miércoles, 29 de septiembre de 2010

EDUCACIÓN: COMPARECER Y RENDIR CUENTAS

Desde 2008, el ejecutivo federal no se presenta más ante el Congreso para dar cuenta del estado que guarda la administración pública, solamente entrega su informe por escrito. El nuevo formato ha perdido interés público y, en su lugar, una buena parte de la atención de los medios se ha trasladado a la comparecencia de los funcionarios que también prevé la normatividad, como la del pasado 20 de septiembre del Secretario de Educación, Alonso Lujambio. En un caso o en otro, lo que no debe omitirse es la importancia de rendir cuentas e informar a la ciudadanía.

Los ríspidos encuentros entre el ejecutivo federal y legisladores fueron escalando en la última década. El escenario parecía cada vez más complicado, pero hace dos años los legisladores y el gobierno federal acordaron reformar el artículo 69 constitucional, para que, en lo que toca a informar, el titular del poder ejecutivo quedara exento de presentarse ante el Congreso. En lugar de la presencia gubernamental, la misma reforma concedió a los legisladores la facultad de formular preguntas por escrito al ejecutivo federal sobre el informe. Un mecanismo que no ha sido útil ni práctico.

A partir del 2008 el presidente de la República, ya sin el espectáculo de las perturbaciones en el Congreso, sigue emitiendo su mensaje a la nación con motivo del informe de gobierno. El año pasado no se centró en lo que había realizado sino en lo que estaba por impulsar y formuló diez puntos “para transformar a México”. El tercero de ellos indicaba: “Alcanzar una educación de calidad y superar el marasmo de intereses a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de la pobreza”.

El mensaje del ejecutivo de este año no podía soslayar lo que había prometido realizar y en lo concerniente a educación no le quedo más remedio que admitir: “Es en este rubro donde, en lo social, nos queda más por hacer, pero estamos avanzando en varios frentes”. Enumeró cinco aspectos que a su juicio muestran los progresos. Por ejemplo, destacó los beneficios del concurso de plazas que hoy tiene lugar, aunque en estas mismas páginas se ha dado cuenta de que solamente se refiere a una porción mínima de nuevas plazas. También señaló las obras de mejoramiento de la “Escuelas Dignas”, el número de becas otorgadas, los más de 700 nuevos bachilleratos, las 75 nuevas instituciones de educación superior y la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior y superior.

El hecho, sin embargo, es que la educación no es hoy de más calidad. Tampoco se ha logrado disminuir los 33.4 millones de la población que se encuentra en situación de rezago educativo. Incluso, el dato actual del rezago es superior en casi un millón a la reportada para el año 2000; el cuarto informe de gobierno solamente consigna población en rezago atendida y la nueva operación de las “Plazas Comunitarias”, pero no si ha disminuido la cifra del rezago (p. 450). Igualmente, aunque se ha alcanzado la meta del 30 por ciento de cobertura en educación superior, el porcentaje es sumamente modesto y bajo en comparación con economías similares a la nuestra.

El Secretario de Educación compareció el pasado 20 de septiembre ante las Comisiones Unidas de Educación y Cultura del Senado, particularmente para que explicara la persistencia del rezago y un subjercicio de más mil millones de pesos, entre otros aspectos ( Boletín del Senado 14/09/2010). Las preguntas de los Senadores, en primer lugar del Senador y líder del SNTE, Rafael Ochoa, no fueron estrictamente sobre los asuntos que se habían previsto sino de variados temas. Uno de ellos fue sobre los 7.5 millones de jóvenes sin escuela y sin empleo. A lo que el secretario respondió que sí era una preocupación central ofrecer espacios educativos y repitió las cifras de crecimiento de instituciones que el ejecutivo federal ya había indicado, aunque aclaró que “la cuestión laboral ciertamente es una cuestión que está más allá de la esfera estrictamente de la Secretaría de Educación Pública” (versión estenográfica).

