CDMX en la campaña. El efecto científico

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 756. Mayo 31, 2018. Pág. 5)

Las fichas de presentación personal, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, son ilustrativas de los principales trazos de quien aspira a gobernar la entidad. Las fichas, por cierto, no aparecen ahí en orden alfabético, pero aquí los fragmentos sí lo están: “Soy Mikel Arriola... Como esposo y padre de familia, como tú, estoy dispuesto a luchar por proteger la vida”. Y sí, esa ha sido la base de buena parte de la campaña del representante del PRI.

En cambio, la representante de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente” (Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano) dice: “Soy Alejandra Barales, quiero que siempre te sientas orgulloso de tu ciudad, por eso voy a trabajar con toda mi energía”. El planteamiento mimético es que la Ciudad de México (CDMX) es la jefa de todas las ciudades. Nada más. Bueno, también está la platafroma electoral.

Por su parte, la abanderada de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo) sostiene: “Soy Claudia Sheinbaum, Científica”. Así aparece, con mayúscula. Y sigue: “¿Sabes? Cuando uno estudia ciencia lo que busca es la solucion de los problemas. Si te preguntas ¿qué hace una científica metida en la política? Te digo que trabajo con pasión para aplicar lo que sé en resolver los problemas de la Ciudad que amo”. Aunque, el dilema científico, en sentido estricto, debe estar relegado, porque desde el año 2000 ha ocupado posiciones en el gobierno local.

Un doble eclipse mediático casi ha ocultado a otros candidatos y otros temas relevantes en esta campaña electoral. El primero es el de los candidatos presidenciales que han acaparado la atención pública y oscurecido al resto de aspirantes a otros puestos de elección popular. El segundo es la percepción de un buen número de ciudadanos que piensa que entre los principales problemas que tiene México está la inseguridad, la violencia y la corrupción; otros retos han pasado a segundo plano o se han difuminado completamente. No les falta razón, sin embargo, ahí no se acaban las decisiones en este año

El cálculo, como lo han dicho algunos analistas, es que el efecto de los candidatos presidenciales seguramente irradiará, para bien o para mal, a las otras posiciones en disputa, Así, las campañas se han centrado en apuntalar las propuestas y virtudes del candidato a la grande. Aunque, es probable que esta atención excesiva más bien sea un reflejo de los estertores (¿o reavivamiento?) del centro de gravitación fuertemente presidencialista que todavía domina la vida pública.

No obstante, no se puede subestimar la importancia de otras posiciones de elección popular y de otros temas en el debate público. En este espacio tenemos especial preocupación por los asuntos de política científica y tecnológica. Tal vez no sea una prioridad para los diferentes candidatos, pero necesariamente tomarán decisiones (o no) al respecto, por lo que vale la pena precisar que están proponiendo en sus plataformas electorales.

La plataforma del candidato priista Arriola simplemente ignora el tema. A pesar de que la CDMX tiene una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, nada se propone ni se menciona. Lo único que se incluye es un apartado de “Educación integral” y como parte de las acciones a desarrollar está la creación de un “sistema público y una plataforma tecnológica que permita el acceso libre a Internet y las tecnologías de la información en escuelas, plazas y espacios públicos”. Es todo.

En la plataforma de la candidata Barrales, el diagnóstico del sector es un párrafo en el que se destacan las cifras de hogares y negocios que tienen equipos tecnológicos o utilizan las tecnologías de la información. Nada más. Después, ahí mismo enumera cinco propuestas sumamente generales: dos que se refieren al acceso a Internet y ampliación de la infraestructura de banda ancha; otra para fomentar incubadoras de alta tecnología; y una más para promover el desarrollo de patentes y procesos tecnológicos por parte del gobierno y la iniciativa privada.

Por último, la aspirante Sheinbaum, en la plataforma electoral correspondiente se indica que el proyecto es “Innovación y esperanza”, el cual contiene cinco principios. El primero es el de la innovación, en el que se propone combinar la creatividad y el conocimiento. La utilización de las ciencias, la educación, la expresión artística y la tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes. “Cambiar la inercia en la solución de problemas a partir de soluciones innovadoras que coordine el gobierno y en la que participen la academia, la inicativa privada y la ciudadanía” (pág. 5). Es el documento más breve, pero más articulado, aunque tampoco es preciso en sus propuestas.

