martes, 31 de mayo de 2016

El desafío de la (des)igualdad


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


Las diferencias en el desarrollo mundial no constituyen ninguna novedad. Las cifras destacan un voluminoso y notable crecimiento de la economía mundial en las últimas tres décadas: los números se duplicaron en ese periodo. Nada menos. Sin embargo: “la realidad es que la distribución es enormemente desigual: entre 1988 y 2011, el 10 por ciento más rico de la población ha acumulado el 46 por ciento del incremento total de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo ha recibido el 0,6 por ciento” (OXFAM, 2016).

La distribución del ingreso tal vez es la desigualdad más notable y evidente, pero no es la única. Esa misma desigualdad está en estrecha relación e interdependencia con otro tipo de desigualdades, como la de género, la etnia, el lugar de residencia, el acceso al trabajo, la educación y otras más. La distribución del ingreso es básicamente económica, las restantes son predominantemente sociales y políticas.

Si bien la región latinoamericana no presenta los mayores indicadores de pobreza extrema y hambre a nivel mundial (ese lugar, nada envidiable, lo ocupan Asia meridional y África subsahariana, con alrededor del 80 por ciento del total de personas extremadamente pobres en el mundo), sí muestra la mayor desigualdad. Por la misma razón, algunos de los programas puestos en marcha por diferentes organismos de cooperación internacional, se han dirigido principalmente a tratar de contener el grave y dramático problema de la desigualdad social.

En el último decenio, el énfasis de organismos como Naciones Unidas, se ha dirigido a la búsqueda de una igualdad de oportunidades para el desarrollo de capacidades y al mismo tiempo en una actualización sobre la igualdad en la titularidad de derechos, sobre todo porque los segundos dependen de políticas públicas para la protección del empleo, el desarrollo productivo, el acceso a los servicios educativos, de salud, de seguridad social, entre otros.

En esta misma semana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realiza en la Ciudad de México su reunión bienal más importante para discutir centralmente el tema de la desigualdad. La Cepal es un organismo de Naciones Unidas, creada hace casi siete décadas, con la idea de impulsar el desarrollo económico de la región y estrechar lazos económicos entre los países.

En particular, en la reunión que se desarrolla en esta semana, se discutirá y acordará por ministros y expertos el documento “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, para intentar políticas y alianzas regionales que permitan una mayor igualdad. Es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos últimos son los que reemplazaron a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir de este año y que estarán vigentes por los próximos 15 años.

También, previo al encuentro, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena y el secretario ejecutivo adjunto, Antonio Prado, publicaron el libro “El imperativo de la igualdad.  Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” (disponible en el sitio electrónico de la Cepal).

Un texto que resume y ordena la posición de la Cepal sobre el tema de la igualdad. Una posición que, como se advierte en el prólogo mismo del libro reciente, la expresó parcialmente en tres documentos anteriores: La hora de la igualdad (2010), Cambio estructural para la igualdad (2012) y Pactos para la igualdad (2014).

Ahora, sintetizan una perspectiva sobre el desarrollo. Una que, dicen los autores, “integra las raíces del pensamiento estructuralista cepalino con una agenda ligada a la construcción de una sociedad de derechos, así como la agenda de preservación de la sostenibilidad ambiental y la emergencia de nuevas institucionalidades que promuevan la igualdad y los espacios donde esta se disputa”.

En el terreno de la educación, como distintos estudios han dado evidencia, mejoró el acceso para niños y jóvenes en las últimas décadas en la región. Sin embargo, por una parte, ahora son más notables las diferencias de logro entre estudiantes de diferentes grupos de ingreso económico. Por otra parte, el acceso no mejoró de la misma manera ni en la misma proporción para los estudiantes de los diferentes grupos de edad ni de los distintos estratos sociales.

Las oportunidades se reducen conforme más alto es el nivel escolar y también son menores para niños y jóvenes de hogares más desfavorecidos, todavía más en localidades rurales y según el sexo. Las desigualdades educativas son una piedra atada al cuello. Todo un reto.

Posdata: Me hicieron notar que la semana anterior dije, equivocadamente, que no estaban los resultados de la convocatoria a los repositorios institucionales. Sí, ya están publicados. Lo que sigue sin estar es el Repositorio Nacional.


