¿Evaluación sofisticada de las revistas científicas?

 

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

En los años noventa comenzó el desatado delirio por la evaluación como instrumento principal de la política pública. Hoy, casi un cuarto de siglo después, persiste y cada vez alcanza mayores proporciones. Las revistas científicas nacionales no han escapado a las medidas de regulación.

 

 

Sin embargo, a diferencia del despliegue público sobre la evaluación del desempeño individual, el de programas o el institucional, los cuales desde un inicio suscitaron, y siguen generando, reacciones encontradas, la evaluación de las revistas transita por un circuito más pequeño y acotado, pero con gran efecto sobre el conjunto del sistema científico y tecnológico. Ahora, como ocurre en otros terrenos de la evaluación, comienza a mostrar su agotamiento.

 

 

En el periodo de Fausto Alzati (1991-1994) se publicó la primera convocatoria para integrar el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IREMICYT), aunque el entonces titular de Conacyt es mayormente recordado por sus incidentes mediáticos.

 

 

Un índice se elabora agregando diferentes variables que supone son parte de un mismo fenómeno y, al añadirlas, se les otorga un peso relativo, respecto de las demás, para sumar todos los efectos. No obstante, como el mismo Conacyt reconoció desde el comienzo, no intentaba crear un índice propiamente, como el Science Citation Index, ni hacerle frente a ese u otros similares; más bien intentaba diferenciar y seleccionar algunas revistas del conjunto existente en el país.

 

 

Según los principios que se enumeraron, la creación del IREMICYT buscaba: determinar cuáles revistas podían ser financiadas con base en criterios académicos; una jerarquización para el otorgamiento de los recursos financieros; constituir una referencia cualitativa para que los investigadores supieran donde publicar sus trabajos; y una forma objetiva de facilitar la evaluación de los patrones de publicación del personal académico.

 

 

El caso es que el IREMICYT, al comienzo, solamente utilizó dos grandes componentes para valorar la inclusión o no de las revistas: la calidad de su contenido, así como el formato y características de la revista. El primero centrado en verificar si los artículos publicados eran resultados de investigación y si la publicación estaba respaldada por un consejo editorial. A su vez este último debía estar integrado por investigadores reconocidos, de diferentes instituciones y, sobre todo, evitar que el director de la institución patrocinadora fuera ex oficio el director de la revista.

 

 

Los aspectos relacionados con el formato debían observar diferentes principios. Por ejemplo, contar con una antigüedad de por lo menos tres años, una periodicidad semestral mínima, los artículos con fechas claras de recepción y aceptación, datos de identificación institucional de los autores, entre otros.

 

 

Los datos se mueven continuamente pero se supone que existen en México cerca de dos millares de revistas y desde la primera convocatoria se presentan más de un centenar. Del total de solicitudes,  poco más de la mitad son aceptadas y sistemáticamente, cada convocatoria, el número disminuía. En el año más reciente suman 120 revistas aceptadas; más de la mitad son de humanidades y de ciencias sociales, lo cual se considera que no necesariamente es positivo.

 

 

Al comienzo, el Índice mostró cierta efectividad para regular y discriminar el panorama de las revistas. Pero, como también ocurrió en otros ámbitos, los mecanismos de evaluación paulatinamente se extraviaron, al añadir más y más elementos de evaluación, integrando un sistema minucioso y sofisticado, pero demencial y poco útil.

 

 

Por ejemplo, los criterios generales de evaluación de la convocatoria más reciente, solicita: “Entregar lista de árbitros activos durante el periodo de evaluación de la revista, incluyendo las tres últimas citas de los trabajos publicados por cada árbitro”. Una barbaridad que solamente puede imaginar alguien que desconozca el volumen y flujo de árbitros, dictámenes y artículos que circulan en una revista, tanto como el tiempo que se debe invertir para encontrar las citas de una sola persona.

 

 

En el transcurso de las últimas dos décadas hemos edificado un complejo, variable, sofisticado y costosísimo sistema de evaluación de actividades y personas. Desmontarlo es muy complicado, pero será peor persistir. Llegó el punto de retorno: conservar la rendición de cuentas y volver a un sistema más sencillo, basado en la confianza y la mejora.

