo ciclo político, el secretario de educación con otro círculo de colaboradores y con un subsecretario de educación media superior, Miguel Ángel Martínez, que se desempañaba como secretario de educación de Jalisco.

Publicado en la revsita "Educación 2001" No. 177. Febrero de 2010.

EVALUACIÓN: DOS DÉCADAS DE EXPERIMENTACIÓN

En octubre del año pasado se cumplieron veinte años de la puesta en marcha de la política de evaluación en el sistema educativo nacional, iniciativa que se planteó en el programa sectorial de ese periodo. En aquel entonces, al final de los años ochenta, cuando las dificultades económicas fueron el signo distintivo de esa década y lo peor de la crisis parecía haber quedado atrás; un nuevo ciclo de políticas estaba por instaurarse. Los términos de crisis, calidad, rendición de cuentas, competencia, globalización, eficacia y modernización, entre otros, colmaron el discurso, el análisis y la agenda de aquellos años. Pero los más relevantes, sin duda, fueron la evaluación y el financiamiento. La primera como política que permitiría alcanzar las aspiraciones de mejora educativa y establecer nuevas reglas de entendimiento entre el Estado y el sistema educativo: en adelante, tanto agentes como instituciones estarían sujetas a evaluación, a un escrutinio público y tendrían que justificarse con base en resultados. La iniciativa correspondía al amplio movimiento de evaluación que se había registrado unos años antes en Europa occidental y que había dado lugar al llamado ascenso del Estado evaluador. En América Latina, después de la década perdida de los años ochenta, la evaluación estaba tocando a la puerta y poco a poco se fue instaurando en los diferentes países. Desde ese entonces se hizo notar que se trataba de una evaluación diferente a la que era rutinaria y consustancial a los sistemas educativos, la que estaba en marcha tenía un propósito estratégico, de reorientación del sistema. El segundo, el financiamiento, fue el instrumento que permitió el ingreso de la evaluación en el sistema y en las instituciones. Después de una prolongada escasez de fondos públicos derivada de la crisis económica de los ochentas, la posibilidad de contar con recursos financieros, aunque estuvieran asociados a una valoración del rendimiento, venció cualquier resistencia a las nuevas medidas. Así, en los años siguientes, se afinaron los mecanismos y se expandió su alcance: todos, agentes, niveles e instituciones quedaron bajo nuevas reglas de juego.

Actualmente, lo más evidente es que no fue una iniciativa coyuntural que se abandonara con el cambio de administración o al poco tiempo. Por el contrario, la evaluación cada vez se fue haciendo más compleja y sofisticada. Hoy, con sus dificultades y sus críticas, es parte de la operación regular del sistema educativo, de las instituciones y de la vida cotidiana de profesores y alumnos. La llamada evaluación estratégica se ha superpuesto a la evaluación rutinaria y ha montado un complicado dispositivo de mecanismos, programas y equilibrios en las dos décadas que lleva en operación. Las opiniones se dividen sobre los resultados que ha producido. En uno de los extremos se destacan sus bondades, como el hecho de que puso freno al deterioro de la educación, a la ausencia de rendición de cuentas del sistema educativo y al nuevo tipo de relación con el Estado; aunque también se indica que si no ha producido todo lo que cabría esperar de ella es porque ha sido cooptada por los destinatarios. En el otro extremo se hace notar la perversión que ha provocado la asociación de recursos financieros al desempeño, la gran simulación que ha provocado en todo el sistema educativo, la vulnerabilidad de la autonomía de los recintos educativos y la ausencia de mejora de la calidad de la educación. Probablemente, como casi siempre ocurre, habrá parte de razón en uno y en otro extremo. Sin embargo, lo cierto es que, tras dos décadas de experimentación con la evaluación, persiste la idea de instaurar un auténtico sistema nacional de evaluación y la mejora de la educación no es evidente.

La modernización
Hace 20 años, el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (PME) planteó la evaluación como tema dominante y como estrategia principal, aunque solamente enunció los lineamientos generales, el detalle de las acciones vendría después. En el capítulo dedicado a la educación superior, el programa destacó que el propósito de la modernización en este nivel era apoyar las acciones para que las instituciones pudieran cumplir mejor sus fines, vinculando sus actividades a los requerimientos del desarrollo nacional; así como concertar políticas comunes para la atención de la demanda educativa; “impulsar la evaluación de su trabajo para emprender la reorientación interna y la racionalización que correspondan; y responder a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social”.

Tanto para la educación superior tecnológica como para la universitaria, el programa anotó que se establecerían mecanismos internos de evaluación y reordenación institucional. En el caso de las instituciones universitarias, cuyo régimen de autonomía le impide al gobierno dictar las formas de conducción, el programa destacó que los planteamientos se hacían “con absoluto respeto a la naturaleza jurídica de cada institución” (p. 143). No obstante, indicó que se impulsaría un proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior, con el fin de determinar sus niveles de rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. Tal proceso, precisó, lo conduciría técnicamente una comisión nacional de evaluación de la educación superior, una instancia creada en el seno de la Coordinación para la Planeación de la Educación Superior (Conpes). La instancia sería conocida posteriormente como la Conaeva. Incluso, se propuso metas a cumplir en 1989, el mismo año en el que se publicó el programa sectorial: instalar la comisión nacional de evaluación; reinstalar los consejos regionales de planeación de la educación superior; e incorporar a las universidades, mediante el servicio social, a las actividades del Pronasol.

Efectivamente, en 1989 se pusieron en marcha los diferentes organismos, la Conaeva estableció los grandes lineamientos y en los años siguientes se fueron estableciendo los diferentes niveles y modalidades de evaluación. En general, los lineamientos derivaron en tres escalas: 1) la autoevaluación, dependiente de las propias instituciones, un ejercicio heterogéneo que se llevó a cabo entre 1990 y 1991, mediante el cual se generaron reportes en cada institución y se presentó un plan de mejora; el incentivo era que los planes podían recibir financiamiento. Este tipo de evaluación fue la base de los llamados Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional. 2) La evaluación global del sistema, a cargo de grupos de expertos; el mayor estudio de este tipo fue el que realizó la OCDE sobre la política de educación superior entre 1994 y 1997; y 3) la evaluación interinstitucional de programas académicos, un esquema basado en la evaluación de pares y que dio lugar a la creación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 1991. Las funciones de estos comités, según los lineamientos de la Conaeva serían realizar una evaluación diagnóstica de los programas, acreditarlos, dictaminar proyectos y asesorar a las instituciones de educación superior. Sin embargo, desde su constitución, los comités se limitaron solamente al diagnóstico de los programas y no realizaron ninguna certificación, al parecer para reunir mayor evidencia e información complementaria, aunque esta función fue desempeñada, posteriormente, por medio de otro organismo: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Este consejo fue creado en el 2000 y es, en realidad, un acreditador de acreditadores, porque su función es regular los procesos de acreditación y, básicamente, asegurar la capacidad de las diferentes organizaciones que se dedican a acreditar, usualmente gremios agrupados en colegios y academias.