La CDMX no solamente es la entidad que concentra algunos de los mejores indicadores económicos, educativos y científicos de la República, el año pasado promulgó su Constitución y ahora estrenará un nuevo modelo de gobierno con alcaldías y concejales. Los temas educativos y científicos pueden no ser asuntos prioritarios, pero tiene una Secretaría de Educación, cuyos servicios no están descentralizados, y otra de Ciencia y Tecnología para la que no para existen propuestas.

“México en el Mundo”. Los becarios en el extranjero

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 755. Mayo 24, 2018. Pág. 4)

“Se necesita ser muy cínico para no conocer de Atlanta más que el lugar en donde vivía la familia y para no visitar ni una sola vez los consulados o a los migrantes”, espetó José Antonio Mead, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, esto en el marco del segundo debate presidencial del 20 de mayo.

El señalamiento era para Ricardo Anaya, el candidato de la coalición “Por México al Frente”, cuya familia vivió en Atlanta, la ciudad estadounidense, cuando él ocupaba cargos públicos entre 2016 y 2017. A su vez, el aludido respondió: “Hay una cosa peor que los engaños y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Mead es que él se fue a estudiar a Estados Unidos pagado por el gobierno mexicano y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. ¿Pues no que muy nacionalista? Los dos son unos hipócritas”.

El segundo debate tenía por tema “México en el Mundo”. Los subtemas eran: Comercio exterior e inversión; seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional; y derechos de los migrantes. La educación no era objeto de discusión –eso será en el tercer debate del mes próximo--; mucho menos lo eran los becarios en el extranjero. Sin embargo, la posición sobre estudios en el extranjero o sobre la educación pública no son un asunto menor, sobre todo si el tema era “México en el Mundo” y si el nuevo gobierno, independientemente de quien sea el ganador, estará obligado a presentar propuestas claras y precisas.

Desde luego, se entiende que las acusaciones entre candidatos, acerca de vivir o estudiar en el extranjero no son equivalentes y que se realizan en el contexto de una contienda electoral, en la búsqueda por ganar adeptos y como parte del espectáculo mediático de los enfrentamientos políticos entre candidatos. No obstante, revelan el talante de los contendientes y algo de lo que subyace a las posiciones públicas de los políticos.

¿No debieran becarse a los jóvenes para estudiar en el extranjero? Desde luego que sí. De hecho, desde la fundación de Conacyt, al comienzo de los años setenta, el principal apoyo fue para los estudios de posgrado en el extranjero. Esto es, del total de becas otorgadas, tres de cada cinco, eran para estudios en el extranjero. Claro, en ese entonces, la población total de posgrado apenas sobrepasaba los seis mil estudiantes y los becarios de Conacyt era de poco más de medio millar.

Actualmente, la proporción se ha invertido completamente, un número muy reducida de apoyos es para estudios en el extranjero. En el ciclo escolar más reciente, la matrícula total de posgrado es de casi 239 mil estudiantes –se multiplicó por un factor de 39 entre 1970 y 2017--, Conacyt reportó casi 59 mil becas (vigentes y nuevas; nacionales y al extranjero) y de ese total, solamente poco más de cuatro mil fueron para el extranjero. Esto es, el 7 por ciento del total de becas.

La razón de este viraje en la política de apoyos, ha dicho el gobierno mexicano, es que, antes, los posgrados nacionales no tenían la calidad suficiente para ofrecer una formación relevante y ahora, después de instaurar el Padrón Nacional de Posgrados, existe un número importante y variado de programas de posgrado acreditados por los cuales optar.

Otro cambio relevante es que, anteriormente, las becas al extranjero eran para cursar un posgrado completo y actualmente se ha sustitutito por estancias cortas, de uno o dos meses, o bien de un semestre escolar. Y no solamente para cursar una asignatura, también para estudiar un idioma, principalmente inglés.