 

 

(Publicado en Campus Milenio No. 586. Noviembre 27, 2014, p.5)

 

CMI: La distribución de oportunidades educativas en un país desigual

 

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

Mery Hamui

UAM-A / Sociología de las Universidades

mhs@correo.azc.uam.mx
 

Don Carlos Muñoz Izquierdo, tras una larga batalla contra una dura enfermedad, falleció al comienzo de la semana anterior. Un ser entrañable en el ámbito de la educación, formador de múltiples generaciones, pionero de la investigación educativa, particularmente de los estudios sobre financiamiento educativo, y ante todo una persona gentil, respetuosa y ampliamente respetada. La ausencia de Muñoz Izquierdo deja un vacío en la investigación educativa, pero también una obra cuantiosa y variadas enseñanzas.

Desde mediados de los años sesenta, hace casi medio siglo, comenzó el interés de Muñoz Izquierdo por los temas de la economía y el financiamiento de la educación, con sus textos señeros sobre La inversión en el sistema educativo nacional hasta 1970 y sus fuentes de financiamiento; La educación en el desarrollo económico nacional (en coautoría); Una exploración de los factores determinantes del aprovechamiento escolar en la educación primaria; o La enseñanza técnica en México, a los cuales se fueron sumando muchos otros, más o menos sobre la misma temática en las décadas siguientes, hasta alcanzar una vasta producción.

Los textos de don Carlos Muñoz circularon profusamente en las aulas universitarias –y no universitarias--, para nosotros, al igual que para muchos otros, fueron parte de los materiales obligados de formación. En sus manuscritos desmitificó el valor asignado a la educación, porque mostró en buena medida la invalidez de los supuestos expansionistas que orientaron las acciones educativas del Estado desde 1921 y que no habían alcanzado una justa distribución de las oportunidades educativas que permitieran el desarrollo de una fuerza de trabajo más productiva y, todavía menos, favorecer un mayor acceso de los sectores más desprotegidos. Además, en la etapa que comenzaba a ponerse en tela de juicio la función social de la escuela, evidenció algunos de sus efectos negativos al descubrir el modo en que contribuía en la reproducción de las desigualdades sociales y puso en cuestión los límites de la educación para la movilidad social.

Al inicio, conforme el desarrollo de la disciplina y las circunstancias generacionales lo permitieron, sus explicaciones se basaron en un paradigma funcional con énfasis en la dimensión económica. Una de sus primeras hipótesis desarrolladas era que “Las desigualdades educativas son originadas por un conjunto de factores externos a los sistemas educativos, por lo que tales desigualdades derivaban de las que ya existen entre los distintos estratos integrantes de la formación social en la que los sistemas educativos están inmersos” (Muñoz Izquierdo, 1996).

Esta hipótesis colocaba en el centro del análisis a las variables sociales y económicas como factores determinantes de las desigualdades educativas e identificaba en los antecedentes familiares y culturales del alumno las causas fundamentales del fracaso escolar. Esta explicación fue objeto de fuertes críticas, debido a que reducía el análisis de los resultados escolares al impacto de los factores extraescolares. Surgió así la necesidad de identificar los factores endógenos y los procesos educativos que contribuyen desde las aulas al fracaso del sistema escolar.

Don Carlos, entonces, analizó el funcionamiento al interior de la escuela, esto es, los insumos, los procesos educativos y cómo éstos influyen en los resultados escolares. Encontró que la oportunidad educativa pensada en términos de permanencia y logro escolar está determinada, en efecto, por un conjunto de factores exógenos al sistema educativo así como por los insumos y los procesos que se desarrollan dentro del mismo sistema escolar.

Don Carlos buscaba soluciones mediante programas en el sector laboral y en la educación superior, para que éstas últimas desempeñaran un papel proactivo en las futuras ocupaciones de los egresados. Cabe señalar que las propuestas sugeridas fueron en torno a lograr equidad y relevancia de la educación superior y se referían a los diseños curriculares y a la formación del personal docente requerido para impartirla. Estas sugerencias apuntaban hacia la necesidad de generar una educación más crítica, creativa, reflexiva y adaptada a las características de diversos demandantes. En su texto Mitos y Realidades de la Relación Universidad –Sociedad, Muñoz Izquierdo ponía sobre la mesa la cuestión de la pertinencia de la curricula y expresó sus dudas sobre la vinculación entre investigación y docencia en la licenciatura.