Una escala más de evaluación que también implicó un cambio profundo en la actividad cotidiana de las instituciones y de sus agentes, pero cuyos lineamientos no fueron establecidos por la Conaeva, fue la valoración del desempeño individual. El programa se anunció hace exactamente 20 años, en febrero de 1990, y aunque estaba el antecedente del Sistema Nacional de Investigadores y el esquema de incentivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, por primera vez se ponía en marcha, a nivel nacional, una iniciativa de evaluación del rendimiento individual y se daba paso a la deshomologación.

El programa, oficialmente, se denominó “Beca al Desempeño. Sin embargo, dado que fueron las propias instituciones quienes se encargaron de ponerlo en marcha, le asignaron diferentes nombres e informalmente se le conoció de múltiples maneras (tortibonos, pilones, estímulos, etcétera). No obstante, en todos los casos, el rasgo distintivo fue el otorgamiento de un incentivo económico, previa evaluación del desempeño. Inicialmente solamente estaban considerados los profesores de carrera de tiempo completo y con un perfil más cercano a la actividad de investigación, pero posteriormente se incluyeron otras figuras y se valoraron otras actividades. Se expandió prácticamente en todas las instituciones y actualmente la mayor proporción de profesores del sistema de educación superior es beneficiaria del programa, aunque con diferencias importantes por institución o sectores de institución.

Aparte de las cuatro modalidades de evaluación, también fue creado el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) en 1994. Un organismo con el régimen de asociación civil, cuya principal función es la elaboración y aplicación de exámenes generales, estandarizados, nacionales, para la educación media superior y superior, independientes de los que realizan las propias instituciones. El objetivo, según el propio Ceneval, es valorar el nivel de aprendizaje de los jóvenes de estos niveles educativos. Al comienzo su actividad se concentró en la aplicación de exámenes a los aspirantes a ingresar a la educación superior y a los egresados de la licenciatura, pero poco a poco se fue diversificando a otras modalidades. Actualmente, incluye prácticamente todos los niveles (incluido el posgrado) y todas las modalidades.

Como se podrá apreciar, las mayores iniciativas de evaluación se pusieron en marcha en los años noventa, en el contexto de la política de modernización, aunque también se fueron ajustando, cambiando de nombre o añadiéndose otras a lo largo del tiempo y hasta fecha reciente. En conjunto, son los principales elementos del sistema de evaluación de la educación superior, aunque no constituyen plenamente un sistema ni tampoco han logrado los resultados que se proponían.

Los pendientes
El actual sistema de educación superior, sin duda, es muy diferente al que prevalecía hace dos décadas. No solamente porque es más grande, su cobertura es mayor y está más diversificado, principalmente porque cambió el tipo de relación que sostenía con el Estado. Actualmente, a diferencia del pasado, la rendición de cuentas en las universidades, con las salvedades y las dificultades que se puedan indicar, es una práctica instalada en la mayoría de las instituciones. Si antes la justificación con base en resultados era la excepción, hoy es la regla. La evaluación con fines de reordenamiento y asociada a recursos financieros, externa o interna, institucional o individual, era impensable en los marcos institucionales anteriores a los años noventa, pero hoy es al contrario: difícil pensar en el funcionamiento institucional sin la carta de navegación de la evaluación. La evaluación, en sus diferentes versiones y escalas, quedó incrustada en el sistema de educación superior.

Desde la perspectiva gubernamental, los diferentes componentes de la evaluación que se han puesto en marcha en los últimos 20 años han sido convergentes: establecer nuevas reglas del juego en el sistema que revirtieron una situación insostenible y la búsqueda de la mejora de la calidad educativa. En lo que concierne al tipo de relación entre el sistema de educación superior y el Estado, no cabe duda que en definitiva cambió de términos; ahora son otros los códigos, las prácticas y las exigencias hacia las instituciones educativas. En cuanto a la mejora, el panorama es menos nítido. Los indicadores positivos de las últimas dos décadas se han movido al alza: la cobertura casi aumentó diez puntos porcentuales; la matrícula agregó 1.5 millones más de alumnos; las plazas de maestros casi se duplicaron; se instauraron los fondos competitivos; el tiempo de dedicación y el nivel de escolaridad del profesorado se incremento notablemente; la eficiencia terminal mejoró ligeramente; un número creciente de programas de estudio han sido acreditados; el número de libros, proyectos y artículos siguió en aumento, por ejemplo. A su vez, los índices de reprobación y deserción han descendido lentamente. Pareciera que, efectivamente, la situación ha mejorado sensiblemente. El asunto es que, por un lado, el movimiento de los indicadores solamente mostraría que el esfuerzo de las dos décadas anteriores, ha llevado a establecer una mayor homogeneidad en el sistema y una nueva línea base de la cual partir, pero probablemente no ha logrado la prometida mejora de la calidad educativa en sí. Fundamentalmente porque todavía no se ha dirigido a la enseñanza y el aprendizaje en sí mismos, sino a algunos factores que están relacionados. Es importante un mayor tiempo de dedicación del profesorado o que alcancen el doctorado, pero eso no se traduce directamente en un mejor aprendizaje de los alumnos. Si las prácticas de enseñanza, la vida en las aulas y los recursos a disposición del aprendizaje no se han modificado, es poco probable que exista un mejor aprovechamiento y capacidad de los alumnos. Por otro lado, uno de los argumentos más reiterados sobre los resultados de la política de evaluación es que, si bien ha logrado un aumento en las cifras y cantidades, cualitativamente no ha representado una mejora en la educación y en el desempeño del personal. Al contrario, los numerosos dispositivos y programas en operación, han provocado una simulación, una fragmentación y un deterioro de la actividad académica.