Otro tema planteado por el Senador Ricardo Monreal fue el del desastre educativo y las aspiraciones presidenciales del secretario: “¿Es cierto, como lo afirma la cúpula oficial magisterial, que su verdadera prioridad es la sucesión presidencial, no la educación, y si así fuera qué está haciendo aquí?”, espetó el legislador.

El secretario de educación dijo no coincidir con el diagnóstico de desastre educativo, aunque aceptó que ahora el reto es la calidad. En lo que concierne a sus aspiraciones dijo: “me halaga muchísimo que miembros de mi partido piensen en mí para efectos de una candidatura presidencial, pero no es eso en lo que estoy pensando”.

Diferentes cuestionamientos le fueron formulados al secretario, quien expuso cifras y destacó avances. Sin embargo, lo que vale la pena reiterar es que, sea a través de la comparecencia del titular del poder ejecutivo, de los secretarios del despacho o del examen del informe, los gobernantes están obligados a rendir cuentas a la sociedad y ofrecer explicaciones satisfactorias sobre el incumplimiento de sus deberes, errores u omisiones. Desafortunadamente es una exigencia que no termina de hacerse realidad.
(Publicado en El Universal, Septiembre 26, 2010, p. A19).

viernes, 24 de septiembre de 2010

INVESTIGACIÓN: FUNCIÓN CENTRAL DE LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una gran y compleja institución. En buena medida su reconocimiento como institución nacional deriva de su trayectoria, de su papel en la formación de cuadros profesionales y de su articulación con el desarrollo de la nación, pero también de su escala y de sus variadas funciones.

Si fuera por las dimensiones, no hay duda de que la docencia en sus diferentes niveles --por el número de estudiantes, egesados, tres cuartas partes del personal académico que desempeña esa actividad, los recursos financieros que consume y su infraestructura— sería una de las partes más visibles de la Universidad. Lo notable es que también se le reconoce como la principal institución responsable de la investigación en el país y se le atribuye el mayor volumen de esta actividad, tanto en el área de las ciencias naturales y exactas, como en las ciencias sociales y las humanidades. En efecto, la trayectoria y capacidades en este terreno son sumamente relevantes.

El otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional en 1929 fue condición para la libertad de cátedra y de investigación. La Ley Orgánica o ley de autonomía de 1929 en su primer artículo consignó los fines de la universidad: impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad...[i] Así quedó establecida su capacidad para el desarrollo de la investigación, como hasta hoy permanece.

Aunque al poco tiempo de fundada la universidad contaba con algunos recintos de investigación, en realidad fue partir de 1929 cuando se proyectaron de forma más sistemática los incipientes esfuerzos de investigación. En ese año se incorporó el Observatorio Astronómico Nacional y también se crearon los institutos de Biología y Geología; al año siguiente se creó el Instituto de Investigaciones Sociales; en 1933 se integró el Instituto de Ciencias Geográficas; en 1935 el Instituto de Investigaciones Estéticas; en 1938 el de Física; el de Económicas en 1940; Química en 1944; y en 1945 los institutos de Historia, Geofísica y Biomédicas.

En la primera mitad del siglo XX, la UNAM concentraba casi la totalidad de capacidades nacionales en el terreno de la investigación, aunque la normatividad para regular esta actividad solamente seguía el principio de la ley de 1929 y un marco general establecido por la reglamentación secundaria que mostraba sus limitaciones para conjuntar los diferentes componentes y avanzar de forma organizada.[ii]

Las condiciones cambiaron de forma notable en 1945 porque fue en esa fecha cuando se emitió un nuevo marco jurídico. En la promulgación de la Ley Orgánica de ese año se reconoció a los investigadores como figuras relevantes en el cumplimiento de los fines universitarios –aunque fue hasta el año siguiente que, con un nuevo Estatuto, figuraron como miembros del personal académico--, se aceptó la creación de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica y la coordinaciones respectivas. Originalmente, ambos consejos estaban integrados solamente por los directores de los institutos y los respectivos coordinadores, un par de años después se sumaron los directores de las dos facultades afines y a mediados de los setenta se amplió a la representación de los directores de centros y representantes del personal académico.