 Entonces, ¿debiera o no becarse para estudios en el extranjero? Sí. Incluso, desde que el discurso sobre la sociedad del conocimiento se instauró en los planes nacionales de desarrollo y la internacionalización formó parte de las agendas de las instituciones de educación superior, la movilidad de estudiantes y académicos apareció como una de las prioridades. Por cierto, el tema del segundo debate era “México en el Mundo”, pero casi en su totalidad se centró en los migrantes y en buena medida en la relación con los Estados Unidos.

El problema, sin embargo, es que las becas  de posgrado (nacionales o para el extranjero), como el ingreso a la educación superior y como casi todo en México, se corta por el tema de la desigualdad. Las oportunidades no son para todos ni se distribuyen de la misma forma. Actualmente es menor, pero las becas de este nivel se han concentrado regionalmente y para los sectores más privilegiados. Desde los años noventa se ha documentado que los encargados de la educación pública envían a sus hijos a las escuelas privadas e incluso les puede ser más redituable enviarlos al extranjero.

Lo hemos dicho en múltiples oportunidades y lo volvemos a repetir: a pesar de su concentración, el Estado mexicano ha realizado un importante y generoso esfuerzo para incrementar la formación de alto nivel. Pero no es ni ha sido suficiente. Es momento de discutir a fondo. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y diferentes instituciones de educación superior han organizado para este mes y el próximo diferentes foros que pueden ser un buen inicio: “La investigación educativa ante el proceso electoral 2018” (www.comie.org.mx). ¡Avisados!

El sistema informático de Conacyt. Becas, otra vez

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 754. Mayo 17, 2018. Pág. 4)

Después de todo, la puesta en marcha de una nueva plataforma informática en Conacyt no ha resultado tan sencilla como se había previsto al comienzo; el proceso tampoco ha sido rápido. A diferencia de otras iniciativas que se plantearon al cuarto para las doce, el cambio de sistema informático no es reciente. Pero sí, igualmente fallido.

En el 2013, en el primer año de esta administración, comenzó a trazarse el plan estratégico en materia de información y tecnologías de comunicación de Conacyt. Las quejas sobre la plataforma que tenía el organismo (People soft) eran de tiempo atrás y cada vez más recurrentes. Así que era una buena idea cambiar el sistema informático.

Según el plan estratégico de cambio, el sistema y las bases de datos existentes del Consejo eran inadecuadas, inconsistentes e insatisfactorias para los usuarios. Un nuevo sistema permitiría una plataforma tecnológica uniforme, una arquitectura sólida, bases de datos integras y una nueva página web del organismo. El comité asesor aprobó el plan estratégico y el cálculo era que todo estaría listo en 2016.

El informe del 2016 del organismo reportaba: “Avance del 100 por ciento del proceso de estabilización y mejora para la operación de sistemas, bases de datos y portales del Conacyt; con base en las mejores prácticas internacionales el Conacyt está llevando a cabo la implementación de un centro de datos alterno de alta disponibilidad, que permitan la interconexión en tiempo real con el centro de datos primario”. Sin embargo, a pesar del avance del 100 por ciento no estuvo en ese año; tampoco lo está ahora.

Hace un año, Conacyt informaba: “Este lunes 8 de mayo, la plataforma anterior (conocida entre nuestra comunidad como People soft), bajo la cual usted ha interactuado con nosotros, será reemplazada por la plataforma CVU 2017, un desarrollo propio del Consejo. A partir de esta fecha, la plataforma  People soft, permanecerá sólo para consulta. Toda actualización de su información se realizará a través de la plataforma CVU 2017” (Comunicado 24/17).

Dos meses después llegó la prueba del ácido para la nueva plataforma: los detalles y el mecanismo de la primera evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) bajo el nuevo esquema informático. Personal del Ciesas y de otras instituciones se inconformaron públicamente por el formato, algunas de sus características y varios problemas para la captura de la información. Las autoridades del sector tomaron nota, modificaron algunos factores incomprensibles y el sistema siguió su marcha. Pero el nuevo sistema no fue obligatorio; la antigua plataforma no fue sustituida del todo.

