Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 803. Mayo 30, 219. Pág. 5)
Los recortes en el presupuesto no
solamente están quitando la grasa, también se llevan el músculo y, lo peor,
parece que ya tocaron la estructura ósea de la administración pública. El
calendario del presupuesto autorizado, a entregarse mes a mes a ciencia y
tecnología (el ramo 38), apenas fue publicado el pasado mes de enero en el Diario Oficial de la Federación y, sin
embargo, tres meses después resulta que parte de los fondos podrán mantenerse
en reserva. Es decir, no entregarse en las fechas ni en los montos previstos.
El tratamiento otorgado al sector
científico y tecnológico es muy distinto al de otros sectores. En primer lugar,
respecto a 2018, como lo hemos reiterado, no obtuvo ningún incremento en su presupuesto
para este año. Por el contrario, tuvo una reducción, a pesar de la promesa del presidente
López Obrador que había anticipado un incremento, o bien, mantener el mismo
nivel.
En segundo lugar, la corrección
de errores no se produce o se hace con demora. La rectificación en el
presupuesto que aprobaron los diputados nunca llegó, como sí ocurrió con el
subsidio a universidades. También, en los institutos del sector salud, luego de
la sustitución del titular del IMSS, la proliferación de testimonios y el
recuento de daños, vino la rectificación y la Secretaría de Hacienda regresó 2
mil 400 millones de pesos que tenían asignados pero que la secretaría los
mantenía en “reserva”. No ha sido lo mismo en el sector científico y
tecnológico.
Lo dijimos aquí la semana pasada:
la situación es anómala y relativamente preocupante. Porque las reservas al
presupuesto ya están operando y todavía no se expide la Ley federal de
austeridad republicana de Estado, la norma que establecerá criterios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en el ejercicio de los
recursos públicos. Tampoco está aprobada la reforma a la Ley general de
responsabilidades administrativas ni a la Ley federal de presupuesto y
responsabilidad hacendaria. Falta la aprobación del Senado.
Sin embargo, el memorando del 3
de mayo del presidente López Obrador endurece todavía más las restricciones en
el ejercicio del gasto público e instruyó a ponerlas en marcha ya mismo. Incluye
medidas en materia de nómina y gasto operativo que significan limitación de
personal y reducción “inmediata” del 30 por ciento, respecto del presupuesto de
este año, a aplicarse en diferentes rubros de gasto, y otro de 50 por ciento en
otros rubros.
La normatividad es para todas las
dependencias de la administración pública federal y los Centros Públicos de
Investigación (CPI) están incluidos porque son entidades paraestatales, aunque
su función sustantiva es otra. Por la misma razón, el pasado 15 de mayo, estos
Centros solicitaron públicamente que no se les aplicara el recorte. No se ha
rectificado.
Por ejemplo, trabajadores
contratados por honorarios informaron en redes sociales que el Instituto Mora,
acatando la instrucción
del memorando del 3 de mayo, tomó la decisión de recortar 40 por ciento de los
trabajadores de esa categoría. Este Instituto tiene autorizados poco más de 175
millones en este año. En el mismo
sentido, el Centro de Investigación y Asistencia
en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), cuyo presupuesto para
este año es 186 millones de pesos, informó a su comunidad que pondría en marcha
medidas de ahorro de energía, las cuales incluyen suspender el uso de cafeteras
eléctricas, la carga de celulares y ni hablar de aire acondicionado (Oficio DG 279/2019. 21.05.2019).
El último párrafo del artículo 58
de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (LFPRH) dice: “No
se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación”, salvo algunos supuestos y
aprobación de los diputados.
Entonces, aunque las leyes
respectivas no están listas ¿se puede aplicar el memorando del 3 de mayo en las
dependencias? Es un hecho. La LFPRH prevé adecuaciones presupuestarias en las entidades,
tanto si ocurre una disminución en los ingresos a distribuir (artículo 21) o si
permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas (artículo 58 y
ss). Sin embargo, no estamos en ninguno de los dos casos, pero la ley es
flexible.
Tal vez lo que está ocurriendo en
el sector educativo y en el científico y tecnológico no
alcanza una alta visibilidad pública, ni es socialmente tan sensible como el de
la salud. No obstante, es igualmente grave. Si no se rectifica a tiempo, podríamos
terminar con daños estructurales en el servicio público; los efectos serán
inexorables y difíciles de revertir.
Pie de página. ¿El relevo en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales también será un cambio en la política de Estado en materia
de protección ambiental, agroecología y transgénicos? Ya lo veremos.