Después de 20 años, parece difícil dar marcha atrás a las reglas impuestas de la evaluación y tampoco sería apropiado que las instituciones educativas se negaran a rendir cuentas, a cumplir sus tareas o a mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, también es cierto que la alta variabilidad del actual esquema de evaluación tiene problemas que habrá que resolver.

A la fecha, todavía está por instalarse un verdadero sistema de evaluación de la educación superior. El mismo programa sectorial de la actual administración tiene entre sus objetivos, “articular y consolidar el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación y sus organismos especializados” (p.59). Obviamente, con el seguimiento de las líneas estratégicas de hace dos décadas; no parece cuestionarse lo que se ha hecho mal y que debe corregirse. Tal vez lo más grave es que el programa de incentivos al rendimiento individual que desde hace una década se acepta como insatisfactorio y con diversos problemas, permanece de la misma forma. En el sexenio anterior, en las metas del programa sectorial, se planteó que se revisaría su marco normativo, pero el periodo concluyó y nada ocurrió. La actual administración se propone “revisar de manera integral las condiciones laborales y los estímulos al personal académico y diseñar mecanismos para hacer posible la recuperación de su salario” (p. 27). Ahora ni siquiera se menciona el asunto del marco normativo. Bueno, sí, en materia de evaluación, como canta Gardel, parece que “veinte años no es nada”.

Publicado en la revista "Educación 2001". No. 178. Enero 2010.

PERCEPCIÓN PÚBLICA SOBRE CyT

La semana anterior le comentaba sobre el poco interés de los ciudadanos y la escasa información en torno de los contenidos científicos y tecnológicos en la región iberoamericana, a propósito de un reciente reporte (Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos).

México no participó en el estudio de referencia, pero desde hace más de una década realiza sus propias indagaciones. La primera medición la realizó en 1997 y a partir del 2001 lo hace de forma sistemática. Se trata de la Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (Enpecyt), bajo la responsabilidad de Conacyt e Inegi. La encuesta más reciente fue aplicada en el 2009, pero como ocurre con otras tareas y actividades del sector, la información todavía no está disponible (Por cierto ¿será innecesario el director del SNI o por qué suman cuatro meses sin su nombramiento?); los datos más recientes son del 2007.

Desde la encuesta de 1997, México siguió los componentes y principios metodológicos de la Unión Europea (el eurobarómetro) y otro tanto de la Fundación de Ciencia de los Estados Unidos. Los resultados de 1997 mostraban que alrededor del 55 por ciento de los encuestados tenían un escaso nivel de cultura científica (capacidad de entender conceptos y procesos en este terreno y potencial para discernir y opinar sobre controversias en temas relacionados), otro 34 por ciento se declaró con un nivel moderado y el restante 11 por ciento con un buen nivel. Este último porcentaje excedía al reportado por Estados Unidos, Francia o Alemania, los cuales no sobrepasaban el 10 por ciento, al parecer la explicación era que en México la encuesta se había aplicado solamente en ámbitos urbanos.

En la encuesta de 1997, la televisión apareció como la principal fuente de información (en siete de cada diez) y al parecer una tercera parte sintonizaba algún programa de ciencia y tecnología. En general, como cabría esperar, se destacó una correlación positiva entre nivel de escolaridad y cultura científica.

Una década después los resultados no son muy diferentes. La encuesta de 1997 y la de 2007 no son estrictamente comparables, la última es más amplia, aunque incluyen principios metodológicos y componentes similares. La del 2007 ya es nacional, se aplicó en 32 ciudades del país, a una muestra definitiva de 2,943 personas de 18 o más años.

Según los resultados, los temas que tienen mayor interés, en orden descendente, son: contaminación ambiental (59.7 por ciento); deportes (41.7 por ciento); nuevos descubrimientos científicos (41.6 por ciento); nuevos inventos y tecnología (39.3 por ciento); economía y finanzas (35.3 por ciento); y sociales y espectáculos (28.8 por ciento). No obstante, el nivel de información que tienen las personas encuestadas sobre algunos temas es mayor que el interés que declaran, como sería el caso de deportes, política y espectáculos.

En cuanto a las fuentes de información, en comparación con la encuesta de 1997, la televisión incrementó su porcentaje como principal medio de consumo. Ahora, el 97.1 por ciento de las personas entrevistadas declaró ser televidente y poco más de la mitad dice que la ve entre 9 y 24 horas a la semana.

Además, el 91.3 por ciento de los televidentes declara que ve principalmente noticieros. Tal vez ahí está una de las causas, o efecto, de la proliferación de noticieros en la televisión y la conversión de los que antes eran solamente conductores o lectores de noticias en editorialistas y verdaderos jueces de la vida pública. También explicaría en buena medida los consensos de opinión en torno a los sucesivos escándalos mediáticos. Aunque, según los mismos datos, el 42.2 por ciento de los televidentes declara que ven programas de ciencia y tecnología.

El radio, los diarios y las revistas también son una fuente de información importante. El 71.6, 52.2 y 32.2 por ciento, respectivamente, del total de personas encuestadas se declara consumidora de uno u otro de estos medios. No obstante, el porcentaje que personas que escucha o consulta secciones de ciencia y tecnología es reducido: en la radio el 9.5 por ciento y en los diarios el 24.7 por ciento.

Tal vez el factor más importante en el 2007, a diferencia de hace una década, es el uso de las computadoras e Internet. Actualmente, casi tres cuartas partes de los mexicanos saben o han escuchado de ellos. El uso más frecuente de Internet es el correo electrónico, pero más de la mitad de la población encuestada en el 2007 declaró que consultaba temas relacionados con la ciencia y la tecnología.

La Enpecyt incluye otros componentes, como el aprecio por ciertas profesiones, el nivel de cultura científica, el papel que debe asumir el gobierno y los científicos a este respecto, o el reconocimiento de las instituciones científicas. Quizá lo más importante es cuál ha sido la utilidad de más de una década de encuestas para el diseño de las políticas públicas en este terreno y a qué se debe el nivel de estimación de las actividades científicas y tecnológicas.

Publicado en Campus Milenio No. 356. Febrero 11, 2010.

¿QUÉ OPINA SOBRE… LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA?

Imposible no saber quien es Salvador Cabañas y cómo evoluciona su estado de salud. Hace unas semanas tal vez usted no tenía la menor idea de quien era esta persona, particularmente si los deportes o el fútbol no son de su interés. Hoy, tras miles de imágenes y comentarios en todos los medios, difícil ignorar de quien se trata o no tener una opinión al respecto.

