lunes, 23 de febrero de 2015


La educación superior en el Foro

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Todavía no hay agenda. Tampoco se sabe cuál será su estructura ni quienes podrían participar; mucho menos hay acciones en marcha. Pero tal parece que en el intrincado horizonte de nuestra vida institucional, se abre una nueva ventana para las iniciativas en el terreno de la educación superior.

El año pasado, cuando José Franco asumió la titularidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), resaltó la importancia de las instituciones de educación superior en la generación del conocimiento y al poco tiempo anunció que cambiaría la estructura del organismo.

El Foro es ese espacio que la reforma del sector del 2002 creó y cuya principal responsabilidad es la de ser un órgano permanente de consulta del poder ejecutivo, del Consejo General y de la junta de gobierno del Conacyt. A la vez, tiene como actividad primordial la de “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas” (artículo 36).

En el papel, el organismo tiene más de una década de estar en operación, aunque los primeros años se le fueron en establecerse, luego en definir su marco normativo, delimitar sus ámbitos de responsabilidad e influencia y apenas, desde hace unos años, ha tenido una participación más activa en la formulación de propuestas e implementación de iniciativas.

La ley establece media docena de funciones al Foro, pero básicamente debe responder a las consultas que la autoridad le formula y a tratar de recuperar las expresiones de diferentes grupos del sector. Esto es, ser un órgano intermedio entre la autoridad y los principales beneficiarios de las iniciativas del sector. Aunque, como ha quedado claro en el tiempo que lleva en operación, el organismo más bien se inclina por un lado o por el otro.

 En octubre del año pasado, José Franco, al poco tiempo de tomar posesión como nuevo coordinador del FCCyT, anunció que propondría a la mesa directiva una modificación a la estructura interna del organismo para que funcionara con base en tres coordinaciones adjuntas.

En un principio, al crearse el Foro y cuando estuvo más o menos regularizado su marco normativo, estaba previsto que se integraría por una mesa directiva, un consejo directivo y comités de trabajo especializados. La primera estaba compuesta por 17 integrantes (14 representantes de entidades académicas, educativas y empresariales, y tres representantes designados); el segundo por el coordinador y su secretario técnico.

En el 2005 se modificaron los estatutos del FCCyT para precisar, entre otros aspectos, que la mesa directiva contaría con tres comités de trabajo (por área de conocimiento) y especialmente que podría crear comités ad hoc para llevar a cabo propuestas  o estudios o contratar personas físicas o morales.

En el 2010 se volvieron a modificar los estatutos (ya se registraba la ampliación de la mesa directiva a 23 integrantes), se conservó la facultad de la mesa directiva para crear comités o grupos de trabajo y se especificó que tales comités no se establecerían de forma permanente ni serían considerados como parte del mismo.

Ahora, la idea del actual coordinador del Foro es establecer tres coordinaciones adjuntas para funcionar: una de Innovación Tecnológica, otra de Investigación y una más de Educación Superior y Posgrado. Una organización que seguiría, más o menos, la estructura que tienen el sistema científico y tecnológico, el programa sectorial y el mismo Conacyt. No es una mala propuesta, sobre todo si realizará un trabajo más estrecho con sus consultores.

El pasado 14 de febrero se anunció que ya tuvo lugar la primera sesión de la Coordinación de educación Superior y Posgrado (la CAESP), presidida por Jaime Martuscelli, en representación de la UNAM. El objetivo que se le asignó es “identificar mecanismos para cumplir el apartado sobre Educación de Calidad dentro del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI)” (Boletín 026).

En la Coordinación, aparte de la UNAM, participan cinco representantes de instituciones académicas de la mesa directiva del Foro y María Elena Medina Mora representante del SNI. Según lo anunciado, el próximo 2 de marzo será la fecha límite para que los representantes hagan llegar sus propuestas para integrar la agenda de la CAESP.

Aunque el objetivo asignado a la Coordinación está claramente acotado, habrá que esperar la integración de su agenda y, sobre todo, hacia qué lado apuntarán sus propuestas. Lo peor sería que no vaya a ningún lado.

