Dreamers y Proyecta 100 mil. El efecto Trump en sus dimensiones básicas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 683. Noviembre 24, 2016. Pág. 5) 

¿Usted ha visto o consultado datos nacionales, de carácter oficial, sobre los dreamers mexicanos? No los hay. Lo que hoy conocemos proviene de cálculos que han realizado diferentes organizaciones y centros de investigación, o bien, de reportes de la base de datos que construyó la administración de Barack Obama para implementar su programa de atención a los dreamers (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés). Esa base que ahora muchos temen utilice el nuevo gobierno para perseguir a los indocumentados que se registraron.

A la fecha, el mayor volumen de dreamers y de los que se registraron en ese programa son mexicanos (alrededor de 655 mil). El gobierno nacional no puede desentenderse o ignorar su responsabilidad. El DACA comenzó desde el 2012, unos meses antes de que tomara posesión el gobierno de Peña Nieto; las deportaciones comenzaron antes y siguieron después (2.5 millones entre 2008 y 2014). Desde entonces se comenzaron a contar algunas historias sobre esos jóvenes, con admirables logros escolares unas y muy tristes muchas otras, pero todas dramáticas y conmovedoras.

En marzo del año pasado, a instancias del Centro de Estudios California-México se realizó el “Seminario internacional sobre dreamers y menores ciudadanos de Estados Unidos exiliados en México con sus padres deportados”. Un acto en el que algunos jóvenes relataron su experiencia y llamaron la atención de los gobiernos de ambos países sobre las dimensiones del problema. Pero no, no se tomó ninguna previsión ni pasó mucho más; ni de un lado ni del otro.

Respecto al plan para incrementar el número de jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos y viceversa también, lo hemos reiterado, está bajo la responsabilidad del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii) acordado en 2013. El gobierno mexicano se planteó que para el final de este sexenio la cantidad de estudiantes nacionales en Estados Unidos pasaría de 14 mil a 100 mil y los estadounidenses de poco más de 4 mil a 50 mil; Proyecta 100 mil se llama el programa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo dijimos aquí la semana pasada, justo nos informó que en este año suman 77 mil los jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos (SRE. 11.11.2016). Una cifra completamente sorprendente. En el 2014, primer año del programa, dice la SRE, 31 mil mexicanos realizaron actividades académicas a nivel superior, en 2015 fueron 35 mil y la “meta para este año es de 64 mil 500 movilidades”.

La primera pregunta que uno se plantea es qué tipo de estudios han realizado o realizan estos jóvenes. El informe de 2014 de la SRE dice que Proyecta 100 mil: “ha movilizado a más de mil estudiantes y profesores desde 13 estados mexicanos hacia instituciones de educación superior en los E.U.A.... Al finalizar el primer semestre de 2014, más de 200 estudiantes recibieron visas de estudiante durante un evento en la Embajada de E.U.A. en México. Estos estudiantes forman parte de los 464 estudiantes que coordinó la AMEXCID para que iniciaran cursos de idioma inglés en julio de 2014”. (p.156). Nada más. Y sí, esas cifras son creíbles.

Sin embargo, en el informe del 2015 y especialmente en el de 2016, la SRE salta a las cifras de los miles y ya no aparecen cuántos fueron para cursos de inglés, semestres académicos o prácticas profesionales: “Desde su lanzamiento, en mayo de 2014, y hasta agosto de 2016, sumando los esfuerzos de los sectores público, académico, privado y social, se ha registrado la movilidad de 67,013 mexicanos” (p.176). Una cifra increíble.

Si uno compara una fuente alternativa, como sería el reporte anual (“Open Doors”) sobre estudiantes internacionales que publica el  Institute of International Education, ahí dice que en este año (2015/2016) los estudiantes mexicanos en territorio estadounidense sumaron 16 mil 733 (incluyendo opciones técnicas, licenciatura, posgrado o sin grado).

