Cátedras. ¿Pocos recursos y asignaciones sesgadas?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 929. Diciembre 16, 2021)

 

Lo que ocurre con el programa Cátedras Conacyt –ahora denominado Investigadoras e investigadores por México— permite entender el creciente malestar en el sector científico y tecnológico e ilustra el peculiar estilo de conducirlo.

 

El programa, como se sabe, fue diseñado por la administración anterior como opción laboral ante la creciente demanda de jóvenes doctores que no encontraban ni encuentran fácil acomodo en el mercado de trabajo. Básicamente, propuso la instauración de cátedras conforme temas y proyectos de investigación de las instituciones; los solicitantes se inscribían en la convocatoria correspondiente y si resultaban seleccionados eran comisionados a una universidad o centro de investigación.

 

Conacyt funge como patrón y el lugar donde se desempeñan es la institución de adscripción. Los contratos son por diez años, pero pueden ser prorrogables tantas veces como sea necesario, aunque la idea era que las instituciones abrieran plazas y los jóvenes concursaran por las mismas. Muy pocas se abrieron.

 

El problema recurrente son los recursos financieros. El programa arrancó en 2014 con la aceptación de poco más de medio millar de doctores y se suponía que anualmente aceptaría un número relativamente similar. No obstante, en 2015 la cifra se redujo a la mitad y en los años siguientes la cantidad de aceptados fue parecida, hacia el 2018 los catedráticos sumaban poco más de 1,500. El presupuesto fue el obstáculo para su expansión.

 

Al inicio del actual periodo gubernamental, en febrero del 2019, seguramente usted lo recuerda, vino un primer desencuentro con los jóvenes del programa. Otra vez, en el centro del problema estaba el asunto de los recursos financieros. En aquella ocasión, la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se encontró con un programa insostenible porque había alrededor de 1,500 catedráticos “colgados” de la nómina de Conacyt y eso tenía que cambiar sí o sí.

 

Las apreciaciones sobre el desempeño de los catedráticos encendió los focos de alarma. Obviamente los jóvenes no permanecieron impasibles y rápidamente montaron una campaña para difundir la normatividad que amparaba su trabajo y, sobre todo, para divulgar sus logros. Apareció el germen de su organización. La directora del Conacyt tuvo que rectificar y decir que, en realidad, intentaría ofrecer verdaderas alternativas laborales.

 

No obstante, ninguna alternativa se formuló; tampoco hubo convocatoria del programa en 2019 ni en 2020. Los catedráticos, por su parte, se organizaron en un sindicato (Siintracátedras) y buscaron la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Precisamente, cuando estaban en el proceso de negociación y como también ha ocurrido con otros programas u organizaciones en el sector, la autoridad modificó los lineamientos y nombre del programa. Un patrón que se ha repetido en otros casos.

 

En general, el programa conservó el principio de funcionamiento y evaluación laboral, pero endureció algunos requisitos y condiciones (por ejemplo, el cambio y permanencia en el SNI). Nuevamente vinieron las protestas y las aclaraciones, las cosas se tranquilizaron cuando la autoridad dijo que las nuevas normas no serían retroactivas.

 

En fin, todavía no hay una resolución definitiva sobre el CCT, pero la Junta de Conciliación y Arbitraje consideró que no procede el derecho de huelga ni la firma de un CCT. El caso es que en ese contexto, el Conacyt emitió la nueva convocatoria del programa, ahora con nombre nuevo.

 

La variación principal del actual programa, como ya lo puntualizamos en estas mismas páginas (Campus No. 919), es una nueva modalidad de institución receptora. Ahora los jóvenes doctores, además de instituciones de educación superior, también pueden optar por dos o tres dependencias gubernamentales como entidades de adscripción.

 

Los resultados de la nueva convocatoria se publicaron en el mes de noviembre y otros más la semana pasada. Lo inquietante no solamente es el escaso número de jóvenes seleccionados, en ambas fechas suman 81(mitad para instituciones académicas y mitad para la administración pública), más grave es que, se especula en redes sociales, se adjudicaron 12 plazas a seis grupos de investigación (@ObreroFuturista 2021, 13 de diciembre). O sea, pocas oportunidades laborales y encima sesgadas.

 

En resumen, después de una incertidumbre de dos años, seguimos con el mismo programa pero más recortado, con criterios más endurecidos y sin resolver la precariedad laboral de los jóvenes. Claro, aparte, estuvo la amenaza de suprimir el programa, el cambio de reglas a la mitad de las negociaciones con el sindicato y la negativa firmar un CCT. Una secuencia de hechos que no podía generar más que desconcierto y malestar. ¿Había necesidad? No.

 

Además, el caso muestra la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia social de los programas gubernamentales, sobre todo para desmentir o confirmar si la distribución de plazas favorecen o no a determinados grupos de investigación. Muy importante.

