FOMIN Y EL ESTADO DE MÉXICO

La importancia de algunas entidades federativas en materia de ciencia y tecnología ha sido creciente, aunque todavía poco visible. Los avances son recientes: apenas a partir del 2008 todos los estados cuentan con un consejo estatal del sector y desde el año pasado están los intentos por articular un sistema con el conjunto de consejos.

Algunas entidades, como el Estado de México, están tratando de avanzar con mayor rapidez y los recursos financieros parecen ser la clave. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) tiene relativamente poco tiempo de instaurado, se creó en el año 2000, y apenas en el 2004 se promulgó la ley respectiva.

La entidad federativa tiene una amplia oferta educativa de nivel superior con más de dos centenares de instituciones, 14 de ellas que ofrecen estudios de doctorado (el mayor número después del DF que tiene 29). También cuenta con más de una decena de centros de investigación y más de 800 investigadores nacionales, aunque su participación en los fondos mixtos ha sido relativamente modesta.

La extensión territorial del estado es relativamente pequeña (ocupa el lugar 25 a escala nacional), pero los más de 14 millones de habitantes representan la mayor concentración de habitantes de la República. Tal vez más importante, en la entidad se genera el 10 por ciento del PIB nacional y suma casi tres millares de Pymes.

Al igual que una buena parte de entidades federativas, el Estado de México ha mejorado sus indicadores en materia de ciencia y tecnología, pero han sido más notorios la instalación de centros digitales que recibieron recursos en el presupuesto de este año y sus planes recientes para la creación de un parque tecnológico, centrado en tecnologías de la información, como lo comentamos hace un par de meses en este mismo espacio.

Además, la semana anterior se anunció la firma de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Comecyt para impulsar un sistema estatal de innovación (Reforma 08/12/2010). En realidad se trata de un proyecto aprobado desde el pasado mes de agosto, aunque restaba la creación de algunas instancias y la firma de algunos documentos.

El proyecto, según el documento firmado, tiene como objetivo principal “contribuir al aumento de la inversión en innovación por parte de las Pymes del Estado de México y fortalecer sus vínculos de colaboración con centros tecnológicos, universidades y entidades públicas locales que conforman el sistema estatal de innovación (SEI)”. Esto, en virtud de que, se advierte, las políticas sectoriales, “se han concentrado en gran medida en la investigación científica pública, y solo en los últimos años han comenzado a poner un mayor énfasis en el desarrollo tecnológico de las empresas y en la investigación aplicada”.

Si bien se reconocen algunos avances a nivel nacional en materia desarrollo regional, también se destaca que el concepto de sistema estatal de innovación no está “debidamente integrado en el marco de las políticas estratégicas de la mayoría de los estados”.

El proyecto, titulado “Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en México”, tendrá una duración de tres años y su presupuesto global será de 1 millón 973 mil dólares que ejercerá el Comecyt. En el financiamiento participan: el BID con 920 mil dólares (no reembolsables); el Comecyt con 918 mil dólares; y Conacyt con 315 mil dólares.

Los recursos aportados por el BID provienen de su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), creado al comienzo de los años noventa para el desarrollo innovador del sector privado de las micro y pequeñas empresas en la región latinoamericana. Una característica de los recursos de este fondo es que son no reembolsables, dado que se canalizan a proyectos piloto o innovadores.

De hecho, como lo expresa el documento ejecutivo del proyecto, se busca la puesta en marcha de un modelo para acercar a las Pymes a los agentes del sistema de innovación y, sobre todo, complementar el proyecto piloto del BID de fortalecimiento de los sistemas estatales de innovación que opera en tres estados de Brasil y de otras entidades de Chile, Colombia y México.

El desarrollo del proyecto tiene tres componentes. Uno, centrado en el fortalecimiento institucional para el diseño de planes de innovación, en el que debieran participar actores públicos y privados del sistema estatal para la definición de la agenda. Los recursos previstos para este componente son 198 mil dólares.

Otro componente es el apoyo a las inversiones de las Pymes en innovación. Esto es, respaldo para la identificación de problemas y soluciones tecnológicas, así como aumento de inversión para proyectos de innovación. Este apartado es el que absorberá la mayor cantidad de recursos: 1 millón 203 mil dólares. Un último componente es el de monitoreo, sistematización y difusión de la experiencia, es en donde se definirá el modelo a seguir o se identificarán “las mejores prácticas”. El monto financiero previsto es de 213 mil dólares y es en donde estará la aportación de Conacyt.