En poco tiempo el nombre del futbolista quedará en el olvido colectivo, como también lo estará el impresentable legislador chiapaneco de las bromas racistas sobre Haití o el conductor de televisión que muestra sin rubor alguno su ignorancia. Sin embargo, estos y otros contenidos van formando una percepción social, moldeada por rasgos sociodemográficos, actitudes, valores y una cultura política.

No hay duda de la importancia que tiene la percepción social sobre distintos aspectos para las tareas administrativas y de gestión. Hoy los políticos están más pendientes de las encuestas que de su trabajo como políticos; más preocupados por su presencia e imagen en los medios que por hacer bien su trabajo.

En este mismo espacio hemos indicado los resultados de las encuestas sobre el índice de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, trabajo realizado periódicamente por Consulta Mitofsky desde el 2004. Sistemáticamente los legisladores y los partidos políticos aparecen en el último lugar; las universidades en el primero. Tal parece que se entiende y se tiene en alta estima a las universidades, no así a los políticos.

En el sector de la ciencia y la tecnología también existe interés por la percepción de los ciudadanos sobre su actividad. El mes pasado la Organización de Estados Iberoamericanos, la Fundación Española de ciencia y tecnología y la Red Iberoamericana de Indicadores de ciencia y tecnología, dieron a conocer un reporte sobre la percepción pública del sector en siete grandes ciudades de la región (Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos. 154 pp. Disponible en internet).

Es un primer intento por tratar de unificar la metodología para medir la percepción social en materia de ciencia y tecnología y hacer comparables los estudios de los distintos países. La encuesta se aplicó en las ciudades capitales de Argentina, Colombia, Chile, España, Panamá y Venezuela, y en la ciudad Sao Paulo, Brasil. El reporte no indica por qué optó por esta última ciudad brasileña, en lugar de la ciudad capital, pero seguramente se debe a la alta concentración de actividades e instituciones científicas en Sao Paulo.

La encuesta incluyó 31 preguntas, se aplicó en el 2007 a aproximadamente 1,100 personas mayores de 16 años en cada ciudad e indagó cuatro dimensiones: el nivel de información e interés sobre temas de ciencia y tecnología; la opinión sobre ciudadanía y políticas públicas en el sector; actitudes y valoraciones del área; y apropiación social de la ciencia y la tecnología.

En realidad, no sorprenden demasiado las percepciones que tienen algunos ciudadanos iberoamericanos sobre la ciencia y la tecnología. En general, tienen un escaso interés por esos temas y tampoco tienen demasiada información al respecto. Por ejemplo, la mayoría (95 por ciento) de ciudadanos tiene a la televisión como su principal fuente de información, pero no le atraen los programas de información científica, prefiere otros contenidos. Lo mismo ocurre con los lectores de diarios, solamente un tercio de los entrevistados reconoce que los lee con frecuencia, aunque esos pocos que lo hacen, declaran que no le atraen las notas sobre ciencia y tecnología. En las diferentes fuentes de información, solamente uno de cada diez declara interesarse por esos contenidos; la mayoría prefiere los deportes, los espectáculos, los noticieros o los horóscopos.

También es de notar la autovaloración que hacen los ciudadanos de la relevancia de su propio país en la actividad científica y tecnológica. La mitad de los encuestados de las ciudades de Bogotá y de Sao Paulo piensan que sus respectivos países destacan “mucho” o “bastante” en este rubro. Un optimismo más bien moderado se aprecia en Buenos Aires y Caracas, y francamente pesimista en Santiago de Chile.

Tal vez en correspondencia con el escaso interés sobre el tema y las actividades del sector --la mayoría fue incapaz de identificar una institución científica y tecnológica de su respectivo país--, también está la opinión de a qué rubro debe dársele prioridad financiera (Imagínese por un momento que usted pudiese decidir el destino del dinero público. A continuación le voy a enseñar una tarjeta con una serie de sectores. Dígame, por orden de prioridad, en cuál o cuáles de ellos aumentaría el gasto público). La mayoría optó por obras públicas y solamente dos de cada diez en tres ciudades dijeron que a ciencia y tecnología.

México no participó en el mencionado reporte, pero los resultados no son muy diferentes. En la próxima entrega veremos los datos.

Publicado en Campus Milenio No. 355. Febrero 4, 2010.

CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Jorge Flores Váldes, un físico reconocido, funcionario y divulgador de la ciencia, recientemente fue designado como coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia (CCCP) para el periodo 2010-2013. Desde hace dos décadas el CCCP es una instancia de contacto entre el ejecutivo federal y los científicos, pero los encuentros son cada vez más distantes y más inadvertida la presencia pública del consejo. No parece que la situación vaya a cambiar.

El decreto de creación de la secretaría ejecutiva del CCCP fue emitido en enero de 1989. El entonces presidente de la República, Carlos Salinas, apenas tenía un par de meses en el cargo, tras las cuestionadas y turbulentas elecciones federales del año previo; todavía estaba a la búsqueda de legitimidad e interlocución con diversos actores clave. Los científicos eran un sector a considerar y la creación de un consejo era un magnifico puente de contacto.

Las razones normativas que se argumentaron para instaurar el consejo fue que: el ejecutivo federal tenía interés en mantener un diálogo permanente con los diferentes sectores, entre ellos con los científicos; la participación social prevista en el sistema nacional de planeación; y, claro, las atribuciones que le otorga la legislación de la administración pública federal al poder ejecutivo (DOF. 24/01/1989).

El CCCP se integra con todos los científicos que reciben el premio nacional de ciencias y artes, y que expresan su deseo de pertenecer al consejo. El consejo tiene un coordinador general, designado por un periodo de tres años y puede a puede ocupar la posición por un periodo más. Los mismos integrantes del consejo, en sesión plenaria, eligen al coordinador.

En la organización del consejo también está previsto el cargo de secretario ejecutivo. De hecho, el decreto de creación se refiere más bien a esta posición y la persona responsable es designada por el presidente de la República, aunque más bien se trata de una sugerencia del titular de la SEP. El secretario ejecutivo es clave para el funcionamiento del organismo, no solamente porque es quien administra los recursos financieros destinados al CCCP –alrededor de 7 millones de pesos anuales-- sino principalmente porque es el encargado de la programación de los encuentros entre el ejecutivo federal y los científicos, así como del seguimiento de los acuerdos.

