viernes, 24 de junio de 2022

Ingreso a la educación superior: ¿el futuro está en línea?

 Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 953. Junio 23, 2022. Pág. 4)

 

La iniciativa es relativamente asombrosa: el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Poli, aplicó la semana pasada, por primera vez, su examen de admisión totalmente en línea. Los aspirantes todavía no conocen los resultados, eso será al final del mes próximo, pero lo que ahora llama la atención es el posible cambio en las formas y mecanismos de valoración académica.

 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no son ninguna novedad en el terreno de las instituciones educativas. En México, desde los años sesenta y setenta, con los modelos de educación a distancia y educación no escolarizada, se ha experimentado con la televisión y la radio, tecnologías que entonces estaban disponibles. Las décadas siguientes trajeron otro par de programas: Computación Electrónica en la Educación Básica (COEEBA) y Red Escolar en escuelas primarias y secundarias; ambos a la búsqueda de apoyos didácticos en las aulas y utilización de herramientas tecnológicas.

 

Al inicio de los años 2000, con el furor del cambio de siglo y de milenio, parecía inexorable la presencia generalizada de las TIC en los salones de clase, porque se multiplicaron los programas para impulsar la conectividad en todos los niveles educativos y especialmente el uso de la computadora, los proyectores audiovisuales y el desarrollo de software educativo.

 

Desde entonces fue inocultable que se abría una brecha digital, porque el acceso no era ni es para todos y lo peor es que la brecha, lejos de cerrarse, en algunos casos se ha ensanchado. A la par, comenzó a interrogarse, cada vez con mayor inquietud, el impacto de los dispositivos tecnológicos en el aprendizaje de los alumnos y las respuestas a la fecha no son concluyentes. La controversia es mayor sobre la confiablidad de una valoración académica a distancia o por medios digitales.

 

Sin embargo, uno de los mayores puntos de quiebre a escala mundial en el uso de la TIC ha sido la reciente pandemia. La contingencia sanitaria ha sido un poderoso acicate para el uso intensivo de Internet, el desarrollo de plataformas informáticas y para llevar los dispositivos tecnológicos a todas las áreas.

 

La pandemia todavía no concluye, pero estamos en un momento diferente y el confinamiento ya no es lo que fue. El retorno a las actividades presenciales es cada vez mayor y tal parece que llegó la hora de valorar cuáles de ellas seguirán a distancia y qué herramientas tecnológicas conservarán un alto estatus y cuáles no.

 

El uso de dispositivos tecnológicos para una evaluación académica tampoco es una rareza, hace tiempo que están en funciones y se han utilizado para diversos propósitos, pero casi siempre su aplicación fue presencial. Sin embargo, actualmente, derivado de la pandemia, se ensayan valoraciones a gran escala y totalmente en línea.

 

El punto es que se trata de evaluaciones en línea sumativas, o sea, valoran desempeños y son decisivas para obtener un título o un certificado, pasar o no de grado, ser admitido o rechazado en una institución. Algunos, le llaman exámenes de alto impacto porque tienen un efecto directo en el futuro y en la trayectoria escolar de las personas.

 

Diversas naciones están en la disyuntiva de retornar a la aplicación de exámenes finales de forma presencial o continuar con la experimentación en línea. El punto clave, en el segundo caso, es si la valoración del desempeño es sobre la preparación y el conocimiento de los estudiantes o, por el contrario, tiene un claro sesgo hacia la habilidad tecnológica de los sustentantes, la posesión de un dispositivo tecnológico correcto y las condiciones adecuadas en el hogar (u otro sitio) para presentar el examen.

 

En México, durante el periodo álgido de la contingencia sanitaria, el concurso de selección para ingresar al nivel medio superior en instituciones públicas de la Cdmx y el estado de México conservó el carácter presencial; lo mismo ocurrió a nivel licenciatura con los exámenes en la Unam y en el Poli.

Sin embargo, para este año el Poli cambió de estrategia. Nos reporta que su examen es totalmente en línea y para ello se identificaron correctamente en la plataforma 104 mil 635 aspirantes. De ese total, solamente 91 mil 802 realizaron el examen correspondiente. La institución dará una oportunidad más para aquellos solicitantes que por diversas circunstancias no completaron el proceso. También informó que “799 aspirantes fueron bloqueados por la plataforma Edtest.ai, que detectó a quienes incurrieron en actividades no permitidas en la convocatoria de admisión” (Tarjeta informativa No. 4. 19.06.2022)

En fin, quedan por explorar diversos ángulos del tema, como la regulación de la autoridad al respecto, los pronunciamientos de las organizaciones académicas, la experiencia internacional, la logística, las plataformas disponibles, entre otros. Por lo pronto, en México, tendremos un panorama más claro cuando se conozcan los resultados definitivos y ahí veremos si el futuro está en línea.