(Publicado en Campus Milenio No. 596. Febrero 19, 2015, p.5)

viernes, 13 de febrero de 2015


La agenda de los partidos políticos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

El próximo mes de junio habrá elección de diputados federales en todas las entidades federativas, votación para gobernador en nueve de ellas, 17 congresos locales y otras tantas alcaldías. Las llamadas elecciones intermedias son una anticipación de lo que podría ocurrir en los comicios del 2018.

Todas las elecciones tienen sus peculiaridades y grado de incertidumbre. Sin embargo, los comicios de junio parecen generar reacciones encontradas: desde un completo rechazo hasta el ejercicio de una absoluta fiscalización ciudadana. Debiéramos comenzar por exigir lo más elemental de las fuerzas políticas que dicen o quieren representarnos: no más mentiras y cinismo.

A propósito del inicio del periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, cada uno de los siete partidos representados en la cámara publicaron en 16 periódicos, en dos planas completas, sus respectivas agendas para el periodo.

En materia de educación los diputados plantean diferentes propuestas. Por ejemplo, entre otros puntos, el Panal habla de una reforma integral a las escuelas normales y de “impartir formación didáctica pedagógica en derechos humanos y educación inclusiva, al servicio docente”.

Movimiento Ciudadano dice que “buscará el fortalecimiento del programa de creación de escuelas públicas” en todos los niveles y un programa de alfabetización ocupacional en zonas rurales. El PT impulsará reformas para universalizar la educación inicial y la obligatoriedad de la educación superior. El Partido Verde fortalecer el sistema de becas y crédito educativo en instituciones particulares e incluir el tema del bullying en los libros de texto… Bueno, ni para qué citar. 

Los tres partidos mayoritarios en la cámara, el PRD, PAN y PRI, se ocupan de los grandes temas y el posible trabajo legislativo. Esto es, los dictámenes pendientes, las iniciativas que faltan, la economía, la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas, la deuda pública. No, educación no.

Si la agenda es esa, al final del periodo tendríamos que valorar qué y cuáles iniciativas presentaron. Cuántas veces subieron a tribuna, cuál fue su argumentación y, sobre todo, qué resultados obtuvieron.

Sin duda, la controversia sobre las elecciones se debe a la consistente desconfianza ciudadana en los políticos y su explicable enriquecimiento ilícito. Claro, también podría deberse a la transmutación del organismo encargado de organizar la jornada electoral (de IFE a INE), la posibilidad de candidaturas independientes, el reciente recorte en el gasto público, la ingobernabilidad en amplias zonas de nuestro territorio o el clima nacional poco edificante. Todo junto y más.

Al igual que en otras elecciones intermedias se espera un menor porcentaje de participación. Sin embargo, ahora asoma con más fuerza la idea de que lo mejor es abstenerse, dado que ninguno de los partidos políticos convence ni son dignos de confianza.

Hace un año, cuando el IFE todavía no cambiaba de nombre, la medición de la confianza ciudadana en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, le atribuía un rango de confianza media al organismo electoral (6.6 en una escala de 0 a 10). Todavía no se da a conocer la medición de este año, pero es posible que el índice siga descendiendo.

Los partidos políticos, diputados y senadores definitivamente ocupan la posición más baja en la escala de confianza ciudadana. Desde que Consulta Mitofsky realizó la primera medición en el 2004, las instituciones políticas han ocupado de forma consistente las últimas posiciones.

En el 2014 senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, obtuvieron una puntuación de 5.7, 5.6, 5.4 y 5.1, respectivamente. La situación no ha sido diferente en los diez años anteriores, siempre se han mantenido en el extremo inferior, en el rango de “confianza baja”. No es para menos. Es casi imposible que pase un día sin que nos enteremos de algún acto de corrupción protagonizado por algún político.

Sin embargo, según la Constitución, “los partidos políticos son entidades de interés público” que tienen como fin promover la participación en la vida democrática, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y tienen garantizado su financiamiento (artículo 41).

El sostenimiento de los partidos políticos y las elecciones en su conjunto tienen un costo cada vez mayor. El financiamiento para este año alcanza un monto de poco más de 32 mil millones de pesos.

Por lo menos tendríamos que exigir el cese del incumplimiento de sus deberes, también del dispendio y de su rapacidad.