Una de las funciones encomendadas al consejo desde su instalación, y que sigue vigente, es la de opinar ante el ejecutivo federal sobre las políticas de ciencia y tecnología. Igualmente, tiene la responsabilidad de proponer acciones para el cumplimiento de las políticas y de responder a las consultas que se le hagan. Las funciones que desempeñan los consejeros, según la normatividad, no son remuneradas

Sin embargo, salvo en el periodo salinista y en otras cuantas oportunidades, pocas veces se ha sabido de la actuación pública del CCCP. El coordinador fundador del consejo fue el ex rector de la UNAM, Guillermo Soberón Acevedo, de 1989-1994, bajo cuya titularidad se estructuró el organismo, sostuvo encuentros continuos con el ejecutivo federal, realizó algunos estudios del arte en diversos campos de conocimiento e instauró el Premio México de Ciencia y Tecnología, destinado a reconocer los méritos de investigadores iberoamericanos.

Al concluir la gestión de Salinas de Gortari, el CCCP quedó en el abandono por dos años sin mayor explicación. Después, fue reactivado en 1996, con Pablo Rudomín como coordinador y cuya responsabilidad se extendió más allá de los periodos reglamentarios para sortear la transición política. Quizás uno de los mayores logros en ese tiempo fue la intervención del consejo en la reforma normativa de 1999 y la de 2002.

En esta década, la presencia del CCCP ha venido en declive. La coordinación correspondió a Adolfo Martínez Palomo (2003-2010). En el gobierno de Vicente Fox solamente fue convocado una sola vez y al parecer ninguna en la actual administración. Incluso, a diferencia de ocasiones anteriores en las que el ejecutivo federal atestigua el cambio en la coordinación en el consejo, en el reciente relevo ni siquiera estuvo presente.

Tal vez la organización y entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología sea la actividad más visible y permanente del CCCP. Aunque es posible que también esté por espaciarse e incluso cancelarse. El premio más reciente lo entregaron el pasado mes de diciembre, pero correspondía al certamen del 2008. Un año después.

En fin, comienza una nueva coordinación en el CCCP y el panorama no es muy prometedor. Es posible que la integración y actuación misma del consejo, pensado en otra circunstancia y anterior a la reforma normativa del sector, lo dejó fuera de lugar. Pero, entonces, convendría tomar alguna decisión sobre el diseño institucional de la política científica. Seguramente el asunto será más claro con el inminente cambio en la secretaria ejecutiva del organismo.

Publicado en Campus Milenio No. 354. Enero 28, 2010.

CyT: DATOS CONFIABLES

Uno de nuestros más graves problemas como país es que carecemos de información elemental, confiable y seriada de múltiples aspectos de la nación. En el ámbito de la salud, educativo o científico, como en tantos otros, ignoramos el detalle de aspectos clave o si los datos existen, no están a disposición pública.

Omitamos el problema de acceso a la información pública gubernamental, tarea de la que se ocupa el Instituto Federal de Acceso a la Información, y señalemos solamente algunas dificultades de la compilación. Los datos censales son de las pocas fuentes de información que se han sostenido a lo largo del tiempo –el primer censo general de población y vivienda se realizó en 1895— y por ello tenemos registro de los grandes trazos demográficos, sociales, educativos y económicos de México. Por esta razón ha causado cierta alarma, la posibilidad de que en este año, por motivos presupuestales, la aplicación del cuestionario del censo pudiera prescindir de algunas preguntas que sí se habían realizado en versiones anteriores (Sergio Aguayo. Reforma 9/12/2009).

No obstante, incluso si el cuestionario del censo no sufriera ninguna supresión, es necesario ampliar y sistematizar las fuentes de información, más que reducirlas. En las últimas dos décadas, y particularmente en los últimos años, hemos avanzado en la instauración de un sistema de información estadística nacional. Pero todavía es incipiente y relativamente precario.

El señalamiento sobre la escasez de información no es ninguna exageración. Por ejemplo, apenas al inicio de los años noventa comenzó la preocupación por registrar y contabilizar efectivamente la riqueza natural del país. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) fue creada en 1992 y una de sus principales funciones ha sido la instrumentación y operación del sistema nacional de información sobre biodiversidad.

La Conabio dio a conocer un primer reporte sintético (Primer Estudio País) sobre la biodiversidad en México en 1998 y apenas el año pasado publicó un segundo estudio (Capital Natural de México), más completo y sobre todo que plantea el conocimiento de la biodiversidad desde una perspectiva social. El concepto de “capital natural”, entendido como el conjunto de ecosistemas, los organismos que contienen y los servicios que de ahí se derivan, ha cobrado relevancia en diferentes países, porque ante el acelerado deterioro de los recursos naturales y los daños ecológicos, se ha comprendido el valor que tiene la naturaleza para la definición de las políticas públicas y el bienestar social. También por esta razón en los nuevos cálculos del ahorro y la riqueza de las naciones se busca incorporar el tema del capital natural.

Igualmente, apenas al final de la administración anterior se tomó la decisión de instaurar un sistema nacional de información estadística y geográfica. En la reforma al artículo 26 constitucional se añadió el apartado “B” para indicar su creación y también se estableció que tal sistema sería coordinado por un organismo autónomo (DOF. 7/04/2006), de donde se derivó la autonomía de la que ahora goza el INEGI. Esta última tuvo efecto a partir de la correspondiente ley reglamentaria del sistema nacional de información estadística y geográfica, promulgada el 6 de abril del 2008.

Los primeros pasos para la creación del sistema, con sus diferentes niveles, comités, órganos y subsistemas, se dieron el año pasado y a partir de entonces poco a poco ingresamos en una nueva dinámica para compilar y difundir la información de interés nacional.

En el 2009, a instancias de la junta de gobierno del INEGI, se integraron diferentes comités técnicos especializados, como los desarrollo social, vivienda, trabajo, salud, educación, población y dinámica demográfica.

Un comité técnico especializado en estadísticas de ciencia, tecnología e innovación también fue aprobado (Acuerdo 8°/V/2009) en la sesión de la junta de gobierno del pasado mes de octubre. Tal comité, después de cuatro meses, fue instalado la semana anterior y lo encabezará el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El nuevo órgano, según indicó el director de Conacyt, tiene el reto de hacer lo necesario para perfilar una política de Estado en la materia. Por lo pronto, en el acuerdo de la junta de gobierno del INEGI, se establece que el comité especializado deberá elaborar su programa de trabajo en los próximos tres meses y también tendrá que presentar un informe anual del resultado de sus trabajos “al comité ejecutivo del subsistema nacional de información económica”.