(Publicado en Campus Milenio No. 398. Diciembre 16, 2010)

PECITI: VISIÓN DE LARGO PLAZO

Desde mediados de los años noventa, conforme disminuía el brillo de la figura presidencial y adquiría relieve el Congreso de la Unión en la toma de decisiones, también se comenzó a hablar con mayor insistencia de instaurar políticas de Estado para el desarrollo de México. El movimiento anunciaba el descentramiento de una responsabilidad unipersonal y el cambio en la temporalidad de las políticas públicas; pasar de las iniciativas sexenales centradas en el gobierno federal a las iniciativas de participación múltiple y bajo acuerdos intertemporales.

La reforma a la normatividad científica y tecnológica de 1999 --todavía con el PRI como partido en el gobierno-- entre los muchos cambios que formuló, también incluyó la necesidad de contar con una política de Estado y propuso la creación de instrumentos (de ahí vienen los fondos competitivos y los convenios de desempeño) e instancias para el diseño de la política (el Foro, el programa especial, por ejemplo). No obstante, en la ley no quedó enunciada de forma explícita la idea de política de Estado en el sector.

Al cambio de siglo y con la alternancia en el gobierno, la idea de políticas de Estado y de largo plazo cobró mayor relevancia. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno federal panista, el de Vicente Fox, planteó por primera vez la idea de un escenario a 25 años de los programas sectoriales y otro escenario para el sexenio. La propuesta fue recogida en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y quedó como primer objetivo disponer de una política de Estado en ciencia y tecnología.

Una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología en el 2002, elevó a rango de ley el planteamiento de política de Estado. Efectivamente, en el artículo 2 de la entonces nueva ley se anotaron diferentes acciones que “Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”. También consideró que el Consejo General sería quien definiría la política de Estado en esta materia (artículo 3).

Sin embargo, tal parece que las modificaciones normativas no eran completamente explícitas ni satisfactorias. La fracción del PRD en el Senado y particularmente el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, quien preside la comisión de ciencia y tecnología, presentó en febrero del 2009 una iniciativa de reforma a la ley de ciencia y tecnología para darle mayor precisión al tema de la visión de largo plazo en el sector.

La propuesta consistía en modificar los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología para añadirle nuevas características al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (Peciti): una visión con proyección a 25 años; actualizable cada tres años, conforme el inicio de cada legislatura; y la definición de áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica.

En la misma propuesta se especificaba que la aplicación de estos nuevos atributos debían estar bajo la responsabilidad del máximo órgano de gobierno del sector (el Consejo General que preside el ejecutivo federal) y de su secretario ejecutivo (el director de Conacyt).

Aunque con leves modificaciones, como las fracciones afectadas, el orden o la redacción de los cambios, el pleno del Senado aprobó la propuesta de reforma el primero de diciembre de 2009. Esto es, sobre el Peciti, además de establecer la responsabilidad del Consejo General, el artículo 20 indica que: “El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El Programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión”. Seguramente esto último para garantizar los recursos financieros.

La modificación del artículo 21 tampoco carece de importancia. Ahora, en su fracción III Bis, precisa que el Peciti debe contener “Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones”. Es decir, la definición de áreas y proyectos relevantes para el desarrollo nacional. Un componente que no es nuevo pero que ha sido poco sistemático y fuente de múltiples tensiones entre autoridades e investigadores.

La propuesta de reforma del Senado pasó a la Camára de Diputados hace casi un año y la semana anterior, el pasado 2 de diciembre, el dictamen fue presentado al pleno de la cámara. El diputado Reyes Tamez Guerra, exsecretario de Educación Pública y ahora coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y presidente de la comisión de ciencia y tecnología, fundamentó el dictamen. Ningún orador se anotó para debatir la iniciativa, ni a favor ni en contra. Sin mayor trámite, la propuesta fue aprobada con 302 votos (de 500 posibles), 0 en contra y 0 abstenciones.

Bajo diferenes ritmos y lógicas el marco normativo se va edificando. Claro, ahora sólo falta llevarlo al terreno de la siguiente administración.

(Publicado en Campus Milenio No. 397. Diciembre 9, 2010)

INNOVACIÓN: ¿A DELIBERACIÓN EN UN ESPACIO LATINOAMERICANO?

