jueves, 5 de diciembre de 2019

¿Menos becas para posgrado?


Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 829. Diciembre 5, 2019. Pág. 5.)

En el mes de septiembre de este año, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su discurso con motivo de su primer informe de gobierno, en el recuento de logros aludió genéricamente al tema de las becas de posgrado. Ahora, este primero de diciembre, al cumplirse un año de gestión, enfáticamente vuelve a referirse a las becas del Conacyt y destaca su volumen. ¿Las cifras marcan una diferencia? Veamos.

“El Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales de los que ya las recibían”, dijo lacónicamente AMLO hace dos meses. Nuevamente, el pasado domingo, al cumplirse un año del inicio de la actual administración, hacia la mitad de su discurso, reitera el asunto de las becas.

En el zócalo de la CDMX, el ejecutivo federal dijo: Avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera. Además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado. El presidente levantó la vista de las hojas que leía, recorrió con la mirada a los asistentes y añadió: Lo voy a repetir porque a veces no se conoce esta información y pronunció una vez más la cifra de becas para estudiantes de posgrado.

Luego, AMLO siguió con el recuento de las becas destinadas a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La referencia a las instituciones fue genérica, no dijo que ya sumaban los 100 planteles que estaban previstos, tampoco cuántos están en operación, pero sí destacó que ya atienden a 39 mil 600 estudiantes de zonas marginadas y cada uno recibe una beca por un monto de 2 mil 400 pesos mensuales.

Las becas para jóvenes es una de las líneas de política educativa más reconocibles en esta gestión. No obstante, en todas las administraciones anteriores el caso del respaldo gubernamental para estudios de posgrado ha sido especial, porque se trata de uno de los programas de mayor aliento a lo largo del tiempo y el más generoso con estudiantes mexicanos –y no pocas veces de otras nacionalidades-- que ha posibilitado la expansión del sistema científico y tecnológico en México.

Al inicio de los años setenta, el origen del programa de becas va a la par de la misma instauración del propio Conacyt. De hecho, al comienzo estaba volcado para apoyar estudios en el extranjero porque la oferta nacional era relativamente escasa. Sin embargo, también fluctuaba conforme el ciclo de la economía nacional. En los años ochenta, en la década perdida, también sufrió las consecuencias el apoyo para becas al extranjero: al inicio sumaban poco más de 2000 becas y al final de ese periodo eran menos de una cuarta parte de ese total.

Después, la economía se recuperó, volvió a crecer el volumen de becas; el apoyo para estudios en el posgrado nacional comenzaron a cobrar mayor relevancia, en detrimento del respaldo para estudios  el extranjero. También fue explícito un mayor impulso para los estudios de doctorado y el fortalecimiento de los programas nacionales.

Sin embargo, las dificultades con la gestión y operación del programa de becas han sido persistentes. Las decisiones para poner en marcha diferentes medidas de control de recursos financieros han sido erráticas, indiscriminadas e improvisadas; lo fueron antes y lo siguen siendo hoy. El caso más reciente fue la negativa y posterior rectificación a extender el periodo de apoyo a becarios en el extranjero.

En fin, el punto es si los números que expresó el ejecutivo federal difieren de los alcanzados en la última década. Como se puede ver en el cuadro, el volumen de becas ha sido oscilante, aunque la tendencia más alta es hacia la mitad del periodo. Sin embargo, la cifra de 24 mil 453 nuevas becas indicada por el presidente no aparece por ningún lado, por lo menos no está reportada en ningún documento público oficial.

También vale la pena notar que si fueran las 24 mil 453 nuevas becas que mencionó AMLO, tampoco alcanzarían a las asignadas en el año 2017 a nivel nacional y mucho menos si se consideran las del extranjero. Las cifras del cuadro con asterisco son del 1er Informe de gobierno y son menores porque solamente cubren de enero a junio de este año (pág. 304), pero son los datos que hay. Entonces ¿no hubo nuevas becas para el extranjero? Difícil saberlo con la información disponible.