En este año, el pasado mes de marzo, de nueva cuenta, otra vez a propósito de la evaluación del SNI –cuya convocatoria, por cierto, se retrasó--, las inconformidades del personal académico con la plataforma volvieron a surgir. Nuevamente, las autoridades intentaron remediar la situación y la fecha de mayo de este año para que cada investigador, solicitante de financiamiento para proyecto o aspirante a becario, migrara toda la información de la plataforma anterior a la nueva quedó sin efecto. Quedaron activos el viejo y el nuevo sistema.

Sin embargo, ahora, la dificultad más reciente del sistema informático es con los nuevos becarios. Al igual que el año anterior, la asignación de becas para estudiantes de posgrado tiene un retraso de cuatro meses. Estos jóvenes fueron admitidos en programas reconocidos de maestría o doctorado del Padrón Nacional de Posgrado y, conforme las reglas establecidas, son merecedores de una beca. Sin embargo, el semestre escolar está por concluir el mes próximo y siguen sin recibir el apoyo.

El problema, según precisó el director adjunto de planeación y evaluación del Conacyt, Miguel Adolfo Guajardo, es atribuible a la migración tecnológica de la plataforma y a algunas complicaciones que han surgido en ese proceso (La Jornada 15.05.2018). Seguramente, el nuevo sistema informático busca una convergencia de los diferentes servicios que proporciona Conacyt, pero lo cierto es que no está claro cuáles son las dificultades que tiene con los nuevos becarios y por qué está asociado con el depósito de las becas.

El mismo funcionario ha dicho que ya está resuelto el problema con alrededor de siete mil becarios y que seguramente esta semana quedará solucionado con los restantes. En total, los nuevos becarios de este año suman más de 30 mil y no es la primera vez que enfrentan dificultades.

De hecho, por diferentes motivos, se han inconformado públicamente y han formado una agrupación: la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. Una organización que les ha servido para coordinar sus protestas. La reducción en el volumen de becas otorgadas y cambio en las reglas para la asignación del apoyo han sido algunos de los detonantes.

En fin, tal vez pronto quede resuelta la asignación de las becas a los estudiantes de posgrado. Sin embargo, hasta en asuntos meramente técnicos, como la instauración de un sistema informático, las cosas no se resuelven con eficiencia o lo hacen demasiado tarde y mal.

Debate con aspirantes. La educación superior en las campañas electorales

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 753. Mayo 10, 2018. Pág. 5)

Es posible que la educación superior en México esté en el horizonte de una buena parte de los ciudadanos, pero seguramente no figura entre sus principales preocupaciones. En estas últimas, más bien, aparece el asedio de la inseguridad, el insufrible transporte público, lo azaroso de los ingresos, la estabilidad en el empleo o la corrupción. El tema tampoco es motivo de particular atención por parte de los actuales candidatos a la presidencia de la República. No debiera ser así.

Por una parte, la sociedad en general está más pendiente de lo que ocurre en la educación elemental y la media superior. Pareciera como si las expectativas se cumplieran si los adolescentes concluyen satisfactoriamente la educación secundaria e incluso se sobrepasaran si logran ingresar a la media superior. Es una especie de resignación colectiva ante la inexorable operación del sistema educativo. Por otra parte, los aspirantes a la presidencia están por tomar posición sobre la reforma educativa que se puso en marcha en esta administración y el sistema de evaluación de los profesores, es lo visible y es sobre lo que se les exigen definición. Lo demás será lo de menos.  

Después de todo, estas inclinaciones revelan la demografía y la morfología de nuestro sistema educativo: un sistema sumamente piramidal. Actualmente, en todos los niveles, están matriculados 34.7 millones de niños y jóvenes. De ese total, el 75 por ciento está en la educación básica y el porcentaje alcanza el 89 por ciento si le sumamos la media superior. O sea, el mayor bloque lo constituye la educación básica, pero no es solamente que sea la base de la escalera curricular. No. La secundaria o la media superior, para muchos, es el último peldaño de su formación escolar y de su vida en las aulas.

