Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 730.
Noviembre 9, 2017. Págs. 8-9)
En términos prácticos, el tiempo
de los planes y los propósitos de esta administración ya fue. Este último año será
para librar de la mejor forma el huracán electoral, categoría cinco, que ya
está aquí y, tal vez, hacer algún acto de prestidigitación con los números de
un presupuesto sumamente austero que deberá quedar aprobado la semana próxima.
Este gabinete será juzgado por las
cuentas que entregue al terminar su ejercicio, pero sobre todo por lo que hizo
o dejó de hacer en los primeros años, cuando tenía los instrumentos a su
disposición y las capacidades plenas. En el caso del sector científico y
tecnológico, no tiene caso machacar que se incumplirá la meta de alcanzar el 1
por ciento respecto al PIB, a pesar de que está firmada por el presidente
Enrique Peña Nieto y figuró como la prioridad indeleble de esta administración.
A estas alturas, ya nadie duda
que el presupuesto para ciencia y tecnología seguirá como aspiración de una ley
que no se cumple y un inventario de buenos deseos que se repite desde hace más
de treinta años. Aunque no todo se circunscribe al asunto de los dineros. El
ejecutivo federal y las autoridades del sector, en su momento, desbordaron
optimismo, formularon un programa y pusieron en marcha diferentes acciones, así
que ese es otro ángulo del desempeño. Desafortunadamente tampoco es mejor.
Las expectativas iniciales
En los primeros días de enero de
2013, cuando apenas comenzaba el periodo de esta administración y estaba
completándose el gabinete, en la ceremonia de toma de posesión del director de
Conacyt, Enrique Cabrero, el presidente Peña Nieto, exultante explicaba porque
decidió no crear una Secretaria de Ciencia y Tecnología: “Y,
entonces, yo respondí, y aquí he sido congruente con lo que entonces
comprometí. Dije: No se trata de generar mayor burocracia. Si de lo que se
trata es darle un mayor espacio de relevancia e importancia para el Gobierno,
el tener esta área dentro del gabinete, no es necesario que generemos mayor
burocracia, hagamos mayor inversión”.
En la misma ceremonia, también
estaba presente, Francisco Bolívar Zapata, como primer titular de la entonces
recientemente creada Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de
la Oficina de la Presidencia, una instancia que presumiblemente daría cuenta
del interés del ejecutivo federal y evitaría la expansión burocrática. Tampoco
tiene sentido volver a reiterar que, después de cinco años, no logró ni lo uno
ni lo otro.
El asunto es que desde el arranque mismo
del periodo, en enero del 2013, en la toma de posesión del titular, antes de la
elaboración del programa sectorial, sobre la base de un aumento en el
presupuesto del orden del 18 por ciento respecto del año anterior, el
presidente Peña Nieto le dio cinco instrucciones al nuevo director.
Por ejemplo, le dijo que en conjunto con
Hacienda diseñara una hoja de ruta para que en el sexenio o en los siguientes
10 años, se pudiera “triplicar la inversión que hoy se hace en ciencia y
tecnología”. Y aventuró los plazos: “llegar al 1 por ciento al término de esta
administración y triplicarlo sería llegar al 1.2 por ciento, y creo que esto
sería posible lograrlo en los próximos ocho o 10 años” (Versión estenográfica
03.01.2013). No fue en cinco años, tampoco en menos; no lo será en seis y tal
vez ni en10.
La segunda instrucción fue diseñar
políticas públicas diferenciadas para permitir el desarrollo científico y
tecnológico local, considerando las capacidades y vocaciones de las entidades.
La tercera fue que fortaleciera el SNI, esto es, que lo expandiera y apoyara a
los grupos de investigación existentes. La cuarta instrucción fue crear, en
conjunto con SEP y Economía, un verdadero Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Por último, EPN instruyó al director de Conacyt para
que fortaleciera los mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la
academia.
Las instrucciones estaban claras, el
principal punto de referencia era el nivel de inversión, pero, en conjunto, se
suponía que integraban las coordenadas en las que se movilizaría esta
administración. El horizonte era alentador. Además, el discurso del doctor
Cabrero, en su toma de posesión, generó todavía más expectativas porque parecía
tener un diagnóstico correcto y claridad en lo que se debía hacer.
Cabrero reconocía que los recursos
financieros eran parte del problema pero lo más importante, sostenía, era que
no se habían integrado los elementos del sistema en una normatividad adecuada y
una política pública clara y eficaz. Puntualmente señaló: “No hemos
logrado esta integración a causa de un entramado institucional rígido y
burocratizado, que no ha permitido un adecuado sistema de incentivos en el
sector”. Después de todo, lo decía un especialista en política pública y diseño
institucional.
Un
forzoso aterrizaje
Lo esperado era un vuelco en las
normas, en el funcionamiento del sistema, en la estructura de incentivos, en la
expansión de capacidades, en la consolidación del sistema, en la articulación
de los elementos o la política en red. Eso era lo anunciado. Incluso, antes de
que estuviera listo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Peciti) del periodo, el director de Conacyt, para avanzar en las instrucciones
recibidas de EPN, anunció las principales iniciativas que pondría en marcha.