La investigación, centrada en la generación y avance del conocimiento, se ordena principalmente según los campos del conocimiento, de ahí la existencia de dos subsistemas de investigación en la universidad que marcan una primera gran división entre las ciencias naturales y exactas, y las ciencias sociales y las humanidades. Al interior de cada subsistema la actividad se vuelve a dividir conforme a dominios disciplinarios o multidisciplinarios, mismos que dan lugar a los respectivos institutos y centros. Actualmente, en la UNAM existen 29 institutos, 16 centros y 8 programas en diferentes disciplinas y temas, en comparación con cualquier otra institución, concentra la más amplia gama de áreas de investigación.

En el caso del subsistema de humanidades y ciencias sociales, agrupa a diez institutos de investigación: Sociales, fundado en 1930 es el de mayor antigüedad; Estéticas (cuyo precursores fueron los laboratorios de arte en 1935); Económicas (1940); Históricas (1945); Filosóficas; Bibliográficas; Jurídicas; Antropológicas; Filológicas; y sobre la Universidad y la Educación. Este último fue centro durante 30 años y en el 2006 pasó a ser instituto.

Los centros del subsistema son: Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (1979); Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (1981); Enseñanza para Extranejeros; Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1985); Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (1989); Investigaciones sobre América del Norte (1989); y Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Este último, fundado en 2007 en Yucatán, es el centro más reciente de esta área; aunque casi a la par se creó otra entidad en Jiquilpan, Michoacán, denominada Unidad Académica de Estudios Regionales. A su vez, los programas universitarios son: Estudios sobre Género; Estudios sobre la Ciudad; y México, Nación Multicultural.

El subsistema de humanidades y ciencias sociales se integra por un total de 21 entidades. En tales espacios se desempeñan 861 investigadores, 525 técnicos académicos y 64 profesores.[iii] El conjunto de ese personal académico, representa alrededor del 4 por ciento del total que labora en la UNAM. La actividad en el sector se desarrolla a través de líneas o proyectos, los que establecen una trayectoria del proceso y avances del trabajo de indagación. El año pasado sumaban más de dos millares de proyectos en proceso, tanto individuales como colectivos. A su vez, tales proyectos habían dado lugar a la publicación de más de un millar de capítulos de libro, poco más de medio millar de artículos en revistas y más de 300 libros, entre otros productos.

Por su parte, el subsistema de investigación científica integra 29 entidades (19 institutos y 10 centros), distribuidas en tres diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de ciencias químico-biológicas y de la salud se encuentran los institutos de: Biología; Ecología; Fisiología Celular; Ciencias del Mar y Limnología; Química; Biomédicas; Neurología; y Biotecnología. En esta misma área están los centros de: Ecosistemas y Ciencias Genómicas. Al menos cinco de los institutos de esta área en su origen fueron centros, y la mayoría de entidades tuvieron su simiente en los institutos de Biología y Biomédicas.

En el área de ciencias físico-matemáticas se agrupan las siguientes entidades. Son siete institutos: Astronomía; Física; Ciencias Físicas; Ciencias Nucleares; Materiales; Matemáticas; y Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Cinco centros: Radioastronomía y Astrofísica; Física Aplicada y Tecnología Avanzada; Ciencias de la Materia Condensada; Energía; y Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Por último, en el área de ciencias de la tierra e ingeniera están cuatro institutos: Geología, Geofísica, Geografía e Ingeniería. Así como tres centros: Geociencias, Ciencias de la Atmósfera y Geografia Ambiental.

En el subsistema de investigación científica se desempeñan un total de 2,716 personas: 1,549 investigadores y 1,167 técnicos acadécmicos. Una cantidad que representa el 7.4 por ciento del total del personal académico de la UNAM y también es casi el doble de la que labora en el susbsistema de investigación humanística. El año pasado, en el total de entidades de este susbsitema estaban en marcha poco más de 1,200 proyectos con financiamiento exclusivamente de la misma Universidad y otros 865 proyectos con financiamiento externo. En total, más de dos millares de proyectos. En conjunto, el año pasado publicaron 2,421 artículos internacionales, 350 nacionales y 144 libros.