 

Pie de página. Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, propone una educación superior pública gratuita y una erradicación total del analfabetismo. Pendientes.

viernes, 17 de junio de 2022

Transparencia e información de interés público

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 952. Junio 16, 2022)

 

La respuesta debe llegar, a más tardar, la próxima semana. La petición en febrero de este año decía: “Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de todo el expediente sobre el proceso para designar o ratificar a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE, realizado este 29 de noviembre de 2021” (Expediente RRA 4444).

 

Una persona, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigió al Conacyt su solicitud, así como está en el párrafo anterior. El organismo, a su vez, mes y medio después, respondió que su Comité de Transparencia confirmaba que se trataba de información reservada y estaba clasificada por un periodo de tres años. El controvertido nombramiento del ahora titular del CIDE ingresó a la demanda de acceso a la información y al escrutinio público.

 

La norma prevé que, el recurrente, o sea la persona solicitante de información, se inconforme si la respuesta no le satisface. Y, como fue el caso, se inconformó: “Un documento clave en un caso que ha resultado de interés público NO debería estar reservado”. Así que al inicio del pasado mes de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) asignó la revisión del expediente al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

 

El Inai es el organismo autónomo que garantiza el acceso a la información no solamente del gobierno federal, también de cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad. O sea, interviene cuando el sujeto obligado (el gobierno o cualquier otra persona) no responde a solicitudes de una información que debe ser pública, o bien, declara su inexistencia o la clasifica como reservada.

 

Las leyes general y federal en la materia solamente consideran una docena de condiciones que permitirían clasificar una información como reservada. Por ejemplo, cuando compromete la seguridad nacional o la seguridad pública; menoscaba las negociaciones o relaciones internacionales; afecta las instituciones financieras; pone en riesgo la vida o la salud de una persona; o bien, cuando vulnera la conducción de los expedientes judiciales, un juicio en marcha o una investigación de delitos, entre otros.

 

La causal de vulnerabilidad de expediente judicial fue uno de los argumentos del Conacyt para reservar la información. No obstante, en su alegato ante el Inai, el organismo no probó con suficiencia la prueba de daño si se publicaba la información solicitada y ahora debe entregarla la próxima semana. El expediente del caso claramente anotó que: “no queda acreditada la casual de reserva prevista en el artículo 110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (pág. 29)

 

Por tanto, concluyó el expediente a cargo del comisionado ponente Acuña Llamas, se revoca la respuesta del Conacyt y se le instruye para que proporcione “todo el expediente relativo al proceso para designar o ratificar a José Antonio Romero Tellaeche”.

 

El pleno del Inai, en su sesión del pasado 8 de junio, resolvió en el mismo sentido y ordenó que en un plazo, “no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación”, debe cumplirse con la instrucción. Cabría suponer que el aviso ocurrió ese mismo día o al siguiente, así que la fecha vencerá la próxima semana.

 

¿Qué ocurre si no se cumple la orden? El Inai está facultado por la Ley Federal de Transparencia para aplicar medidas de apremio y sanción por el incumplimiento de sus determinaciones. Las primeras incluyen amonestaciones públicas o una multa que puede variar entre ciento cincuenta y hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización. La multa, dice la misma ley, no puede ser cubierta con recursos públicos.

 

No es la primera vez que una persona dirige una solicitud de información pública al Conacyt, tampoco la negativa del organismo a proporcionarla, ni la intervención del Inai para asegurar el acceso. La ocasión más reciente fue en marzo de este mismo año, cuando una persona solicitó los reportes financieros o informes sobre el presupuesto anual que destinó el Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., durante el periodo 2002 a 2021.

 

En fin, probablemente la semana próxima veamos qué responde el Conacyt y cómo concluye la resolución del Inai. Por lo pronto, con independencia del creciente conflicto en el CIDE o la actuación de los funcionarios gubernamentales, vale la pena notar la relevancia de preservar la transparencia de las instituciones y para el ciudadano la garantía del acceso a la información de interés público.

 

Pie de página:  Inquietantes, muy inquietantes, las cifras que dio Zoé Robledo, director general del Seguro Social, sobre la convocatoria de plazas para médicos. Dijo que de un total de 14 mil 323 plazas, “6 mil 963 tuvieron por lo menos una postulación de un médico o médica, en tanto que 7 mil 360 no tienen ninguna”, o sea, solamente la mitad.

viernes, 10 de junio de 2022

CIDH: ¿una ventana a la política interior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 951. Junio 9, 2022. Pág. 4)

 

La relatoría puntualiza que: “comparte la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil ante la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los investigadores por parte de la FGR, tomando en cuenta que las mismas han sido rechazadas en dos oportunidades por los tribunales y que los investigadores afirman haber cumplido con todos los requisitos de control económico ante el Conacyt” (CIDH-1179, 2021).