En noviembre de 2013, durante su
participación en la LXIV
asamblea general de la Anuies, el director Cabrero anunció que se fomentaría la
investigación para atender los “grandes problemas nacionales”. También dijo que
habría mayor inversión para el programa de estímulos a la innovación, una
política diferenciada para las entidades e impulso a jóvenes investigadores
(Comunicado 86/13).
Y sí, en el esbozo de medidas, tal vez la iniciativa que más
sorprendió fue la novedad del programa “Cátedras para jóvenes investigadores”. Un
programa que en el 2014 tomó forma y precisión: instituciones y jóvenes
doctores concursaron por medio millar de nombramientos académicos de confianza,
denominados cátedras Conacyt. Una nueva forma de acceso a la carrera académica
para recién graduados, bajo un mecanismo de selección que diferenció temas,
proyectos, retos y sectores institucionales. Los doctores fueron comisionados a
instituciones públicas de investigación, pero Conacyt conservó el papel de patrón
y los establecimientos de adscripción no guardan ninguna relación de tipo
laboral con los noveles académicos.
Luego vino la publicación del programa sectorial, la puesta en marcha
de otras iniciativas y tres años más de incremento presupuestal. Un aumento que
permitió la puesta en marcha de las cátedras y un respaldo al trabajo de redes
temáticas. Al final del 2013, CONACYT reportaba la existencia de 20 redes de
investigación (9 de temas sociales y 11 de desarrollo tecnológico, vinculadas
con el sector empresarial), en el que decía que trabajaron de forma asociada 3
mil 864 investigadores.
En los años siguientes el volumen de redes siguió creciendo hasta
llegar a un total de 81 en este 2017 y ahí alcanzó su punto de inflexión. Conacyt,
desde el año pasado, ya no reportó el número de investigadores participantes y
en la convocatoria más reciente anotó que “dio preferencia a la continuidad de
redes temáticas, más que a la formación de nuevas redes” (Quinto informe de
gobierno, 2017: 416).
Otro tanto
ocurrió con el Programa de Estímulos a la Investigación (Pei). Una iniciativa que
desde el sexenio anterior sustituyó a los cuestionados incentivos fiscales. El programa
vigente tiene como principal finalidad, apoyar los procesos de innovación en
las empresas y alentar su relación con los Centros Públicos de Investigación y
las instituciones de educación superior. El programa depende de los recursos
anuales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin
embargo, desde el año pasado, EPN volvió a instruir al director de Conacyt para
retornar a los incentivos fiscales. Y sí, en este año, ya están en operación. Según
reportó Conacyt, recibió 162 solicitudes de más de un centenar de
contribuyentes del ISR y la suma es muy significativa: 4 mil 734 millones de
pesos. Lo sorprendente es que la norma estableció que el monto de incentivos
fiscales a distribuir no podría ser mayor a un mil 500 millones de pesos ni
sobrepasar los 50 millones por contribuyente.
Una
iniciativa más que también está en la idea de vincular a instituciones
académicas y empresas, es la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico
para
Atención de Problemas Nacionales, centrada en siete temas de indagación. Lo
mismo que la reorganización de los Centros Públicos de Investigación para
trabajar como consorcios que atiendan temas regionales y el respaldo para los
laboratorios nacionales.
En fin, los programas anteriores constituyen la parte
medular del periodo, pero ¿cumplen las expectativas, atienden las instrucciones
de EPN y representan un cambio notable en la conducción e integración del
sistema científico y tecnológico? No, desafortunadamente no es así. Ni por el
lado de una inversión sostenida, tampoco por la expansión y menos por el de diseño
institucional.
La inversión creció significativamente en los primeros tres
años, nada más. La expansión de capacidades no creció como parecía que
ocurriría: el número de miembros del SNI siguió la misma tendencia inercial que
venía presentando; el volumen de becas más que se duplicó en el periodo
anterior, en éste perdió ritmo y solamente aumentó un 30 por ciento; y el
programa de Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores disminuyó al segundo
año.
Las iniciativas para alentar el desarrollo local, atender
los problemas nacionales o para propiciar el vínculo entre el sector productivo
y la academia, están muy localizados, todavía no son evidentes sus bondades y
no hay ninguna garantía de que pudieran sostenerse más allá de este periodo. De
hecho, no hay un cambio normativo en la estructura de incentivos que permita
suponer lo contrario.
Además las iniciativas para fortalecer el vínculo entre
academia y sector productivo han resultado muy frágiles, también aquellas que
buscan alentar la participación del sector privado en la inversión del sector
científico y tecnológico, las mismas autoridades gubernamentales han señalado
el desinterés de los empresarios como causal del bajo nivel de inversión.
Tal
vez desde la modificación del marco normativo de 1999 y el posterior ajuste del
2002, no se ha producido un cambio notable en la conducción y reorganización
del sistema. Ni mencionar la eficacia y eficiencia en la operación del sistema
y toda su cauda de trámites cotidianos y funcionamiento de programas. Así que
hoy estamos, una vez más, ante el naufragio de otra promesa.