Lo cierto es que, comparativamente, en este año no tuvimos un mayor volumen de becas en posgrado. A diferencia de otros niveles educativos, los jóvenes que buscan cursar estudios de alto nivel no figuran como prioridad. Efectivamente, como dijo el presidente, a veces no se conoce la información.


    BECAS NACIONALES
   BECAS AL EXTRANJERO
TOTAL


Vigentes
Nuevas
Vigentes
Nuevas
Vigentes
Nuevas

2010
33,982
18,292
3,414
2,746
37,396
21,038
2011
36,514
16,957
4,082
3,184
40,596
20,141
2012
41,755
22,180
4,559
4,029
46,314
26,209
2013
45,638
23,187
5,181
4,906
50,819
28,093
2014
49,640
25,815
5,991
6,258
55,631
32,073
2015
52,372
25,883
6,463
5,775
58,835
31,658
2016
54,170
27,003
6,420
6,203
60,590
33,206
2017
54,420
24,493
6,386
4,452
60,806
28,945
2018
52,649

3,313

55,962

2019
50,989
7,580*
3,214
1,128*
54,203

Fuente: Informe General de la Ciencia, Tecnología e Innovación (varios años) y *1er informe de Gobierno

Ciencia y Tecnología. Un año después

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 828. Noviembre 28, 2019. Pág. 10)

Un año en la escala de un sexenio de administración gubernamental es poco tiempo para estimar logros y dificultades, pero anticipa lo que está por venir. El año de arranque de la gestión, por lo general, marca la hora de los planes ambiciosos, el anuncio de las primeras iniciativas con sus golpes de efecto y un optimismo desbordado. En materia de ciencia y tecnología ¿qué ha ocurrido en el año inicial?

En primer lugar, en la percepción pública es notable una cierta desconfianza y una persistente incertidumbre sobre lo que podría suceder en el sector, porque todo parece provisional, evanescente y en algunos casos cambiante. No es fortuito. En buena medida se debe a qué a la fecha no existe un diagnóstico riguroso del sector, tampoco un programa preliminar o lineamientos generales para gobernar las acciones.

Las muestras de inconformidad de los becarios de posgrado en el extranjero por la suspensión de sus becas antes de concluir sus estudios, la continuidad o no del programa Cátedras Conacyt, la modificación o permanencia de las reglas de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las reglas de juego para la acreditación de los programas de posgrado, las disputas con los organismos intermedios o la proporción de financiamiento para ciencia básica o para desarrollo tecnológico, son una expresión inocultable de la incertidumbre en el sector.

Invariablemente, cada administración busca diferenciarse de la anterior e imprimir su propia orientación al sistema científico y tecnológico. Sin embargo, en todas ellas, el punto de partida ha sido un diagnóstico, una línea base y una clara definición sobre lo que permanece y lo que cambia. Porque existen programas que han sido parte tradicional de las políticas para el sector, como el de becas de posgrado, el SNI o financiamiento para proyectos, y otros que cada administración busca impulsar para dejar su sello. Sin embargo, en este primer año, ni diagnóstico completo ni definiciones preliminares; solamente declaraciones, desmentidos e intercambios mediáticos.

En segundo lugar, lo que también ha ocurrido es un desencuentro entre las autoridades del sector y grupos de científicos. Las divergencias no solamente se deben al ambiente de incertidumbre en el sector, también se originan por las diferentes posiciones sobre el papel de los organismos intermedios en la conducción del sector y el siempre espinoso tema de los recursos financieros para la ciencia y la tecnología.

La tensión comenzó al inicio de este año, cuando cambió la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y en esa ceremonia la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, consideró inaceptables las trasferencias de recursos públicos hacia el sector privado. Una referencia a la actuación de la administración anterior y a la nueva titular del Foro, Julia Tagüeña, que había formado parte de esa administración. Desde ahí quedó claro que la coexistencia entre el Foro --como organismo intermedio reconocido en la ley-- y la cabeza del sector no sería nada sencilla. A la fecha persiste el conflicto.