Pese a los esfuerzos de las últimas dos décadas, la educación superior sigue siendo un asunto de pocos, de muy pocos. En valores absolutos, el volumen total de la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica suman 3.4 millones, la cifra no parece desdeñable. Sin embargo, frente a la matricula total del sistema educativo, la población en México o el grupo de edad, los números sí son muy menores. Solamente considérese que en las aulas universitarias apenas está un tercio de los jóvenes que tienen la edad para cursar esos estudios. Ni hablar de posgrado.

El problema de las oportunidades educativas en el nivel superior, como lo más elemental y visible, no es reciente. Desde fines de los años ochenta y especialmente en los noventa se hizo notar, pero tal parece que quedó opacado por otros problemas o por las posiciones que adoptaron los tomadores de decisión. Tal vez usted recuerda la discusión que provocó la publicación de un documento del Banco Mundial (Higher Education: Lessons from Experience, 1994), cuando la influencia del organismo parecía inescapable. Ahí sugirió: mejorar la calidad en una época de restricciones fiscales y menor gasto por alumno; y concentrarse en educación básica, porque sus tasas de rendimiento social eran más elevadas y tenían mayor impacto para abatir la pobreza, en comparación con la educación superior.

Al final de los años noventa vino una especie de rectificación del mismo organismo en un siguiente documento (Peril and Promise: Higher Education in Developing Countries, 2000), en el que llamó la atención por la escasa prioridad que se le concedía a la educación superior y anotaba: “Los análisis económicos estrechos –y desde nuestro punto de vista erróneos— han contribuido a la visión de que la inversión pública en universidades y colleges tienen menores tasas de retorno, comparadas con las de escuelas primarias y secundarias, y de que la educación superior incrementa la inequidad en el ingreso”.

Ahora, casi dos décadas después, para empezar no solamente tenemos el problema de ampliar con mayor vigor el acceso a la educación superior, también tendríamos que resolver las graves asimetrías de calidad de los circuitos escolares, las lastimosas disparidades regionales e institucionales, así como la regulación y los modelos de referencia para el subsistema. Porque si bien en estos años la matrícula del nivel se ha expandido (al comienzo de los años 2000 la tasa bruta de escolarización era de 19 por ciento del grupo de edad), no ha sido en los ritmos que habrían sido deseables ni de la misma forma para todos los grupos sociales.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la organización más importante de directivos de este nivel educativo, y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, convocó a los actuales candidatos presidenciales para que expresaran sus planteamientos en la materia y la organización, a su vez, les entregó un documento de propuestas (Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación superior).

El único candidato que no asistió fue Andrés Manuel López Obrador, por problemas de agenda, dijeron de su oficina. Es, precisamente, el aspirante que está arriba en las encuestas y que, al menos por ahora, tiene las mayores probabilidades de ganar las elecciones. Lo preocupante es que también se trata del candidato que ha formulado las propuestas más imprecisas y más polémicas sobre educación superior.

En una entrega posterior comentaremos el documento de Anuies y las propuestas de los candidatos. Después de dos décadas, va siendo hora de mayor seriedad y prestarle más atención pública a la educación superior.

Los diputados. A evaluación sumativa

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 752. Mayo 3, 2018. Pág. 5)

La semana pasada comentamos, aquí mismo, la posibilidad de que en el periodo ordinario que acaba de concluir, los diputados aprobaran la propuesta de evaluarse a sí mismos. Sí quedó aprobada. No, no es que hayan cobrado conciencia de la impresión que ha dejado su desempeño en la ciudadanía; tampoco les dio un ataque repentino de rendición cuentas. Tienen una alta capacidad de previsión: la reelección a partir de la próxima legislatura. Bueno, su anticipación es de interés personal, pero sí, la tienen.