(Publicado en Campus Milenio No. 658, Mayo 26, 2016, p.5)

viernes, 20 de mayo de 2016

¿Y el Repositorio Nacional?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99


Ya se cumplieron tres años desde que se comenzó a hablar en el Senado de una propuesta para normar el acceso abierto a la información académica, científica, tecnológica y de innovación. Aunque, ciertamente, en esta semana apenas se cumplen dos años desde que se publicó el decreto de reforma a la normatividad correspondiente. Nada sencillo debe ser poner en marcha este asunto.

El 20 de mayo de 2014 se publicaron las modificaciones a las leyes de Ciencia y Tecnología y de Conacyt, así como a la Ley General de Educación. Ahí quedaron las definiciones básicas del acceso abierto a la información y se delimitaron los ámbitos de competencia y responsabilidad de los sectores implicados.

Por ejemplo, a la ley de ciencia y tecnología se le añadió el capítulo X, para establecer en qué consistiría el acceso abierto y bajo qué mecanismos estaría disponible. Ahí se indicó que sería el Conacyt el encargado de diseñar e impulsar la estrategia para democratizar la información científica, “a texto completo, en formatos digitales”.

Una democratización que esencialmente consistiría en facilitar el acceso, la disponibilidad y la diseminación de la información a través de repositorios, a nivel institucional, disciplinario, regional y nacional, o bien, a través de redes o cualquier otro medio. Los repositorios fueron definidos como plataformas digitales que siguiendo estándares internacionales, almacenan, mantienen y preservan la información. 

También se precisó que por acceso abierto debía entenderse “el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor...” (artículo 65).

Nada menos, el Conacyt quedó como responsable de operar el Repositorio Nacional. Un sitio para concentrar, preservar y permitir el acceso electrónico a información y contenidos de calidad, “incluyendo a aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos” (artículo 70).

En los artículos transitorios del decreto se especificaron los plazos que debían cumplirse: 180 días para expedir los lineamientos y disposiciones para el funcionamiento del Repositorio Nacional y 18 meses, contados a partir de la publicación de los lineamientos, “para capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en materia de acceso abierto, diseminación de la información y funcionamiento del Repositorio Nacional”.

Los lineamientos fueron publicados la fecha prevista y, esencialmente, como lo anotamos en su oportunidad, fue un documento sumamente breve (Campus Milenio No. 588). En una veintena de artículos se ampliaron algunas definiciones básicas, se añadieron otras (la interoperabilidad o el catálogo Conacyt)  y, como generalmente ocurre con los grandes retos, se creó un comité interno para que tomara las decisiones correspondientes.

Un año después, en noviembre del año pasado, se publicó otro documento (“Lineamientos técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales”), complementario del anterior, en el que nuevamente se ampliaron las definiciones. Aunque, ahora sí, más extenso, más detallado, desagregando formas, procedimientos, áreas y responsabilidades.

Además, si el Repositorio Nacional en buena medida dependería de los Repositorios Institucionales, Conacyt también emitió una convocatoria al final de diciembre del año pasado para asignar recursos de apoyo a la creación de estos últimos. Estuvo dirigida a instituciones públicas que realizan investigación científica o tecnológica y el respaldo, hasta por un millón de pesos, era para crear, desarrollar o consolidar un Repositorio Institucional.

La convocatoria venció el pasado 15 de febrero y se supone que los resultados debieron estar a partir del pasado 15 de marzo. Públicamente no se ha informado cuántas solicitudes se presentaron ni cuántas se apoyaron. Tampoco se conoce el inventario de Repositorios Institucionales en funcionamiento.

En resumidas cuentas, de acuerdo al calendario fijado, esta semana ya debiera estar operando el Repositorio Nacional. Si el paso previo, el de los Repositorios Institucionales no se ha cubierto, no se advierte cómo podría cumplirse el objetivo trazado. Tampoco parece un asunto sencillo. Aunque no será la primera vez que se incumplen los plazos.