Entonces, la única posibilidad de que este año sumen 70 mil jóvenes mexicanos estudiando en Estados Unidos es incluir cualquier viaje (entrada por salida), estancia corta o las crecientes becas por un mes para aprender inglés. Eso que no cuenta en las estadísticas estadounidenses, pero que cuenta mucho para decir que se alcanzaron las metas. Por ejemplo, ahí están las muy bienvenidas becas de Universia, CANIETI o Televisa. Por cierto, su portal de solicitudes sigue sin funcionar (http://mobilitasedu.net)

Lo que de ninguna forma está bien es pensar que tenemos en marcha un ambicioso programa de formación de recursos de alto nivel y de movilidad académica y que ahora, con Trump como presidente, se podrá ir a la basura. Proyecta 100 mil puede quedarse trunco simplemente porque no se puede improvisar la formación de recursos humanos y porque el presupuesto no alcanza (la SRE se quedó casi con el mismo monto) y la paridad peso-dólar lo hace insostenible.

Tal vez las autoridades gubernamentales sí conocen los pormenores de los intercambios que tenemos con Estados Unidos, pero no estaría nada mal si comienzan por decirnos correcta y detalladamente sus dimensiones más básicas. Podremos valorar qué efectos se deben al nuevo periodo que está por comenzar y cuáles son resultado de nuestra propia incapacidad.

¿Open Doors o murallas para la movilidad académica?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 682. Noviembre 17, 2016. Pág. 5) 

Todavía no se sabe exactamente qué hará o dejará de hacer Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. El partido republicano también alcanzó mayoría en el Congreso y, en principio, eso le facilitaría poner en marcha cualquier decisión, sea para revertir o mantener programas e incluso para proponer algo completamente distinto. Hasta ahora, lo único claro es que las cosas no serán iguales para nadie. De hecho, han dejado de serlo, ahí están las incontrolables muestras de odio desatado.

No es ninguna casualidad que las instituciones académicas, y en ellas principalmente los jóvenes estudiantes, sean protagonistas de las manifestaciones públicas de inconformidad con la victoria de Trump. La sensibilidad de los recintos educativos anticipan las pulsiones de un creciente malestar social, pero también, en este caso, porque las propuestas de campaña del presidente electo son altamente selectivas, excluyentes, refractarias a todo lo exterior y toman como palanca el endurecimiento de su sistema de inmigración. Un esquema contrario a la universalidad del conocimiento.

El inventario de acciones o programas que podrían alterarse a partir del año próximo puede ser muy extenso. No obstante, hay una que definitivamente podría encabezar la lista en los planes del nuevo gobierno: la movilidad académica. Lo más obvio es la posible suspensión de la iniciativa puesta en marcha por la administración de Obama, denominada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) (“The first big political war of Trump’s presidency will be explosive”. The Washington Post. 11.11.2016).

Todavía hoy, el programa DACA otorga permisos para trabajar y la suspensión temporal de la deportación a indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Los beneficiarios son los denominados DREAMers, ese grupo de más de un millón de ahora jóvenes que ingresaron a esa nación antes de cumplir 16 años en el 2007 y que para el 2012 debían tener menos de 31 años de edad. Una buena parte de ellos portadores de altos niveles de escolaridad. El Pew Research Center señala que suman más de 728 mil los jóvenes que ingresaron exitosamente al DACA y los mexicanos constituyen la mayor proporción (pewhispanic.org).

El programa DACA es una orden ejecutiva del presidente Obama y, como tal, puede ser revocada por su sucesor, como lo destaca The Washington Post y como lo ha planteado Trump en su plan de diez puntos. Desde luego, el impacto no será únicamente para los propios jóvenes, será una onda expansiva de ida y regreso que alcanzará a las familias, sus comunidades, las redes sociales y las naciones de las que provienen los jóvenes.

