El decreto de creación del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) cumplirá el próximo año tres décadas. El
actual Sistema es muy diferente al del inicio; suficiente comparar el volumen
de sus integrantes (empezó con poco más de un millar y hoy suman casi 19 mil).
Sin embargo, entonces y ahora, uno de sus puntos críticos ha sido la
integración de las comisiones dictaminadoras.
En el contexto de la década
perdida de los años ochenta, la idea de crear un programa para incrementar las
percepciones salariales de los científicos y retenerlos en sus respectivas
instituciones, fue el motor principal que animó la instauración del SNI.
Sin embargo, prácticamente al año
siguiente de la puesta en marcha del Sistema vino su primera modificación y fue
precisamente en sus comisiones dictaminadoras. En el decreto de creación solamente
se consideraron tres comisiones: fisicomatemáticas
e ingeniería; biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas; y sociales y
humanidades.
Cada una de las tres comisiones,
estableció el decreto de creación, estarían integradas por nueve investigadores
nacionales del máximo nivel. Todos los integrantes serían designados por el
Consejo Directivo del SNI, pero cuatro de ellos serían a propuesta de la
entonces Academia de la Investigación Científica (la hoy Academia Mexicana de
Ciencias) y todos durarían cuatro años en el cargo.
La primera modificación del SNI,
en 1986, fue para desagregar una de las tres comisiones existentes.
Principalmente por las inconformidades que suscitó en los ingenieros, la
evaluación conjunta con físicos y matemáticos. Por tal motivo, se añadió una
más: la comisión dictaminadora de
ingeniería y tecnología. Pero no fue suficiente.
En 1988 vino
una segunda modificación importante. Aunque autorizó la participación como
evaluadores en la comisión de ingeniería y tecnología a expertos que no
estuvieran reconocidos por el SNI, el tema central no fue la integración de
comisiones, si no la ampliación a los investigadores provenientes de las
instituciones particulares.
Después
vinieron otras dos modificaciones, una 1993 y otra 1995, ambas para cambiar el
número de integrantes de las comisiones dictaminadoras y la vigencia del cargo.
La primera disminuyó a tres los candidatos que podía proponer la AIC y a tres
el periodo que estarían vigentes en el cargo (antes eran cuatro en los dos
casos). La segunda amplió a 12 el número de integrantes de las comisiones.
A pesar de
los cambios, las protestas por los resultados de las evaluaciones han
persistido. En 1999 nuevamente se reformó el Sistema, principalmente para ampliar
a siete el número de comisiones y dar cabida a un mecanismo de impugnación a la
evaluación recibida. Un mecanismo hasta entonces inexistente y que dio lugar al
establecimiento de las comisiones dictaminadoras revisoras, sobre todo por la
fundada inconformidad de Sergio Aguayo, investigador del Colmex.
El cambio
más reciente fue en diciembre pasado, en el que se estableció como parte del
capítulo de “obligaciones y sanciones” del reglamento del SNI que los
investigadores que participan en las comisiones deberán observar en todo
momento “las normas de ética, y en su caso, deberá excusarse de opinar
o recomendar, cuando tenga algún interés directo o indirecto en el asunto o
exista amistad o enemistad manifiesta con alguno o algunos de los
investigadores evaluados”.
La adición a
la norma fue producto, nuevamente, de la inconformidad de Sergio Aguayo, quien
argumentó violaciones al reglamento por posibles conflictos de interés y
tráfico de influencia en la evaluación de su expediente. El Conapred le dio la
razón y emitió un exhorto a Conacyt.
Desde el
2006 la normatividad prevé que las siete comisiones se integren por 14 miembros
y que se procure un “equilibrio y paridad entre
disciplinas, instituciones, género y regiones”. Los designa el Consejo de
Aprobación y considera la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Sin embargo, el equilibrio no siempre se cumple, lo cual genera fricciones e
inconformidades.
(Publicado en Campus Milenio No. 499. Febrero 21, 2013, p. 9)