Si sumamos la planta de personal académico de los dos subsistemas de investigación, representan el 11 por ciento del total del personal universitario. Más de la mitad del total del personal de investigación son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, es la mayor agrupación institucional de ese Sistema (alrededor del 15 por ciento del total y casi una cuarta parte si se agrega el personal de facultades y escuelas). El informe de Conacyt sobre la producción científica de la UNAM señalaba que: La producción científica de esta institución es la más variada del país, abarca todas las áreas del conocimiento y desarrolla una gran cantidad de artículos, de los cuales un gran porcentaje se encuentra entre los documentos más citados y por ende entre los más influyentes. Además, cuenta con centros e institutos de investigación en diversas disciplinas, los cuales desarrollan y fomentan la generación de nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones. [iv]

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, la importancia de la UNAM en la investigación que se realiza en el país es también una muestra de la alta concentración institucional y regional en este terreno, como ocurre en muchos otros. Hoy es menor que en la etapa fundacional de la Universidad e incluso que hace una década y seguramente en el futuro será todavía menos, en buena medida debido al soporte de la propia UNAM, pero es necesario un marco de iniciativas estatales más organizado y más pujante.

También vale la pena advertir que pese a la importancia de la producción científica de la Universidad y del país, colocado en segundo lugar a nivel de América Latina, lo cierto es que Brasil que ocupa el primer lugar, supera con más del doble nuestra producción. La centralidad de la investigación universitaria centenaria no está en duda, pero los retos tampoco.


[i] “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México”, Diario Oficial de la Federación, 26 de julio de 1929, p. 1

[ii] Cfr. Raúl Domínguez Martínez; Gerardo Suárez Reynoso; y Judith Zubieta García, Cincuenta años de ciencia universitaria: una visión retrospectiva, UNAM – Porrúa, 1998, p. 8.

[iii] Los datos, salvo que se indique lo contrario, provienen de: Agenda Estadística UNAM 2010. México.

[iv] Conacyt, Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2008, México, p. 92.


(Publicado en Campus Milenio. No. 386. Septiembre 23, 2010)

LOS RECURSOS HUMANOS Y EL INFORME

A diferencia de los planes e informes de gobierno anteriores al año 2000, en donde la ciencia y la tecnología aparecían junto al sector educativo, en el área de desarrollo social, ahora se reporta en el apartado correspondiente a economía (“economía competitiva y generadora de empleo”), seguramente para subrayar, correctamente, su contribución al desarrollo económico nacional.

Sin embargo, al menos en esta administración, tal parece que la información precisa sobre los diferentes componentes del sector científico y tecnológico se ha difuminado en el área económica, los datos están en un permanente ajuste y carecen de regularidad.

En este espacio dimos cuenta de la demora que tuvo el programa sectorial de ciencia y tecnología (apareció en diciembre de 2008), así como los continuos cambios en las posiciones de los funcionarios de Conacyt y, más recientemente, la reforma al estatuto orgánico del mismo Consejo. Esta última reforma incluyó, entre otros cambios, el renombramiento de la anterior dirección “de información, evaluación y normatividad”, por otra denominada de “planeación y cooperación internacional”.

Tal vez los ajustes constantes en el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas ha llevado a un continuo reacomodo de cifras y bases de cálculo. Es el caso de algunos datos del reciente cuarto informe de gobierno.

En lo correspondiente a los indicadores representativos del sector de ciencia y tecnología, a nota de pie de página del cuadro que los menciona (Anexos estadísticos. Principales indicadores de la planeación nacional del desarrollo. p. 29) se indica que algunas cifras difieren de las publicadas en el informe del año anterior.