Otro programa que podría seguir en la lista y que también atañe directamente a México es el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii). Una iniciativa de cooperación para la movilidad académica acordada por los presidentes Peña Nieto y Barack Obama en el 2013 y cuya acción más visible, por la parte nacional, es la de sumar 100 mil mexicanos estudiando en Estados Unidos para el final de este sexenio (Proyecta 100 mil, le llamaron).

En estas mismas páginas, desde la instalación del Fobessi hasta la estrategia más reciente de sumar becas para estudiar inglés (CampusMilenio No. 660), hemos dado cuenta de las dificultades del programa. Lo verdaderamente extraordinario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos informó la semana pasada que: “actualmente hay 77 mil estudiantes mexicanos de educación superior en Estados Unidos, como parte del programa Proyecta 100 mil” (11.11.2016). A nada de alcanzar la meta. Simplemente increíble.

Posteriormente examináramos las cifras con mayor detalle y el tema del presupuesto pero, independientemente de su precisión, lo que parece incontrovertible es que el volumen del Fobesii no será indiferente al endurecimiento del sistema de inmigración y a la expedición de visas del gobierno estadounidense.

Estados Unidos es el mayor polo de atracción para estudiantes de todo el mundo. En este año, por primera vez, supera el millón de jóvenes internacionales en sus colegios y universidades (Open Doors, 2016). Brasil tiene ahí poco más de 19 mil alumnos y le sigue México con casi 17 mil. Pero, definitivamente, China con 329 mil estudiantes es el de la mayoría; luego la India con casi 166 mil. Por cierto, el Pew Research Center estima que cerca de 500 mil personas indocumentadas provienen de este último país.

Significativamente, el reporte anual de estadísticas de estudiantes internacionales, respaldado financieramente por el gobierno estadounidense, se titula “Open Doors”. Ahora, paradójicamente, en el nuevo periodo y casi para concluir la segunda década del siglo XXI, esa nación parece retornar, real y simbólicamente, a la costumbre medieval de levantar murallas para impedir el ingreso y la salida de personas. Inconcebible.

Los servidores públicos y las vacantes de la política exterior

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 681. Noviembre 10, 2016. p. 5)

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se quedó otra vez sin directora y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) también estará igual a partir del mes próximo. Un caso no tiene nada que ver con el otro, salvo que ambos son órganos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ejecutan parte de la política exterior del Estado mexicano. Una circunstancia que será relevante en el actual contexto de cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Según lo reportó Excélsior, la renuncia de Eunice Rendón, hasta la semana pasada titular del IME, le fue solicitada por la Subsecretaría de América del Norte de la SRE y se debió a que “es una persona muy difícil para trabajar y tampoco hubo empatía con su jefe” (04.11.2016: 14). La funcionaria apenas había sido nombrada en marzo de este año, así que no cumplió ni siquiera un año.

Por su parte, María Eugenia Casar Pérez, todavía directora de la Amexcid, en este mes cumple un año justo en el puesto. En su caso, al parecer su renuncia se debe a motivos personales, aunque primero, el mismo diario, había indicado que era porque no tenia el respaldo de la canciller Claudia Ruiz Massieu.

El cambio de funcionarios en la estructura burocrática, inclusive los de primer nivel, no tiene nada de extraordinario, ocurre todo el tiempo. En una administración técnicamente racional, se supone que las posiciones son asignadas según expertise de quien las ocupará y la confianza del superior jerárquico. Generalmente, si no se demuestra una o se pierde la otra, viene la sustitución de la persona.

Sin embargo, lo cierto es que una buena parte de las posiciones en la administración pública están basadas más bien en los intercambios entre fuerzas políticas, en las relaciones afectivas o en la construcción artificial de carreras, cuando no en las relaciones familiares o en las complicidades. La justificación siempre es la misma: lo importante es la institución y los programas en marcha.

La improvisación en los nombramientos de los servidores públicos, prescindir de la experiencia o del conocimiento técnico sobre la materia, no puede llevar a buenos resultados. La representación de México en Unesco y el voto emitido, lo comentamos aquí hace algunas semanas, es uno de los episodios ilustrativos más recientes en el campo de la política exterior.