(Publicado en Campus Milenio No. 657, Mayo 19, 2016, p.5)

El rumor de los recortes y la distribución de recursos públicos


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Ahí, en día domingo, en un auditorio de Zitácuaro, Michoacán, en mangas de camisa, arriba del escenario para él solo y con una pantalla que no hace falta para proyectar su imagen, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, mirando al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dice:

Y desde aquí quiero decir algo  y que quede muy claro, porque sé que está el rumor y me lo han preguntado: no va a haber ninguna disminución a las becas, ni aquí en Michoacán ni en el país. Al contrario, éstas seguirán aumentando y están garantizadas las 8 millones de becas, con su monto de inversión superior a los 40 mil millones de pesos en todo el país, y por supuesto las de aquí de Michoacán, señor gobernador.

Es la entrega simbólica de “Becas Futuro” para más de treinta mil jóvenes de secundaria, bachillerato y universidad de Michoacán este reciente fin de semana. Un programa de becas del gobierno estatal que otorga un apoyo mensual de mil pesos a estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria, de mil doscientos para media superior y de mil quinientos para educación superior.

¿Es una buena noticia la que dio el secretario Nuño? Sin duda. Para muchos jóvenes, aunque no para todos, contar con un modesto apoyo mensual representa la posibilidad de satisfacer requerimientos básicos para asistir a la escuela, también puede hacer la diferencia entre permanecer o abandonar la escuela. No obstante, lo que llama la atención es que la disminución de las becas no es ningún rumor.

Apenas hace tres meses, el pasado 17 de febrero, seguramente lo recuerda, apreciado lector, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que en este año, como también ocurrió en 2015, habría un recorte al gasto público y oficialmente se precisó el volumen y las dependencias afectadas.

En ese entonces se indicó que a SEP se le restarían 3 mil 660 millones de pesos de su presupuesto asignado. Específicamente se destacó que el “Programa Nacional de Becas” tendría que disminuir en mil millones de pesos y otro tanto el programa la “expansión de la educación media superior y superior” (Campus Milenio No. 646).

Es posible que la secretaría de Hacienda o incluso la de Educación decidieran sustituir los rubros de ajuste y en lugar de sacrificar el programa de becas o el de expansión, ahora el recorte se opere en otros renglones. Sin embargo, lo que sorprende es la relativa facilidad con la que se intercambian los rubros

A nivel agregado es relativamente sencillo conocer los montos y la distribución de los recursos públicos. Suficiente con revisar el paquete económico y el presupuesto que año con año aprueba el Congreso. Ahí está el volumen de ingresos y los ramos de gasto autónomos, administrativos y generales. Lo mismo ocurre con los rubros de recorte al gasto.

Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse en el siguiente escalón de gasto, cuando lo que interesa no son las cifras globales, sino la desagregación de gasto por programas, iniciativas y acciones. Un laberinto de clasificaciones, cifras y tiempos se suceden. Difícil, muy difícil conocer la distribución exacta del gasto.

Un reciente ejercicio del sitio electrónico de noticias “animalpolitico.com” y particularmente de su sección “El Sabueso” ilustra los avatares de la distribución del gasto público y las diferencias entre lo que anuncia el gobierno federal y lo que finalmente ocurre.

El ejercicio consistió en revisar la cuenta pública del 2015 –ese informe sobre la gestión financiera del gasto público que recientemente entregó el poder ejecutivo federal a la cámara de diputados-- y compararlo con algunas declaraciones realizadas por los funcionarios del gobierno federal.

Según, “animalpolitico.com”, cuya información se puede revisar en su sitio web, el secretario de Hacienda, en enero de 2015 anunció que habría un ajuste por 52 mil millones de pesos en 22 dependencias federales. “Sin embargo, las cifras de la Cuenta Pública indican que, en lugar de recortar, el gobierno federal terminó gastando 185.8 mil millones de más de lo presupuestado”.

Lo notable es que de las 22 dependencias federales que serían afectadas en 2015, solamente en cinco se operó el recorte. De acuerdo a la información presentada, la Secretaría de Educación Pública lejos de disminuir en 7 mil 800 millones de pesos su presupuesto aprobado, al final lo incrementó en casi 10 por ciento (pasó de 305 a 326 mil millones de pesos). Por el contrario, a Conacyt, supuestamente, le restarían nada más 900 millones de pesos y resultó que terminó el año con casi 2 mil millones de pesos menos (de 33.7 mil millones de pesos a 31.6 mil millones de pesos).

Y no, no existe ninguna explicación pública al respecto. ¿El asunto se repetirá en este año? Parece que sí.