El cuadro de indicadores básicos de este año muestra las cifras concernientes a dos de las principales variables del sector: formación y acervo de recursos humanos (siete indicadores), y recursos financieros (ocho indicadores). Las cifras de estos últimos no difieren de las reportadas el año anterior, siguen la misma tendencia y se refieren a: gasto federal ejercido en ciencia y tecnología como proporción del PIB (tomando como años base 1993 y 2003; gasto en investigación y desarrollo experimental (igual, para los dos años de referencia); y los estímulos fiscales otorgados al sector privado, tanto en términos de monto como en proporción al PIB y número de empresas apoyadas. Aunque, como seguramente lo recuerda, el programa de incentivos fiscales quedó sin efecto el año pasado, después del cúmulo de críticas sobre su operación y las grandes empresas que resultaron favorecidas.

Al contrario de lo que sucede con el financiamiento, las cifras sobre formación y acervo de recursos humanos sí muestran cambios significativos de lo que se había indicado anteriormente para esta administración. Por ejemplo, en el tercer informe de gobierno se anotó que el número de investigadores del sector público y privado en el año 2006 sumaban un total de 36,264; para el 2007 un total de 37,930; en el 2008 ya eran 40,460; y en el 2009 la estimación era de 39,881 (Anexo estadístico del tercer informe de gobierno. p. 28).

En el reciente cuarto informe de gobierno, las cifras sobre el número total de investigadores (del sector de la educación superior, del gobierno, de las empresas y de las privadas no lucrativas) cambiaron para los años de esta administración. Ahora, el anexo estadístico señala que: en el 2006 el total de investigadores era de 36,325 (61 investigadores más que los indicados en el informe anterior); en el 2007 sumaban 37,949 investigadores (una cifra casi similar a la ya reportada); en el 2008 alcanzaban 45,127 (casi 5 mil investigadores más de los que se había dicho); para el 2009 disminuye la cifra a 38,790 y la estimación para el 2010 es que serán 40,620 investigadores.

Además, en el penúltimo año de la administración anterior se reportó que había 43,922 investigadores. Es decir, que en el paso del 2005 al 2006 había 7,500 investigadores menos en las cifras oficiales, lo cual también implica que hoy todavía no se alcanza el número que había en el 2005.

Como se puede advertir, las fluctuaciones en las cifras oficiales sobre el personal que labora en actividades científicas y tecnológicas son importantes. Desafortunadamente, no se sabe a qué se deben estas variaciones y tampoco el organismo encargado de las cifras se ocupa de aclararlas. Es suficiente señalar que la publicación periódica de Conacyt de los indicadores va con más de un año de retraso (Informe general del estado de la ciencia y tecnología, 2008).

No necesariamente el número de investigadores ocupados tendría que ir en ascenso, porque refleja las tendencias de nuestra economía, y si esta última no es particularmente boyante, pues no sería de extrañar. Sin embargo, no se sabe si esa es la razón de las variaciones o es por una nueva forma de calcular su número (en mayo pasado firmaron un convenio Conacyt e Inegi). Esperemos alguna explicación.

(Publicado en Campus Milenio No. 385. Septiembre 16, 2010)

viernes, 10 de septiembre de 2010

RENDIR CUENTAS

A partir de la reforma constitucional del 2008 que suprimió la obligatoriedad que tenía el ejecutivo federal de acudir al Congreso para entregar su informe de gobierno, el acto de rendir cuentas a la sociedad no se volvió más eficiente ni más público o transparente. La ceremonia tampoco dejó de ser ritualista o mediática.

Hoy quien da cuenta de su función pública, sea el ejecutivo federal, los gobernadores o los legisladores federales y locales, están más al pendiente de salir a cuadro y de los flashazos que de comunicarse con el ciudadano; más preocupados por cuidar y promocionar su imagen que de la exactitud del dato que reflejaría su desempeño. El peso de los medios parece inevitable y los profesionales de la política, como en otros campos, no prescindirán de ese factor, por el contrario, cada vez tratan de tenerlo más cerca.

Desde 1923 quedó establecido en el artículo 69 constitucional que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país”. (DOF 24/11/1923: 1023). La formalidad normativa y la tradición presidencialista convirtieron el informe en ceremonia fastuosa: el día del presidente, por si hiciere falta.