El cuestionamiento continuo sobre la función social de la educación en los textos de Muñoz izquierdo ha dejado huella no sólo en los autores de estas líneas, también ha sido parte fundamental de las preocupaciones de los sociólogos de la educación y de los tomadores de decisión. Imposible soslayar las preguntas que recurrentemente formuló: ¿Qué función deben desempeñar las instituciones de educación superior (IES) para impulsar -junto con otras instituciones y dependencias del Estado- la movilidad social intergeneracional en sentido ascendente? ¿Cómo deben contribuir  dichas instituciones en el desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Cómo lograr la vinculación de los egresados de las IES y el empleo y, más aún, la creación de “empleos decentes”? ¿Cuál es el impacto que generan las IES en la productividad de los recursos  humanos?

Muñoz Izquierdo ensayó diferentes metodologías para aventurar posibles respuestas y entre ellas destacaron sus ejercicios de prospectiva, los cuales incluyeron la construcción de diversos escenarios y una reflexión sobre sus implicaciones. Don Carlos también propuso medidas que bien podrían ser consideradas en el planteamiento de algunos problemas, lo mismo que para atisbar acciones en busca de soluciones.

Por ejemplo, el sistema productivo muestra una insuficiente absorción de los egresados de la enseñanza superior y/o algunos egresados aceptan ocupaciones menos productivas que aquéllas a las que se orientaron en sus carreras. La situación parte del siguiente hecho social: en la presente década, el sector formal solamente ha creado alrededor de un 40 por ciento del total de empleos que hubieran sido necesarios –ya no digamos para eliminar el desequilibrio descrito- sino  para evitar, apenas, que la magnitud del mismo siguiera aumentando.

En virtud de lo anterior, con frecuencia se ha afirmado que en México existe una “sobreoferta” de profesionales. Sin embargo, Don Carlos consideraba que lo registrado en México es, en todo caso, un “déficit de demanda”. Es decir, una incapacidad estructural de la economía para absorber en condiciones aceptables a los egresados de la educación superior.  La causa principal de este problema se encuentra en las condiciones en que se ha venido desarrollando la economía durante las últimas décadas. El desequilibrio también es atribuible a la forma en que está concentrado el ingreso nacional, ya que no estamos generando suficiente demanda por servicios profesionales, debido a que el gobierno no está recaudando los impuestos que serían necesarios para crear esa demanda en el sector público y también porque los estratos sociales de la mayor parte de las familias mexicanas no tienen el poder de compra que sería necesario para poder emplear a los egresados.

Una visión prospectiva también sugería no olvidar que se intensificará la integración de bloques económicos y que la economía nacional estará cada vez más expuesta a las fluctuaciones que se registren en los países económicamente más desarrollados del mundo. Los efectos que esta dinámica genere en nuestro país dependerán del grado en el cual considerables cantidades de empresas pequeñas y medianas (pymes) logren –o no- incorporarse como proveedoras a las cadenas productivas que están destinadas a producir bienes y servicios exportables. Algunas de esas pymes podrán permanecer al margen de dichas cadenas -lo que les permitirá gozar de cierta autonomía con respecto a las fluctuaciones del comercio exterior-, sin embargo, hay indicios de que esa estrategia difícilmente les asegurará su supervivencia a largo plazo, con excepción de aquellas que ocupan los escasos “nichos de mercado” que no son interesantes para las empresas ubicadas en el exterior.

La pregunta que surge entonces es ¿hacia dónde van las profesiones y cuáles podrían tener mayor demanda? De acuerdo con Muñoz Izquierdo, era indudable que el comportamiento de la demanda de profesionales dependía -cada vez en mayor grado- de que las actividades productivas adoptaran las nuevas tecnologías relacionadas con la comunicación y la informática (conocidas como TIC). De hecho, don Carlos elaboró un esquema analítico alejado del que tradicionalmente había sido utilizado para examinar las relaciones existentes entre la escolaridad y el sistema productivo.

En el esquema que propuso Muñoz Izquierdo, relaciona las diferentes funciones que son desarrolladas por los profesionistas y técnicos, con los ámbitos del sistema productivo en los que esas funciones son desempeñadas; lo que supone observar el destino (y no el origen) de los bienes y servicios producidos, en ello se puede esperar un incremento importante en la demanda correspondiente a los programas de posgrado.