El pasado fin de semana, en Playa del Carmen, Quintana Roo, concluyó el Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (FIBECYT 2010). Una de las propuestas que se planteó en el foro y que probablemente se discutirá el próximo año es la creación de un espacio en la región para impulsar políticas públicas en materia de innovación.

La entidad que organizó el foro es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Hace más de 25 años que se creó este programa, bajo acuerdo y con la participación de 19 países latinoamericanos (en los que se incluye México), más Portugal y España. Este último país, aporta alrededor de la mitad del presupuesto del programa.

A pesar del tiempo de operación que lleva el programa, sólo a partir de1993 tiene un vínculo mayor con los tomadores de decisión. Desde esta última fecha, organiza las reuniones sectoriales y forma para de la agenda de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizan periódicamente.

Una de las características del CYTED ha sido la búsqueda de contacto entre el mundo empresarial, tomadores de decisión e investigadores, aunque con mayor inclinación a vincularse con el sector productivo. De hecho, el primer foro que organizó en 2006 se denominó “Foro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, Empresa y Sociedad” (FIBECYT 2006). El foro se celebró en Buenos Aires, Argentina, bajo el impulso del actual secretario general del CYTED, Fernando Aldana, quien ocupa la secretaría desde el 2003.

El foro de Buenos Aires marcó la pauta de organización de este tipo de encuentros e incluyó tres componentes: la participación como conferencistas de premios Nobel y destacados especialistas en variados temas; un foro de debate especializado (Forum Iberoeka) pero con la idea de generar proyectos compartidos entre la comunidad científica y las empresas de la región; y espacios de debate más abiertos. En esa ocasión, el debate especializado se concentró en los sectores energéticos y las políticas de desarrollo; mientras que las temáticas de discusión general se refirieron al problema del género, patentes y transferencia del conocimiento.

El segundo foro, el FIBECYT 2008, conservó el mismo nombre y se llevó a cabo en cooperación con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela. Al igual que el foro previo, incluyó el Forum Iberoeka, el cual se enfocó a la discusión de la tecnología y gestión del riesgo, y el de discusión más abierta abordó el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de las naciones.

Por su parte, el más reciente FIBECYT 2010, el realizado la semana anterior en México, conservó las mismas siglas de las ediciones anteriores pero cambió su nombre a “Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto es, suprimió la extensión “Empresa y Sociedad”, y la intercambió por la de “Innovación”.

Además, el FIBECYT 2010, como el primer foro de Buenos Aires del 2006, volvió a ocuparse del tema de la energía como tópico central del Forum Iberoeka, particularmente para discutir el manejo eficiente de la energía. Esto último quizás se debió a cierta coincidencia con el encuentro programado de Naciones Unidas sobre calentamiento global, puesto que casi en la misma fecha y en la misma entidad federativa se realizó la Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático (COP-16).

En el marco del foro, según comunicado oficial, Juan Carlos Romero Hicks, el director de Conacyt, la entidad co-organizadora del FIBECYT 2010, planteó la propuesta de “creación de un espacio latinoamericano para impulsar políticas públicas en materia de innovación en los países de la región” (Comunicado 74/10 25.11.10)

De acuerdo a la información, la idea es instaurar “un espacio de cooperación y diálogo entre los líderes de cada país a fin de crear para cada uno políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación con pleno respeto a cada soberanía”.

La propuesta permanece en el plano de la declaración de intenciones, no solamente porque solamente se anunció, sino principalmente porque deberá tener mayores especificaciones y ser negociada con los jefes de Estado y de gobierno de la región, así como con los ministros del sector correspondientes.

Al parecer ya existen ciertos adelantos en las negociaciones, puesto que el director de Conacyt aclaró que está prevista una primera reunión de trabajo con las autoridades correspondientes en Guanajuato, México, el próximo mes de marzo.

Tal vez, si es que los acuerdos regionales marchan por un buen sendero, cabría la posibilidad de instaurar verdaderas zonas de cooperación en materia de ciencia y tecnología, como las que existen en la Unión Europea y en otras regiones. En América Latina nos hemos quedado a la zaga de la integración y de la formación de un bloque regional competitivo. El horizonte podría cambiar.

(Publicado en Campus Milenio No. 396. Diciembre 2, 2010)