(Publicado en Campus Milenio No. 656, Mayo 12, 2016, p.5)

jueves, 5 de mayo de 2016

¿Productividad y generación de talento


Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Fuente: www.gob.mx
En noviembre del año pasado, en la quinta reunión del Comité Nacional de Productividad (CNP), el representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) propuso lo que llamó “Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación”. Una iniciativa que básicamente consideró la creación de tres grupos de trabajo de alto nivel que debían elaborar recomendaciones para promover el desarrollo industrial.

Los tres grupos de trabajo son: Encadenamiento Productivo, Competitividad Industrial y Generación de Talento. Los dos primeros están bajo la responsabilidad de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; el tercero fue instalado esta semana y lo presidirá Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública.

La información sobre quiénes integran y qué funciones realizará el “Grupo de Alto Nivel de Generación de Talento” es breve e incierta. Vagamente se indica que tiene el objetivo de encontrar soluciones conjuntas para aumentar la productividad del país y para ello tomará “en cuenta tanto la oferta educativa como las necesidades regionales y sectoriales de la industria” (Comunicado Sep. No. 195).

Desde luego, se dijo que el grupo de trabajo quedó enmarcado en la actual reforma educativa, especialmente en lo que concierne a la vinculación con el sector productivo y bajo cuatro líneas de acción: “a) formación de talento innovador; b) generación, atracción y retención de talento en industrias específicas, con base en las mejores prácticas internacionales; c) realización de un inventario nacional que identifique, en forma sectorial y regional, las capacidades y oportunidades de mejora en la formación de recursos humanos; y d) modificación a los planes y programas de estudio.

Tal vez, como tantas otras propuestas que cotidianamente se ponen en marcha, los grupos de trabajo de alto nivel no producirán otra cosa más que boletines de prensa y titulares en los medios. También es posible que elaboren una serie de lineamientos y extensos programas de trabajo que no saldrán del cajón del escritorio.

Sin embargo, la convergencia de distintos sectores para la elaboración de propuestas no deja de ser interesante. El CNP, el espacio donde surgió la idea de crear los grupos de trabajo, es ese órgano consultivo y auxiliar del ejecutivo federal y la planta productiva, previsto en la reforma laboral de noviembre de 2012, negociada y aprobada en el periodo de Felipe Calderón, aunque el Comité fue instalado en mayo de 2013, en el primer año de la actual administración.

El Comité conjunta secretarías de Estado, organismos patronales, representantes sindicales e instituciones educativas (UNAM, Poli, ITAM). Es presidido por el titular de Hacienda e incluye a los secretarios de Economía, Educación Pública y Trabajo y Previsión Social, así como al director de Conacyt. También a cinco representantes de organizaciones empresariales, igual número de representantes de sindicatos y seis representantes de instituciones educativas (cuatro de educación superior, uno de media superior técnica y otro de capacitación para el trabajo).

Los miembros del Comité suman una veintena y se pueden agregar tantos invitados como lo decidan los propios integrantes. La participación de los representantes de organizaciones patronales, sindicales e instituciones educativas es honorífica y por invitación de los secretarios de Economía y Trabajo; la representación es por dos años, pero pueden seguir siendo convocados.

El CNP realizará su sexta reunión en esta semana –debe sesionar por lo menos cuatro veces al año— y tal vez ese fue el principal acicate para instalar los grupos de trabajo y especialmente el de generación de talento. En noviembre del año pasado se había acordado que los grupos se debían establecer lo más pronto posible “y se disolverán seis meses después, tras concluir con la presentación de avances e iniciativas al pleno del CNP”.

La creación de organismos intermedios entre autoridades y los directamente implicados en las iniciativas --si los espacios son reales y funcionan adecuadamente--, puede ser sumamente provechoso. Porque permiten la convergencia y se institucionalizan los espacios de deliberación y de propuestas.

Sin embargo, como ha ocurrido con la formación de recursos humanos en materia energética, no es suficiente con la planeación o la proyección de una de las partes. Frente al escollo del crecimiento económico, la baja institucionalidad, los acuerdos discrecionales o la corrupción estructural, parece que no hay talento que le haga frente.

(Publicado en Campus Milenio No. 655, Mayo 5 , 2016, p.5)