(Publicado en Campus Milenio No. 595. Febrero 12, 2015, p.5)

“Base cero” para el presupuesto del 2016 y el recorte en CONACYT

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

A pesar de los matices y aclaraciones de Hacienda, el reciente recorte al gasto público no deja de ser una noticia desalentadora. El énfasis de los medios, con sobrada razón, ha estado puesto en el volumen del recorte y la cantidad que se le descontará a las diferentes dependencias gubernamentales.

Sin embargo, por un lado, también vale la pena ponderar lo que el mismo secretario de Hacienda anunció sobre el presupuesto del año próximo y, por otro lado, al menos para el caso del Conacyt, también resaltar que la disminución de expectativas no viene del ajuste de la semana anterior sino desde la aprobación misma del PEF en noviembre pasado.

No hacía falta ser muy perspicaz para advertir que el tema del presupuesto rápidamente encabezaría la agenda de discusión pública. La caída en el precio de barril de petróleo ha sido estrepitosa en los últimos dos meses: hoy, el precio de la mezcla mexicana está a menos de la mitad del cálculo que se hizo cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año. Un escenario de franca incertidumbre.

Además, en un contexto de recursos escasos, el ejercicio del gasto público está cada vez más sujeto al escrutinio público y también es más complicado ocultar el dispendio, los subejercicios o los gastos discrecionales de los funcionarios, aunque en realidad poco se ha avanzado en el terreno de las sanciones.

En estas circunstancias, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció el pasado 30 de enero el “ajuste de forma preventiva y responsable” al gasto público de este año. En los hechos, el ajuste significa que habrá un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al PEF que estaba aprobado.

El PEF para este año consideró un monto total de 4.7 billones de pesos, el recorte que ahora se propone representa el 2.6 por ciento de ese monto, en cifras cerradas. O bien, como lo dijo el secretario, el ajuste representa el 0.7 por ciento del PIB.

La disminución de recursos que propone el gobierno federal es de gasto gubernamental: 52.3 mil millones de pesos menos para 22 dependencias (entre los cuales está Educación con 7 mil 800 millones y Conacyt con 900 millones de pesos); 62 mil millones de pesos menos para Pemex; y 10 mil millones de pesos menos para la CFE.

Según lo que planteó Videgaray, y en previsión de que hoy se aplica el recorte al gasto gubernamental, el diseño del PEF para el año próximo se realizará “bajo una lógica distinta a la que ha prevalecido a lo largo por lo menos de la última década” (Comunicado 30.01.2015). Esto es, al parecer, no será un presupuesto que tome como punto de referencia el año previo, no será “inercial”.

Será un presupuesto “base cero”, en el cual se privilegiarán “los proyectos de inversión y los programas que tengan un mayor beneficio para la población”, para gastar menos y mejor los recursos públicos.

Es decir, habrá una revisión del conjunto de programas en marcha para hacer más eficiente el gasto, lo que generalmente significa no tanto la eliminación de sobre precios, gastos discrecionales o suntuosos, sino la cancelación de programas que no son tan claramente productivos o no muestran una rentabilidad.

El examen de la política de gasto no será realizado solamente por Hacienda, también participará el Banco Mundial. De hecho, la banca multilateral ya está haciendo una revisión de la calidad y eficiencia del gasto público en México. Así que, preparémonos, el ajuste para el año próximo será mayor.

El actual recorte para Conacyt es de 900 millones de pesos. En el PEF de este año, aprobado por los diputados en noviembre del año pasado, el sector contaba con un presupuesto por un total de 88 mil 54 millones de pesos y Conacyt con un total de 33 mil 707 millones de pesos (sin incluir recursos propios). Si el ajuste es en este último monto, la reducción será de 2.4 por ciento.

Todavía no se da a conocer públicamente en qué áreas o programas de Conacyt se aplicará el recorte de los 900 millones de pesos. Sin embargo, como lo comentamos aquí mismo en su momento (Campus Milenio No. 576), el incremento en el PEF para este año fue casi la mitad del que se registró el año pasado.

Así que las malas noticias no son de ahora, comenzaron en noviembre; recuérdese que el programa de Cátedras Conacyt se redujo a la mitad. Y tal vez la situación se pondrá peor.

(Publicado en Campus Milenio No. 594. Febrero 5, 2015, p.5)