 

Pie de página: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que citarán a comparecer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para buscar solución al conflicto del CIDE.  El respaldo hacia el Centro sigue en aumento.

CIDE: cadena de errores

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 928. Diciembre 9, 2021. Pág. 4)

 

Las dificultades en el sector científico y tecnológico comenzaron desde el periodo de transición; una escaramuza propia de un cambio en la administración pública parecía en ese entonces. Pero, total, pasada la transición o cuando más la curva de aprendizaje del primer año, cabía suponer, pasaría el vértigo del asiento en primera fila y por fin se cumplirían las expectativas de mejora en el sector.

 

Sin embargo, transcurridos los primeros tres años de gobierno, por el contrario, todo ha sido para peor y hoy incluye un conflicto estudiantil con epicentro en el CIDE. Los errores se han eslabonado uno tras otro, cada vez más graves y de mayor alcance. Hoy, los estudiantes del Centro tienen tomadas las instalaciones desde el 29 de noviembre, la mayor parte de la comunidad cideíta está involucrada e incluso las manifestaciones de respaldo de otras instituciones se han multiplicado.

 

Al inicio, el 19 de noviembre para ser exactos, unas pocas decenas de jóvenes llegaron a las puertas del Conacyt para que les recibieran un pliego petitorio, fueron subestimados e ignorados. La actuación de la autoridad muestra que mucha comprensión de cómo conducir el sector no existe, o bien, lo que hay es una franca insensibilidad que busca imponerse a toda costa. Mal por el lado que sea.

 

Los antecedentes del actual problema en el CIDE, como suele ocurrir, tienen raíces que llegan hasta su fundación y trayectoria misma; los conflictos relativamente recientes los hemos comentado en este Acelerador de Partículas en distintas oportunidades. Pero, ahora, habría que mirar qué ha hecho la autoridad para llegar al punto en el que está.

 

Las demandas iniciales de los estudiantes incluían: la convocatoria a un consejo extraordinario para la lectura de su pliego petitorio; el esclarecimiento de las acciones efectuadas por el entonces director interino; y la “destitución inmediata del dr. José Antonio Romero Tellaeche” como director interino y su remoción como candidato aspirante.

 

El 29 de noviembre era la fecha límite para el nombramiento del nuevo director y también el plazo que los estudiantes dieron para obtener una respuesta. En caso contrario, anotaron en su pliego petitorio, tomarían las instalaciones como última medida y añadirían dos exigencias más: el compromiso de las autoridades de no tomar represalias de ninguna índole y el respeto a “la toma de instalaciones física y virtual sin excepción hasta la resolución”.

 

La dirección del Conacyt siguió adelante con su procedimiento y, a pesar de la petición estudiantil, las irregularidades normativas y la oposición que había generado, designó a Romero Tellaeche como titular. Quizás el cálculo era que los estudiantes eran unos cuantos y no llevarían a efecto sus medidas. No se necesitaba mucha sagacidad para suponer que existía una alta probabilidad de que el conflicto podía escalar.

 

Todavía el 2 de diciembre, ya con las instalaciones tomadas, los estudiantes llamaron a un diálogo a la directora de Conacyt, un “dialogo abierto, respetuoso y horizontal” con la comunidad cideíta. Otra vez el silencio fue la respuesta. Al día siguiente, tal vez reconsiderando sus omisiones, pero de forma intempestiva e inexplicable se presentó en las instalaciones Romero Tellaeche, el director designado. El motivo, dijo, era entregar un listado completo con el nombre de las personas que pertenecen al Centro para resguardar su integridad. Todavía más incomprensible.

 

Por supuesto, la visita de Romero lo único que logró fue exacerbar los ánimos, generar simpatías y añadir razones a la toma de las instalaciones, porque los estudiantes le propusieron que si recibían la carta entonces él debía firmar un compromiso de no represalias. Los jóvenes comenzaron a leer el pliego petitorio en voz alta y el director se marchó entre gritos y consignas. Tarde y mal.

 

Finalmente, vino la marcha del pasado fin de semana, los manifestantes ya no fueron decenas, el cálculo es que los asistentes sumaron alrededor de dos mil personas. Además, los llamados a atender el problema van en aumento y también las expresiones de apoyo a la comunidad del CIDE. ¿Otra vez la autoridad hará como que no pasa nada y volteará para otro lado? Esperemos que no.

 

La gestión propiamente administrativa, a estas alturas, todavía no concluye con el aprendizaje de las rutinas institucionales, la aplicación de procedimientos y normas; acumula graves rezagos, fallas en el sistema y múltiples pendientes. La operación política del sistema tampoco es mejor, ahí está el saldo de la judicialización de los conflictos administrativos, asignaciones cuestionadas, acusaciones sin prueba y un sentido agravio a las comunidades.