Tal vez ahora, con la actividad conjunta de los comités especializados y si cualitativamente habrá una mejor condición para reunir y difundir la información oficial, podremos contar con datos completos, confiables y sistemáticos. Una tarea que no está mal, una vez que ya dejamos atrás el siglo XX, y también la primera década de la siguiente centuria.

Publicado en Campus Milenio. No. 353. Enero 21, 2010.

OCDE: MÉXICO Y LA INNOVACIÓN

La semana anterior, finalmente, se presentó el estudio de la OCDE sobre la política de innovación en México (OECD Reviews of Innovation Policy: Mexico). Desde la administración anterior se había solicitado el estudio y desde hace más de un año se decía que ya estaba lista la publicación, pero como tantos otros retos y problemas, parece que no corría ninguna prisa por enfrentarlos. Tampoco hay muchas novedades al respecto.

Tal vez, apreciado lector, recuerde que hace un año, en el marco del Primer Foro "Innovación para la competitividad en México" —donde también se presentó tardíamente el programa sectorial—, se dio a conocer una versión preliminar y sintética del reporte sobre México (Reviews of Innovation Policy. Overall Assessment and Recommendations). En realidad, en esa ocasión, pese al título del foro, poco se discutió y analizó el tema de la innovación, dada la organización multitemática y apresurada del encuentro.

El pasado 7 de enero, ahora en la segunda edición del foro sobre innovación para la competitividad y con la presencia del propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se dio a conocer el estudio completo.

A pesar de los escasos aspectos positivos que anotó el secretario general, como algunos microclimas de innovación regional, la racionalización de los programas de apoyo del Conacyt, el presupuesto para ciencia y tecnología o el programa sectorial, el panorama general sobre la política de innovación es poco alentador, como ya lo hemos reiterado en este mismo espacio.

México tiene un nivel muy bajo de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Según el más reciente informe del gobierno, el gasto en investigación y desarrollo experimental en 2005 era de 0.41 por ciento respecto del PIB y para 2008 la proporción era de 0.43. La estimación para el año que acaba de concluir es de 0.46, aunque seguramente será menor cuando se ajusten los datos y se realice el cálculo exacto.

El nivel de inversión de México es el más bajo en el conjunto de países que integran la OCDE. Por ejemplo, Japón destina ocho veces más y Estados Unidos seis veces más. Más importante, como lo hizo notar el titular de la OCDE, naciones emergentes como China, Brasil o Sudáfrica triplican o duplican el gasto en ciencia respecto del PIB que realiza México, y todavía lo aumentarán más.

También quedó expuesta la declinante actividad de México en términos de patentes per cápita, la insuficiente capacitación de recursos humanos en el ámbito de la ciencia y la tecnología o el déficit de la balanza de pagos en el sector de la tecnología.

El estudio de la OCDE, según palabras del secretario general, realiza tres recomendaciones específicas: a) crear condiciones más propicias para la innovación. Lo que incluye no solamente las reformas para mejorar el entorno de negocios de las empresas mexicanas o la política de competencia en diferentes sectores (telecomunicaciones o mercados financieros, por ejemplo), sino principalmente el incremento de los niveles de escolaridad de la población y la mejora de la educación. Difícil que se pueda realmente impulsar un clima de innovación con una población analfabeta (tecnológica o literalmente).

b) Gobernabilidad del sistema de innovación. En particular, se refiere a la actuación del recientemente instalado “Comité Intersectorial para la Innovación”, cuyas características ya las hemos analizado aquí (Campus 350, 17/12/2009), a una correcta evaluación del sistema de innovación, a la corresponsabilidad del Conacyt y la Secretaría de Economía en la implementación de las políticas y a un incremento de la descentralización de la política de innovación.

c) Una mayor eficiencia del gasto. Especialmente, recomienda el apoyo directo al sistema de innovación, más que los incentivos fiscales, lo mismo que intensificar “los programas de asociación entre los sectores público y privado en renglones prioritarios como salud, energía, agua, alimentos y seguridad”.

Sin embargo, como el mismo titular de la OCDE se interrogó: ¿todavía son válidas estas recomendaciones? Después de todo, el reporte y las sugerencias se elaboraron en un contexto en el cual la crisis actual no era evidente.

Según el secretario general de la OCDE, el imperativo de la innovación se hace todavía más necesario con la crisis y se requieren medidas estructurales, como el apoyo a la investigación, infraestructura, capital humano, creación de negocios y el “crecimiento verde”.

En su opinión, el gobierno mexicano debe dar prioridad a tres aspectos medulares: un apoyo público sostenido del Conacyt y de la Secretaría de Economía para mantener a la investigación y el desarrollo experimental, así como los proyectos de largo plazo, tanto públicos como públicos-privados; la innovación como mecanismo para impulsar la energías renovables y empleos sustentables (la “recuperación verde”) para el crecimiento futuro, y aumentar el potencial de largo plazo para la innovación por medio de la educación y la capacidad de emprendimiento. Nada más.

Publicado en Campus Milenio No. 352. Enero 14, 2010

EL COMITÉ Y LOS RITMOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Finalmente, quedó instalado el Comité Intersectorial para la Innovación. Una propuesta de hace casi dos años, prevista en la reforma a la normatividad del sector científico y tecnológico de este año y base para dirigir los apoyos para favorecer la innovación. La trayectoria de las modificaciones y las iniciativas en este terreno, como en otras áreas del mismo Conacyt, muestran las dificultades para alcanzar los propósitos anunciados y una escala de tiempo que no corresponde con la urgencia de los problemas.

El tema de la innovación no es ninguna novedad en el sector. Desde la administración anterior se comenzó a discutir la importancia de incluir el tema de la innovación en la política sectorial. El Banco Mundial otorgó un préstamo a México en 2005 —en continuidad con otro de 1998— para fomentar la innovación por medio de algunos de los programas del Conacyt en marcha; por cierto, en este año vencerá la primera fase de ese préstamo. La OCDE, posteriormente, llevó a cabo un examen del sistema de innovación en México y los resultados apenas se conocieron en este año.