El desencuentro se expandió a otros organismos, como la Academia Mexicana de Ciencias y asociaciones de apoyo a niños y jóvenes (matemáticas y química, por ejemplo), principalmente porque Conacyt siguió el lineamiento del ejecutivo federal de prescindir de las medicaciones entre la autoridad y los gobernados. La dificultad fue que se suspendieron programas en marcha sin reemplazarlos por los apoyos directos.

Además, el conflicto entre autoridades y académicos escaló todavía más por la aplicación del memorando de austeridad del ejecutivo federal. En mayo de este año, cuando todavía no estaba aprobada la “Ley federal de austeridad republicana del Estado”, el memorando implicó diferentes limitaciones para el personal de algunas instituciones y centros de investigación. No solamente enfrentaron una reducción de ingresos y menor presupuesto para congresos y convenciones, también una absurda restricción para viajar al extranjero sin previa autorización. Después, esta última quedó sin efecto, pero la división y el encono persistieron.

Finalmente, en tercer lugar, aparte de la falta de certeza, las declaraciones y los desencuentros, sí se han producido algunas definiciones. En materia de financiamiento, tanto por lo que se asignó en este año (77 mil 315 millones), como por lo que está aprobado para el año próximo (82 mil 992 millones), está claro que no habrá un incremento sustancial en el ramo. Lo más notable del caso es que el presupuesto que ejerce Educación en materia de ciencia y tecnología sigue creciendo de forma importante, mientras que el ejercido centralmente por Conacyt disminuye o crece modestamente.

Lo que no está nada claro es el cálculo del gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. En el reciente informe de gobierno no aparece el dato para 2018 (en el último informe de gobierno del sexenio anterior para ese año era de 0.47 por ciento), ahora lo estima en 0.31 por ciento del PIB para 2019  y la redacción es confusa.

Otro aspecto es el marco normativo preliminar existente. Por un lado está el breve párrafo del Plan Nacional de Desarrollo que plantea promover la ciencia y la tecnología, respaldar a estudiantes y académicos y un Plan Nacional para la Innovación. Teóricamente en esos enunciados está la base de lo que será el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).

Por otro lado está la fracción V de la reciente reforma al artículo 3º constitucional. El nuevo marco claramente establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, la garantía del acceso abierto a la información derivada y el apoyo del Estado a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Todavía falta la Ley General de Ciencia y Tecnología, pero los programas y las acciones a poner en marcha deberán corresponder a ese marco.

Por último, otra iniciativa más que está en curso son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces). El planteamiento inicial es que estarán dirigidos a conjuntar esfuerzos de investigación y participación de diversos sectores para atender problemas urgentes, así como para proponer soluciones integrales y amplias.

Según lo previsto, cada uno de los Pronaces dará lugar a una agenda general que derivará en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii), los cuales tendrán metas de corto, mediano y largo plazo (uno, tres y cinco o seis años, respectivamente). Hasta ahora los títulos de los once proyectos incluyen temáticas como: “conocimiento y gestión de cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien común y la justicia socio-ambiental”; “violencias estructurales”; “memoria histórica y riqueza biocultural de México”; o “educación para la inclusión y la autonomía”, por ejemplo.

En fin, falta resolver los contenidos de la ley general del sector, entre cuyos componentes principales está la distribución de competencias entre la federación y las entidades, el financiamiento y la gobernanza del sistema. También resta conocer el Peciti, programa esencial para precisar el diagnóstico, el punto de llegada y los medios para lograrlo, deberá aparecer a más tardar en los primeros días del próximo mes de enero. Tal vez entonces podremos confirmar las anticipaciones y disipar la incertidumbre de este primer año.

Ciencia y Tecnología: sin diagnóstico preciso


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 827. Noviembre 21, 2019. Pág. 5.)

La actual administración gubernamental ha reprochado, de formas diversas y en distintos momentos de su todavía corta gestión, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado realizada en el sexenio pasado. También ha insistido en establecer la austeridad como lineamiento en el servicio público, favorecer a los más desprotegidos, la importancia de controlar el gasto público y erradicar la corrupción, entre otros aspectos.