En síntesis, Muñoz Izquierdo propuso cuatro escenarios alternativos a esta problemática en la que sugirió que en el diseño e instrumentación de los programas hubiera un replanteamiento estructural de los contenidos, métodos y técnicas de la educación, la investigación, la difusión y los servicios universitarios. Por supuesto, también exige reorientar las profesiones, revisar la producción y distribución de los conocimientos y su organización disciplinaria, así como las relaciones de las IES con la sociedad más amplia. Los cursos de acción, ciertamente, demandan realizar esfuerzos de enorme envergadura, pero si esos esfuerzos son llevados a cabo exitosamente, las instituciones de educación superior habrán contribuido a construir una sociedad más productiva, justa y solidaria.

Las preocupaciones de Muñoz Izquierdo no se circunscribieron al terreno de la investigación educativa o a la extensa e intensa labor docente que desarrolló durante su carrera, también participó en iniciativas sociales: fue miembro fundador y participante activo en el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE). Un organismo de vigilancia social en el terreno educativo, el primero en crearse a nivel nacional en 1998 y dedicado a analizar crítica y propositivamente las políticas educativas. En ese espacio, hoy tan ausente como necesario, coincidimos y colaboramos sistemática y periódicamente en auténtico trabajo colectivo, un grupo personas interesadas en los problemas del sector. Desde luego, don Carlos, siempre mantuvo su disposición a colaborar, no solamente con su habitual gentileza sino con su proverbial eficiencia y particular sentido del humor.

La obra de Muñoz Izquierdo suscita sentimientos de admiración, gratitud y satisfacción intensos, pero sobre todo nuevas preguntas para la reflexión y opinión. Sin duda lo extrañáremos. Don Carlos, adiós.

(Publicado en Campus Milenio No. 585. Noviembre 20, 2014, p.6 y 7)

 

 

 

Las plazas un año después: ¿una novedad efímera para los jóvenes doctores?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

Lo novedoso de esta administración no fue la propuesta de alcanzar el uno por ciento respecto al PIB en investigación y desarrollo experimental. Tampoco plantear el impulso a la productividad y competitividad o la idea de crear nuevas instituciones de investigación; ni siquiera el establecimiento de temas y proyectos prioritarios en el sector. Estas medidas, más o menos, se ensayaron en el pasado.

 

La auténtica novedad fue la iniciativa de crear plazas para los jóvenes doctores, aunque hoy es incierto su alcance y continuidad. La propuesta se perfiló en noviembre de 2013, precisamente en el marco de las negociaciones y diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, ahí se reservaron los 550 millones de pesos que ahora se ejercen.

El programa se denominó “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores” y adquirió mayor precisión en febrero de este año, cuando se publicó la convocatoria correspondiente con requisitos y lineamientos a observar. En su momento dijimos que probablemente estábamos ante el inicio de un cambio profundo en el tipo de relación laboral de los académicos (Campus Milenio No. 548).

Sí, por primera vez, el gobierno federal experimenta con una nueva figura laboral en el mercado académico: nombramientos de confianza expedidos por Conacyt a jóvenes investigadores y tecnólogos que se presentaron a la convocatoria de las cátedras. Una política similar a la aplicada por Argentina a través de su Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Según los lineamientos de las cátedras mexicanas, los jóvenes seleccionados son comisionados a instituciones públicas de investigación, pero son reconocidos como personal académico del organismo. Esto es, Conacyt funge como el patrón, no las instituciones receptoras. Incluso, para efectos legales, el lugar en el que están adscritos, no se considera un patrón sustituto, beneficiario final o solidario.

De hecho, en las normas expedidas claramente se indica que: La institución de adscripción no tendrá ninguna relación de carácter laboral con el personal académico comisionado, ni este estará subordinado a la institución de adscripción, por lo que no asumirá responsabilidad alguna en materia laboral y de seguridad social, las cuales correrán a cargo del Conacyt (artículo 8 de los lineamientos).

Por supuesto, la institución de adscripción tiene derechos y obligaciones, pero se especifican en los convenios de asignación de recursos humanos que firma con Conacyt. Por ejemplo, algunas de las obligaciones de la institución son proporcionar a los jóvenes investigadores un espacio físico y servicios de apoyo como lo hace con el resto de su personal, lo mismo que hacerse cargo de los viáticos para su participación en seminarios, congresos y proyectos.  