Hacia el final de la administración de Vicente Fox se hicieron algunas propuestas sobre innovación y se esbozó una iniciativa de ley al respecto. Pero la Legislatura estaba por concluir, y la dinámica política marcaba otros ritmos y otros temas. Hasta ahí quedó el asunto. La actual administración, tras el accidentado y competido proceso electoral, estaba tratando de afianzarse en los asientos y parecía que el acicate de la controversia electoral la impelería a mostrar resultados rápidamente. No ha sido el caso.

El programa de ciencia y tecnología de la actual administración, después de dos años de ejercicio, fue de los últimos en aparecer. Premura no había. Tal vez la imposibilidad de que el programa sectorial incluyera la palabra innovación en su título, fue una de las razones para que se retomara la discusión sobre una nueva reforma a la normatividad.

La principal iniciativa de ley fue presentada en mayo de 2008 y en los meses siguientes se presentaron otros proyectos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma el último día de marzo de este año y de ahí pasó a la Cámara de Senadores. Estos últimos la aprobaron, sin modificaciones, el 21 de abril, casi un mes después de que la recibieron. Después, los senadores enviaron la nueva ley al Ejecutivo federal para que éste, a su vez, la publicara en el Diario Oficial de la Federación y, entonces sí, entrara en vigor. La nueva ley apareció publicada el pasado 12 de junio y apenas este 9 de diciembre se instaló el Comité Intersectorial para la Innovación.

Uno de los cambios más importantes de la nueva ley, como en su momento lo indicamos, es que incluye la palabra innovación, como extensión, en prácticamente todos los artículos donde antes solamente aparecían ciencia y tecnología. Por tanto, el programa sectorial, el sistema nacional o el máximo órgano de gobierno del área, ya pueden añadir ese término a sus respectivos nombres.

No solamente cambió el nombre del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el máximo órgano de gobierno del sector, sino también su composición y funciones. Ahora sus atribuciones también incluyen la coordinación en materia de innovación y ha integrado a cinco nuevo miembros: tres representantes del sector productivo, uno de la conferencia nacional —la que agrupa a los organismos estatales del sector— y otro de los centros públicos de investigación.

El comité intersectorial, recientemente instalado, es el principal organismo que se habrá de encargar de orientar la política de innovación. Lo integran: el titular de la Secretaría de Economía, quien funge como presidente; el director del Conacyt, como vicepresidente, y el titular de la Secretaría de Educación Pública. Son invitados permanentes el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los representantes del sector productivo ante el consejo general y también el representante de los centros públicos de investigación (artículo 41 de la Ley de Ciencia y Tecnología).

Las funciones que desempeñará el comité son sumamente relevantes para avanzar o limitar la política de innovación: incluyen la aprobación del programa de innovación; la aplicación de los recursos correspondientes previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; el establecimiento de las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación, y la celebración de convenios relacionados en los diferentes niveles de gobierno y con los sectores académicos, productivos o de servicios, entre otros.

Claro, ahora sólo habrá que aguardar el funcionamiento del comité. Esperemos que sea antes de que concluya el periodo de la administración. Si se tardaron dos años para emitir el programa sectorial, otros tantos en el proceso legislativo y otros más para ajustar el nombramiento de sus funcionarios (por cierto, sigue pendiente el nombramiento en el SNI), la perspectiva no es alentadora.

Publicado en Campus Milenio No. 350. Diciembre 17, 2009.

ENTIDADES FEDERATIVAS: HOMOGENEIZAR E INNOVAR

Tal vez, estimado lector, recuerde que hace más o menos medio año se reunieron por primera vez los titulares de todos los consejos estatales de ciencia y tecnología, el director del Conacyt y legisladores presidentes de las comisiones del sector. Es una reunión prevista en la ley sectorial y que se denomina Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT). En aquel entonces comenté que resultaba extraño que se dijera que era la primera reunión ordinaria de ese organismo, dado que comunicados anteriores daban cuenta de al menos tres ordinarias celebradas con anterioridad.

Ahora, en Morelia, Michoacán, el pasado 19 de noviembre se reunieron nuevamente todos los integrantes de la conferencia. Y, sí, dijeron que se trataba de la segunda reunión ordinaria. Es decir: en esta administración comenzó una nueva cuenta de las reuniones del organismo. Probablemente todo se debe a que apenas en este año todas las entidades federativas ya cuentan con su respectivo consejo estatal y ya se puede hablar, propiamente, de una estructura de representación.

En estricto sentido, no importa el número de encuentros que se han celebrado, lo más relevante es si la conferencia ha cumplido su función principal: una coordinación institucional entre el Conacyt y los titulares de los organismos estatales para fomentar la actividad científica y tecnológica en las entidades federativas, así como para definir políticas y programas. Ésa es la función que le asigna la ley y lo que cabría esperar.

Desafortunadamente, pese a que la conferencia es un organismo previsto desde hace siete años, según lo estipuló la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, apenas está en fase de arranque y quizá tratando de apegarse a la normatividad. Por lo pronto, ya cumplió con aglutinar a todos los representantes de los consejos estatales y de sesionar por lo menos cada seis meses. Falta su estructura de organización, el tipo de relación que sostiene con otros organismos (por ejemplo, la Rednacecyt), la puntualización de su agenda, el seguimiento de sus acuerdos y, por supuesto, sus avances.

En la primera reunión, el pasado junio, solamente se pronunciaron discursos y se anunciaron intenciones. Por ejemplo, el director del Conacyt destacó las exigencias de la normatividad para trabajar con excelencia, pertinencia y una mayor vinculación entre todos los actores involucrados. El coordinador ejecutivo de la CNCyT, por su parte, indicó que el principal reto era el establecimiento de políticas estratégicas de largo plazo, enfocarse en el desarrollo sustentable, fortalecer los sistemas estatales y mejorar el nivel de competitividad nacional. Los legisladores también acordaron que se debe crear una política de Estado para el sector, particularmente en lo que se refiere a niveles de inversión. Sin embargo, medio año después parece que, otra vez, solamente se cambiaron los lugares y algunos fragmentos de los discursos.

En la reciente reunión de Morelia, el director del Conacyt repitió, casi con idénticas palabras, la exigencia normativa de mayor calidad, la importancia de la vinculación y la innovación. Lo novedoso fue que planteó el reto de un mejor ejercicio de recursos financieros frente a la actual época de crisis, un llamado a los representantes estatales para “homologar los programas de ciencia y tecnología en estructura, orientación y prioridades” al programa sectorial 2007-2012 y la posibilidad de que la “innovación se convierta en el eje transversal de los problemas nacionales” (comunicado 71/09).

