EL NUEVO ESTATUTO DE CONACYT

La semana anterior, estimado lector, comentamos las vicisitudes del marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas. El avance en este terreno ha sido gradual y con ritmos que no siempre se corresponden con el diagnóstico, papel y demandas que se le formulan a las actividades que intenta regular.

Sin embargo, la ley sectorial es solamente el primer ordenamiento, le siguen múltiples normas secundarias. En conjunto, la serie de ordenamientos forman un entramado que tendría que guardar convergencia y armonía entre sí. Aunque, como ejemplo, ya hacíamos notar la discordancia en torno de los recursos financieros para la ciencia y la tecnología, entre lo que señala el artículo 25 de la ley general de educación y lo que dice el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología.

La reforma a la ley de ciencia y tecnología de junio del año pasado incorporó el concepto de “innovación” en el cuerpo de la ley. (Otro cambio a la ley se registró en febrero de este año para precisar la organización y composición de la mesa directiva del foro consultivo científico y tecnológico, pero fue una modificación menor). Además, amplió la representación en el máximo órgano de gobierno del sector, el consejo general de investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación, creó el comité intersectorial para la innovación y, nada menos, facultó a las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, para crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, entre otros cambios.

El asunto es que tras la reforma del 2009, poco a poco se han tratado de poner en marcha las instancias que estipuló, como el comité intersectorial para la innovación, o bien, se ha buscado armonizar los ordenamientos secundarios. En este último caso está el estatuto orgánico de Conacyt, que constituye el conjunto de reglas que regulan su organización y funciones.

Obviamente, el nuevo estatuto está en correspondencia con lo que marca la ley, particularmente en lo que concierne al tema de la innovación, pero también incluye algunos cambios importantes en la organización de Conacyt.

En comparación con el estatuto anterior --el cual fue emitido en el 2005--, el vigente renombra algunas de las direcciones adjuntas, suprime algunos órganos colegiados y compacta la estructura administrativa.

Por ejemplo, Conacyt conserva las ocho direcciones adjuntas que tenía, pero ahora, en lugar de la anterior dirección adjunta que se llamaba “de información, evaluación y normatividad”, aparece una de “planeación y cooperación internacional”, y en lugar de la anterior que se llamaba de “formación y desarrollo de científicos y tecnólogos”, ahora simplemente se llama de “posgrado y becas”. Las otras seis direcciones adjuntas solamente abreviaron sus nombres: desarrollo científico; desarrollo tecnológico e innovación; centros de investigación; desarrollo regional; asuntos jurídicos; y administración y finanzas.

El asunto con las nuevas denominaciones en las direcciones adjuntas, particularmente con las dos que cambiaron de nombre, es si se trata solamente de un renombramiento o es una redistribución de funciones entre direcciones, sobre todo porque la anterior dirección de información, evaluación y normatividad, tenía bajo su responsabilidad el manejo de los datos, la rendición de cuentas, la publicación de los indicadores y el seguimiento del programa sectorial. Por cierto, después de un largo periodo esa dirección cambió de titular en abril de 2008, cuando fue susitituido Gerardo Villalobos por Luis Mier y Terán. Ahora, tal parece que la nueva dirección asumirá no sólo esas funciones sino también las de la unidad de cooperación internacional que estaba adscrita a la dirección general.

Otro cambio importante es que el anterior estatuto consideraba una decena de órganos colegiados, entre los que estaban el foro consultivo científico y tecnológico, el comité de control y auditoría, el consejo directivo del sistema integrado de información sobre investigación científica y desarrollo tecnológico o la comisión interna de evaluación del Reniecyt, entre otros. El actual solamente considera dos: el foro consultivo y la comisión asesora. No se especifica qué ocurrirá con los otros órganos y tampoco si la comisión asesora lo es de la junta de gobierno o del director.

Una modificación más en la estructura orgánica de Conacyt es la supresión de las unidades administrativas adscritas a la dirección general. Anteriormente, las direcciones de política y cooperación internacional, la de divulgación y difusión, así como la unidad de proyectos e información estratégica, le reportaban directamente al director. En el actual estatuto, ya no aparecen las dos direcciones y solamente está la “unidad técnica de de proyectos, comunicación e información estratégica”.

Entonces: ¿los cambios serán en beneficio de una gestión más eficaz y eficiente del organismo rector de las políticas sectoriales? Ya lo veremos.