Ahora, a la plaza vacante de la misión permanente de México en Unesco, se suman las del IME y la de Amexcid. El Instituto fue creado en el sexenio de Vicente Fox, después de sucesivos programas desde los años noventa, para atender a los mexicanos que viven y trabajan en el exterior, especialmente los casi 12 millones de compatriotas que se localizan en Estados Unidos.

El IME coordina algunos programas de educación, salud y asistencia financiera. Por ejemplo, el de becas para jóvenes y adultos mexicanos en el exterior para que puedan continuar sus estudios de nivel medio o superior. O bien, para que aquello que no han concluido su educación básica lo hagan a través de las plazas comunitarias instaladas en Estados Unidos. Se supone que el IME tiene responsables en los 50 consulados en la unión americana. No es poca cosa.

A su vez, la Amexcid es una organización formalizada más recientemente, al comienzo de la década actual, junto con la ley de cooperación internacional para el desarrollo, y tiene como misión coordinar, planear y evaluar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo en materia educativa, cultural, científica, turística y económica.

Es claro que los distintos órganos de la SRE comparten obligaciones en la ejecución de la política exterior. Pero la titular de la Secretaria, por la cadena de mando, es la que ocupa la primera posición y la que concentra la mayor responsabilidad. Tal vez, por la misma razón, la canciller Claudia Ruiz Massieu tuvo que aceptar los costos de la desafortunada decisión de invitar a México al candidato republicano Donald Trump.

La canciller compareció ante el Senado la semana pasada y escuchó los reclamos de distintos legisladores. Por ejemplo, el senador Zoé Robledo le espetó: “¿Ese 25 de agosto, cuando se envió la carta a Donald Trump, si usted no sabía que lo iban a invitar entonces alguien estaba tomando sus decisiones? Si usted sabía y estuvo de acuerdo de que Trump viniera a México; entonces, es igual de responsable que los funcionarios que ya han renunciado”. A lo que respondió que sí tuvo conocimiento, la secretaría entregó las cartas de invitación y consideró que el diálogo “se antoja y antojaba más necesario” (03.11.2016).

En fin, tanto en el desempeño de los actuales servidores públicos como para los nombramientos que están por realizarse, no puede repetirse la improvisación o persistir en los mismos errores y hacer como si nada ocurriera.

Desfondadas las sociedades del conocimiento

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 680. Noviembre 3, 2016. p. 10-11)

Algo de incomprensible y paradójico tiene lo que ocurre en algunas de las regiones con mayores dificultades para crecer económicamente. Ahí es donde circuló tardíamente con mayor insistencia la idea de sociedad (o sociedades) del conocimiento, pero también donde más rápido se truncó la tendencia a incrementar la inversión en la actividad científica y tecnológica.

En algunas naciones, todavía la retórica gubernamental habla de sociedades que deben fincar su progreso en el conocimiento, la innovación y una alta escolarización de su población, más que en sus recursos naturales, materias primas o fuerza de trabajo con bajas calificaciones. Sin embargo, ya evitan una mención explícita a la búsqueda de la sociedad del conocimiento como la ideología y el objetivo que comanda sus decisiones.

Seguramente, en los discursos, es difícil una utilización reiterada del concepto cuando la realidad muestra lo contrario. El indicador sobre gasto en ciencia y tecnología en la región latinoamericana es particularmente ilustrativo de lo que está ocurriendo y, más grave, de las perspectivas que podrían adoptar en el corto plazo.

En el caso de México, usted lo debe recordar muy bien, la actual administración, al comienzo de su gestión, sorprendió por su capacidad para lograr acuerdos políticos que rápidamente se plasmaron en documentos para poner en marcha las grandes reformas estructurales. Además, al ejecutivo federal le precedía el registro de más de dos centenares de compromisos que había adquirido con los ciudadanos en los tiempos de campaña. El panorama era promisorio y parecía configurar eso que se llamó el “Mexican Moment”. No lo fue o pasó tan fugazmente que ni hubo tiempo para notarlo.  