En el sistema científico y tecnológico ha permanecido la idea de que las transferencias de recursos públicos a entidades privadas está en el origen de sus dificultades. En su conferencia de prensa del pasado 7 de noviembre, el presidente López Obrador nuevamente puntualizó que en el sector de la ciencia y tecnología “todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado”.

La afirmación lacónica no es suficiente como diagnóstico. Haría falta precisar las irregularidades u omisiones de las autoridades anteriores para incrementar la inversión privada en ciencia y tecnología. A la fecha, la titular del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, solamente ha insistido en que se transfirieron al sector privado alrededor de 35 mil millones de pesos en el sexenio pasado y se descuidó la investigación básica.

Sin embargo, no existe ningún diagnóstico o reporte de acceso público que muestre la información oficial y precisa sobre las transferencias. El tema es delicado porque los señalamientos críticos cada vez afianzan más la idea de que se trató de algo irresponsable, cuando no indebido. Tal vez las autoridades verdaderamente sí tienen otros datos y por eso López Obrador también afirmó que el sistema científico y tecnológico, a causa de esas transferencias, retrocedió en el periodo anterior.

Los datos, en caso de existir, deberían estar públicamente disponibles y ser el respaldo de las acciones en marcha. Hasta hace poco el diagnóstico del sector científico y tecnológico parecía estar claro para todos, era relativamente compartido y justificaba las acciones en ciernes. Por ejemplo, destacaba la alta concentración regional e institucional del sistema, las inequidades generadas, la necesidad de una mayor expansión, desarticulación del sistema, la falta de recursos financieros, programas tradicionales o programas innovadores, polos altamente desarrollados coexistiendo con otros de nulo desarrollo, atención a problemas nacionales, entre otros elementos.

No obstante, actualmente son otras las coordenadas de las que parten las iniciativas y también son otros los puntos de llegada que anuncian, pero no se sabe cuales son sus bases técnicas ni sus puntos de referencia. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tampoco disipó las dudas.

La Ley de Planeación dice que los programas sectoriales y especiales deberán estar listos y publicados dentro de los seis meses posteriores a la publicación del PND. Este último apareció oficialmente el pasado 12 de julio, así que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) deberá publicarse a más tardar en el mes de enero del año próximo.

El Peciti deberá contener un diagnóstico completo del sistema y las consecuentes líneas estratégicas que conducirán su desarrollo. Porque ahora solamente conocemos fragmentos de uno y enunciados generales de las otras. El problema es la improvisación en la resolución de problemas y las iniciativas que se contradicen a sí mismas.

Por ejemplo, pareciera que en el actual periodo no se incentivará la inversión del sector privado en el sector científico y tecnológico, por lo menos no a través de estímulos directos (transferencias de recursos públicos) ni de incentivos fiscales (programas indirectos). Aunque, al mismo tiempo, las autoridades han indicado que los particulares tienen una muy baja participación en el financiamiento para el sector (alrededor del 19 por ciento del total).

Entonces, ¿cómo se alentará la participación privada en el financiamiento? En las vísperas del inicio de la gestión, el ahora jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo dijo: “No va haber beneficios fiscales, por lo pronto vamos a ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga; hoy no podemos hablar de incentivos porque tenemos que reducir gasto corriente. Ya una vez que tengamos la casa en orden, entonces ya podemos hablar” (Crónica. 08.11.2018). Sin embargo, el programa de incentivos fiscales para el sector científico y tecnológico sí persiste.

Por otra parte, si el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo no registra un incremento en el gasto para ciencia y tecnología y tampoco está claro cómo podría alentarse una mayor participación financiera del sector privado, la consecuencia lógica es que las decisiones sobre el sistema operan sobre un diagnóstico que no conocemos. Ya sería hora.

Pie de página: Esta semana inició y mañana concluye el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa; uno de los encuentros que se realiza cada dos años y concentra el mayor volumen de profesores, investigadores, estudiantes y personas interesadas y preocupadas por la educación. Pendientes. Otro: la semana pasada la Red ProCiencia celebró su primer encuentro presencial.