A su vez, el coordinador ejecutivo de la CNCyT, Manuel Martínez Fernández, también presidente de la Rednacecyt y director del consejo estatal de Morelos, reiteró la idea de una colaboración entre gobierno, empresarios y sociedad civil —el llamado modelo de la triple hélice— y la instauración de sistemas estatales y regionales de innovación. En esta ocasión no hubo discurso de los legisladores federales, sólo participaron legisladores locales. Aunque, debe precisarse, los legisladores, formalmente, no son miembros de la CNCyT.

La conferencia, aparte de su instauración formal, como se podrá apreciar, pocos avances puede reportar. Es posible que paulatinamente su desempeño sea mejor y que adquiera una mayor relevancia en el futuro próximo. Al menos vale la pena advertir que la redistribución de los recursos públicos en las negociaciones anuales está apuntando hacia las entidades federativas y se ha ensanchado profundamente el margen de maniobra de los gobernadores.

Claro, la ciencia y la tecnología no forma parte del interés ni de las prioridades de los gobiernos (estatal o federal). Pero no descartemos un beneficio adicional de la celebración de la conferencia en las entidades: los gobiernos han declarado “ciudad del conocimiento” a la sede de las reuniones. Sí, Morelia, Michoacán, no fue la excepción. ¡Ya tenemos seis ciudades del conocimiento y contando! Un logro en esta primera mitad de la actual administración.

Publicado en Campus Milenio No. 348. Diciembre 03, 2009.

PERDIMOS OTRA DÉCADA

Ni siquiera la expectativa por la doble celebración histórica que tendremos este año parece suficiente para ser optimistas. Más bien la escala de la historia nos devuelve la imagen de las oportunidades perdidas, la ignominia y los equívocos, sea en centurias o en décadas. El horizonte promisorio que se asoma al cambio de siglo, de década o de administración, se vuelve alejar cuando ya estamos por tocarlo. Sí, parece un movimiento simétrico interminable. Así ha sido en el México independiente, en el posrevolucionario, en el del milagro económico o en el modernizado.

El inicio de la primera década de este siglo, espoleado por el cambio de milenio y con las transiciones en marcha, parecía que, finalmente, una vez más, estaríamos en la senda del crecimiento económico y el bienestar social. No fue así. Las expectativas de la entonces naciente década se estrellaron con los duros indicadores al final de la administración de Vicente Fox: la tasa promedio de crecimiento anual del PIB fue de un decepcionante 2.3 por ciento; la tasa de desempleo abierto comenzó con un 2.2 por ciento y concluyó con un 3.6 por ciento; el rezago educativo apenas disminuyó (pasó de 32 a 30 millones de personas sin concluir su educación básica); el desempeño de los jóvenes mexicanos de 15 años en las pruebas PISA de la OCDE los colocó en las últimas posiciones; en la ley se dijo que se alcanzaría una inversión de 8 por ciento del PIB en educación y 1 por ciento en ciencia y tecnología, pero en los hechos el nivel de inversión no modificó significativamente su tendencia y se mantiene alejado del porcentaje marcado en la ley, por ejemplo.

Después, la actual administración, al iniciar su ejercicio colocó a la competitividad y el empleo como sus principales apuestas. Tampoco ha logrado su cometido. La tasa de desempleo avanzó dos puntos porcentuales y México descendió de la posición 52 a la 60 en el índice de competitividad global en el periodo. Las razones, se ha dicho, se pueden localizar en múltiples factores, van desde el flanco abierto para enfrentar el grave problema de seguridad pública hasta la crisis económica global que comenzó a mediados del 2008.

Lo cierto es que la primera década de este siglo quedó atrás y las promesas de mejora otra vez se han diferido. Peor aún, no queda claro cuando superaremos los efectos de la más reciente crisis. La mayor parte de analistas económicos han coincidido que la parte más complicada ya pasó y que en este año comenzará plenamente la recuperación. Pero también han coincidido en que México, en la región latinoamericana, es el país con el manejo más deficiente de la crisis y el mayor descalabro económico.

No solamente se trata de las opiniones emitidas por un especialista económico como Joseph Stiglitz, quien hace un par de meses dijo que México, en el mundo, había tenido el peor desempeño en el manejo de la crisis, la misma CEPAL ya había hecho notar las diferencias en la región y las posibilidades de los distintos países para enderezar su rumbo económico. Brasil aparecía en un extremo y México en el otro.

El reporte de la CEPAL (Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2009), publicado el mes pasado, sorprende al indicar que la recuperación en la región llegará más pronto de lo que cabría esperar. Desafortunadamente, también confirma las diferencias por país y el horizonte que nos aguarda.

Según el balance que realiza la CEPAL, el efecto de la crisis fue muy grave entre el final del 2008 y el comienzo del 2009, pero a partir del segundo trimestre del año pasado comenzó la recuperación y se generalizó hacia la mitad del año. En general, señala que la disminución estimada del PIB en la región será de 1.8 por ciento para el 2009.

No obstante, las diferencias son notables. México, con un crecimiento negativo de -6.7 del PIB es el país con la mayor caída económica en toda la región. Bolivia y Paraguay con una disminución de -3.5 son los países que más se le acercan. Por el contrario, Argentina, Brasil, Colombia o Perú con una baja de menos de un punto porcentual son los países que menos sufrieron los efectos de la crisis.

Una situación similar se espera para las proyecciones de crecimiento en este año. Se estima que el PIB de la región, en su conjunto, crecerá alrededor de 4.3 por ciento. Sin embargo, el crecimiento en América del Sur será mayor, comandado por Brasil con un 5.5 por ciento, seguido por Uruguay, Perú, Chile y Bolivia.

La estimación de crecimiento para este año de México es de 3.5 por ciento, en buena medida por el repunte de la economía estadounidense. El cálculo es que apenas en el 2011 se podría alcanzar un nivel de actividad como el que se tuvo hace tres años. En parte porque la inflación que se espera (conservadoramente) para este año será de alrededor de un 5 por ciento, por el aumento de nuevos impuestos como el 3 por ciento para telecomunicaciones, el incremento de 28 a 30 por ciento del ISR o el IVA de 15 a 16 por ciento. Bueno, de todas formas, feliz año y esperemos el 2020.

Publicado en Campus Milenio No. 351. Enero 7, 2010.