Los antecedentes tienen importancia porque cuando se presentó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el director de Conacyt, Enrique Cabrero dijo: “Un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer que México ha llegado tarde a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, hoy atraviesa por un contexto favorable y sin precedentes en la materia, lo cual lo pone en condiciones de afrontar el reto y lograr hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible”.

Y pues sí, en ese entonces las condiciones eran muy otras y el impulso a la actividad científica y tecnológica parecía largo e inminente. No era fortuito que el primer objetivo del Peciti fuera precisamente llevar la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico al uno por ciento del PIB. El argumento gubernamental fue que las naciones que ese nivel mínimo de inversión, habían “logrado un mejor desempeño económico y bienestar social” (p. 53).

El objetivo no era nada nuevo. Desde hace más de una década, cuando se modificó la ley de ciencia y tecnología para añadirle el artículo 9 Bis, se había elevado a rango de ley el nivel de monto que se proponía. Sin embargo, lo novedoso es que por fin parecía que ahora sí estaba por cumplirse lo que mandaba la ley.

El diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 había considerado rubros de articulación y estrategias transversales entre programas sectoriales, también en ellos se recuperó la idea de sociedad del conocimiento. Por ejemplo, en el programa sectorial de educación se planteó como sexto objetivo que habría de “impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento” (p. 66). 

Sin embargo, apenas un par de años después, sobrevino, como todos hemos atestiguado, la desaceleración de la economía mundial, la caída en los precios del petróleo, la crisis política derivada de los recurrentes hechos de corrupción y los bajos niveles de aprobación a la gestión gubernamental. El panorama promisorio del “Mexican Moment” se disipó en un santiamén, sin cumplir, una vez más, las altas expectativas que había generado.

Un añadido más es que, después de un crecimiento sostenido en los tres años anteriores que perfilaban el cumplimiento del primer objetivo del Peciti, ahora el gobierno federal ha propuesto y enviado a los legisladores un proyecto de gasto para el 2017 con una disminución importante de los recursos para la actividad científica. A Conacyt le restan alrededor de 23 por ciento respecto de lo autorizado en este año y, seguramente, pese a lo manifestado por algunos diputados, la aprobación final del presupuesto no incluirá una rectificación.

Hoy es claro que, nuevamente, por las razones que sean, quedará incumplido lo que decía el programa gubernamental en lo referente al financiamiento. Lo mismo ocurrirá con el artículo 9 Bis. La justificación gubernamental es que el gobierno federal ha realizado el esfuerzo que le corresponde, pero no se ha visto acompañado por el sector privado en la parte que le toca. (Por cierto, siguen retrasadas las estadísticas oficiales al respecto).

Las promesas que no fueron y otras que podrían ser

El caso de México no es una excepción en la región latinoamericana. De hecho, dos de las naciones con los mejores indicadores en la materia, también enfrentan dificultades similares para lograr el respaldo gubernamental. Por ejemplo, Brasil gradúa al año más de 15 mil doctores (casi el triple que México) y contaba con una inversión de 1.2 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo tecnológico (más del doble que México). Era el gigante de América Latina y una promesa que estaba a punto de confirmarse, al menos eso se pensaba hasta hace muy poco.

Sin embargo, la crisis política más reciente que experimentó Brasil lo están llevando por otro camino. En mayo de este año, con la destitución de la anterior mandataria, Dilma Rousseff, y el inicio del interinato de Michel Temer, se hicieron modificaciones mayores a la estructura administrativa de regulación de la ciencia y la tecnología y al volumen de gasto.

El gobierno interino de Temer decidió que, para racionalizar los recursos públicos, lo mejor sería fusionar el hasta entonces Ministerio de ciencia y tecnología con el Ministerio de telecomunicaciones. Una acción que provocó una manifiesta inconformidad de las organizaciones científicas brasileñas, pero no varió la posición gubernamental.