 

Pie de página: Las convocatorias del Conacyt, tanto las de ciencia básica como las de formación en especialidad médica, cada vez con mayores restricciones. Plazos cortos para aplicar (alrededor de diez días). La beca de formación es solamente para Cuba y el apoyo para proyectos de investigación, respecto de convocatorias anteriores, tiene montos menores (750 mil pesos por proyecto y con duración de nueve meses).

Tres años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 926 Noviembre 18, 2021)

 

El recuento de lo realizado en materia científica y tecnológica no ha sido ni es parte de la narrativa de logros en los resonantes informes de gobierno. Sí, ahí están las repetidas menciones sobre la entrega de becas y... nada más. Pero ni eso se sostiene. El panorama en el sector muestra que, en realidad, hoy tenemos menos de lo que habíamos alcanzado y problemas donde no los había.

 

Al cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera; además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado”.

 

El mensaje de AMLO, en este año, en su reciente 3er informe de gobierno, a la mitad de su gobierno, volvió a repetir: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero...”.

 

Sin embargo, ni para la educación superior ni para ciencia y tecnología tenemos más recursos financieros. A pesar de que el presidente, antes de comenzar su periodo de gobierno, se comprometió a incrementar los recursos a las instituciones de educación superior o que, en el peor de los casos, conservarían su nivel porque nunca tendrían un presupuesto por abajo de la inflación, lo cierto es que ha incumplido su promesa.

 

La reforma del artículo 3º de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no hay recursos para garantizarlas. El gasto federal por alumno en educación superior sigue cayendo: hace una década era de poco más de 70 mil pesos, actualmente es de alrededor de 50 mil pesos.

 

El panorama no es mejor en el sector de ciencia y tecnología, el ramo 38 el que ejerce centralmente el Conacyt disminuyó sistemáticamente en los tres años anteriores y apenas parece repuntar. En 2018, en términos nominales, tenía 32 mil millones de pesos, este año alcanzó 30 mil millones y para el año 2022 se tienen previsto 34 mil millones de pesos. Obviamente si se considera el efecto de la inflación no hay tal aumento.

 

Las cifras con las becas de posgrado tampoco están para festejar. Hoy, ni forzando los datos, tenemos un mayor volumen. Los datos más recientes muestran que en 2018 el Conacyt administraba 55 mil 962 becas para estudios de posgrado (52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero). Para 2021 administra 54 mil 227 (51 mil 706 nacionales y 2 mil 521 para el extranjero). No solamente se otorgan menos becas, también debemos considerar que cada año aumenta el número de jóvenes que buscan cursar un posgrado.

 

Ni hablar de los aplazamientos en las convocatorias de becas regionales o para el extranjero. O bien, de los retrasos en la entrega de los apoyos para becas de movilidad, para los becarios de fondos especiales o para algunos de los grupos vulnerables que se han inconformado públicamente al respecto.

 

Solamente los miembros del Sistema Nacional de Investigadores aumentaron: se añadieron 6 mil 500 investigadores más, respecto de los que había en 2018. Una tendencia que es similar a la observada en la última década. Sin embargo, como ha sido público, los cambios en el reglamento de ese sistema, la integración de sus comisiones dictaminadoras y la ambivalencia con los investigadores de instituciones particulares, han sido lo sobresaliente.

 

A la fecha, aunque normativamente debió ser publicado en enero del año 2020, tampoco existe el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe regir las acciones en el sector. Una situación similar ha ocurrido con la Ley General del sector, la cual debió promulgarse hace casi un año y pues todavía no hay nada.

 

Los estragos que causó y sigue causando la desaparición de fideicomisos públicos en el sector han sido inocultables. La gestión en Centros Públicos de investigación se ha visto trastocada y los proyectos de investigación que dependían de fondos mixtos, sectoriales e institucionales simplemente quedaron en el aire. Las ministraciones se suspendieron sin mayor miramiento ni consideración.

 

En estas circunstancias no son de extrañar los problemas en el sector ni los desencuentros entre autoridades, académicos, estudiantes y científicos en los pasados tres años. La reactivación de sindicatos en los Centros Públicos de Investigación, la formación de nuevas organizaciones gremiales (como Siintracateras), la intervención de la Fiscalía General de la República, los amparos, los pleitos en los tribunales o el movimiento estudiantil en el CIDE, forman un inventario de problemas donde no los había. ¿Continuará lo mismo en la siguiente mitad? Todo parece indicar que sí.

 

Pie de página: La directora del Conacyt anunció que a partir del año próximo se cancelarán las colegiaturas y cuotas que pagan los estudiantes de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). Nada mal para atemperar el conflicto con el movimiento estudiantil. El problema es que no aumentarán los recursos de los CPI que compense lo que dejarán de percibir, así que el presupuesto por alumno seguirá cayendo y ya sabemos el deterioro que producirá.