Uno de los aspectos más complicados es el de los derechos de propiedad y de autor que se generan por parte de los comisionados. Al respecto, en el convenio se establece que Conacyt no tiene interés jurídico en esos derechos, sino que serán de la persona física o moral, a quien conforme a derecho le correspondan, pero que la “institución de adscripción  se obliga a compensar o estimular o participar” a los comisionados, en los mismos términos en que lo hace con su personal. Un probable punto de tensión.

Conacyt, como patrón, se hace cargo del salario y de las prestaciones laborales que establece la Secretaría de Hacienda. Desde el comienzo se anunció que seguramente el sueldo mensual para los comisionados sería de 37 mil pesos y un apoyo inicial, por única vez, de 500 mil pesos. La comisión sería por diez años y puede ser renovada tantas veces como sean necesarias, siempre con evaluaciones de por medio.

Los resultados de la convocatoria de la cátedras comenzaron a conocerse el pasado mes de agosto y poco a poco se está completando la información, aunque todavía es necesario desagregar más datos y conocer la recepción que tienen los jóvenes aceptados. Actualmente, tal parece que ya fueron asignadas las 574 plazas y un primer dato que muestra la importancia del tema es que alcanzaron lugar dos de cada diez, puesto que, según el diputado Rubén Benjamín Félix, presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados, se presentaron alrededor de 3 mil aspirantes.

En la convocatoria se especificaron siete temáticas que agrupaban una treintena de retos. Las instituciones interesadas debieron presentar un proyecto grupal (incluir entre tres y cinco jóvenes investigadores) y/o individual (solamente un investigador). A su vez, los aspirantes a las cátedras tenían que inscribirse en el Padrón de Jóvenes Investigadores del Conacyt, puesto que de ese listado serían seleccionados. Los temas fueron: a) ambiente; b) conocimiento del universo; c) desarrollo sustentable; d) desarrollo tecnológico; e) energía; f) salud y g) sociedad.

En total, Conacyt reporta que el programa de cátedras suma 333 proyectos (105 grupales y 228 individuales). En la distribución de proyectos por tema: desarrollo tecnológico: 93 (21 de grupo y 72 individuales); salud: 56 (18 y 38, respectivamente); ambiente 42 (13 y 29); desarrollo sustentable 42 (20 y 22); energía 38 (9 y 29); conocimiento del universo: 35 (9 y 26); y sociedad 27 (15 y 12).

Según las cifras, en un extremo está el tema de desarrollo tecnológico con el mayor número de proyectos y en otro el de sociedad. El primero concentró más de una tercera parte de las 574 nuevas plazas. El Distrito Federal también concentró el mayor número de plazas asignadas: 89; le siguió Oaxaca con 35; luego Michoacán con 33; y al final Tabasco con 3 plazas.

Las universidades públicas, los centros públicos de investigación Conacyt y las instituciones de educación superior federales, como era de esperarse, concentraron el mayor volumen: 176, 151 y 121 plazas, respectivamente. Números más modestos, de 30 a 40 plazas, fueron para otros centros públicos de investigación, instituciones tecnológicas y de salud.

El total de 574 nuevas plazas es relativamente pequeño, comparado con los 3 mil nuevos doctores que egresan cada año en México y sobre todo frente a la demanda acumulada de la última década o quinquenio. Sin embargo, se trata de ese tipo de iniciativas estratégicas, muy localizadas y de gran efecto mediático, que pueden modificar al sistema en su conjunto, especialmente si se sostienen a lo largo del tiempo.

El asunto es que necesitamos una mayor desagregación de la información del programa, también requerimos saber cómo fue y qué resultará de la peculiar inserción de los comisionados, e incluso si tendrá continuidad el programa. Por lo pronto Conacyt, en el proyecto del PEF para el año próximo, en lugar de preveer un  aumento de nuevas plazas-cátedra, respecto a las que se crearon en este año, las redujo a 225 (estrategia programática del PPEF 2015).

Es posible que, como dijo el presidente de la comisión de ciencia de la Cámara, Félix Hays, los diputados incrementen los recursos del PEF para crear 700 nuevas plazas-cátedra. O tal vez no. A más tardar este 15 de noviembre estaremos enterados. El caso es que está en suspenso la viabilidad y alcance de las cátedras; el Peciti ni las menciona. Lo cierto es que el tema de las finanzas públicas no pinta nada bien, el panorama político menos y el desánimo se acumula en miles de jóvenes. 