(Publicado en Campus Milenio. No. 374. Junio 24, 2010)

CyT: UNA VUELTA DE TUERCA MÁS A LA NORMATIVIDAD

El marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas parece ir a una velocidad que no se corresponde con las actividades mismas. A ratos parece remolcarlas y en otros más bien va a la zaga; uno y otras avanzan gradualmente pero no se aprecia un trabajo coordinado ni convergente.

Al comienzo de los años setenta se discutía la conveniencia de una ley en la materia, pero más bien se creó Conacyt como el organismo rector de la política científica y tecnológica y como una entidad que podría coordinar las actividades que se encontraban dispersas en múltiples entidades. Sin embargo, pasaron 15 años para que se advirtiera la insuficiencia jurídica del organismo para realizar esa labor y se reconociera la necesidad de una norma general, por lo que en 1985 se emitió la primera “ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico”, precisamente para tratar de definir, integrar y coordinar el sistema científico y tecnológico.

Tras otros 15 años de estar en vigencia la primera ley, persistía el problema de la coordinación sectorial, así como el escaso desarrollo y capacidades del sistema. La comisión para la planeación del desarrollo científico y tecnológico presidida por la SEP, instancia que se había previsto en esa primera ley, no había funcionado del todo, principalmente por la periodicidad de sus reuniones. Tampoco estaba resuelto el problema de coordinación de los múltiples centros de investigación, en ese entonces centros SEP-Conacyt. De modo que para 1999 se emitió una nueva norma: la ley para el fomento de la ciencia y la tecnología.

Tal vez la reforma de 1999 ha sido el ajuste normativo más importante al sector. No solamente volvió a insistir en el asunto de la coordinación sino que realizó algunas redefiniciones importantes, elevó a rango de ley algunos instrumentos para reorientar las actividades científicas y tecnológicas, y propuso la creación de nuevas instancias de conducción y participación.

Por ejemplo, estableció diferentes principios orientadores de las actividades, tales como la evaluación de resultados como mecanismo para otorgar los apoyos correspondientes, la descentralización como finalidad de los instrumentos de apoyo, la concurrencia de los recursos públicos y privados, o bien, la inversión creciente del sector privado mediante incentivos fiscales.

Igualmente, en el caso de los instrumentos, destacó el papel del programa sectorial, al que llamó especial y bajo la responsabilidad de Conacyt. Aunque más importante fue el asunto de los recursos financieros y particularmente la institucionalización de los fondos competitivos. En la ley quedaron reconocidos los fondos sectoriales (convenios con las secretarías de Estado para investigaciones que requiriese el sector correspondiente) y los fondos mixtos (integrados con aportaciones de Conacyt y los gobiernos estatales y municipales para el fomento de la investigación científica y tecnológica).

También fue de suma importancia el cambio en los centros de investigación, los cuales dejaron de ser SEP-Conacyt y fueron nombrados centros públicos de investigación, sujetos a convenios de desempeño. Lo mismo que la propuesta de crear un foro permanente de ciencia y tecnología, con el objetivo de permitir y alentar la expresión en torno de las políticas y programas del sector.

Sin embargo, una vez más, los cambios a la norma fueron insuficientes. En el 2002 se emitió una nueva ley, en buena medida bajo intercambios entre legisladores y gobierno federal, en el que se profundizaron algunos de los principios ya establecidos en la ley previa e introducir otras instancia más. Esto es, en la nueva ley quedó de forma explícita el término política de Estado para el sector y los atributos que debería tener, lo mismo que la idea de crear un ramo de gasto para el sector en el presupuesto de egresos de la federación –de ahí viene el ramo 38--, así como la creación de consejo general o los ajustes a las instancias de participación como el foro o la conferencia nacional, entre otros aspectos.

A partir de la ley del 2002 Conacyt incrementó sus capacidades en al conducción y el diseño de las políticas del sector. Aunque la desectorización efectiva –la creación de un ramo de gasto propio—fue hasta el 2004 y en ese mismo se añadió el artículo 9 bis de la ley para establecer que el monto de recursos del gasto nacional para ciencia y tecnología debía ser por lo menos del uno por ciento del PIB. Obviamente, es un artículo que no se ha cumplido. Por cierto, como ya lo hemos comentado en su oportunidad en este espacio, es un ordenamiento que no se corresponde con lo que dice el artículo 25 de la ley general de la educación.

Todavía el año pasado vino otro cambio más, ahora para incorporar el término innovación a lo largo de toda la ley. El punto es que después vienen las adecuaciones a todos los normas secundarias y tal parece que apenas se está ajustando todo el entramado cuando el punto de discusión ya se movió nuevamente entre legisladores y gobierno federal.