Una reforma constitucional en abril de 1986, en la que se modificó el calendario de los periodos de sesiones del Congreso, también implicó una modificación del artículo 69, pero solamente para indicar que el ejecutivo federal asistiría a la apertura de sesiones ordinarias del “primer periodo” y también sustituyó la palabra “guarde” por “guarda” del mismo artículo.

Sin embargo, precisamente a partir de finales de los años ochenta, a consecuencia de las reformas electorales, el acceso de un mayor número de fuerzas políticas en el Congreso y un paulatino cambio en el equilibrio de las fracciones representadas en el recinto legislativo, la relación entre legisladores y ejecutivo federal comenzó a modificarse.

Los desencuentros entre el presidente y el Congreso fueron en ascenso, ya fuera a propósitos de iniciativas de ley, la negociación del paquete económico o la presentación del informe de gobierno. A partir del año 2000, después de un soprendente primer acuerdo por el presupuesto, la relación se hizo cada vez más complicada. Ahí estuvo la controversia constitucional promovida por Vicente Fox por la modificación de los legisladores a su propuesta de paquete económico del 2005, la negativa a que ingresara el mismo presidente al Congreso a entregar su último informe de gobierno en el 2006 o las dificultades para la toma de posesión y el primer informe del actual mandatario.

Finalmente, en el 2008, tras múltiples negociaciones entre las fuerzas polìticas y el gobierno federal, se reformó el artículo 69 constitucional y quedó establecido que el presidente solamente presentará un informe por escrito. Esto es, quedó exento de comparecer ante los legisladores, aunque al mismo artículo se le añadió un párrafo para indicar que “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregnta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República…” (DOF. 15/072010: 2).

El mecanismo del cuestionario al presidente, aunque ha sido empleado por los legisladores, no ha sido eficiente ni práctico para revisar las iniciativas y los resultados gubernamentales. Tal vez la comparecencia de los miembros del gabinete ha permitido abundar en las dificultades y en algunos de los temas más complicados de los respectivos despachos, pero también ha sido frecuente que reflejen más bien los intercambios entre las fuerzas políticas y la expresión de las animadversiones personales, más que un ejercicio entre poderes de escrutinio sobre la función pública.

Entonces, las modificaciones normativas a la forma en la que el ejecutivo federal debe dar cuenta del estado que guarda su administración no permitió un mayor acceso público a la revisión de logros y dificultades. Tampoco quiere decir que antes, con la comparecencia ante el Congreso y el espectáculo en el que se convirtió, el asunto era mejor. No lo fue antes y no lo es hoy. El factor de los medios es el que cobra una importancia desmedida.

Hace un año, en el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón, planteó diez puntos para transformar a México. Por ejemplo, dijo, se destinaría toda la fuerza y recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza, o bien, alcanzar la cobertura universal de salud, una educación de calidad (y “superar el marasmo de intereses”) o una economía más competitiva, entre otros. De ciencia y tecnología ni hablar.

En la reciente ceremonia, el presidente Calderón no se olvidó de los diez puntos, pero la enumeración de logros no fue tal. Sí quedó registrado madiáticamente el “apagón analógico”. Claro, hasta el mensaje del año próximo.

(Publicado en Campus Milenio. No. 384. Septiembre 9, 2010)

viernes, 3 de septiembre de 2010

EL CONTROVERTIDO PETRÓLEO

Una críptica noticia acerca de que PEMEX consideraba la posibilidad de importar petróleo, generó algunas reacciones encontradas y provocó diversas especulaciones. La medida tal vez no se pondrá en marcha, al menos no de forma inmediata, pero muestra los errores sistemáticos en el manejo de esta industria, las fallas en la apliación tecnológica, la ineficiencia gubernamental y la incapacidad para enmendar los errores.

Los ingresos derivados de la venta del petróleo --junto con la recaudación de impuestos-- es uno de los elementos centrales para calcular los ingresos que como país obtenemos cada año y, en consecuencia, para saber de cuánto gasto público dispondremos. En promedio, los ingresos petroleros han representado entre el 35 y 40 por ciento del gasto del sector público. Por este motivo, cierta inestabilidad en los precios internacionales del hidrocarburo, un incremento o decremento en su producción, tienen una repercusión directa en el presupuesto público, sea en forma de recortes o eventualemnte en la canalización de recursos excedentes.

