jueves, 17 de diciembre de 2015


CyT: ¿Nos olvidamos de la meta del uno por ciento?

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

El jueves 10 de diciembre Conacyt realizó su ceremonia principal de aniversario número 45, con violines y entrega de reconocimientos incluidos. Fue la culminación de algunos festejos que comenzaron el pasado mes de octubre. Aunque también la constatación anticipada de que no cumplirá con el compromiso y meta de nivel de gasto destinado a ciencia y tecnología.

Si nos atenemos al rigor de las fechas, en estricto sentido, los legisladores aprobaron la creación del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas el 21 de diciembre de 1970. Aunque el decreto se publicó el 29 de diciembre del mismo año, ocho días después, en el Diario Oficial de la Federación para su plena entrada en vigor.

Así que el 29 de diciembre sería la fecha emblemática para celebrar un aniversario de Conacyt. Pero, en realidad, fue todo el mes de diciembre y prácticamente todo aquel año de 1970, el que se puede tomar como referencia para celebrar la existencia y ahora plena madurez del organismo.  

Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones: Conacyt ha tenido altibajos y diferentes inconsistencias en el impulso a las políticas sectoriales –cuyo acento lo hemos hecho notar—, pero el trabajo que ha desarrollado en estos años ha sido invaluable para la formación de recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico del país.

En la ceremonia de aniversario el titular del organismo, Enrique Cabrero, dijo que “el fuerte impulso que ha recibido el sector durante los primeros tres años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, nos coloca frente a una gran oportunidad para dar el salto hacia una sociedad del conocimiento. Debemos seguir invirtiendo en la creación y mejoramiento de la infraestructura, así como en el desarrollo de capital humano especializado”.
 
Todavía no aparece la publicación del 2014 –menos la del 2015— con las estadísticas oficiales del sector (Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación), en donde se podría constatar con mayor precisión el volumen de gasto para el sector.

No obstante, los anexos estadísticos del informe de gobierno de esta administración indican que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB, como lo refirió el titular de Conacyt, pasó de 0.43 por ciento en el 2012 a 0.56 por ciento en este año.

Un incremento importante en el gasto sectorial, como proporción del PIB, en esta administración. Pero vale la pena notar dos cosas. Por una parte, precisamente a partir del 2012, el año de inicio de referencia para este periodo, son datos estimados, dado que la encuesta con la que se calcula el nivel de GIDE se realiza más o menos cada dos años y todavía no se realiza la más actual, así que por ahora se trata de estimaciones que habrá que confirmar.

Por otra parte, uno de los compromisos del Pacto por México, aquel que ahora se ve tan lejano pero que es de diciembre del 2012, planteó que “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB (Compromiso No 46).

El compromiso, como todos los que formularon entonces, se recogió en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial: quedó como meta que en materia de GIDE se alcanzaría el uno por ciento como proporción del PIB para el 2018.

Sin embargo, previo a la reciente ceremonia de aniversario, el titular de Conacyt dijo que: “al concluir este sexenio la inversión que se destinará a ciencia, tecnología e innovación podría alcanzar 0.8 por ciento del PIB (La Jornada 11.12.2015). Y añadió que la meta de alcanzar el uno por ciento era compartida entre el gobierno federal y los empresarios. En su opinión, el primero había hecho su parte, al incrementar los recursos en alrededor de 30 por ciento, mientras que los segundos no habían hecho lo correspondiente.

Entonces, las declaraciones del director de Conacyt vienen a constatar lo que ya se advertía desde que se aprobó el presupuesto de este año, no digamos el de 2016: el incremento del gasto para el sector perdió impulso a medio camino y no alcanzará la meta comprometida. Quedará para mejor ocasión cumplir con la ley y la palabra.

El otro factor que vale la pena tener en cuenta es la siguiente versión de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), porque es la base de cálculo del nivel de inversión del sector privado y la actualización de las estimaciones de los niveles de gasto. Muy pendientes.