Además, a los recortes realizados en el presupuesto para la actividad científica y tecnológica brasileña durante el primer semestre de este año, se sumó que el presupuesto volvería a diminuir para el 2017. El mes anterior, el portal de noticias Scidev.Net reportó que el presupuesto para el año próximo del nuevo Ministerio de ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones será de un mil 600 millones de dólares. Una cifra de poco más de la mitad de lo destinado en 2013, aunque supera por 400 millones de dólares a la recibida el año pasado (scidev.net/america-latina).

El caso de Argentina, con poco más de dos mil graduados anualmente de doctorado  en el 2014 (cantidad que es menos de la mitad de los graduados en México) y una inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico de 0.59 por ciento, respecto al PIB (nivel ligeramente superior al de México), también tiene condiciones adversas.

El mismo portal de noticias referido anteriormente, al comienzo de este mes, informó que para el 2017 es posible una reducción de hasta 35 por ciento en el presupuesto para la actividad científica. Al igual que en México, el mandatario argentino se había comprometido a tratar de alcanzar una inversión el 1.5 por ciento, respecto al PIB. No obstante, parece que en lugar de aproximarse gradualmente, está ocurriendo exactamente l contrario.

Las repercusiones de una caída en el gasto en materia de investigación y desarrollo experimental es más que una aparente renuncia a esa inasible e incomprendida noción de sociedad del conocimiento. El instituto de estadísticas de Unesco (www.uis.unesco.org), con la idea de ofrecer elementos que permitan valorar los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recientemente ha puesto a disposición pública una herramienta para conocer, por países, las cifras comparativas de los niveles de inversión y el aumento en el número de investigadores, bajo el supuesto de que la innovación es clave para alcanzar el desarrollo sostenible.

Según los datos de Unesco, las primeras posiciones en el nivel de inversión en investigación científica y desarrollo experimental, como proporción del PIB, la ocupan: Corea (4.3 por ciento), Israel (4.1 por ciento), Japón (3.6 por ciento), Finlandia (3.2 por ciento) y Suecia (3.2 por ciento). Estas son las naciones que encabezan la lista mundial y que seguramente ocuparán un lugar todavía más relevante en el corto plazo. Desde luego, como lo hace notar el mismo organismo internacional y como usted lo puede apreciar, estrictamente no son las grandes potencias que siempre aparecen, como Estados Unidos o Alemania. Estas últimas figurarían solamente si se considera el gasto absoluto.

El caso que también vale la pena tener en cuenta es el de China. A pesar de que su nivel de inversión en el sector, como proporción del PIB, es de dos por ciento, si se considera su promedio anual de crecimiento se advierte que es 13 veces mayor que la media del resto de países de ingresos medios. O sea que, si conserva el ritmo de crecimiento, en algún momento, podría alcanzar las primeras posiciones.

Tal vez el dato preocupante es que los flujos de inversión y de formación de investigadores se está desplazando gradual y sistemáticamente en las distintas regiones con fuertes implicaciones para el futuro. Sin embargo, muchos gobernantes, atenazados por la inmediatez, los rezagos inveterados, la estrechez de recursos y las sucesivas crisis políticas que enfrentan, se disponen solamente  a sortear de la mejor forma posible el presente.

México en la UNESCO ¿Un doble papel o qué hace?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 679. Octubre 27, 2016. p. 5)

No vale la pena insistir en la actuación o motivaciones de Andrés Roemer, el ex representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el más reciente y confuso episodio de la diplomacia mexicana. Sin embargo, sí conviene recordar que la misión permanente de México está vacante.