Hace una semana, en este espacio, comentamos el ciclo del paquete económico (ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación) que anualmente diseña el gobierno federal y el 8 de septiembre como fecha límite para entregarlo al Congreso. Tal vez por la proximidad de la fecha, en los medios comenzó a circular la noticia de que PEMEX, por primera vez en más de tres décadas, tendría que importar petróleo.

Al parecer, según nota periodística, la propuesta de importar petróleo crudo se discutió desde marzo de este año, con el fin de optimizar costos en el proceso de refinación: “Se han identificado oportunidades que podrían ahorrar millones de dólares en dos refinerías” (La Jornada, 21/08/10: 29). Incluso se precisó que la importación podría alcanzar los 40 mil barriles por día, aunque la misma nota del diario también aclaraba que no era una decisión tomada.

Las versiones sobre la posible importación de petróleo cobraron fuerza en los medios, seguramente por las ya próximas negociaciones del presupuesto, la dinámica de intercambios de los principales involucrados en el diseño presupuestal y porque apenas unos días antes, el propio PEMEX había anunciado que ya estaba repuntando la producción de petróleo.

Efectivamente, el reporte de PEMEX correspondiente a julio precisó que en ese mes se había revertido la tendencia a la baja en la extracción del petróleo que había tenido lugar a lo largo del presente año (Boletín 061. 21/08/10). Esto es, la producción promedio en el mes de julio de 2 millones 573 mil barriles diarios, fue uno por ciento superior a la del mes previo y también a la del mismo mes del 2009.

En tal circunstancia de repunte de la producción y ante la posible contradicción con la idea de importar petróleo crudo, el mismo director de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, tuvo que aclarar cuál era la situación.

El funcionario confirmó que, efectivamente, la caída en la producción de crudo se está revertiendo y pronto quedará superada. Sin embargo, también aclaró que: ”Las plantas que tenemos no sacan la mayor rentabilidad del crudo que ahora producimos, pero además nuestro sistema de refinación produce con nuestro crudo menos gasolinas” (Entrevista radial con Joaquín López Dóriga. 24/08/10). Es decir, una falla en las refinerías, en el proceso de refinación de petroquímica, por lo que sería más rentable y justificado importar cierto tipo y volumen de crudo.

Sin embargo, el problema de productividad de PEMEX y las dificultades de rentabilidad de sus refinerías no es de ahora, es más bien la constatación de la fallida estrategia que ha seguido esta industria en el país , su atraso tecnológico y la incapacidad gubernamental para aprovechar sustentablemente el recurso energético.

El actual director de PEMEX, cabe recordar, tomó posesión del cargo hace un año, después de la polémica que se suscitó con el proceso para determinar la ubicación de la nueva refinería que todavía está por construirse en el estado de Hidalgo, aunque principalmente se debió a la fallida reforma energética y el intento de exploración en aguas profundas (“el tesoro escondido en el fondo del mar”). En ese entonces, el ahora director enfatizó su propósito de implementar los cambios previstos en la reforma. Pero tal parece que los problemas nos estallan antes de que logremos precisar su naturaleza y menos de intentar poner en marcha alguna solución.

Hace algunos años Felipe González, el ex primer ministro español, señaló que el caso de países productores de petróleo era de una paradoja inexplicable: hasta ahora la mayoría se han mostrado incapaces de transformar esa riqueza natural no renovable en bienestar social y en crecimiento económico sostenido de sus respectivos países. Por el contrario, tal parece que algunos de los países que han carecido del hidrocarburo han sabido aprovechar mejor los recursos energéticos, desarrollar tecnologías energéticas alternativas y alcanzado un mayor crecimiento económico. Esperemos que no sea el caso.

(Publicado en Campus Milenio No. 383. Septiembre 2, 2010)