En la iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados, se menciona la opinión negativa que existe sobre los legisladores, así como la transparencia y el acceso a la información como base de la evaluación, pero sobre todo destaca que entre las razones para proponer un sistema de evaluación es que no existen  parámetros para evaluar y medir su desempeño de forma objetiva, integral, ágil y sencilla (Gaceta Parlamentaria No. 5006-IX. 17.04.2018)

El sistema de evaluación que propuso el diputado priista Edgar Romo, en realidad, solamente tiene los trazos generales de lo que podría ser, pero son suficientes para normar su diseño y su composición. Por ejemplo, establece que deberá incluir y ponderar todas las actividades que realizan los legisladores. Lo más importante es que los lineamientos y la implementación del sistema estará a cargo de un Consejo Coordinador. Un órgano que será colegiado, consultivo, informativo y cuyas decisiones “se aprobarán por consenso”.

La composición del Consejo Coordinador ya era altamente favorable a los diputados, lo dijimos la semana pasada (Campus Milenio No. 751). Sin embargo, el pasado jueves, en el pleno, cuando quedó aprobado el sistema de evaluación, de último momento, la comisión dictaminadora, tal vez para que el desequilibrio no fuera tan notable, incluyó un añadido a su dictamen previo. Fue la modificación sustantiva que hizo al proyecto original.

En la propuesta original estaban considerados: un representante por cada una de las fracciones parlamentarias, cinco miembros de la propia cámara con distintos cargos, representantes de instituciones de educación superior, de la sociedad civil y de empresarios (tres por cada sector). Si se consideran las fracciones parlamentarias actualmente existentes, los miembros internos sumarían 13 y los externos nueve.

No obstante, en modificación de último minuto, la comisión planteó que la integración del Consejo Coordinador fuera no solamente de cada una de las fracciones parlamentarias, sino que también incluyera un representante de los diputados independientes y los titulares de dos de sus centros de estudios. Además, propuso que para los externos, en lugar de tres por cada sector, serían cinco. Es decir los miembros internos sumarían 16 y los externos 15. El desequilibrio ya no era tan marcado, pero a fin de cuentas sigue siendo favorable a los diputados.

Si el propósito básico del sistema de evaluación es aportar elementos para valorar el desempeño de los diputados, estamos hablando de una evaluación sumativa. Esta última se identifica porque se concentra en la medición de los resultados para decidir si se otorga una calificación favorable, un incentivo extraordinario o, como en este caso, una reelección. Otro tipo de evaluación es la formativa, en este caso se valoran más bien los procesos, lo cualitativo y se enfatiza el mejoramiento del desempeño, más que los productos.

¿Qué tipo de evaluación están proponiendo o propondrán los diputados? Por lo pronto, se aseguraron que el órgano que tomará las decisiones está de su parte. Un dato que distorsiona y anula cualquier principio de objetividad o imparcialidad de un ejercicio de evaluación del desempeño.

Cuando quedó aprobado el sistema de evaluación, en la penúltima sesión del periodo, no hubo mayor discusión ni trámite. El diputado presidente de la sesión y también proponente del proyecto dijo: “Por lo tanto, al no haber oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema hasta por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con las modificaciones debidamente publicadas” (Versión estenográfica 26.04.2018).

Y sí, la propuesta quedó aprobada con 358 votos a favor, una abstención y dos votos en contra. Estos últimos fueron de los diputados Ángel Rangel (PRI) y Salvador García ( Movimiento Ciudadano). Ninguna razón pública de su voto en contra. Todavía en la sesión final, el diputado Romo, dijo: “Podemos sentirnos orgullosos de ser la legislatura que se atrevió a institucionalizar un nuevo sistema de evaluación de diputados... En fin, cumplimos el deber, guiados por el compromiso que entraña nuestro carácter de representantes populares. Nos empeñamos en avanzar en la construcción de una legislación acorde a las demandas de los mexicanos y se lograron resultados importantes” Ajá.

Posdata: Como era previsible y aquí también lo comentamos, la propuesta del ejecutivo federal para reformar la ley de ciencia y tecnología llegó mal y tarde, muy tarde. No pasó. Casi como todo lo que se intentó.