(Publicado en Campus Milenio No. 373. Junio 17, 2010)

LA EXPANSIÓN DE LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN

La actual administración ha colocado el tema de la innovación como uno de los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo económico del país, en buena medida siguiendo las pautas de la OCDE en este terreno. Aunque el avance ha sido gradual, hoy ya se propone extender lazos de cooperación en esta materia a nivel regional.

El tema de la innovación fue reconocido desde el final de la administración anterior, lo mismo que la idea de solicitar a la OCDE un examen nacional al respecto. Sin embargo, cuando inició funciones la actual administración, a pesar de que ya se daba por sentado que su programa sectorial debía incorporar a la innovación como uno de los ejes principales y como referente en el título del mismo, por ley estaba impedida de cambiar el nombre del programa, así que oficialmente el programa se tituló de la misma forma que el anterior: Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Lo anterior no fue obstáculo para que incorporara metas precisas sobre innovación.

El primer objetivo del programa sectorial, el que se refiere al establecimiento de políticas de Estado en el sector, planteó algunas de las principales metas que se propone lograr. Por ejemplo, en materia de competitividad busca pasar de la posición número 58 que tenía México en el 2006, según el índice global del Foro Económico Mundial, a la posición número 30 para el 2012 en el mismo índice. El logro tal vez estará más complicado de lo previsto, porque en el 2009 México más bien había descendido al lugar número 60. Otras metas incluyen incrementar el porcentaje de cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación, al igual que con las universidades. O bien, incrementar el número de solicitudes de patentes en México por mexicanos entre el 2006 y el 2012 (pasar de 574 a 796 solicitudes).

Una de las iniciativas que se pusieron en marcha, fue la instauración de un fondo para la innovación. Además, de forma paralela, se propuso reformar la ley para incorporar el término innovación en los diferentes artículos de la ley, toda vez que en la normatividad anterior solamente se refería a ciencia y tecnología. También se acordó que el programa sectorial se llamaría Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lo más importante es que en la reforma se incluyó la creación un comité intersectorial, dependiente del consejo general, encargado de aprobar el programa de innovación, lo mismo que de decidir sobre los recursos aprobados al programa de innovación en el presupuesto de egresos de la federación y establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación. El comité, según quedó establecido en la ley, lo debe presidir el secretario de economía, el director de Conacyt como vicepresidente y como otro integrante el secretario de educación.

Sin embargo, tanto los fondos como los cambios a la ley son relativamente recientes. La reforma a la ley fue publicada en junio del 2009, pero las reglas de operación del comité intersectorial apenas estuvieron listas en marzo pasado. Los tres nuevos fondos de apoyo para la innovación se pusieron en marcha apenas en febrero del 2009, principalmente a raíz de las críticas y problemas que hubo con el programa de incentivos fiscales; los recursos de los nuevos fondos sumaron el año pasado 2,500 millones de pesos.

Los resultados del examen realizado por la OCDE a la política de innovación, oficialmente se conocieron apenas el año pasado e incluyeron una serie de recomendaciones, tales como la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en la materia, fomentar la movilidad de los recursos humanos altamente calificados, así como encontrar una mejor combinación de instrumentos de política en apoyo a la investigación, desarrollo e innovación empresarial, entre otras sugerencias.

Además, la misma OCDE es quien impulsa el reciente proyecto: “Pilar de innovación de la iniciativa para America Latina”. La iniciativa, según reporta la propia organización económica, fue desarrollada de forma conjunta con México y España y con el apoyo de Chile.

La iniciativa comprende, fundamentalmente, trabajo conjunto en torno de los cuatro componentes básicos de la actividad: innovación, política fiscal, accesos a los servicios públicos e inversión. El gobierno mexicano, según reporta la OCDE, ha decidido promover el fortalecimiento de vínculos entre los países de la región sobre los programas sectoriales, profundizar la capacidad regional de evaluación por pares y promover un mayor intercambio de conocimiento. Además, el proyecto incluye la realización de una conferencia de alto nivel en México hacia el final del año, en donde se podría presentar la “Red de innovación de América Latina y el Caribe” y cuya labor será complementaria a la actividad que ya realizan redes como la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT).

Al nivel de diseño, parece que la iniciativa avanza rápidamente, veremos si también en el de las acciones.