(Publicado en Campus Milenio No. 584. Noviembre 13, 2014, p.28)

Los ritmos de la formación de alto nivel

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

En entrega anterior comentamos que la preocupación por los estudios de posgrado, particularmente del doctorado, comenzaron tardíamente en México. Asimismo, advertimos que la misma situación se podría repetir en el caso de las estancias de investigación y los posdoctorados.

No solamente es el efecto de un incremento sucesivo de los grados escolares que presionan por elevar el nivel educativo. Una especie de reacción en cadena de los flujos escolares: un mayor número de egresados de un nivel tiene un impacto en el siguiente, éste en el subsecuente y así hasta llegar al más alto nivel.

Aunque ha crecido la cobertura del sistema educativo en todos los niveles (alcanzando la universalización de la educación primaria) e incrementado el promedio de escolaridad de la población, todavía quedan grandes pendientes en la retención en la media superior y el cumplimiento de su obligatoriedad, lo cual deberá hacerse realidad en el 2021. Ni se diga en materia de cobertura en educación superior que hoy solamente alcanza a tres de cada diez jóvenes del grupo de edad.

Entonces, por un lado, todavía hay espacio para la expansión del sistema educativo y la presión en su cúspide será mayor en el futuro cercano. Por otro lado, a pesar de la baja cobertura de educación superior, se registró un crecimiento importante en la oferta de estudios de posgrado, lo cual implicó la necesidad de instaurar un padrón de programas, como un mecanismo para regular y diferenciar su calidad. Un padrón que crece y persiste hasta hoy.

El asunto es que incluso con un volumen relativamente reducido de recursos humanos a nivel profesional y de posgrado, ha sido evidente la dificultad para ofrecerles espacios laborales acordes a su formación y expectativas. Lo sorprendente es que en esta situación, no solamente no disminuye la demanda educativa, al contrario, aumenta y especialmente en el nivel más alto.

Desde mediados de los años setenta, ante el desempleo y subempleo de profesionistas, cuando se puso en cuestión la idea del pleno empleo sostenida por la teoría del capital humano, se advirtió el fenómeno de la sobreeducación. Lester Thurow planteó que invertir en un mayor nivel educativo y/o esperar en la fila de los mejores empleos, era una “estrategia defensiva” preferible, en lugar de tomar cualquier puesto, lo cual explicaba el aumento de la educación incluso en tiempos de crisis.

Ahora, en un escenario nacional --y también internacional-- de escasas oportunidades en el mercado de trabajo y una benevolente política de apoyo para cursar estudios superiores, un sector de jóvenes opta por incrementar sus calificaciones escolares. El volumen es reducido, pero poco a poco la presión se ha desplazado de la maestría al doctorado y de éste al posdoctorado. El acomodo de los egresados no es sencillo.

Si el crecimiento del doctorado ha sido relativamente tardío aunque intenso en las últimas dos décadas, el del posdoctorado es todavía más reciente. En 1990, las estadísticas oficiales, con inexactitudes y variantes, hablaban de 17 posdoctorantes en el extranjero. Todavía en el año 2001, la cifra oscilaba entre 120 y 210 personas; en 2010 se dijo que se apoyaron a 74.

En el reglamento de becas de Conacyt del 2004, el penúltimo reglamento, ni siquiera mencionaba a los posdoctorados; apenas en el ordenamiento del 2008 se les incluye. En la definición que establece señala que la estancia posdoctoral está “dirigida a recursos humanos con grado de doctor para realizar estudios, desarrollar proyectos científicos o tecnológicos o para fortalecer programas de posgrado en los términos que al efecto se establezcan en la convocatoria o convenio correspondiente”.

El reglamento, también por primera vez, incluye a los posdoctorados –junto con el sabático— en la modalidad de beca de vinculación, no de formación de posgrado o de otro tipo. Más recientemente se ha impulsado con mayor vigor la idea de estancias posdoctorales nacionales vinculadas con el Padrón Nacional de posgrados de Calidad.

Seguramente, como también ocurrió con las becas de formación posgrado, el crecimiento de las estancias posdoctorales se incrementará en su vertiente nacional y en el extranjero conservará un volumen reducido.

Sea en uno o en otro lado, el asunto es si se trata de un cálculo meditado de formación de recursos humanos o de dilatar su ingreso a un mercado laboral refractario. Seguimos.

(Publicado en Campus Milenio No. 583. Noviembre 6, 2014, p.5)