Es posible que la misión permanente –así se llama la representación ante organismos internacionales-- siga sin nombramiento por un tiempo prolongado o incluso que no haya ninguna designación especial. En el primer caso, por el sinuoso camino de meses o incluso un año que va de la propuesta del gobierno federal a la aprobación en el Senado y de éste a la presentación protocolaria en el organismo internacional. Considérese que el nombramiento de Roemer comenzó al inicio del año y hasta el primero de agosto presentó sus cartas credenciales.

También la misión permanente puede no ser tal. De hecho, es lo más probable que ocurra. ¿Por qué? En primer lugar, no sería la primera vez que sucediera. Al comienzo de esta década, en el periodo de Felipe Calderón, se cerró la representación. ¿El motivo? El argumento público y principal fue que se necesitaba mayor eficiencia en el uso de los recursos financieros y no duplicar funciones de su personal del servicio exterior. Y eso que, en ese entonces, el panorama económico y financiero no estaba amenazado por los negros nubarrones del recorte como sí lo está hoy.

Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las cuatro secretarías de menor volumen (las otras tres son Energía, Trabajo y Turismo), su presupuesto es relativamente modesto (7.8 miles de millones en este año) y fue de las menos afectadas en el proyecto de presupuesto de egresos para el año próximo, solamente disminuirá 1.6 por ciento, en términos corrientes, respecto de lo autorizado en este año. Nada, si lo comparamos con los cientos o miles de millones que le restarán a otras secretarías.

En Francia, México sostiene una embajada –que es la representación ante el gobierno de ese país-- y la misión permanente ante Unesco, el gobierno federal del sexenio anterior decidió que un mismo embajador podía realizar ambas tareas. Algunos personajes públicos se pronunciaron en contra, los legisladores también se opusieron, argumentando que no era tan costosa y, en cambio sí muy necesaria. La decisión se mantuvo.

Si el actual gobierno federal nombra un nuevo representante ante Unesco --después de todo es el mismo que, hace tres años, decidió que México debía tenerlo--, convendría recordar la responsabilidad que le corresponde al Senado en la designación. Los nombramientos son realizados por el ejecutivo federal, pero la cámara alta debe ratificarlos y, en su caso, rectificarlos. No solamente. Por mandato constitucional le corresponde, como función exclusiva, analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal.

El Senado comparte la responsabilidad en los nombramientos diplomáticos. Todos los nombres y trayectorias de posibles embajadores y cónsules, así sean los más prestigiosos o los más impresentables, deben pasar por las curules de los senadores. Sin embargo, por la composición parlamentaria, el cabildeo entre gobierno federal y senadores reacios, los intercambios entre fuerzas políticas o la simple negligencia de los legisladores, los nombramientos son cosa de oficialía de partes. No nos sorprendamos de los resultados de la política exterior.

¿Qué hizo la representación de Unesco en el último año? Participó para que México fuera sede de una conferencia internacional sobre Ciudades del Aprendizaje e inscribió tres nominaciones en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo (el juicio de amparo, la obra de Fray Bernardino de Sahagún y el Archivo Municipal de Puebla).

También logró que se recomendará la creación en Chiapas del Centro Regional de Formación e Investigación Avanzadas en Física, Matemáticas, Energía y Medio ambiente, así como la inscripción del Archipiélago de Revillagigedo en la lista del Patrimonio Mundial. Y, claro, asistir a algunas sesiones del comité ejecutivo, incluyendo la número 200, la del polémico punto 25 de Palestina ocupada y el voto de México a favor.

Lo sorprendente es que desde abril de este año, con excepción de la reciente sesión del comité ejecutivo, la número 200, la misión permanente había estado en una especie de limbo o transición, porque el anterior representante, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, fue propuesto para ocupar el consulado de Toronto, Canadá, y el recién nombrado entregó sus cartas credenciales en agosto pasado.

En fin, en el conjunto de organismos multilaterales, no hay duda de que el papel y posición de la Unesco es relevante. “París bien vale una misa”, pero el de la grey por lo menos debe ser capaz. Si no fuera el caso o hay duda, preferible es regresar al doble papel del embajador en Francia.