(Publicado en Campus Milenio No. 372. Junio 10, 2010)

EL ICYTDF

La semana anterior fue nombrado Julio Mendoza Álvarez como nuevo director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICYTDF), en sustitución de Esther Orozco quien ahora se ocupa de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El instituto seguramente entrará en un nuevo ciclo, no solamente por el cambio de titular, sino también por los planes que ha formulado el actual responsable.

El ICYTDF es una institución relativamente joven. A pesar de que normativamente fue aprobado por los legisladores locales desde hace más de una década, fue hasta febrero del 2007 cuando se reconoce formalmente al instituto. Los recursos financieros habían sido el impedimento inicial para ponerlo en marcha.

Una vez creado el ICYTDF los recursos han sido autorizados sin mayor problema. En el primer año de operación el instituto ejerció poco más de 100 millones de pesos –aunque se había previsto un monto menor—, para el 2008 casi cuadruplicó su presupuesto al obtener 378 millones de pesos, en cifras redondas y el año pasado ejerció 495.6 millones de pesos. Un presupuesto, como se puede apreciar, creciente.

La creación del insituto se inscribe en el amplio movimiento de federalización de las actividades científicas y tecnológicas que impulsó la instauración de consejos estatales y la normatividad correspondiente en todos los estados de la República. Un movimiento que comenzó en los años ochenta, con Puebla como primera entidad en contar con un consejo estatal en 1983 y que apenas cuminó hace un par de años, cuando Sonora y Oaxaca instaruraron su respectivo consejo.

De acuerdo a la legislación vigente, el ICYTDF se considera un organismo descentralizado de la administración pública del DF, de carácter no sectorizado, con personalidad jurídica y patriminio propio. Además, se le reconoce autonomía técnica y de gestión.

La principal función del instituto, como la mayoría de consejos estatales y del mismo Conacyt, es apoyar al ejecutivo local, así como a los titulares de las diferentes áreas de la administración del DF en “la determinación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política local para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo de las acciones públicas y privadas en la materia” (artículo 6).

También tiene una estructura y organización similar a la de Conacyt. El director es designado por el ejecutivo local y cuenta con una junta directiva como máximo órgano de consulta y supervisión. La junta es presidida por el jefe de gobierno e incluye a los titulares de cuatro secretarías (medio ambiente, salud, educación y desarrollo económico), siete personalidades de instituciones de investigación del DF, como los rectores de la UNAM, la UAM, la Autónoma de la Ciudad de México, o los directores del Colmex, y el IPN, y como invitado un representante de Conacyt, quien tiene derecho a voz pero no a voto.

Cuenta con un consejo consultivo, cuya función es un tanto ambigua puesto que se le reserva la tarea de “impulsar y retroalimentar el sistema local de ciencia, tecnología e innovación” e igualmente es presidido por el jefe de gobierno e integra a representantes de SEP, Concayt y a 15 integrantes de la comunidad científica y empresarial.

En los tres años anteriores, la directora fundadora impulsó cinco programas que llamó sustantivos: ciudad saludable; ciudad sostenible; ciudad con conectividad y tecnología; ciudad con industria competitiva; y ciudad educada en ciencia y tecnología. Según el reporte de avances, cada uno de los programas estaban dirigidos a tratar de enfrentar los problemas detectados en sus respectivas áreas de competencia y, a su vez, contenían otros tantos subprogramas y otros cinco programas que llamó transversales. Los principales resultados han sido en el terreno académico: proyectos, tesis, becas y posibles patentes.

Sin embargo, las iniciativas de mayor visibilidad pública han sido los encuentros anuales con personalidades académicas nacionales e internacionales a propósito del programa “semana de la ciencia y la innovación” y la entrega de los “Premios Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez” para reconocer la trayectoria de personalidades del ámbito científico y tecnológico.

El actual director, Julio Mendoza, según su discurso de toma de posesión, se propone más bien dirigirse al terreno tecnológico. Plantea impulsar: la creación de incubadoras de empresas; un fondo de inversión en innovación para las empresas de base tecnológica; un programa de innovadores para buscar el desarrollo de patentes; y continuidad con el programa de la semana de la ciencia y la innovación. Así que probablemente se advierta un giro en las actividades del instituto. Por ahora es una declaración de intenciones, pero ya se verá con claridad cuando presente su programa de actividades y, especialmente, cuando lo lleve a efecto.

Posdata
Gilberto, muy merecido el Honoris Causa ¡Felicitaciones!

(Publicado en Campus Milenio No. 371. Junio 3, 2010)