 

El párrafo previo es parte de la reciente publicación del V Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2021”. Y, como se podrá notar, se refiere al caso de México y la pertinaz demanda de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt.

 

La CIDH es parte de la compleja estructura administrativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, con base en las normas suscritas por los países miembros, se dedica a promover la defensa de los derechos humanos en la región. La Comisión realiza visitas a los países --algunas veces a solicitud expresa--, monitorea el estado que guardan los derechos humanos y publica un voluminoso informe anual de varios tomos y anexos. El párrafo citado al inicio forma parte de uno de los anexos, elaborado por la Redesca, esta última es un órgano de apoyo de la Comisión.

 

Los informes de la Comisión ponen en el escaparate internacional el amplio inventario de problemas de la región, como la pobreza, las dificultades para el acceso a la justicia o la constante violación de los derechos económicos, sociales y culturales. O bien, la grave vulneración de derechos humanos en algunas naciones que ameritan investigaciones especiales. Por ejemplo, en México, como olvidar el papel de la CIDH en el ominoso y triste caso de los 43 estudiantes normalista desaparecidos, mismo que derivó en la integración de un grupo interdisciplinario de personas expertas para indagar lo ocurrido.

 

El documento sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al que aquí nos referimos, es apenas un anexo de casi medio millar de páginas del extenso y complejo informe del 2021 de la Comisión. El apartado sobre México, de ese anexo, en particular el que se refiere al derecho a la educación, hace eco de la preocupación expresada en su momento a nivel nacional: la falta de acceso a internet de los estudiantes en el contexto de la pandemia y el efecto que tuvo, aún por determinarse, en el abandono y aprovechamiento escolar.

 

También, en el mismo apartado, el reporte expresa su preocupación por las acusaciones de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado que formuló la FGR en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt y hace notar que esa investigación es desproporcionada y de carácter político.

 

A ese respecto, en el reporte se anota: “la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión” (1178).

 

En realidad, la relatoría sintetiza lo que ciudadanos, la prensa y diversos expresiones de organizaciones nacionales e internacionales han reiterado sobre la actuación de la FGR: desproporción y discrecionalidad en sus acusaciones. Pero la relatoría de la CIDH tiene un peso relativo mayor, no solo porque se trata de un organismo internacional de defensa de los derechos humanos, también porque la Fiscalía, a pesar de todo, persiste en sus mismos afanes.

 

La FGR, después de que los tribunales le han negado en dos ocasiones las órdenes de aprehensión solicitadas, la última ocasión en septiembre del año pasado, lejos de abandonar el caso, duplicó su apuesta. Amplió la indagatoria sobre los 31 acusados a cualquier posible irregularidad del tipo que sea y añadió a la lista de indiciados a otras cinco personas más. Ahora suman 36.

 

Lo reprochable no es el temperamento del fiscal. Tampoco que la Fiscalía investigue y, si es el caso, sancione sea a quién sea. El problema es la opacidad de sus procedimientos, la selectividad de la justicia que imparte, las dudas sobre la utilización de las instituciones para fines personales, los arreglos en las filtraciones de las conversaciones privadas del fiscal, entre otras irregularidades.

 

La ventana que abre el informe de la CIDH muestra que hay razones para preocuparse por la política interior. Además de lo que ocurre con los investigadores, el reporte incluye el monitoreo general sobre los efectos de la pandemia en el derecho a la salud, las muertes del personal de salud, el porcentaje de muertes atribuidas a la mala calidad del aire, la vulnerabilidad del derecho a la educación en el periodo de contingencia sanitaria, la migración y la creciente violencia.

 

Pie de página: La inconformidad de la comunidad del CIDE es abierta y creciente, como lo expresó en su manifestación pública este sábado 4 de junio.// Mañana concluyen las jornadas del CLACSO: “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes Luchas y transformaciones”. Sí, en la UNAM.




jueves, 2 de junio de 2022

Conacyt: desacato al poder legislativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twuitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 950. Junio 2, 2022)

 

Las relaciones entre el Conacyt y el Congreso de la Unión, a lo largo de este periodo gubernamental, han sido ríspidas y poco fructíferas. El primero no debería olvidar que los diputados son los que aprueban el presupuesto anual y menos que, con año y medio de retraso, sigue pendiente la aprobación de la ley general del sector.

 

Los malos entendidos comenzaron desde el inicio del 2019. ¿Usted lo recuerda? Todavía ni siquiera aparecía la reforma del 3º constitucional de ese año, pero la fuerza política del partido gobernante, con señales cruzadas en ambas cámaras, no acordaron el mejor procedimiento para presentar un proyecto de ley del sector.