(Publicado en Campus Milenio No. 636 Diciembre 17, 2015, p.5)
La norma para la vinculación y transferencia de conocimientos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


Los legisladores aprobaron la iniciativa hace dos semanas, el ejecutivo federal firmó el decreto de ley la semana anterior, pero apenas este martes 8 de diciembre apareció el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Todo indica que una edición del DOF no es suficiente para el alud de decretos que cotidianamente se publican. Bueno, al menos tenemos normas.
 
Es una reforma a los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).  Una iniciativa para establecer instancias de gestión de transferencia tecnológica y de vinculación en cualquier  entidad que realice actividades de investigación y desarrollo experimental, así como eliminar cualquier obstáculo que impida a los investigadores participar en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros.

La norma no es nueva. De hecho, sería la culminación de un ajuste que comenzó hace poco más de 15 años. Inició con la reforma de 1999, una de las más importantes al marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas, en donde quedó incluido, por primera vez, un cauto capítulo sobre la “vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico” (capítulo VI). Uno que sustituyó al todavía más críptico capítulo “De la concertación con los sectores social y privado” de la ley de 1984.

Luego, en la reforma de junio del 2009, en el mismo capítulo de vinculación se incluyó el artículo 40 Bis –el mismo que ahora se modifica— en el que se facultaba a las universidades e instituciones públicas de educación superior, así como a los Centros Públicos de Investigación, para “crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.

En el mismo artículo 40 Bis se especificó que cada institución podía seleccionar la figura jurídica que considerara más apropiada para esas unidades de vinculación, pero no constituirse como entidades paraestatal ni tampoco financiar su operación con recursos públicos. Además, se dijo que las instituciones podían contratar a personal por proyecto para los fines de las unidades.

Aunque varias instituciones crearon unidades de vinculación y otras desempolvaron oficinas preexistentes, pocas se aventuraron a adoptar figuras jurídicas novedosas y todavía menos a celebrar grandes contratos o convenios con el sector productivo. Una de las razones era que no estaba claro cómo proceder con las ganancias derivadas de la actividad desarrollada. 

Entonces, como lo hemos comentado en estas páginas, vino una nueva propuesta de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en septiembre del año pasado para modificar el mismo capítulo de vinculación y particularmente su artículo 40 Bis (Campus Milenio No. 590).
 
La propuesta consistía en incluir no solamente a instituciones públicas de nivel superior, como instancias que podían crear unidades de vinculación, sino también a entidades de la administración pública federal que realizan actividades científicas y tecnológicas, como los institutos dependientes de algunas secretarías de Estado (como los del sector salud) y algunas entidades paraestatales.

Todavía más importante, en el mismo paquete de reforma, los diputados propusieron modificar el artículo 8 de la LFRASP, con el fin de precisar que los servidores públicos de cualquiera de las entidades incluidas (IES, CPI y entidades de la administración pública federal) podían “realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios”.

Sin embargo, en abril de este año, cuando tocó el turno de los Senadores para ratificar o rectificar la propuesta, opinaron que era relativamente restringida, porque solamente hablaba de instituciones de educación superior y la vinculación podía darse en cualquier institución o modalidad educativa (Campus Milenio No. 604).
 
Igualmente, los Senadores opinaron que la modificación al artículo 8 de la LFRASP debía tener menos ataduras y especificar que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Aunque las modificaciones de los Senadores fueron realmente un asunto menor, por procedimiento el dictamen debía regresar a la cámara de origen, así que no fue aprobado en la anterior legislatura. 

Ahora, ya con los cambios que propusieron los Senadores, la iniciativa fue aprobada el pasado 24 de noviembre por 438 votos a favor y cero en contra. Un cambio profundo de la norma, cuyos efectos apreciaremos rápidamente.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 635 Diciembre 10, 2015, p.5)

¿Laboratorio Nacional de Políticas Públicas?

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

 
En abril de este año, con el anuncio del recorte presupuestal de 900 millones de pesos a Conacyt, parecía que los proyectos de infraestructura en el sector no tendrían lugar o se postergarían, por lo menos así lo dijo en su momento Enrique Cabrero, el titular del organismo. Sin embargo, no todos los proyectos corrieron la misma suerte.