 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria de Morena, pero no de la comisión de ciencia, presentó en febrero de 2019 una iniciativa que seguía los lineamientos que había difundido el Conacyt. Lo inexplicable fue que la titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla, días antes había anticipado que más bien sería la comisión de ciencia de los diputados, en ese entonces presidida por la también morenista Marivel Solís, la que presentaría el proyecto de ley.

 

Luego, la propia Álvarez Buylla se dijo sorprendida, desconoció la iniciativa y dijo que la propuesta no formaba parte de la agenda legislativa del presidente. Al final, añadió que la ley se trabajaba con Julio Scherer, el entonces consejero jurídico de la presidencia. Ni uno ni otro proyecto se conoció. Un enredo, sencillamente.

 

Después vino la controvertida decisión presidencial de eliminar los fideicomisos públicos y el papel del Congreso para formalizar su desaparición en el año 2020. Otra vez, al interior de Morena, después de acercamientos y de sesiones de parlamento abierto, algunos legisladores se mostraron sensibles a las expresiones de inconformidad de las comunidades que no estaban de acuerdo, aunque las posiciones no eran unánimes. El último acuerdo parecía ser, en el periodo de receso legislativo, que no se eliminarían en su totalidad los fideicomisos.

 

Sin embargo, el presidente López Obrador reprochó públicamente al diputado Mario Delgado y al senador Ricardo Monreal, entonces líderes del Congreso, por no agendar el punto y apresurarse con la extinción de todos los fideicomisos (22.07.2020). Así que al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del mismo año y a pesar de los compromisos, una iniciativa del diputado Delgado propuso eliminar solamente 10 fideicomisos, luego los incrementó a 60 y al final fueron más de un centenar, o sea, casi todos.

 

Solamente quedaron a salvo unos cuantos fideicomisos, entre ellos algunos para Salud, para Pemex y para la Fiscalía General del República. Las dificultades para buena parte de las entidades que dependían de esos instrumentos financieros han sido inocultables; hoy siguen arrastrando pendientes para su funcionamiento y su futuro. Los casos no se limitan a los Centros Públicos de Investigación, también alcanza a instituciones culturales e instancias deportivas.

 

Las expresiones públicas de inconformidad con las decisiones del gobierno federal han sido diversas y crecientes. Tal vez lo más grave es que no intenta justificar las acciones ni explicar por qué proceder de una forma u otra. La autoridad federal simplemente pone en marcha sus iniciativas y ya, por más irracionales o descabelladas que parezcan.

 

En estas circunstancias no es ninguna sorpresa que buena parte de las comunidades estén tocando las puertas del Congreso. Después de todo, con funciones de contrapeso, el poder supremo de la federación se divide en el poder legislativo, judicial y ejecutivo e incluso, como lo establece la Constitución, no se pueden reunir dos o más de esos poderes en una sola persona o corporación (artículo 49).

 

Ciertamente, los legisladores no gozan de un aprecio social, diputados y senadores sistemáticamente aparecen en las posiciones más bajas en el índice de confianza ciudadana. Sin embargo, en la coexistencia de poderes de la Unión, la ley le otorga facultades, a las dos cámaras, para convocar a los titulares de las dependencias gubernamentales para que informen lo correspondiente a sus ramos o actividades e incluso cuando se discute una ley sectorial.

 

La doctora Álvarez Buylla, directora del Conacyt, ha sido invitada al Congreso en este año en dos ocasiones. La primera por la Comisión de Ciencia de los diputados en marzo de este año y la más reciente por la comisión similar de senadores el pasado 25 de mayo, pero en ambos casos declinó a última hora la invitación.

 

El senador Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política, como lo destacó la reportera Leticia Robles de la Rosa, ante la segunda cancelación, ha dicho: “Tiene que venir y no vamos a aceptar un desacato, tampoco desaire o desprecio a uno de los poderes, por una funcionaria, aunque sea muy importante” (Excélsior. 26.05.2022).

 

En fin, probablemente el retraso de una ley general del sector que debió estar lista en diciembre del año 2020 se debe, en parte, a esas relaciones poco edificantes entre el Conacyt y el Congreso. Tal vez solamente por mero pragmatismo, ni siquiera por lo que dice la ley, el organismo rector de la política científica y tecnológica debería considerar que el primer filtro del eventual proyecto de ley será en comisiones con los legisladores y esos mismos son los que aprueban anualmente el paquete económico de la federación. Sí, esos a los que ignora.

 

Pie de página: Por disposición de Hacienda, en todos los organismos desconcentrados, como los Centros Públicos de Investigación, desde el 31 de mayo no se pueden adjudicar plazas permanentes, ni eventuales ni por honorarios.