La semana pasada se inauguró el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) ubicado en el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE). El Laboratorio se presenta como un proyecto novedoso para la atención de problemas considerados de interés público y se localiza en uno de los centros públicos de investigación de creciente influencia en el diseño y evaluación de programas gubernamentales.
 
Según el director de Conacyt, el LNPP será un sitio en el que se ensayarán intervenciones gubernamentales: “ es el primero en su tipo en México, tendrá una visión transdisciplinaria y a través del uso de datos, propondrá soluciones a problemas de carácter público” (Comunicado 114/15).
 
No es gratuito que en la inauguración del Laboratorio estuviera Francisco Guzmán Ortiz, el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Por dos razones: una, el funcionario público es egresado de la carrera de economía del mismo CIDE y, dos, tal vez más importante, la oficina que dirige tiene, entre otras responsabilidades, el seguimiento de las políticas públicas y su evaluación para la toma de decisiones.

Fue en el periodo de Vicente Fox cuando se creó la oficina presidencial de coordinación de políticas públicas, precisamente con Eduardo Sojo como primer titular, el ahora director del INEGI y cuyo cargo vence precisamente en este mes. La oficina adquirió notoriedad por el cambio que significó en el diseño de la administración pública, así como por el reconocimiento a las políticas públicas y a su diseño.

Actualmente, la oficina de la presidencia tiene media docena de unidades técnicas con sus respectivos titulares. Algunas de ellas son la coordinaciones generales de Política y gobierno, la de Marca país y medios internacionales, la de Crónica presidencial, así como la Secretaría técnica.

 
En esta administración, el ahora secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el primer titular de la oficina de la presidencia. En esa misma oficina quedó adscrita la coordinación de ciencia, tecnología e innovación. ¿La recuerda? Esa instancia que se creó al comienzo de esta administración en lugar de una secretaría de Estado para el sector y cuyo titular fue Francisco Bolivar Zapata, cargo del que se separó el pasado mes de septiembre para contender por la rectoría de la UNAM. Pero esa es otra historia.

El actual director de Conacyt también es egresado del CIDE, de su maestría en administración pública, institución a la que se incorporó como profesor al poco tiempo y luego dirigió durante ocho años, del 2004 al 2012. En este último año se separó para asumir la dirección del organismo rector de la política científica y tecnológica.
 
En abril de este año, ante el recorte gubernamental de 900 millones de pesos al presupuesto de Conacyt, Enrique Cabrero declaró que se sacrificaría la infraestructura en aras de sostener el programa de cátedras y el programa de becas. En particular, dijo que se detendría “el crecimiento de algunas instalaciones científicas para dentro de uno o dos años, algunos centros públicos de investigación que teníamos pensando impulsar en 2015" (Reforma 13.04.2015).

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, en el rubro de programas de inversión, aprobado en el 2014 y, desde luego, antes del anunció del recorte, tenía considerado como programa de inversión para el CIDE la “construcción del edificio para actividades docentes y laboratorio de políticas públicas”. Aunque ni en el PEF del 2013 ni en el 2014 apareció la idea de crear tal laboratorio, pero sí la construcción de un edificio.

En el proyecto de inversión de este año, el monto previsto para el edificio del Laboratorio es de poco más 72 millones de pesos, pero con 66 millones en el año previo y otros 79 para el próximo, los cuales sí están programados en el PEF 2016. Es decir, el costo total del Laboratorio estará entre 217 y 224 millones de pesos (según el más reciente programa de inversión del PEF).

Aunque, ahora que se presentó el LNPP se indicó que la inversión conjunta de Conacyt y el CIDE fue de poco más de 100 millones de pesos, cifra que no cuadra demasiado con el monto arriba indicado, incluso descontando la inversión del año próximo que todavía no tiene lugar.

En fin, quedan por resolver algunas interrogantes sobre la operación del Laboratorio, la relación con otros centros e instituciones, así como sobre su financiamiento. Por lo pronto, la inversión en infraestructura se sumará a la meta del uno por ciento del PIB.

 
(Publicado en Campus Milenio No. 634 Diciembre 3, 2015, p.5)